La Cámara de Cuentas de Andalucía se enteró por la prensa de que uno de sus consejeros trabajaba como asesor legal para Begoña Gómez en la investigación judicial que va a sentar en el banquillo a la mujer del presidente del Gobierno. Antonio Manuel López Hernández , que forma parte de este órgano público por la cuota que corresponde al PSOE, realizó un informe pericial para la esposa de Pedro Sánchez sin informar de ello a la institución autonómica que le paga un sueldo público, trabajo externo por el que ahora se enfrenta a un expediente de incompatibilidad que podría costarle el puesto. Pero éste no es el único apagón informativo que ha protagonizado. El alto cargo no ha facilitado tampoco al órgano fiscalizador su autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio de 2025, con vistas a publicarla en el Portal de la Transparencia antes del 1 de agosto. La rendición de cuentas tributarias de López Hernández arrojaría luz sobre sus ingresos más recientes justo cuando se investiga cuánto ha podido facturar al margen de sus actividades públicas con «dedicación absoluta» en la Cámara de Cuentas. La resistencia del consejero socialista a someterse al escrutinio interno llega después de realizar un estudio pericial con el que la mujer del líder socialista intentó, sin éxito, evitar que un jurado popular la juzgue por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación que le atribuyó el juez instructor Juan Carlos Peinado.En una conversación telefónica con ABC, Antonio López ha asegurado que tiene intención de aportar «en breve» la autoliquidación tributaria pendiente, posiblemente «en un par de días», y justifica el no haberla facilitado antes por que «tenemos de plazo hasta final de septiembre para presentarla», precisó, desvinculando el retraso de la investigación interna a la que se enfrenta por una supuesta incompatibilidad. El 1 de agosto, fecha límite para entregar los documentosFuentes de la Cámara de Cuentas consultadas por este periódico niegan que exista este plazo y aclaran que, aunque los consejeros del citado ente público no sean jurídicamente altos cargos de la Junta de Andalucía, el criterio que rige suele ser el mismo. Los responsables autonómicos deben entregar sus declaraciones tributarias « antes del 1 de agosto de cada año natural », tal y como estipula la ley de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses. Preguntado por el estado del expediente abierto por trabajos ajenos a la institución fiscalizadora, López remite al gabinete jurídico que lo está supervisando.El consejero del PSOE, que cobra una retribución anual superior a los 83.000 euros por su labor en un órgano encargado de velar por la limpieza del gasto en la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de la comunidad, no ha enseñado sus propias cuentas tributarias de 2025. Su salario público, equiparable al de un viceconsejero de la Junta de Andalucía, lleva aparejada una exigencia irrenunciable: la dedicación absoluta. Pese a la condición de exclusividad, el miembro de la Cámara de Cuentas compatibilizó sus funciones públicas con labores de asesoramiento legal para la esposa del presidente y con actividades docentes en varios másteres universitarios. Lo hizo en la sombra, puesto que no consta en los registros de la entidad ninguna solicitud previa de compatibilidad, un trámite imperativo para cualquier actividad paralela.La Cámara de Cuentas le abrió un expediente en mayo por posibles tareas incompatibles con su puesto público, del que cobra por una «dedicación absoluta»La ocultación de una información tan relevante llevó a la Cámara de Cuentas de Andalucía a abrir un expediente a su alto cargo. El 28 de mayo pasado el órgano acordó investigar «la presunta existencia de una incompatibilidad sobrevenida y un eventual incumplimiento de los deberes inherentes» a su alta función. Si la infracción se confirma, las consecuencias podrían ir más allá de una simple reprimenda administrativa. El expediente puede costarle el puesto. La destitución, en última instancia, correspondería al Parlamento andaluz, el mismo órgano que lo nombró en su día a propuesta del Grupo Socialista.Con un expediente en marcha, el hecho de que López no haya presentado, al menos hasta ahora, la declaración tributaria de 2025 añade otra capa de opacidad a sus actividades. Actualmente, los portales de transparencia de la Cámara muestran las declaraciones tributarias de casi todos los miembros del Pleno cameral. Solo hay dos excepciones que no han respondido al requerimiento de la institución: el propio Antonio López y la abogada Diana Morales, consejera propuesta por el grupo de izquierdas Por Andalucía.El propio consejero