El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), órgano adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones, pedirá al Defensor del Pueblo que examine de forma urgente «las consecuencias administrativas y constitucionales» que puede conllevar la suspensión del voto para los nacionalizados mediante la ley de nietos. Según ha considerado el Consejo, «el plazo de cinco días hábiles establecido para que las personas potencialmente afectadas puedan personarse ante el Tribunal Supremo (TS)» resulta «difícilmente compatible con la efectividad del derecho de defensa».
Considera «insuficiente» el plazo de cinco días para ejercer el derecho de defensa y reclama garantías efectivas para los ciudadanos afectados por las medidas cautelares
El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), órgano adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones, pedirá al Defensor del Pueblo que examine de forma urgente «las consecuencias administrativas y constitucionales» que puede conllevar la suspensión del voto para los nacionalizados mediante la ley de nietos. Según ha considerado el Consejo, «el plazo de cinco días hábiles establecido para que las personas potencialmente afectadas puedan personarse ante el Tribunal Supremo (TS)» resulta «difícilmente compatible con la efectividad del derecho de defensa».
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