El caso abierto en España por las presuntas gestiones de José Luis Rodríguez Zapatero en favor del Grupo Gloria, conglomerado peruano con intereses empresariales en Bolivia, continúa generando repercusiones políticas y judiciales en el país sudamericano. El expresidente boliviano Luis Arce negó haber intervenido para beneficiar a la empresa, el Consejo de la Magistratura anunció que revisará el procedimiento de la resolución judicial que favoreció temporalmente a la cementera boliviana vinculada al grupo peruano y una exembajadora boliviana, mencionada como posible intermediaria, renunció a su cargo en la alcaldía de La Paz.El caso se desprende del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía española, UDEF, incorporado al caso Plus Ultra. Según esa investigación, Zapatero habría recibido 200.000 euros mediante una sociedad interpuesta por supuestas gestiones ante autoridades bolivianas para favorecer los intereses del Grupo Gloria, que opera en Bolivia a través de la Sociedad Boliviana de Cemento, SOBOCE.Noticia relacionada general No No «Megacaso de corrupción internacional» Tormenta política y judicial en Bolivia tras la mediación de Zapatero denunciada por la UDEF en un litigio millonario Ronald CatariEl origen del conflicto se remonta a junio de 2010, cuando FANCESA demandó a SOBOCE por competencia desleal. De acuerdo con antecedentes difundidos por la Procuraduría General del Estado, la cementera vinculada al Grupo Gloria habría utilizado acciones de FANCESA para obtener una línea de financiación de 35 millones de bolivianos (unos 4,5 millones de euros) destinada a inversiones en la planta de Viacha, perteneciente a SOBOCE, en perjuicio de la empresa chuquisaqueña.El 5 de febrero de 2025, la Procuraduría informó que la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia había ratificado un fallo contra SOBOCE y confirmado el pago de 744.315.432 bolivianos, cerca de 95 millones de euros, en favor de FANCESA por competencia desleal. La decisión fue presentada entonces por el Estado boliviano como un resultado favorable para el patrimonio público regional.Sin embargo, el 30 de mayo de 2025, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz declaró procedente una acción de amparo presentada por SOBOCE y dejó sin efecto temporalmente la resolución del Supremo. Esa decisión no cerró definitivamente el caso, ya que la última palabra está pendiente ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.Fiscalizar el proceso por si hubo irregularidadesTras las revelaciones conocidas en España, el Consejo de la Magistratura anunció que revisará el trámite seguido por esa sala constitucional. Su presidente, Carlos Spencer, aclaró que la institución no tiene competencia para anular ni revisar el fallo en sentido jurisdiccional, pero sí puede fiscalizar el procedimiento y establecer si hubo irregularidades administrativas o disciplinarias. Spencer señaló que, si corresponde, podrían iniciarse procesos penales. Arce también respondió a las acusaciones. El expresidente boliviano, actualmente recluido con detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz por otro proceso vinculado al Fondo Indígena, difundió un comunicado en el que negó haber participado en un presunto tráfico de influencias para favorecer a SOBOCE o a cualquier otra empresa privada.El expresidente de Bolivia sostiene que su relación con Zapatero fue «institucional y política»En su respuesta, sostuvo que su relación con Zapatero fue «institucional y política» y afirmó que la reunión que mantuvo con el expresidente español en La Paz, en 2024, estuvo relacionada con la coyuntura política boliviana, las posiciones de Evo Morales y el debate interno del movimiento popular con miras a las elecciones nacionales de 2025.El exmandatario negó que en ese encuentro se hubiera tratado el litigio judicial de la cementera vinculada al Grupo Gloria. También subrayó que no existe una liberación definitiva del pago a SOBOCE, debido a que el expediente continúa en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Según su explicación, si ese tribunal revoca la tutela concedida a la empresa, la condena de 744 millones de bolivianos volvería a tener vigencia.La exembajadora en España dimiteEl expresidente también marcó distancia con Carmen Almendras, exembajadora de Bolivia en España y mencionada en reportes sobre la investigación como posible intermediaria