impulsó, cuando presidía la Cámara, un protocolo de transparencia para hacer públicas las declaraciones e ingresos de sus consejerosSe da la paradoja de que el propio López Hernández fue quien, durante su etapa como presidente de la Cámara de Cuentas entre los años 2011 y 2021 , impulsó el estricto protocolo de actuación que hoy estaría incumpliendo. En mayo de 2015, bajo su mandato, se aprobó el acuerdo interno que adaptaba la regulación del órgano a la Ley de Transparencia Pública de Andalucía de 2014. Aquel texto establecía que los altos cargos deben facilitar «la declaración de bienes e intereses según el formato del Parlamento de Andalucía», lo que incluye la publicación anual de sus datos tributarios además de las retribuciones oficiales.Disparidad de ingresos por su trabajoLa última autoliquidación publicada por el consejero del PSOE en la web oficial del ente cameral data del año 2024, antes de que trascendieran los servicios profesionales prestados a la esposa del presidente del Gobierno, ya mostraba un escenario difícil de justificar para un cargo con exclusividad absoluta. Su sueldo en la Cámara ronda los 83.000 euros. Sin embargo, en ese ejercicio declaró ingresos por rendimientos del trabajo que ascendieron a 139.471,83 euros. Hay, por tanto, más de 55.000 euros adicionales percibidos en un solo año. Una inyección económica que apuntaría a posibles fuentes de ingresos ajenas a la Cámara de Cuentas, que no fue informada de otros trabajos ni tuvo oportunidad de someterlos al preceptivo control de compatibilidad legal.La institución se enteró por la prensa de que el consejero del PSOE había firmado un documento presentado ante el juez instructor Juan Carlos Peinado. Con su informe, el alto cargo andaluz trató de legitimar la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Argumentaba en su peritaje que no existía «anomalía» alguna en la gestión y llegaba a calificar la dirección de dichos programas universitarios como una actividad «sustancialmente altruista» . Su auxilio técnico, a la vista del desenlace judicial, resultó estéril.Mientras el órgano fiscalizador escudriña el origen de los ingresos extra de López y evalúa su posible cese, el consejero socialista mantiene un discurso público opuesto a sus propios actos. El pasado 24 de julio, con el expediente interno ya abierto por ocultar supuestos trabajos paralelos, el consejero del PSOE publicó un artículo de opinión en el Diario de Sevilla bajo el título «Una asignatura pendiente para la transparencia». En su colaboración periodística, el expresidente del ente fiscalizador censuraba con dureza que más de la mitad de las entidades locales andaluzas no hubieran rendido cuentas en 2024 para someterse a un control. « La rendición de cuentas no es un simple trámite administrativo », aleccionaba López desde la tribuna periodística. «Constituye el principal instrumento para que la ciudadanía y los órganos de control conozcan cómo se gestionan los recursos públicos». Una doctrina que resulta impecable sobre el papel, sobre todo cuando el dinero público que se vigila es el de los demás. La Cámara de Cuentas de Andalucía se enteró por la prensa de que uno de sus consejeros trabajaba como asesor legal para Begoña Gómez en la investigación judicial que va a sentar en el banquillo a la mujer del presidente del Gobierno. Antonio Manuel López Hernández , que forma parte de este órgano público por la cuota que corresponde al PSOE, realizó un informe pericial para la esposa de Pedro Sánchez sin informar de ello a la institución autonómica que le paga un sueldo público, trabajo externo por el que ahora se enfrenta a un expediente de incompatibilidad que podría costarle el puesto. Pero éste no es el único apagón informativo que ha protagonizado. El alto cargo no ha facilitado tampoco al órgano fiscalizador su autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio de 2025, con vistas a publicarla en el Portal de la Transparencia antes del 1 de agosto. La rendición de cuentas tributarias de López Hernández arrojaría luz sobre sus ingresos más recientes justo cuando se investiga cuánto ha podido facturar al margen de sus actividades públicas con «dedicación absoluta» en la Cámara de Cuentas. La resistencia del consejero socialista a someterse al escrutinio interno llega después de realizar un estudio pericial con el que la mujer del líder socialista intentó, sin éxito, evitar que un jurado popular la juzgue por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación que le atribuyó el juez instructor Juan Carlos Peinado.En una conversación telefónica con ABC, Antonio López ha asegurado que tiene intención de aportar «en breve» la autoliquidación tributaria