La regularización extraordinaria que permitirá a más de medio millón de extranjeros sin papeles que viven en España acceder a un permiso de residencia , una de las medidas estrella del Gobierno mientras el resto de Europa camina hacia políticas restrictivas, se ha topado con una discusión de calado en el Consejo de Estado. El real decreto, que acusa retrasos con respecto al calendario inicialmente previsto, debería llegar al Consejo de Ministros el próximo martes. El Ejecutivo estaba esperando el dictamen —preceptivo aunque no vinculante— del Consejo de Estado, que lo emitió este jueves, para dar el paso definitivo. La idea era que la regularización hubiera comenzado el 1 de abril. Según fuentes conocedoras de las discusiones del órgano consultivo que debe velar por la calidad y legalidad de las normas, el informe contiene duras advertencias sobre el proyecto y varias observaciones de carácter esencial, que deberían tenerse en cuenta y ser corregidas antes de su aprobación final.El Consejo de Estado considera que el Gobierno debe tener en cuenta que se va a tratar de un proceso masivo con fuertes implicaciones para las administraciones que deben afrontarlo y no esconde un cierto asombro ante cuestiones tan esenciales como que en la memoria del real decreto no se especifique el impacto presupuestario. También cuestiona que el preámbulo del mismo, donde el Ejecutivo defiende las motivaciones políticas, insista en que la regularización responde a una demanda social reflejada en la iniciativa legislativa popular que el Congreso tomó en consideración en 2024. Es cierto que las 600.000 firmas ciudadanas impulsaron el primer debate legislativo. Pero, según ha podido saber ABC, el órgano consultivo cree que no sería riguroso hacer creer que la norma se enmarca en un proceso de participación de la ciudadanía. Hasta el punto de que podría sugerir que se suprima esa referencia. El dictamen contendrá, según fuentes de toda solvencia, diversas advertencias sobre aspectos que requieren ser revisados y reformulados; en gran medida por el desorden del articulado —a cargo del Ministerio de la Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz— o incluso por errores de técnica normativa. El Consejo de Estado está presidido por la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo; y al frente de la Sección Segunda del mismo, la que se ocupa de los asuntos procedentes de esta cartera, está Magdalena Valerio, que fue ministra de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones los dos primeros años con Pedro Sánchez en la Moncloa.La regularización propuesta por el Gobierno afecta a dos grupos de solicitantes que, en cualquier caso, deben estar en España antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditar al menos cinco meses de permanencia. El primer grupo mira a aquellos solicitantes de asilo o apátridas en nuestro país; y el segundo, a los que puedan acreditar un arraigo extraordinario por distintos motivos; sean laborales, familiares o en situación de vulnerabilidad. El real decreto del Ejecutivo prevé que la mera solicitud de regularización implique paralizar el procedimiento de protección internacional iniciado; lo que podría chocar frontalmente con la normativa comunitaria (la competencia es también europea) y alterar la tramitación de procedimientos internacionales en curso. Muchas dudas sobre que la regularización incluya a los solicitantes de en el mismo grupo que los solicitantes de asiloA ese reparo que el Consejo de Estado pone en duda se suma la convicción de que la regularización no debería incluir a los apátridas, ya que se podrían producir confusiones entre ambas figuras, teniendo en cuenta que en el ordenamiento jurídico español ya existe una regulación específica al respecto.Foco en la vulnerabilidadEs otro de los puntos más sensibles del real decreto. Para aquellas personas que aleguen circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario, la discusión del órgano consultivo del Gobierno gira en torno a todas aquellas que digan encontrarse en situación de vulnerabilidad. El planteamiento es que deben incorporarse criterios objetivos para demostrar esa vulnerabilidad y, al tiempo, existen muchas dudas para los juristas sobre que las entidades sociales, por ejemplo del Tercer Sector, estén en condiciones de acreditar que los solicitantes tienen derecho legal a una autorización de residencia especial. El aviso de fondo, según las fuentes consultadas, es también que los criterios de vulnerabilidad no están nada claros y eso puede complicar la acción de las administraciones para ir resolviendo las solicitudes. El Consejo de Estado no se pararía ahí e introduciría como otra observación de carácter esencial que se elimine la presunción de que los extranjeros en situación irregular están necesariamente en situación de vulnerabilidad.Otra de las discusiones ha mirado a la posibilidad recogida en el decreto para que se presenten documentos identificadores caducados (los solicitantes de la regularización deberán presentar una copia de su pasaporte, cédula de inscripción o un título de viaje reconocido en España). El Ministerio del Interior considera, de hecho, que el proceso se debería destinar exclusivamente a personas provistas de documentos que estén en vigor. Un criterio que el órgano consultivo del Gobierno también parece compartir.Antecedentes penalesLos solicitantes