entre el Grupo Gloria y Zapatero. Arce afirmó que Almendras fue embajadora durante los gobiernos de Evo Morales y que no formó parte de su administración.La situación de Almendras se convirtió en otro elemento relevante del caso. La exvicecanciller y exembajadora presentó su renuncia a la Secretaría Municipal de Culturas de la Alcaldía de La Paz. Según informó el alcalde César Dockweiler, la dimisión fue presentada el 23 de junio, un día antes de que el caso cobrara mayor repercusión pública, y respondió a razones personales.La salida adquirió relevancia política porque la exfuncionaria aparece mencionada como posible nexo entre la empresa peruana y el expresidente español. Según la información difundida en Bolivia sobre el informe de la UDEF, Almendras habría facilitado contactos relacionados con la contratación de Zapatero como consultor. Los investigadores españoles sostienen que el pago de 200.000 euros se canalizó mediante un contrato de asesoría con la empresa peruana Focus Social Research, considerada por la UDEF como una sociedad interpuesta.Almendras habría facilitado contactos relacionados con la contratación de Zapatero como consultorA las repercusiones se suma la denuncia penal presentada en Bolivia por el abogado Cristian Pablo Mina. El denunciante afirma que Zapatero sostuvo reuniones en la Casa Grande del Pueblo con Arce y otras autoridades durante una visita realizada en septiembre de 2024. Según Mina, en esos encuentros habrían participado también el entonces ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y el entonces ministro de Justicia, César Siles.La denuncia pide investigar a Zapatero, a Arce y a otras personas mencionadas en el caso por presuntos delitos como tráfico de influencias, uso indebido de influencias, cohecho activo transnacional, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, prevaricato y consorcio de jueces, entre otros. Por ahora, se trata de una denuncia presentada ante el Ministerio Público boliviano y no de una imputación formal.La presión política aumentó especialmente desde Chuquisaca, departamento donde tiene sede FANCESA. La senadora Tomasa Yarhui, de la bancada Libre, sostuvo que lo más doloroso del caso es que las presuntas gestiones hayan afectado a una de las principales industrias de la región. La legisladora reiteró que su bancada formaliza una solicitud para crear una comisión especial de investigación en el Senado, sin interferir con las pesquisas que pueda realizar el Ministerio Público.La reacción también se extendió a la Cámara de Diputados. Legisladores plantearon solicitar información oficial, conformar una comisión interpartidaria y evaluar un viaje a España para recabar mayores antecedentes. También anunciaron pedidos de informe al Fiscal General del Estado y al Procurador para conocer qué acciones asumirán dentro del caso y si se activarán mecanismos de cooperación internacional.Los vínculos de ZP con el partido de Evo MoralesEl caso también reactivó el debate sobre los vínculos políticos de Zapatero con el Movimiento al Socialismo, el partido que gobernó Bolivia durante las administraciones de Evo Morales y Luis Arce. El expresidente español mantuvo durante años una relación pública con Morales y también tuvo acercamientos con el gobierno de Arce, aunque el exmandatario boliviano insiste ahora en que esos contactos fueron políticos e institucionales, no empresariales ni judiciales.MÁS INFORMACIÓN noticia Si Gertrudis, hasta las cejas noticia Si El PSOE se prepara para un Comité Federal «convulso» por la corrupción y las debacles electorales noticia Si Zapatero pidió a su escolta el «papel» del Pollo Carvajal que decía que tenía una mina de oro noticia No Zapatero reclama que se anule el ‘caso Plus Ultra’ por vulneración de derechos fundamentales noticia Si La retirada del pasaporte a Begoña Gómez trunca la agenda internacional de la familia Sánchez noticia No Felipe VI vuelve a México y da por terminada la polémica iniciada por López ObradorHasta el momento no se conoce una respuesta pública de todos los exministros, autoridades judiciales y empresarios mencionados en las denuncias. Sí existe ya una posición formal de Arce, que niega cualquier participación en un tráfico de influencias, pide que el caso sea investigado bajo parámetros de debido proceso y advierte contra las condenas anticipadas con fines políticos. El caso abierto en España