pendiente, posiblemente «en un par de días», y justifica el no haberla facilitado antes por que «tenemos de plazo hasta final de septiembre para presentarla», precisó, desvinculando el retraso de la investigación interna a la que se enfrenta por una supuesta incompatibilidad. El 1 de agosto, fecha límite para entregar los documentosFuentes de la Cámara de Cuentas consultadas por este periódico niegan que exista este plazo y aclaran que, aunque los consejeros del citado ente público no sean jurídicamente altos cargos de la Junta de Andalucía, el criterio que rige suele ser el mismo. Los responsables autonómicos deben entregar sus declaraciones tributarias « antes del 1 de agosto de cada año natural », tal y como estipula la ley de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses. Preguntado por el estado del expediente abierto por trabajos ajenos a la institución fiscalizadora, López remite al gabinete jurídico que lo está supervisando.El consejero del PSOE, que cobra una retribución anual superior a los 83.000 euros por su labor en un órgano encargado de velar por la limpieza del gasto en la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de la comunidad, no ha enseñado sus propias cuentas tributarias de 2025. Su salario público, equiparable al de un viceconsejero de la Junta de Andalucía, lleva aparejada una exigencia irrenunciable: la dedicación absoluta. Pese a la condición de exclusividad, el miembro de la Cámara de Cuentas compatibilizó sus funciones públicas con labores de asesoramiento legal para la esposa del presidente y con actividades docentes en varios másteres universitarios. Lo hizo en la sombra, puesto que no consta en los registros de la entidad ninguna solicitud previa de compatibilidad, un trámite imperativo para cualquier actividad paralela.La Cámara de Cuentas le abrió un expediente en mayo por posibles tareas incompatibles con su puesto público, del que cobra por una «dedicación absoluta»La ocultación de una información tan relevante llevó a la Cámara de Cuentas de Andalucía a abrir un expediente a su alto cargo. El 28 de mayo pasado el órgano acordó investigar «la presunta existencia de una incompatibilidad sobrevenida y un eventual incumplimiento de los deberes inherentes» a su alta función. Si la infracción se confirma, las consecuencias podrían ir más allá de una simple reprimenda administrativa. El expediente puede costarle el puesto. La destitución, en última instancia, correspondería al Parlamento andaluz, el mismo órgano que lo nombró en su día a propuesta del Grupo Socialista.Con un expediente en marcha, el hecho de que López no haya presentado, al menos hasta ahora, la declaración tributaria de 2025 añade otra capa de opacidad a sus actividades. Actualmente, los portales de transparencia de la Cámara muestran las declaraciones tributarias de casi todos los miembros del Pleno cameral. Solo hay dos excepciones que no han respondido al requerimiento de la institución: el propio Antonio López y la abogada Diana Morales, consejera propuesta por el grupo de izquierdas Por Andalucía.El propio consejero impulsó, cuando presidía la Cámara, un protocolo de transparencia para hacer públicas las declaraciones e ingresos de sus consejerosSe da la paradoja de que el propio López Hernández fue quien, durante su etapa como presidente de la Cámara de Cuentas entre los años 2011 y 2021 , impulsó el estricto protocolo de actuación que hoy estaría incumpliendo. En mayo de 2015, bajo su mandato, se aprobó el acuerdo interno que adaptaba la regulación del órgano a la Ley de Transparencia Pública de Andalucía de 2014. Aquel texto establecía que los altos cargos deben facilitar «la declaración de bienes e intereses según el formato del Parlamento de Andalucía», lo que incluye la publicación anual de sus datos tributarios además de las retribuciones oficiales.Disparidad de ingresos por su trabajoLa última autoliquidación publicada por el consejero del PSOE en la web oficial del ente cameral data del año 2024, antes de que trascendieran los servicios profesionales prestados a la esposa del presidente del Gobierno, ya mostraba un escenario difícil de justificar para un cargo con exclusividad absoluta. Su sueldo en la Cámara ronda los 83.000 euros. Sin embargo, en ese ejercicio declaró ingresos por rendimientos del trabajo que ascendieron a 139.471,83 euros. Hay, por tanto, más de 55.000 euros adicionales percibidos en un solo año. Una inyección económica que apuntaría a posibles fuentes de ingresos ajenas a la Cámara de Cuentas, que no fue informada de otros trabajos ni tuvo oportunidad de someterlos al preceptivo control de compatibilidad legal.La institución se enteró por la prensa de