El Defensor del Pueblo Andaluz critica a la Administración andaluza las «dilaciones» que «llegan a ser superiores a dos años e incluso, en algunas provincias, a tres» en el reconocimiento del grado de discapacidad. Un «retraso» en las valoraciones o revisiones que impide a los afectados «acceder a determinados derechos relevantes para su vida».Andalucía cerró 2025 con más de 123.000 resoluciones , un 18,3% más que en 2024, el año que se emitieron «más resoluciones de grado de discapacidad, más tarjetas de aparcamiento y más solicitudes de alta que se han incorporado al sistema en los últimos ocho años en Andalucía», según datos de la Junta. En la resolución, fechada en de 2026, la Oficina recuerda que ya abrió una queja por este motivo en julio de 2023 y que «habiéndose constatado que, a esta fecha, no se está dando una respuesta a la ciudadanía conforme a la normativa en vigor, ni emitido informe a esta Defensoría con el resultado de las medidas implementadas», y por ello pide de nuevo información detallada sobre los tiempos medios de respuesta de los expedientes pendientes en los Centros de Valoración y Orientación (CVO) de cada provincia.Respuesta del Gobierno andaluzLa secretaria general de Servicios Sociales de la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Ana Vanessa García, ha reconocido que son «conscientes de que existen demoras y estamos trabajando desde que llegamos al Gobierno». «No está siendo fácil porque no queremos los parches del pasado. En el Gobierno de Juanma Moreno no miramos para otro lado y, por eso, estamos llevando a cabo una reforma estructural».Según García, la Junta ha creado 75 puestos «estructurales nuevos» en los CVO, ha revisado los procedimientos para hacerlos «más ágiles y eficientes» y ha invertido 3,3 millones de euros en equipamiento informático y digitalización de archivos en papel. «Queda mucho por hacer, pero estamos trabajando con seriedad y con una planificación estructural».Para la secretaría, esta reforma estructural «está empezando a funcionar, como está ocurriendo con la dependencia y el cambio del modelo de sistemas». «Los cambio s necesitan tiempo . No tenemos varitas mágicas», recordando que estas demoras en la valoración de la discapacidad «vienen de lejos y se vieron agravadas por la pandemia, la escasez de médicos y por la entrada en vigor del nuevo baremo aprobado por el Gobierno en 2022 y que comenzó a aplicarse en abril de 2023».Una herramienta, esta última «impuesta a las comunidades por el Gobierno central, que no era compatible con nuestros sistemas informáticos, lo que nos obligó a realizar una profunda adaptación tecnológica y a formar a los profesionales».Quejas en marzoEsta no es la primera vez en el año que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, hace hincapié en esta espera. En marzo, durante la presentación del informe anual correspondiente a 2025, puso foco en esta problemática. Confirmando que, cuando la Administración no responde con tiempos razonables y procedimientos comprensibles, «el derecho se debilita y se instala una desconfianza que afecta al conjunto del sistema democrático».Además de la problemática ya existente en discapacidad, a esta se le sumó dependencia, salud, educación, consumo, vivienda y personal del sector público. Además de más de 3.000 expedientes procedentes de los últimos meses de los ejercicios anteriores, 53 actuaciones de oficio y 17.494 consultas atendidas, cifra que supera la registrada durante la pandemia. En conjunto, la Institución desarrolló más de 34.000 actuaciones, una media de 95 al día.Para revertir esta situación, el informe incorporó un decálogo de medidas que prioriza la movilización de recursos residenciales, la coordinación efectiva con los servicios sociales y la mejora de la gestión de ayudas para que cumplan su finalidad cuando más se necesitan. El Defensor del Pueblo Andaluz critica a la Administración andaluza las «dilaciones» que «llegan a ser superiores a dos años e incluso, en algunas provincias, a tres» en el reconocimiento del grado de discapacidad. Un «retraso» en las valoraciones o revisiones que impide a los afectados «acceder a determinados derechos relevantes para su vida».Andalucía cerró 2025 con más de 123.000 resoluciones , un 18,3% más que en 2024, el año que se emitieron «más resoluciones de grado de discapacidad, más tarjetas de aparcamiento y más solicitudes de alta que se han incorporado al sistema en los últimos ocho años en Andalucía», según datos de la Junta. En la resolución, fechada en de 2026, la Oficina recuerda que ya abrió una queja por este motivo en julio de 2023 y que «habiéndose constatado que, a esta fecha, no se está dando una respuesta a la ciudadanía conforme a la normativa en vigor, ni emitido informe a esta Defensoría con el resultado de las medidas implementadas», y por ello pide de nuevo información detallada sobre los tiempos medios de respuesta de los expedientes pendientes en los Centros de Valoración y Orientación (CVO) de cada provincia.Respuesta del Gobierno andaluzLa secretaria general de Servicios Sociales de la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Ana Vanessa García, ha reconocido que son «conscientes de que existen demoras y estamos trabajando desde que llegamos al Gobierno». «No está siendo fácil porque no queremos los parches del pasado. En el Gobierno de Juanma Moreno no miramos para otro lado y, por eso, estamos llevando a cabo una reforma estructural».Según García, la Junta ha creado 75 puestos «estructurales nuevos» en los CVO, ha revisado los procedimientos para hacerlos «más ágiles y eficientes» y ha invertido 3,3 millones de euros en equipamiento informático y digitalización de archivos en papel. «Queda mucho por hacer, pero estamos trabajando con seriedad y con una planificación estructural».Para la