por las presuntas gestiones de José Luis Rodríguez Zapatero en favor del Grupo Gloria, conglomerado peruano con intereses empresariales en Bolivia, continúa generando repercusiones políticas y judiciales en el país sudamericano. El expresidente boliviano Luis Arce negó haber intervenido para beneficiar a la empresa, el Consejo de la Magistratura anunció que revisará el procedimiento de la resolución judicial que favoreció temporalmente a la cementera boliviana vinculada al grupo peruano y una exembajadora boliviana, mencionada como posible intermediaria, renunció a su cargo en la alcaldía de La Paz.El caso se desprende del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía española, UDEF, incorporado al caso Plus Ultra. Según esa investigación, Zapatero habría recibido 200.000 euros mediante una sociedad interpuesta por supuestas gestiones ante autoridades bolivianas para favorecer los intereses del Grupo Gloria, que opera en Bolivia a través de la Sociedad Boliviana de Cemento, SOBOCE.Noticia relacionada general No No «Megacaso de corrupción internacional» Tormenta política y judicial en Bolivia tras la mediación de Zapatero denunciada por la UDEF en un litigio millonario Ronald CatariEl origen del conflicto se remonta a junio de 2010, cuando FANCESA demandó a SOBOCE por competencia desleal. De acuerdo con antecedentes difundidos por la Procuraduría General del Estado, la cementera vinculada al Grupo Gloria habría utilizado acciones de FANCESA para obtener una línea de financiación de 35 millones de bolivianos (unos 4,5 millones de euros) destinada a inversiones en la planta de Viacha, perteneciente a SOBOCE, en perjuicio de la empresa chuquisaqueña.El 5 de febrero de 2025, la Procuraduría informó que la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia había ratificado un fallo contra SOBOCE y confirmado el pago de 744.315.432 bolivianos, cerca de 95 millones de euros, en favor de FANCESA por competencia desleal. La decisión fue presentada entonces por el Estado boliviano como un resultado favorable para el patrimonio público regional.Sin embargo, el 30 de mayo de 2025, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz declaró procedente una acción de amparo presentada por SOBOCE y dejó sin efecto temporalmente la resolución del Supremo. Esa decisión no cerró definitivamente el caso, ya que la última palabra está pendiente ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.Fiscalizar el proceso por si hubo irregularidadesTras las revelaciones conocidas en España, el Consejo de la Magistratura anunció que revisará el trámite seguido por esa sala constitucional. Su presidente, Carlos Spencer, aclaró que la institución no tiene competencia para anular ni revisar el fallo en sentido jurisdiccional, pero sí puede fiscalizar el procedimiento y establecer si hubo irregularidades administrativas o disciplinarias. Spencer señaló que, si corresponde, podrían iniciarse procesos penales. Arce también respondió a las acusaciones. El expresidente boliviano, actualmente recluido con detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz por otro proceso vinculado al Fondo Indígena, difundió un comunicado en el que negó haber participado en un presunto tráfico de influencias para favorecer a SOBOCE o a cualquier otra empresa privada.El expresidente de Bolivia sostiene que su relación con Zapatero fue «institucional y política»En su respuesta, sostuvo que su relación con Zapatero fue «institucional y política» y afirmó que la reunión que mantuvo con el expresidente español en La Paz, en 2024, estuvo relacionada con la coyuntura política boliviana, las posiciones de Evo Morales y el debate interno del movimiento popular con miras a las elecciones nacionales de 2025.El exmandatario negó que en ese encuentro se hubiera tratado el litigio judicial de la cementera vinculada al Grupo Gloria. También subrayó que no existe una liberación definitiva del pago a SOBOCE, debido a que el expediente continúa en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Según su explicación, si ese tribunal revoca la tutela concedida a la empresa, la condena de 744 millones de bolivianos volvería a tener vigencia.La exembajadora en España dimiteEl expresidente también marcó distancia con Carmen Almendras, exembajadora de Bolivia en España y mencionada en reportes sobre la investigación como posible intermediaria entre el Grupo Gloria y