que el consejero del PSOE había firmado un documento presentado ante el juez instructor Juan Carlos Peinado. Con su informe, el alto cargo andaluz trató de legitimar la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Argumentaba en su peritaje que no existía «anomalía» alguna en la gestión y llegaba a calificar la dirección de dichos programas universitarios como una actividad «sustancialmente altruista» . Su auxilio técnico, a la vista del desenlace judicial, resultó estéril.Mientras el órgano fiscalizador escudriña el origen de los ingresos extra de López y evalúa su posible cese, el consejero socialista mantiene un discurso público opuesto a sus propios actos. El pasado 24 de julio, con el expediente interno ya abierto por ocultar supuestos trabajos paralelos, el consejero del PSOE publicó un artículo de opinión en el Diario de Sevilla bajo el título «Una asignatura pendiente para la transparencia». En su colaboración periodística, el expresidente del ente fiscalizador censuraba con dureza que más de la mitad de las entidades locales andaluzas no hubieran rendido cuentas en 2024 para someterse a un control. « La rendición de cuentas no es un simple trámite administrativo », aleccionaba López desde la tribuna periodística. «Constituye el principal instrumento para que la ciudadanía y los órganos de control conozcan cómo se gestionan los recursos públicos». Una doctrina que resulta impecable sobre el papel, sobre todo cuando el dinero público que se vigila es el de los demás. La Cámara de Cuentas de Andalucía se enteró por la prensa de que uno de sus consejeros trabajaba como asesor legal para Begoña Gómez en la investigación judicial que va a sentar en el banquillo a la mujer del presidente del Gobierno. Antonio Manuel López Hernández , que forma parte de este órgano público por la cuota que corresponde al PSOE, realizó un informe pericial para la esposa de Pedro Sánchez sin informar de ello a la institución autonómica que le paga un sueldo público, trabajo externo por el que ahora se enfrenta a un expediente de incompatibilidad que podría costarle el puesto. Pero éste no es el único apagón informativo que ha protagonizado. El alto cargo no ha facilitado tampoco al órgano fiscalizador su autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio de 2025, con vistas a publicarla en el Portal de la Transparencia antes del 1 de agosto. La rendición de cuentas tributarias de López Hernández arrojaría luz sobre sus ingresos más recientes justo cuando se investiga cuánto ha podido facturar al margen de sus actividades públicas con «dedicación absoluta» en la Cámara de Cuentas. La resistencia del consejero socialista a someterse al escrutinio interno llega después de realizar un estudio pericial con el que la mujer del líder socialista intentó, sin éxito, evitar que un jurado popular la juzgue por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación que le atribuyó el juez instructor Juan Carlos Peinado.En una conversación telefónica con ABC, Antonio López ha asegurado que tiene intención de aportar «en breve» la autoliquidación tributaria pendiente, posiblemente «en un par de días», y justifica el no haberla facilitado antes por que «tenemos de plazo hasta final de septiembre para presentarla», precisó, desvinculando el retraso de la investigación interna a la que se enfrenta por una supuesta incompatibilidad. El 1 de agosto, fecha límite para entregar los documentosFuentes de la Cámara de Cuentas consultadas por este periódico niegan que exista este plazo y aclaran que, aunque los consejeros del citado ente público no sean jurídicamente altos cargos de la Junta de Andalucía, el criterio que rige suele ser el mismo. Los responsables autonómicos deben entregar sus declaraciones tributarias « antes del 1 de agosto de cada año natural », tal y como estipula la ley de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses. Preguntado por el estado del expediente abierto por trabajos ajenos a la institución fiscalizadora, López remite al gabinete jurídico que lo está supervisando.El consejero del PSOE, que cobra una retribución anual superior a los 83.000 euros por su labor en un órgano encargado de velar por la limpieza del gasto en la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de la comunidad, no ha enseñado sus propias cuentas tributarias de 2025. Su salario público, equiparable al de un viceconsejero de la Junta de Andalucía, lleva aparejada una exigencia irrenunciable: la dedicación absoluta. Pese a la condición de exclusividad, el miembro de la Cámara de Cuentas compatibilizó sus funciones públicas con labores de asesoramiento legal para la esposa del presidente y con actividades docentes