El Gobierno de Estados Unidos ha revelado, por medio de la Fiscalía y ante un tribunal federal de Miami, que el régimen de Delcy Rodríguez no ha pedido inmunidad para el dictador Nicolás Maduro, pese a que su defensa pretende ahora que el proceso penal abierto contra él en Nueva York sea desestimado precisamente porque gozaría de protección como jefe de Estado. La ausencia de esa petición de Caracas se ha convertido además en uno de los principales argumentos de la Fiscalía para mantener en pie el juicio contra Maduro, previsto para junio de 2027.La revelación figura en un escrito presentado el 2 de octubre por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ante el juez Alvin Hellerstein. El documento, de 57 páginas, responde a las peticiones de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, para que se desestimen las acusaciones contra ellos por razones de inmunidad soberana. La posición del Ejecutivo estadounidense es tajante: ninguno de los dos tiene derecho a inmunidad y, lo más llamativo, Venezuela tampoco la ha reclamado en su nombre, a pesar de conocer el mecanismo perfectamente.El contacto de Delcy con Washington es previo a la captura de Maduro el 3 de enero. Ella y su hermano Jorge Rodríguez mantuvieron durante los meses anteriores conversaciones, directas y a través de intermediarios, con responsables estadounidenses. Delcy transmitió finalmente que estaba dispuesta a colaborar con Estados Unidos en el escenario posterior a la salida de Maduro y, por su parte, Trump llegó a asegurar tras la operación que Washington había hablado con ella en numerosas ocasiones. Ya al frente del Gobierno, Rodríguez formalizó esa cooperación con el país. El distanciamiento con su antiguo jefe quedó también patente durante su reciente viaje a Nueva York para comparecer en la Asamblea General de la ONU: se reunió con Trump a pocos kilómetros de la prisión federal de Brooklyn donde Maduro espera juicio, pero no fue a visitar al que fuera presidente y ni siquiera lo mencionó en su discurso ante Naciones Unidas.La Fiscalía aporta como prueba una declaración de Juan Pablo Segura, responsable para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Según ese documento, Washington reconoce a Rodríguez como la única jefa de Estado venezolana con capacidad para actuar en nombre del país. Y revela que su Gobierno sí conoce y ha utilizado los cauces diplomáticos para solicitar para ella misma inmunidad, que ha obtenido en un caso de responsabilidad civil.Documento PDFEl 14 de mayo, la Embajada venezolana remitió una nota diplomática en la que pidió formalmente a Estados Unidos que reconociera inmunidad de jefa de Estado a Rodríguez en el caso « Kenemore v. Maduro », una demanda civil en Florida en la que figuraban como acusados tanto ella como Maduro. Caracas pidió además a Washington que presentara ante el tribunal una «recomendación de inmunidad» para conseguir la exclusión de Rodríguez del proceso. Estados Unidos lo hizo el 20 de julio. Pero Caracas no hizo lo mismo por Maduro. «Aunque Nicolás Maduro también figuraba como demandado en ese proceso, Venezuela no pidió a Estados Unidos que reconociera inmunidad en su nombre», declara Segura, bajo pena de perjurio, en la prueba añadida por la Fiscalía en el caso. Es decir, aunque el entonces mandatario era acusado en exactamente el mismo procedimiento, Venezuela no pidió a Washington que invocara inmunidad en su nombre. La Fiscalía utiliza esa diferencia para desmontar la posición de la defensa. «Venezuela pidió inmunidad en nombre de Delcy Rodríguez, pero no de Nicolás Maduro», afirma el escrito. Y añade una frase especialmente significativa: « Venezuela ha guardado silencio en este caso ». Para los fiscales, el Gobierno venezolano ha tenido todas las oportunidades para intervenir en defensa de la inmunidad de Maduro y ha decidido no hacerlo. Sin protección ni reconocimientoMaduro había pedido en septiembre que se anularan los cargos por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos relacionados con armas alegando inmunidad soberana. Su abogado, Barry Pollack, sostiene que Maduro era jefe de un Estado soberano y que esa condición debería protegerlo frente a un proceso penal extranjero. Sin embargo, Washington replica que dejó de reconocerlo como presidente en 2019 y que ahora reconoce formalmente a Rodríguez. Los fiscales llegan a calificar a Maduro y Flores como antiguos funcionarios de un Estado anteriormente no reconocido, sin derecho a esta protección. Cilia Flores pidió el 10 de septiembre salir del centro de detención de Brooklyn y esperar el juicio en arresto domiciliario por razones médicas . Su defensa sostuvo que padece desde hace años un prolapso de la válvula mitral y que su estado se ha deteriorado desde su detención: alega que ha perdido más de 11 kilos, dos muelas, sufre problemas gástricos, episodios de dolor torácico y arritmias y tiene prescrita nitroglicerina. Los médicos le han recomendado un cateterismo cardíaco, que podría derivar en otras intervenciones. Sus abogados sostienen que, aunque reconocen que ha recibido buena atención médica en prisión, el centro de detención no ofrece condiciones adecuadas para recuperarse de esos procedimientos. El Gobierno de