de esta regularización no pueden tener antecedentes penales ni en España ni en los países donde hayan residido en los últimos cinco años. Según explican a ABC, el órgano consultivo ha dedicado mucho tiempo a este apartado en su deliberación, porque se trata de un requisito, insisten las fuentes consultadas, que debe acreditarse con total rigor. Hasta el punto de que también considera que mientras no se disponga de los informes que así lo confirmen, el proceso debería quedar en suspenso. Es otra advertencia muy clara al ministerio de Elma Saiz.El órgano consultivo no ve con buenos ojos las excepciones planteadas en el decreto y, de hecho, formularía dos observaciones al respecto: la referida a aquellos solicitantes que llevan cinco años residiendo en España, porque podrían haberlo hecho de manera irregular durante un tiempo. Y en ese supuesto, afirman a este periódico, no existiría medio de prueba sobre los antecedentes. La segunda se dirige al caso de aquellas personas que hubieran presentado la solicitud dentro de los cinco años —por ejemplo, al inicio del periodo— y después pudieran haber residido temporalmente fuera de España y haber cometido algún delito en el extranjero antes de regresar.La deliberación apunta a que en caso de que no se acredite con informes la ausencia de antecedentes, el proceso debería quedar en suspensoLa declaración responsable como mecanismo de acreditación de no tener antecedentes penales, en caso de que los solicitantes los hubieran solicitado en sus países sin obtener respuesta, también está en el centro del debate. A pesar de que el Ministerio de Justicia habría dado luz verde, el órgano consultivo considera que no es el modelo más pertinente para un proceso tan numeroso y que afectará a muchas personas. La regularización extraordinaria que permitirá a más de medio millón de extranjeros sin papeles que viven en España acceder a un permiso de residencia , una de las medidas estrella del Gobierno mientras el resto de Europa camina hacia políticas restrictivas, se ha topado con una discusión de calado en el Consejo de Estado. El real decreto, que acusa retrasos con respecto al calendario inicialmente previsto, debería llegar al Consejo de Ministros el próximo martes. El Ejecutivo estaba esperando el dictamen —preceptivo aunque no vinculante— del Consejo de Estado, que lo emitió este jueves, para dar el paso definitivo. La idea era que la regularización hubiera comenzado el 1 de abril. Según fuentes conocedoras de las discusiones del órgano consultivo que debe velar por la calidad y legalidad de las normas, el informe contiene duras advertencias sobre el proyecto y varias observaciones de carácter esencial, que deberían tenerse en cuenta y ser corregidas antes de su aprobación final.El Consejo de Estado considera que el Gobierno debe tener en cuenta que se va a tratar de un proceso masivo con fuertes implicaciones para las administraciones que deben afrontarlo y no esconde un cierto asombro ante cuestiones tan esenciales como que en la memoria del real decreto no se especifique el impacto presupuestario. También cuestiona que el preámbulo del mismo, donde el Ejecutivo defiende las motivaciones políticas, insista en que la regularización responde a una demanda social reflejada en la iniciativa legislativa popular que el Congreso tomó en consideración en 2024. Es cierto que las 600.000 firmas ciudadanas impulsaron el primer debate legislativo. Pero, según ha podido saber ABC, el órgano consultivo cree que no sería riguroso hacer creer que la norma se enmarca en un proceso de participación de la ciudadanía. Hasta el punto de que podría sugerir que se suprima esa referencia. El dictamen contendrá, según fuentes de toda solvencia, diversas advertencias sobre aspectos que requieren ser revisados y reformulados; en gran medida por el desorden del articulado —a cargo del Ministerio de la Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz— o incluso por errores de técnica normativa. El Consejo de Estado está presidido por la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo; y al frente de la Sección Segunda del mismo, la que se ocupa de los asuntos procedentes de esta cartera, está Magdalena Valerio, que fue ministra de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones los dos primeros años con Pedro Sánchez en la Moncloa.La regularización propuesta por el Gobierno afecta a dos grupos de solicitantes que, en cualquier caso, deben estar en España antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditar al menos cinco meses de permanencia. El primer grupo mira a aquellos solicitantes de asilo o apátridas en nuestro país; y el segundo, a los que puedan acreditar un arraigo extraordinario por distintos motivos; sean laborales, familiares o en situación de vulnerabilidad. El real decreto del Ejecutivo prevé que la mera solicitud de regularización implique paralizar el procedimiento de protección internacional iniciado; lo que podría chocar frontalmente con la normativa comunitaria (la competencia es también europea) y alterar la tramitación de procedimientos internacionales en curso. Muchas dudas sobre que la regularización incluya a los solicitantes de en el mismo grupo que los solicitantes de asiloA ese reparo que el Consejo de Estado pone en duda se suma la convicción de que la regularización no debería incluir a los apátridas, ya que se podrían