secretaría, esta reforma estructural «está empezando a funcionar, como está ocurriendo con la dependencia y el cambio del modelo de sistemas». «Los cambio s necesitan tiempo . No tenemos varitas mágicas», recordando que estas demoras en la valoración de la discapacidad «vienen de lejos y se vieron agravadas por la pandemia, la escasez de médicos y por la entrada en vigor del nuevo baremo aprobado por el Gobierno en 2022 y que comenzó a aplicarse en abril de 2023».Una herramienta, esta última «impuesta a las comunidades por el Gobierno central, que no era compatible con nuestros sistemas informáticos, lo que nos obligó a realizar una profunda adaptación tecnológica y a formar a los profesionales».Quejas en marzoEsta no es la primera vez en el año que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, hace hincapié en esta espera. En marzo, durante la presentación del informe anual correspondiente a 2025, puso foco en esta problemática. Confirmando que, cuando la Administración no responde con tiempos razonables y procedimientos comprensibles, «el derecho se debilita y se instala una desconfianza que afecta al conjunto del sistema democrático».Además de la problemática ya existente en discapacidad, a esta se le sumó dependencia, salud, educación, consumo, vivienda y personal del sector público. Además de más de 3.000 expedientes procedentes de los últimos meses de los ejercicios anteriores, 53 actuaciones de oficio y 17.494 consultas atendidas, cifra que supera la registrada durante la pandemia. En conjunto, la Institución desarrolló más de 34.000 actuaciones, una media de 95 al día.Para revertir esta situación, el informe incorporó un decálogo de medidas que prioriza la movilización de recursos residenciales, la coordinación efectiva con los servicios sociales y la mejora de la gestión de ayudas para que cumplan su finalidad cuando más se necesitan. El Defensor del Pueblo Andaluz critica a la Administración andaluza las «dilaciones» que «llegan a ser superiores a dos años e incluso, en algunas provincias, a tres» en el reconocimiento del grado de discapacidad. Un «retraso» en las valoraciones o revisiones que impide a los afectados «acceder a determinados derechos relevantes para su vida».Andalucía cerró 2025 con más de 123.000 resoluciones , un 18,3% más que en 2024, el año que se emitieron «más resoluciones de grado de discapacidad, más tarjetas de aparcamiento y más solicitudes de alta que se han incorporado al sistema en los últimos ocho años en Andalucía», según datos de la Junta. En la resolución, fechada en de 2026, la Oficina recuerda que ya abrió una queja por este motivo en julio de 2023 y que «habiéndose constatado que, a esta fecha, no se está dando una respuesta a la ciudadanía conforme a la normativa en vigor, ni emitido informe a esta Defensoría con el resultado de las medidas implementadas», y por ello pide de nuevo información detallada sobre los tiempos medios de respuesta de los expedientes pendientes en los Centros de Valoración y Orientación (CVO) de cada provincia.Respuesta del Gobierno andaluzLa secretaria general de Servicios Sociales de la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Ana Vanessa García, ha reconocido que son «conscientes de que existen demoras y estamos trabajando desde que llegamos al Gobierno». «No está siendo fácil porque no queremos los parches del pasado. En el Gobierno de Juanma Moreno no miramos para otro lado y, por eso, estamos llevando a cabo una reforma estructural».Según García, la Junta ha creado 75 puestos «estructurales nuevos» en los CVO, ha revisado los procedimientos para hacerlos «más ágiles y eficientes» y ha invertido 3,3 millones de euros en equipamiento informático y digitalización de archivos en papel. «Queda mucho por hacer, pero estamos trabajando con seriedad y con una planificación estructural».Para la secretaría, esta reforma estructural «está empezando a funcionar, como está ocurriendo con la dependencia y el cambio del modelo de sistemas». «Los cambio s necesitan tiempo . No tenemos varitas mágicas», recordando que estas demoras en la valoración de la discapacidad «vienen de lejos y se vieron agravadas por la pandemia, la escasez de médicos y por la entrada en vigor del nuevo baremo aprobado por el Gobierno en 2022 y que comenzó a aplicarse en abril de 2023».Una herramienta, esta última «impuesta a las comunidades por el Gobierno central, que no era compatible con nuestros sistemas informáticos, lo que nos obligó a realizar una profunda adaptación tecnológica y a formar a los profesionales».Quejas en marzoEsta no es la primera vez en el año que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, hace hincapié en esta espera. En marzo, durante la presentación del informe anual correspondiente a 2025, puso foco en esta problemática. Confirmando que, cuando la Administración no responde con tiempos razonables y procedimientos comprensibles, «el derecho se debilita y se instala una desconfianza que afecta al conjunto del sistema democrático».Además de la problemática ya existente en discapacidad, a esta se le sumó dependencia, salud, educación, consumo, vivienda y personal del sector público. Además de más de 3.000 expedientes procedentes de los últimos meses de los ejercicios anteriores, 53 actuaciones de oficio y 17.494 consultas atendidas, cifra que supera la registrada durante la pandemia. En conjunto, la Institución desarrolló más de 34.000 actuaciones, una media de 95 al día.Para revertir esta situación, el informe incorporó un decálogo de medidas que prioriza la movilización de recursos residenciales, la coordinación efectiva con los servicios sociales y la mejora de la gestión de ayudas para que cumplan su finalidad cuando más se necesitan. RSS de noticias de espana/andalucia
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