Estados Unidos ha revelado, por medio de la Fiscalía y ante un tribunal federal de Miami, que el régimen de Delcy Rodríguez no ha pedido inmunidad para el dictador Nicolás Maduro, pese a que su defensa pretende ahora que el proceso penal abierto contra él en Nueva York sea desestimado precisamente porque gozaría de protección como jefe de Estado. La ausencia de esa petición de Caracas se ha convertido además en uno de los principales argumentos de la Fiscalía para mantener en pie el juicio contra Maduro, previsto para junio de 2027.La revelación figura en un escrito presentado el 2 de octubre por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ante el juez Alvin Hellerstein. El documento, de 57 páginas, responde a las peticiones de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, para que se desestimen las acusaciones contra ellos por razones de inmunidad soberana. La posición del Ejecutivo estadounidense es tajante: ninguno de los dos tiene derecho a inmunidad y, lo más llamativo, Venezuela tampoco la ha reclamado en su nombre, a pesar de conocer el mecanismo perfectamente.El contacto de Delcy con Washington es previo a la captura de Maduro el 3 de enero. Ella y su hermano Jorge Rodríguez mantuvieron durante los meses anteriores conversaciones, directas y a través de intermediarios, con responsables estadounidenses. Delcy transmitió finalmente que estaba dispuesta a colaborar con Estados Unidos en el escenario posterior a la salida de Maduro y, por su parte, Trump llegó a asegurar tras la operación que Washington había hablado con ella en numerosas ocasiones. Ya al frente del Gobierno, Rodríguez formalizó esa cooperación con el país. El distanciamiento con su antiguo jefe quedó también patente durante su reciente viaje a Nueva York para comparecer en la Asamblea General de la ONU: se reunió con Trump a pocos kilómetros de la prisión federal de Brooklyn donde Maduro espera juicio, pero no fue a visitar al que fuera presidente y ni siquiera lo mencionó en su discurso ante Naciones Unidas.La Fiscalía aporta como prueba una declaración de Juan Pablo Segura, responsable para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Según ese documento, Washington reconoce a Rodríguez como la única jefa de Estado venezolana con capacidad para actuar en nombre del país. Y revela que su Gobierno sí conoce y ha utilizado los cauces diplomáticos para solicitar para ella misma inmunidad, que ha obtenido en un caso de responsabilidad civil.Documento PDFEl 14 de mayo, la Embajada venezolana remitió una nota diplomática en la que pidió formalmente a Estados Unidos que reconociera inmunidad de jefa de Estado a Rodríguez en el caso « Kenemore v. Maduro », una demanda civil en Florida en la que figuraban como acusados tanto ella como Maduro. Caracas pidió además a Washington que presentara ante el tribunal una «recomendación de inmunidad» para conseguir la exclusión de Rodríguez del proceso. Estados Unidos lo hizo el 20 de julio. Pero Caracas no hizo lo mismo por Maduro. «Aunque Nicolás Maduro también figuraba como demandado en ese proceso, Venezuela no pidió a Estados Unidos que reconociera inmunidad en su nombre», declara Segura, bajo pena de perjurio, en la prueba añadida por la Fiscalía en el caso. Es decir, aunque el entonces mandatario era acusado en exactamente el mismo procedimiento, Venezuela no pidió a Washington que invocara inmunidad en su nombre. La Fiscalía utiliza esa diferencia para desmontar la posición de la defensa. «Venezuela pidió inmunidad en nombre de Delcy Rodríguez, pero no de Nicolás Maduro», afirma el escrito. Y añade una frase especialmente significativa: « Venezuela ha guardado silencio en este caso ». Para los fiscales, el Gobierno venezolano ha tenido todas las oportunidades para intervenir en defensa de la inmunidad de Maduro y ha decidido no hacerlo. Sin protección ni reconocimientoMaduro había pedido en septiembre que se anularan los cargos por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos relacionados con armas alegando inmunidad soberana. Su abogado, Barry Pollack, sostiene que Maduro era jefe de un Estado soberano y que esa condición debería protegerlo frente a un proceso penal extranjero. Sin embargo, Washington replica que dejó de reconocerlo como presidente en 2019 y que ahora reconoce formalmente a Rodríguez. Los fiscales llegan a calificar a Maduro y Flores como antiguos funcionarios de un Estado anteriormente no reconocido, sin derecho a esta protección. Cilia Flores pidió el 10 de septiembre salir del centro de detención de Brooklyn y esperar el juicio en arresto domiciliario por razones médicas . Su defensa sostuvo que padece desde hace años un prolapso de la válvula mitral y que su estado se ha deteriorado desde su detención: alega que ha perdido más de 11 kilos, dos muelas, sufre problemas gástricos, episodios de dolor torácico y arritmias y tiene prescrita nitroglicerina. Los médicos le han recomendado un cateterismo cardíaco, que podría derivar en otras intervenciones. Sus abogados sostienen que, aunque reconocen que ha recibido buena atención médica en prisión, el centro de detención no ofrece condiciones adecuadas para recuperarse de esos procedimientos. El Gobierno de Estados Unidos ha