El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales , que se ha reunido esta pasada semana en Antequera con representantes de las ocho provincias, analizó los últimos datos de absentismo laboral y su impacto en el tejido productivo andaluz, alertando de que el fenómeno sigue generando una carga que lastra a las pymes y micropymes, especialmente en un contexto económico de incertidumbre.Según los informes más recientes de Randstad Research y Adecco Institute, Andalucía cerró 2024 con una tasa de absentismo general del 6,2% , frente al 6,7% de media nacional. En cuanto al absentismo por incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral, la comunidad registró un 4,9%, también por debajo del promedio estatal del 5,2%.No obstante, la prevalencia de bajas en el conjunto del país alcanzó un máximo histórico de 53,3 procesos por cada mil trabajadores en 2024 , una tendencia que también afecta a Andalucía, aunque en menor medida. Además, en el último trimestre del año pasado, la región contabilizó un 6,86% de absentismo laboral, por debajo del 7,4% del conjunto nacional.«Que Andalucía esté por debajo de la media no significa que el problema sea menor para nuestras empresas», advirtió el presidente del Consejo Andaluz de Graduados Sociales, José Blas Fernández . «Las pymes y micropymes —dijo—, que forman la base de nuestro tejido productivo, no tienen la capacidad de asumir con facilidad las consecuencias de una baja prolongada. Cuando un empleado falta durante semanas o meses, el impacto no se reparte: recae de lleno sobre estructuras empresariales pequeñas y con recursos limitados».Desde el colectivo de Graduados Sociales andaluces se destaca, además, que una parte creciente de las bajas prolongadas están vinculadas a patologías de salud mental, como ansiedad o depresión, cuya duración media supera los cien días . En estos casos, señalan, las empresas se enfrentan no solo un coste económico y organizativo, sino también una gestión delicada en el plano humano y legal.«Las listas de espera para acceder a atención especializada, especialmente en salud mental, son un factor clave en la duración de muchas bajas», apuntó Fernández. «Necesitamos un sistema público sanitario más ágil, que permita diagnósticos y tratamientos en tiempo y forma. Solo así se podrá evitar que bajas temporales se conviertan en ausencias crónicas que debilitan a nuestras empresas y, con ellas, al conjunto de la economía andaluza».Mecanismos de controlEl Consejo de Graduados Sociales planteó en su reunión la «urgencia de reforzar los mecanismos de control e inspección de las incapacidades temporales, sin menoscabo de los derechos laborales», insistiendo en la necesidad de impulsar mesas de trabajo con la administración andaluza, tanto desde el ámbito sanitario como desde el laboral.Se apuesta por «una colaboración más estrecha con la Administración autonómica y con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, responsables de la gestión de las bajas por enfermedad común y accidentes». Sin embargo, se plantea como medida de mejora que las mutuas colaboradoras puedan asumir también la capacidad de emitir altas médicas en casos de enfermedad común, y no solo en contingencias profesionales. «Actualmente, solo pueden dar el alta en casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional, pero si se les facultara para intervenir también en procesos de enfermedad común, se agilizarían notablemente los procedimientos y se reduciría la carga del sistema público de salud», señalaron desde el consejo en Andalucía. Mientras no se avance en este sentido, advierten, «seguiremos viendo cómo la lentitud administrativa en el ámbito sanitario genera problemas añadidos y perjuicios tanto para las empresas como para los trabajadores».Derechos sociales o «privilegios mal justificados» «Los derechos sociales no pueden desvirtuarse hasta convertirse en privilegios mal justificados. Cuando se producen abusos, las primeras en sufrirlo son las pequeñas empresas, que no pueden hacer frente ni a los costes ni a la inseguridad jurídica que generan estos procesos». Con esa contundencia se pronunció el Consejo de Graduados Sociales de Andalucía en su reunión de esta semana. En ella se pidió, para evitar esos abusos, una mayor dotación a los servicios de inspección médica en Andalucía y un refuerzo de la atención psicológica y psiquiátrica en el sistema sanitario público, la mejora de los canales de comunicación digital entre empresas, Instituto Nacional de la Seguridad Social y servicios sanitarios y la formación y orientación para que las pymes gestionen adecuadamente las bajas. El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales , que se ha reunido esta pasada semana en Antequera con representantes de las ocho provincias, analizó los últimos datos de absentismo laboral y su impacto en el tejido productivo andaluz, alertando de que el fenómeno sigue generando una carga que lastra a las pymes y micropymes, especialmente en un contexto económico de incertidumbre.Según los informes más recientes de Randstad Research y Adecco Institute, Andalucía cerró 2024 con una tasa de absentismo general del 6,2% , frente al 6,7% de media nacional. En cuanto al absentismo por incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral, la comunidad registró un 4,9%, también por debajo del promedio estatal del 5,2%.No obstante, la prevalencia de bajas en el conjunto del país alcanzó un máximo histórico de 53,3 procesos por cada mil trabajadores en 2024 , una tendencia que también afecta a Andalucía, aunque en menor medida. Además, en el último trimestre del año pasado, la región contabilizó un 6,86% de absentismo laboral, por debajo del 7,4% del conjunto nacional.«Que Andalucía esté por debajo de la media no significa que el problema sea menor para nuestras empresas», advirtió el presidente del Consejo Andaluz de Graduados Sociales, José Blas Fernández . «Las pymes y micropymes —dijo—, que forman la base de nuestro tejido productivo, no tienen la capacidad de asumir con facilidad las consecuencias de una baja prolongada. Cuando un empleado falta durante semanas o meses, el impacto no se reparte: recae de lleno sobre estructuras empresariales pequeñas y con recursos limitados».Desde el colectivo de Graduados Sociales andaluces se destaca, además, que una parte creciente de las bajas prolongadas están vinculadas a patologías de salud mental, como ansiedad o depresión, cuya duración media supera los cien días . En estos casos, señalan, las empresas se enfrentan no solo un coste económico y organizativo, sino también una gestión delicada en el plano humano y legal.«Las listas de espera para acceder a atención especializada, especialmente en salud mental, son un factor clave en la duración de muchas bajas», apuntó Fernández. «Necesitamos un sistema público sanitario más ágil, que permita diagnósticos y tratamientos en tiempo y forma. Solo así se podrá evitar que bajas temporales se conviertan en ausencias crónicas que debilitan a nuestras empresas y, con ellas, al conjunto de la economía andaluza».Mecanismos de controlEl Consejo de Graduados Sociales planteó en su reunión la «urgencia de reforzar los mecanismos de control e inspección de las incapacidades temporales, sin menoscabo de los derechos laborales», insistiendo en la necesidad de impulsar mesas de trabajo con la administración andaluza, tanto desde el ámbito sanitario como desde el laboral.Se apuesta por «una colaboración más estrecha con la Administración autonómica y con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, responsables de la gestión de las bajas por enfermedad común y accidentes». Sin embargo, se plantea como medida de mejora que las mutuas colaboradoras puedan asumir también la capacidad de emitir altas médicas en casos de enfermedad común, y no solo en contingencias profesionales. «Actualmente, solo pueden dar el alta en casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional, pero si se les facultara para intervenir también en procesos de enfermedad común, se agilizarían notablemente los procedimientos y se reduciría la carga del sistema público de salud», señalaron desde el consejo en Andalucía. Mientras no se avance en este sentido, advierten, «seguiremos viendo cómo la lentitud administrativa en el ámbito sanitario genera problemas añadidos y perjuicios tanto para las empresas como para los trabajadores».Derechos sociales o «privilegios mal justificados» «Los derechos sociales no pueden desvirtuarse hasta convertirse en privilegios mal justificados. Cuando se producen abusos, las primeras en sufrirlo son las pequeñas empresas, que no pueden hacer frente ni a los costes ni a la inseguridad jurídica que generan estos procesos». Con esa contundencia se pronunció el Consejo de Graduados Sociales de Andalucía en su reunión de esta semana. En ella se pidió, para evitar esos abusos, una mayor dotación a los servicios de inspección médica en Andalucía y un refuerzo de la atención psicológica y psiquiátrica en el sistema sanitario público, la mejora de los canales de comunicación digital entre empresas, Instituto Nacional de la Seguridad Social y servicios sanitarios y la formación y orientación para que las pymes gestionen adecuadamente las bajas. El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales , que se ha reunido esta pasada semana en Antequera con representantes de las ocho provincias, analizó los últimos datos de absentismo laboral y su impacto en el tejido productivo andaluz, alertando de que el fenómeno sigue generando una carga que lastra a las pymes y micropymes, especialmente en un contexto económico de incertidumbre.Según los informes más recientes de Randstad Research y Adecco Institute, Andalucía cerró 2024 con una tasa de absentismo general del 6,2% , frente al 6,7% de media nacional. En cuanto al absentismo por incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral, la comunidad registró un 4,9%, también por debajo del promedio estatal del 5,2%.No obstante, la prevalencia de bajas en el conjunto del país alcanzó un máximo histórico de 53,3 procesos por cada mil trabajadores en 2024 , una tendencia que también afecta a Andalucía, aunque en menor medida. Además, en el último trimestre del año pasado, la región contabilizó un 6,86% de absentismo laboral, por debajo del 7,4% del conjunto nacional.«Que Andalucía esté por debajo de la media no significa que el problema sea menor para nuestras empresas», advirtió el presidente del Consejo Andaluz de Graduados Sociales, José Blas Fernández . «Las pymes y micropymes —dijo—, que forman la base de nuestro tejido productivo, no tienen la capacidad de asumir con facilidad las consecuencias de una baja prolongada. Cuando un empleado falta durante semanas o meses, el impacto no se reparte: recae de lleno sobre estructuras empresariales pequeñas y con recursos limitados».Desde el colectivo de Graduados Sociales andaluces se destaca, además, que una parte creciente de las bajas prolongadas están vinculadas a patologías de salud mental, como ansiedad o depresión, cuya duración media supera los cien días . En estos casos, señalan, las empresas se enfrentan no solo un coste económico y organizativo, sino también una gestión delicada en el plano humano y legal.«Las listas de espera para acceder a atención especializada, especialmente en salud mental, son un factor clave en la duración de muchas bajas», apuntó Fernández. «Necesitamos un sistema público sanitario más ágil, que permita diagnósticos y tratamientos en tiempo y forma. Solo así se podrá evitar que bajas temporales se conviertan en ausencias crónicas que debilitan a nuestras empresas y, con ellas, al conjunto de la economía andaluza».Mecanismos de controlEl Consejo de Graduados Sociales planteó en su reunión la «urgencia de reforzar los mecanismos de control e inspección de las incapacidades temporales, sin menoscabo de los derechos laborales», insistiendo en la necesidad de impulsar mesas de trabajo con la administración andaluza, tanto desde el ámbito sanitario como desde el laboral.Se apuesta por «una colaboración más estrecha con la Administración autonómica y con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, responsables de la gestión de las bajas por enfermedad común y accidentes». Sin embargo, se plantea como medida de mejora que las mutuas colaboradoras puedan asumir también la capacidad de emitir altas médicas en casos de enfermedad común, y no solo en contingencias profesionales. «Actualmente, solo pueden dar el alta en casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional, pero si se les facultara para intervenir también en procesos de enfermedad común, se agilizarían notablemente los procedimientos y se reduciría la carga del sistema público de salud», señalaron desde el consejo en Andalucía. Mientras no se avance en este sentido, advierten, «seguiremos viendo cómo la lentitud administrativa en el ámbito sanitario genera problemas añadidos y perjuicios tanto para las empresas como para los trabajadores».Derechos sociales o «privilegios mal justificados» «Los derechos sociales no pueden desvirtuarse hasta convertirse en privilegios mal justificados. Cuando se producen abusos, las primeras en sufrirlo son las pequeñas empresas, que no pueden hacer frente ni a los costes ni a la inseguridad jurídica que generan estos procesos». Con esa contundencia se pronunció el Consejo de Graduados Sociales de Andalucía en su reunión de esta semana. En ella se pidió, para evitar esos abusos, una mayor dotación a los servicios de inspección médica en Andalucía y un refuerzo de la atención psicológica y psiquiátrica en el sistema sanitario público, la mejora de los canales de comunicación digital entre empresas, Instituto Nacional de la Seguridad Social y servicios sanitarios y la formación y orientación para que las pymes gestionen adecuadamente las bajas. RSS de noticias de espana/andalucia
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