Zapatero. Arce afirmó que Almendras fue embajadora durante los gobiernos de Evo Morales y que no formó parte de su administración.La situación de Almendras se convirtió en otro elemento relevante del caso. La exvicecanciller y exembajadora presentó su renuncia a la Secretaría Municipal de Culturas de la Alcaldía de La Paz. Según informó el alcalde César Dockweiler, la dimisión fue presentada el 23 de junio, un día antes de que el caso cobrara mayor repercusión pública, y respondió a razones personales.La salida adquirió relevancia política porque la exfuncionaria aparece mencionada como posible nexo entre la empresa peruana y el expresidente español. Según la información difundida en Bolivia sobre el informe de la UDEF, Almendras habría facilitado contactos relacionados con la contratación de Zapatero como consultor. Los investigadores españoles sostienen que el pago de 200.000 euros se canalizó mediante un contrato de asesoría con la empresa peruana Focus Social Research, considerada por la UDEF como una sociedad interpuesta.Almendras habría facilitado contactos relacionados con la contratación de Zapatero como consultorA las repercusiones se suma la denuncia penal presentada en Bolivia por el abogado Cristian Pablo Mina. El denunciante afirma que Zapatero sostuvo reuniones en la Casa Grande del Pueblo con Arce y otras autoridades durante una visita realizada en septiembre de 2024. Según Mina, en esos encuentros habrían participado también el entonces ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y el entonces ministro de Justicia, César Siles.La denuncia pide investigar a Zapatero, a Arce y a otras personas mencionadas en el caso por presuntos delitos como tráfico de influencias, uso indebido de influencias, cohecho activo transnacional, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, prevaricato y consorcio de jueces, entre otros. Por ahora, se trata de una denuncia presentada ante el Ministerio Público boliviano y no de una imputación formal.La presión política aumentó especialmente desde Chuquisaca, departamento donde tiene sede FANCESA. La senadora Tomasa Yarhui, de la bancada Libre, sostuvo que lo más doloroso del caso es que las presuntas gestiones hayan afectado a una de las principales industrias de la región. La legisladora reiteró que su bancada formaliza una solicitud para crear una comisión especial de investigación en el Senado, sin interferir con las pesquisas que pueda realizar el Ministerio Público.La reacción también se extendió a la Cámara de Diputados. Legisladores plantearon solicitar información oficial, conformar una comisión interpartidaria y evaluar un viaje a España para recabar mayores antecedentes. También anunciaron pedidos de informe al Fiscal General del Estado y al Procurador para conocer qué acciones asumirán dentro del caso y si se activarán mecanismos de cooperación internacional.Los vínculos de ZP con el partido de Evo MoralesEl caso también reactivó el debate sobre los vínculos políticos de Zapatero con el Movimiento al Socialismo, el partido que gobernó Bolivia durante las administraciones de Evo Morales y Luis Arce. El expresidente español mantuvo durante años una relación pública con Morales y también tuvo acercamientos con el gobierno de Arce, aunque el exmandatario boliviano insiste ahora en que esos contactos fueron políticos e institucionales, no empresariales ni judiciales.MÁS INFORMACIÓN noticia Si Gertrudis, hasta las cejas noticia Si El PSOE se prepara para un Comité Federal «convulso» por la corrupción y las debacles electorales noticia Si Zapatero pidió a su escolta el «papel» del Pollo Carvajal que decía que tenía una mina de oro noticia No Zapatero reclama que se anule el ‘caso Plus Ultra’ por vulneración de derechos fundamentales noticia Si La retirada del pasaporte a Begoña Gómez trunca la agenda internacional de la familia Sánchez noticia No Felipe VI vuelve a México y da por terminada la polémica iniciada por López ObradorHasta el momento no se conoce una respuesta pública de todos los exministros, autoridades judiciales y empresarios mencionados en las denuncias. Sí existe ya una posición formal de Arce, que niega cualquier participación en un tráfico de influencias, pide que el caso sea investigado bajo parámetros de debido proceso y advierte contra las condenas anticipadas con fines políticos. El caso abierto en España por las presuntas gestiones