revelado, por medio de la Fiscalía y ante un tribunal federal de Miami, que el régimen de Delcy Rodríguez no ha pedido inmunidad para el dictador Nicolás Maduro, pese a que su defensa pretende ahora que el proceso penal abierto contra él en Nueva York sea desestimado precisamente porque gozaría de protección como jefe de Estado. La ausencia de esa petición de Caracas se ha convertido además en uno de los principales argumentos de la Fiscalía para mantener en pie el juicio contra Maduro, previsto para junio de 2027.La revelación figura en un escrito presentado el 2 de octubre por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ante el juez Alvin Hellerstein. El documento, de 57 páginas, responde a las peticiones de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, para que se desestimen las acusaciones contra ellos por razones de inmunidad soberana. La posición del Ejecutivo estadounidense es tajante: ninguno de los dos tiene derecho a inmunidad y, lo más llamativo, Venezuela tampoco la ha reclamado en su nombre, a pesar de conocer el mecanismo perfectamente.El contacto de Delcy con Washington es previo a la captura de Maduro el 3 de enero. Ella y su hermano Jorge Rodríguez mantuvieron durante los meses anteriores conversaciones, directas y a través de intermediarios, con responsables estadounidenses. Delcy transmitió finalmente que estaba dispuesta a colaborar con Estados Unidos en el escenario posterior a la salida de Maduro y, por su parte, Trump llegó a asegurar tras la operación que Washington había hablado con ella en numerosas ocasiones. Ya al frente del Gobierno, Rodríguez formalizó esa cooperación con el país. El distanciamiento con su antiguo jefe quedó también patente durante su reciente viaje a Nueva York para comparecer en la Asamblea General de la ONU: se reunió con Trump a pocos kilómetros de la prisión federal de Brooklyn donde Maduro espera juicio, pero no fue a visitar al que fuera presidente y ni siquiera lo mencionó en su discurso ante Naciones Unidas.La Fiscalía aporta como prueba una declaración de Juan Pablo Segura, responsable para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Según ese documento, Washington reconoce a Rodríguez como la única jefa de Estado venezolana con capacidad para actuar en nombre del país. Y revela que su Gobierno sí conoce y ha utilizado los cauces diplomáticos para solicitar para ella misma inmunidad, que ha obtenido en un caso de responsabilidad civil.Documento PDFEl 14 de mayo, la Embajada venezolana remitió una nota diplomática en la que pidió formalmente a Estados Unidos que reconociera inmunidad de jefa de Estado a Rodríguez en el caso « Kenemore v. Maduro », una demanda civil en Florida en la que figuraban como acusados tanto ella como Maduro. Caracas pidió además a Washington que presentara ante el tribunal una «recomendación de inmunidad» para conseguir la exclusión de Rodríguez del proceso. Estados Unidos lo hizo el 20 de julio. Pero Caracas no hizo lo mismo por Maduro. «Aunque Nicolás Maduro también figuraba como demandado en ese proceso, Venezuela no pidió a Estados Unidos que reconociera inmunidad en su nombre», declara Segura, bajo pena de perjurio, en la prueba añadida por la Fiscalía en el caso. Es decir, aunque el entonces mandatario era acusado en exactamente el mismo procedimiento, Venezuela no pidió a Washington que invocara inmunidad en su nombre. La Fiscalía utiliza esa diferencia para desmontar la posición de la defensa. «Venezuela pidió inmunidad en nombre de Delcy Rodríguez, pero no de Nicolás Maduro», afirma el escrito. Y añade una frase especialmente significativa: « Venezuela ha guardado silencio en este caso ». Para los fiscales, el Gobierno venezolano ha tenido todas las oportunidades para intervenir en defensa de la inmunidad de Maduro y ha decidido no hacerlo. Sin protección ni reconocimientoMaduro había pedido en septiembre que se anularan los cargos por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos relacionados con armas alegando inmunidad soberana. Su abogado, Barry Pollack, sostiene que Maduro era jefe de un Estado soberano y que esa condición debería protegerlo frente a un proceso penal extranjero. Sin embargo, Washington replica que dejó de reconocerlo como presidente en 2019 y que ahora reconoce formalmente a Rodríguez. Los fiscales llegan a calificar a Maduro y Flores como antiguos funcionarios de un Estado anteriormente no reconocido, sin derecho a esta protección. Cilia Flores pidió el 10 de septiembre salir del centro de detención de Brooklyn y esperar el juicio en arresto domiciliario por razones médicas . Su defensa sostuvo que padece desde hace años un prolapso de la válvula mitral y que su estado se ha deteriorado desde su detención: alega que ha perdido más de 11 kilos, dos muelas, sufre problemas gástricos, episodios de dolor torácico y arritmias y tiene prescrita nitroglicerina. Los médicos le han recomendado un cateterismo cardíaco, que podría derivar en otras intervenciones. Sus abogados sostienen que, aunque reconocen que ha recibido buena atención médica en prisión, el centro de detención no ofrece condiciones adecuadas para recuperarse de esos procedimientos. 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