en varios másteres universitarios. Lo hizo en la sombra, puesto que no consta en los registros de la entidad ninguna solicitud previa de compatibilidad, un trámite imperativo para cualquier actividad paralela.La Cámara de Cuentas le abrió un expediente en mayo por posibles tareas incompatibles con su puesto público, del que cobra por una «dedicación absoluta»La ocultación de una información tan relevante llevó a la Cámara de Cuentas de Andalucía a abrir un expediente a su alto cargo. El 28 de mayo pasado el órgano acordó investigar «la presunta existencia de una incompatibilidad sobrevenida y un eventual incumplimiento de los deberes inherentes» a su alta función. Si la infracción se confirma, las consecuencias podrían ir más allá de una simple reprimenda administrativa. El expediente puede costarle el puesto. La destitución, en última instancia, correspondería al Parlamento andaluz, el mismo órgano que lo nombró en su día a propuesta del Grupo Socialista.Con un expediente en marcha, el hecho de que López no haya presentado, al menos hasta ahora, la declaración tributaria de 2025 añade otra capa de opacidad a sus actividades. Actualmente, los portales de transparencia de la Cámara muestran las declaraciones tributarias de casi todos los miembros del Pleno cameral. Solo hay dos excepciones que no han respondido al requerimiento de la institución: el propio Antonio López y la abogada Diana Morales, consejera propuesta por el grupo de izquierdas Por Andalucía.El propio consejero impulsó, cuando presidía la Cámara, un protocolo de transparencia para hacer públicas las declaraciones e ingresos de sus consejerosSe da la paradoja de que el propio López Hernández fue quien, durante su etapa como presidente de la Cámara de Cuentas entre los años 2011 y 2021 , impulsó el estricto protocolo de actuación que hoy estaría incumpliendo. En mayo de 2015, bajo su mandato, se aprobó el acuerdo interno que adaptaba la regulación del órgano a la Ley de Transparencia Pública de Andalucía de 2014. Aquel texto establecía que los altos cargos deben facilitar «la declaración de bienes e intereses según el formato del Parlamento de Andalucía», lo que incluye la publicación anual de sus datos tributarios además de las retribuciones oficiales.Disparidad de ingresos por su trabajoLa última autoliquidación publicada por el consejero del PSOE en la web oficial del ente cameral data del año 2024, antes de que trascendieran los servicios profesionales prestados a la esposa del presidente del Gobierno, ya mostraba un escenario difícil de justificar para un cargo con exclusividad absoluta. Su sueldo en la Cámara ronda los 83.000 euros. Sin embargo, en ese ejercicio declaró ingresos por rendimientos del trabajo que ascendieron a 139.471,83 euros. Hay, por tanto, más de 55.000 euros adicionales percibidos en un solo año. Una inyección económica que apuntaría a posibles fuentes de ingresos ajenas a la Cámara de Cuentas, que no fue informada de otros trabajos ni tuvo oportunidad de someterlos al preceptivo control de compatibilidad legal.La institución se enteró por la prensa de que el consejero del PSOE había firmado un documento presentado ante el juez instructor Juan Carlos Peinado. Con su informe, el alto cargo andaluz trató de legitimar la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Argumentaba en su peritaje que no existía «anomalía» alguna en la gestión y llegaba a calificar la dirección de dichos programas universitarios como una actividad «sustancialmente altruista» . Su auxilio técnico, a la vista del desenlace judicial, resultó estéril.Mientras el órgano fiscalizador escudriña el origen de los ingresos extra de López y evalúa su posible cese, el consejero socialista mantiene un discurso público opuesto a sus propios actos. El pasado 24 de julio, con el expediente interno ya abierto por ocultar supuestos trabajos paralelos, el consejero del PSOE publicó un artículo de opinión en el Diario de Sevilla bajo el título «Una asignatura pendiente para la transparencia». En su colaboración periodística, el expresidente del ente fiscalizador censuraba con dureza que más de la mitad de las entidades locales andaluzas no hubieran rendido cuentas en 2024 para someterse a un control. « La rendición de cuentas no es un simple trámite administrativo », aleccionaba López desde la tribuna periodística. «Constituye el principal instrumento para que la ciudadanía y los órganos de control conozcan cómo se gestionan los recursos públicos». Una doctrina que resulta impecable sobre el papel, sobre todo cuando el dinero público que se vigila es el de los demás. RSS de noticias de espana/andalucia
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