de José Luis Rodríguez Zapatero en favor del Grupo Gloria, conglomerado peruano con intereses empresariales en Bolivia, continúa generando repercusiones políticas y judiciales en el país sudamericano. El expresidente boliviano Luis Arce negó haber intervenido para beneficiar a la empresa, el Consejo de la Magistratura anunció que revisará el procedimiento de la resolución judicial que favoreció temporalmente a la cementera boliviana vinculada al grupo peruano y una exembajadora boliviana, mencionada como posible intermediaria, renunció a su cargo en la alcaldía de La Paz.El caso se desprende del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía española, UDEF, incorporado al caso Plus Ultra. Según esa investigación, Zapatero habría recibido 200.000 euros mediante una sociedad interpuesta por supuestas gestiones ante autoridades bolivianas para favorecer los intereses del Grupo Gloria, que opera en Bolivia a través de la Sociedad Boliviana de Cemento, SOBOCE.Noticia relacionada general No No «Megacaso de corrupción internacional» Tormenta política y judicial en Bolivia tras la mediación de Zapatero denunciada por la UDEF en un litigio millonario Ronald CatariEl origen del conflicto se remonta a junio de 2010, cuando FANCESA demandó a SOBOCE por competencia desleal. De acuerdo con antecedentes difundidos por la Procuraduría General del Estado, la cementera vinculada al Grupo Gloria habría utilizado acciones de FANCESA para obtener una línea de financiación de 35 millones de bolivianos (unos 4,5 millones de euros) destinada a inversiones en la planta de Viacha, perteneciente a SOBOCE, en perjuicio de la empresa chuquisaqueña.El 5 de febrero de 2025, la Procuraduría informó que la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia había ratificado un fallo contra SOBOCE y confirmado el pago de 744.315.432 bolivianos, cerca de 95 millones de euros, en favor de FANCESA por competencia desleal. La decisión fue presentada entonces por el Estado boliviano como un resultado favorable para el patrimonio público regional.Sin embargo, el 30 de mayo de 2025, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz declaró procedente una acción de amparo presentada por SOBOCE y dejó sin efecto temporalmente la resolución del Supremo. Esa decisión no cerró definitivamente el caso, ya que la última palabra está pendiente ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.Fiscalizar el proceso por si hubo irregularidadesTras las revelaciones conocidas en España, el Consejo de la Magistratura anunció que revisará el trámite seguido por esa sala constitucional. Su presidente, Carlos Spencer, aclaró que la institución no tiene competencia para anular ni revisar el fallo en sentido jurisdiccional, pero sí puede fiscalizar el procedimiento y establecer si hubo irregularidades administrativas o disciplinarias. Spencer señaló que, si corresponde, podrían iniciarse procesos penales. Arce también respondió a las acusaciones. El expresidente boliviano, actualmente recluido con detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz por otro proceso vinculado al Fondo Indígena, difundió un comunicado en el que negó haber participado en un presunto tráfico de influencias para favorecer a SOBOCE o a cualquier otra empresa privada.El expresidente de Bolivia sostiene que su relación con Zapatero fue «institucional y política»En su respuesta, sostuvo que su relación con Zapatero fue «institucional y política» y afirmó que la reunión que mantuvo con el expresidente español en La Paz, en 2024, estuvo relacionada con la coyuntura política boliviana, las posiciones de Evo Morales y el debate interno del movimiento popular con miras a las elecciones nacionales de 2025.El exmandatario negó que en ese encuentro se hubiera tratado el litigio judicial de la cementera vinculada al Grupo Gloria. También subrayó que no existe una liberación definitiva del pago a SOBOCE, debido a que el expediente continúa en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Según su explicación, si ese tribunal revoca la tutela concedida a la empresa, la condena de 744 millones de bolivianos volvería a tener vigencia.La exembajadora en España dimiteEl expresidente también marcó distancia con Carmen Almendras, exembajadora de Bolivia en España y mencionada en reportes sobre la investigación como posible intermediaria entre el Grupo Gloria y Zapatero. Arce afirmó que