producir confusiones entre ambas figuras, teniendo en cuenta que en el ordenamiento jurídico español ya existe una regulación específica al respecto.Foco en la vulnerabilidadEs otro de los puntos más sensibles del real decreto. Para aquellas personas que aleguen circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario, la discusión del órgano consultivo del Gobierno gira en torno a todas aquellas que digan encontrarse en situación de vulnerabilidad. El planteamiento es que deben incorporarse criterios objetivos para demostrar esa vulnerabilidad y, al tiempo, existen muchas dudas para los juristas sobre que las entidades sociales, por ejemplo del Tercer Sector, estén en condiciones de acreditar que los solicitantes tienen derecho legal a una autorización de residencia especial. El aviso de fondo, según las fuentes consultadas, es también que los criterios de vulnerabilidad no están nada claros y eso puede complicar la acción de las administraciones para ir resolviendo las solicitudes. El Consejo de Estado no se pararía ahí e introduciría como otra observación de carácter esencial que se elimine la presunción de que los extranjeros en situación irregular están necesariamente en situación de vulnerabilidad.Otra de las discusiones ha mirado a la posibilidad recogida en el decreto para que se presenten documentos identificadores caducados (los solicitantes de la regularización deberán presentar una copia de su pasaporte, cédula de inscripción o un título de viaje reconocido en España). El Ministerio del Interior considera, de hecho, que el proceso se debería destinar exclusivamente a personas provistas de documentos que estén en vigor. Un criterio que el órgano consultivo del Gobierno también parece compartir.Antecedentes penalesLos solicitantes de esta regularización no pueden tener antecedentes penales ni en España ni en los países donde hayan residido en los últimos cinco años. Según explican a ABC, el órgano consultivo ha dedicado mucho tiempo a este apartado en su deliberación, porque se trata de un requisito, insisten las fuentes consultadas, que debe acreditarse con total rigor. Hasta el punto de que también considera que mientras no se disponga de los informes que así lo confirmen, el proceso debería quedar en suspenso. Es otra advertencia muy clara al ministerio de Elma Saiz.El órgano consultivo no ve con buenos ojos las excepciones planteadas en el decreto y, de hecho, formularía dos observaciones al respecto: la referida a aquellos solicitantes que llevan cinco años residiendo en España, porque podrían haberlo hecho de manera irregular durante un tiempo. Y en ese supuesto, afirman a este periódico, no existiría medio de prueba sobre los antecedentes. La segunda se dirige al caso de aquellas personas que hubieran presentado la solicitud dentro de los cinco años —por ejemplo, al inicio del periodo— y después pudieran haber residido temporalmente fuera de España y haber cometido algún delito en el extranjero antes de regresar.La deliberación apunta a que en caso de que no se acredite con informes la ausencia de antecedentes, el proceso debería quedar en suspensoLa declaración responsable como mecanismo de acreditación de no tener antecedentes penales, en caso de que los solicitantes los hubieran solicitado en sus países sin obtener respuesta, también está en el centro del debate. A pesar de que el Ministerio de Justicia habría dado luz verde, el órgano consultivo considera que no es el modelo más pertinente para un proceso tan numeroso y que afectará a muchas personas. La regularización extraordinaria que permitirá a más de medio millón de extranjeros sin papeles que viven en España acceder a un permiso de residencia , una de las medidas estrella del Gobierno mientras el resto de Europa camina hacia políticas restrictivas, se ha topado con una discusión de calado en el Consejo de Estado. El real decreto, que acusa retrasos con respecto al calendario inicialmente previsto, debería llegar al Consejo de Ministros el próximo martes. El Ejecutivo estaba esperando el dictamen —preceptivo aunque no vinculante— del Consejo de Estado, que lo emitió este jueves, para dar el paso definitivo. La idea era que la regularización hubiera comenzado el 1 de abril. Según fuentes conocedoras de las discusiones del órgano consultivo que debe velar por la calidad y legalidad de las normas, el informe contiene duras advertencias sobre el proyecto y varias observaciones de carácter esencial, que deberían tenerse en cuenta y ser corregidas antes de su aprobación final.El Consejo de Estado considera que el Gobierno debe tener en cuenta que se va a tratar de un proceso masivo con fuertes implicaciones para las administraciones que deben afrontarlo y no esconde un cierto asombro ante cuestiones tan esenciales como que en la memoria del real decreto no se especifique el impacto presupuestario. También cuestiona que el preámbulo del mismo, donde el Ejecutivo defiende las motivaciones políticas, insista en que la regularización responde a una demanda social reflejada en la iniciativa legislativa popular que el Congreso tomó en consideración en 2024. Es cierto que las 600.000 firmas ciudadanas impulsaron el primer debate legislativo. Pero, según ha podido saber ABC, el órgano consultivo cree que no sería riguroso hacer creer que la norma se enmarca en un proceso de participación de la ciudadanía. Hasta el punto de que podría sugerir que se suprima esa referencia. El dictamen contendrá, según fuentes de toda solvencia, diversas advertencias sobre aspectos que requieren ser revisados y reformulados; en gran medida por el desorden del articulado —a cargo del Ministerio de la Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz— o incluso por errores de técnica normativa. El Consejo de Estado está presidido por la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo; y al frente de la Sección Segunda del mismo, la que se ocupa de los asuntos procedentes de esta cartera, está Magdalena Valerio, que fue ministra de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones los dos primeros años con Pedro Sánchez en la Moncloa.La regularización propuesta por el Gobierno afecta a dos grupos de solicitantes que, en cualquier caso, deben estar en España antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditar al menos cinco meses de permanencia. El primer grupo mira a aquellos solicitantes de asilo o apátridas en nuestro país; y el segundo, a los que puedan acreditar un arraigo extraordinario por distintos motivos; sean laborales, familiares o en situación de vulnerabilidad. El real decreto del Ejecutivo prevé que la mera solicitud de regularización implique paralizar el procedimiento de protección internacional iniciado; lo que podría chocar frontalmente con la normativa comunitaria (la competencia es también europea) y alterar la tramitación de procedimientos internacionales en curso. Muchas dudas sobre que la regularización incluya a los solicitantes de en el mismo grupo que los solicitantes de asiloA ese reparo que el Consejo de Estado pone en duda se suma la convicción de que la regularización no debería incluir a los apátridas, ya que se podrían producir confusiones entre ambas figuras, teniendo en cuenta que en el ordenamiento jurídico español ya existe una regulación específica al respecto.Foco en la vulnerabilidadEs otro de los puntos más sensibles del real decreto. Para aquellas personas que aleguen circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario, la discusión del órgano consultivo del Gobierno gira en torno a todas aquellas que digan encontrarse en situación de vulnerabilidad. El planteamiento es que deben incorporarse criterios objetivos para demostrar esa vulnerabilidad y, al tiempo, existen muchas dudas para los juristas sobre que las entidades sociales, por ejemplo del Tercer Sector, estén en condiciones de acreditar que los solicitantes tienen derecho legal a una autorización de residencia especial. El aviso de fondo, según las fuentes consultadas, es también que los criterios de vulnerabilidad no están nada claros y eso puede complicar la acción de las administraciones para ir resolviendo las solicitudes. El Consejo de Estado no se pararía ahí e introduciría como otra observación de carácter esencial que se elimine la presunción de que los extranjeros en situación irregular están necesariamente en situación de vulnerabilidad.Otra de las discusiones ha mirado a la posibilidad recogida en el decreto para que se presenten documentos identificadores caducados (los solicitantes de la regularización deberán presentar una copia de su pasaporte, cédula de inscripción o un título de viaje reconocido en España). El Ministerio del Interior considera, de hecho, que el proceso se debería destinar exclusivamente a personas provistas de documentos que estén en vigor. Un criterio que el órgano consultivo del Gobierno también parece compartir.Antecedentes penalesLos solicitantes de esta regularización no pueden tener antecedentes penales ni en España ni en los países donde hayan residido en los últimos cinco años. Según explican a ABC, el órgano consultivo ha dedicado mucho tiempo a este apartado en su deliberación, porque se trata de un requisito, insisten las fuentes consultadas, que debe acreditarse con total rigor. Hasta el punto de que también considera que mientras no se disponga de los informes que así lo confirmen, el proceso debería quedar en suspenso. Es otra advertencia muy clara al ministerio de Elma Saiz.El órgano consultivo no ve con buenos ojos las excepciones planteadas en el decreto y, de hecho, formularía dos observaciones al respecto: la referida a aquellos solicitantes que llevan cinco años residiendo en España, porque podrían haberlo hecho de manera irregular durante un tiempo. Y en ese supuesto, afirman a este periódico, no existiría medio de prueba sobre los antecedentes. La segunda se dirige al caso de aquellas personas que hubieran presentado la solicitud dentro de los cinco años —por ejemplo, al inicio del periodo— y después pudieran haber residido temporalmente fuera de España y haber cometido algún delito en el extranjero antes de regresar.La deliberación apunta a que en caso de que no se acredite con informes la ausencia de antecedentes, el proceso debería quedar en suspensoLa declaración responsable como mecanismo de acreditación de no tener antecedentes penales, en caso de que los solicitantes los hubieran solicitado en sus países sin obtener respuesta, también está en el centro del debate. A pesar de que el Ministerio de Justicia habría dado luz verde, el órgano consultivo considera que no es el modelo más pertinente para un proceso tan numeroso y que afectará a muchas personas. RSS de noticias de espana
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