Almendras fue embajadora durante los gobiernos de Evo Morales y que no formó parte de su administración.La situación de Almendras se convirtió en otro elemento relevante del caso. La exvicecanciller y exembajadora presentó su renuncia a la Secretaría Municipal de Culturas de la Alcaldía de La Paz. Según informó el alcalde César Dockweiler, la dimisión fue presentada el 23 de junio, un día antes de que el caso cobrara mayor repercusión pública, y respondió a razones personales.La salida adquirió relevancia política porque la exfuncionaria aparece mencionada como posible nexo entre la empresa peruana y el expresidente español. Según la información difundida en Bolivia sobre el informe de la UDEF, Almendras habría facilitado contactos relacionados con la contratación de Zapatero como consultor. Los investigadores españoles sostienen que el pago de 200.000 euros se canalizó mediante un contrato de asesoría con la empresa peruana Focus Social Research, considerada por la UDEF como una sociedad interpuesta.Almendras habría facilitado contactos relacionados con la contratación de Zapatero como consultorA las repercusiones se suma la denuncia penal presentada en Bolivia por el abogado Cristian Pablo Mina. El denunciante afirma que Zapatero sostuvo reuniones en la Casa Grande del Pueblo con Arce y otras autoridades durante una visita realizada en septiembre de 2024. Según Mina, en esos encuentros habrían participado también el entonces ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y el entonces ministro de Justicia, César Siles.La denuncia pide investigar a Zapatero, a Arce y a otras personas mencionadas en el caso por presuntos delitos como tráfico de influencias, uso indebido de influencias, cohecho activo transnacional, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, prevaricato y consorcio de jueces, entre otros. Por ahora, se trata de una denuncia presentada ante el Ministerio Público boliviano y no de una imputación formal.La presión política aumentó especialmente desde Chuquisaca, departamento donde tiene sede FANCESA. La senadora Tomasa Yarhui, de la bancada Libre, sostuvo que lo más doloroso del caso es que las presuntas gestiones hayan afectado a una de las principales industrias de la región. La legisladora reiteró que su bancada formaliza una solicitud para crear una comisión especial de investigación en el Senado, sin interferir con las pesquisas que pueda realizar el Ministerio Público.La reacción también se extendió a la Cámara de Diputados. Legisladores plantearon solicitar información oficial, conformar una comisión interpartidaria y evaluar un viaje a España para recabar mayores antecedentes. También anunciaron pedidos de informe al Fiscal General del Estado y al Procurador para conocer qué acciones asumirán dentro del caso y si se activarán mecanismos de cooperación internacional.Los vínculos de ZP con el partido de Evo MoralesEl caso también reactivó el debate sobre los vínculos políticos de Zapatero con el Movimiento al Socialismo, el partido que gobernó Bolivia durante las administraciones de Evo Morales y Luis Arce. El expresidente español mantuvo durante años una relación pública con Morales y también tuvo acercamientos con el gobierno de Arce, aunque el exmandatario boliviano insiste ahora en que esos contactos fueron políticos e institucionales, no empresariales ni judiciales.MÁS INFORMACIÓN noticia Si Gertrudis, hasta las cejas noticia Si El PSOE se prepara para un Comité Federal «convulso» por la corrupción y las debacles electorales noticia Si Zapatero pidió a su escolta el «papel» del Pollo Carvajal que decía que tenía una mina de oro noticia No Zapatero reclama que se anule el ‘caso Plus Ultra’ por vulneración de derechos fundamentales noticia Si La retirada del pasaporte a Begoña Gómez trunca la agenda internacional de la familia Sánchez noticia No Felipe VI vuelve a México y da por terminada la polémica iniciada por López ObradorHasta el momento no se conoce una respuesta pública de todos los exministros, autoridades judiciales y empresarios mencionados en las denuncias. Sí existe ya una posición formal de Arce, que niega cualquier participación en un tráfico de influencias, pide que el caso sea investigado bajo parámetros de debido proceso y advierte contra las condenas anticipadas con fines políticos. RSS de noticias de espana
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