En pleno agosto, y a las puertas de un festivo nacional, el Gobierno ha dado luz verde a a petición de las propietarias de la central nuclear de Almaraz, y estará abierta hasta 2030. Pero hasta este momento todo ha sido un reguero de contadicciones.El calendario de cierre planteado por el Gobierno marcaba 2027 y 2028 como el punto y final a la actividad de la central nuclear extremeña que sostiene más de 4.000 empleos en un ya de por sí mermado —en términos industriales— norte cacereño. La propia Central Nuclear de Almaraz (CNA), reconocía que arrancarán las tareas de desmantelamiento, pero eso ya ha quedado atrás. Es decir, hasta ese punto tuvieron que llegar, en ese tira y afloja que se ha tenido con la central.La sociedad civil y el propio gobierno autonómico han mantenido una cruzada conjunta de las que no se recordaban en Extremadura . Una encuesta reciente, realizada por Metroscopia, dejaba patente que el apoyo a la central es claro: el 94% de los votantes del PP y el 93% de PSOE y Vox están a favor de su continuidad.ContradiccionesEl camino hasta aquí no ha sido sencillo, y durante años se ha maniobrado sobre un alambre que hoy termina por dar la razón a quienes pedían que la central siguiera abierta.En la campaña electoral de 2011, con Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato a la presidencia, el programa del PSOE ya recogía el cierre nuclear como promesa. Dentro de un amplio epígrafe donde se defendía la apuesta del partido por las energías renovables, en la página 36, la posición socialista era clara: «El aumento esperado de la capacidad instalada por parte de otras tecnologías de generación de electricidad, hará posible un horizonte de cierre gradual de las centrales nucleares, al finalizar su vida útil de 40 años, o antes si los exámenes técnicos detectan circunstancias que hagan aconsejable su cierre anticipado». Incluso, ya en 2011, el PSOE decía que en «2028 el parque nuclear español dejará de estar en servicio».Cuatro años después, en 2015, ya con Pedro Sánchez como líder y candidato, el programa electoral del PSOE seguía la misma línea e, incluso, hablaba de implantar «un calendario de cierre de las centrales nucleares con 40 años de vida, comenzando con la clausura definitiva de Garoña ». Lo mismo en 2016. Promesas electorales hasta que, en 2019, se convirtieron en puntos programáticos del acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Ambas formaciones se comprometían a espolear una «estrategia de transición justa al nuevo modelo energético», donde, para más inri, se recogía el compromiso de «desarrollar planes de acción urgente para las comarcas afectadas por el cierre de centrales de carbón y centrales nucleares con calendario conocido». Hasta la fecha es algo que, además, en el caso de Almaraz, no se ha cumplido, porque pese a la promesa de una gran fábrica de baterías en Navalmoral de la Mata , a corto plazo, ninguna industria podría sustituir la fortaleza de la CNA.Sin ir más lejos, en la campaña electoral de 2023, Sánchez volvió a portar la bandera antinuclear, una postura que ratificó en su acuerdo de gobierno con Yolanda Díaz , en el que se recoge, de manera literal, lo siguiente: «Haremos un cierre de las nucleares planificado, seguro, ordenado y justo socialmente, escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035, continuando los instrumentos ya desarrollados en la Estrategia de Transición Justa».Ha resultado paradójico que, después de 14 años prometiendo cerrar las centrales nucleares, el Gobierno haya apuntado únicamente en la dirección de las empresas para justificar el cierre de Almaraz. Los propietarios manifestaron su interés de seguir explotando la instalación, mientras que, otra de las partes fundamentales, la Junta de Extremadura ya se ha abierto a «adecuar» la fiscalidad autonómica de la CNA si «de ello depende su mantenimiento». Todos han movido ficha, y por fin el Gobierno ha hablado. El portavoz de la plataforma Sí a Almaraz Sí al Futuro , Fernando Sánchez, aseguraba días atrás que «la pelota está en el tejado» de la ministra Sara Aagesen. Recordaba además que todo es responsabilidad es del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, «aunque se olvide el apellido», porque, ciertamente, también es paradójico que el ministerio que combate la despoblación vaya a cerrar una industria que da 4.000 empleos en una zona eminentemente rural.Dura negociaciónCon el balón, supuestamente, en el tejado de las empresas, éstas siguen explorando las formas de convencer al Gobierno para que alargue la vida útil de las centrales.Las propietarias han abiertos diversos planteamientos; sin embargo, el Ejecutivo sigue firme en que todo eso se debe estructurar por un cauce formal, y con una petición en firme y, además, que deben ser las eléctricas quienes inicien este proceso. El problema es que ambas partes están tensando la cuerda.En este debate, además, han entrado factores externos en la ecuación que ha provocado que la potencial negociación tenga muchas aristas. El apagón del año pasado ha puesto en el foco la necesidad de que existan tecnologías que aporten robustez al sistema eléctrico español. Y eso, principalmente, lo ofrece la energía nuclear. Por tanto, las empresas saben que por esa parte tienen el relato a su favor.Sin embargo, la cuestión económica es distinta. Incluso aunque se llegue a un acuerdo sobre los asuntos fiscales, el negocio de la generación eléctrica ahora mismo está de capa caída. Sin ir más lejos, en la presentación del último plan estratégico de Iberdrola, la compañía centró todos sus esfuerzos en las redes eléctricas, un negocio regulado que tiene ingresos más estables. Por eso, las dudas pueden llegar a plantearse. En pleno agosto, y a las puertas de un festivo nacional, el Gobierno ha dado luz verde a a petición de las propietarias de la central nuclear de Almaraz, y estará abierta hasta 2030. Pero hasta este momento todo ha sido un reguero de contadicciones.El calendario de cierre planteado por el Gobierno marcaba 2027 y 2028 como el punto y final a la actividad de la central nuclear extremeña que sostiene más de 4.000 empleos en un ya de por sí mermado —en términos industriales— norte cacereño. La propia Central Nuclear de Almaraz (CNA), reconocía que arrancarán las tareas de desmantelamiento, pero eso ya ha quedado atrás. Es decir, hasta ese punto tuvieron que llegar, en ese tira y afloja que se ha tenido con la central.La sociedad civil y el propio gobierno autonómico han mantenido una cruzada conjunta de las que no se recordaban en Extremadura . Una encuesta reciente, realizada por Metroscopia, dejaba patente que el apoyo a la central es claro: el 94% de los votantes del PP y el 93% de PSOE y Vox están a favor de su continuidad.ContradiccionesEl camino hasta aquí no ha sido sencillo, y durante años se ha maniobrado sobre un alambre que hoy termina por dar la razón a quienes pedían que la central siguiera abierta.En la campaña electoral de 2011, con Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato a la presidencia, el programa del PSOE ya recogía el cierre nuclear como promesa. Dentro de un amplio epígrafe donde se defendía la apuesta del partido por las energías renovables, en la página 36, la posición socialista era clara: «El aumento esperado de la capacidad instalada por parte de otras tecnologías de generación de electricidad, hará posible un horizonte de cierre gradual de las centrales nucleares, al finalizar su vida útil de 40 años, o antes si los exámenes técnicos detectan circunstancias que hagan aconsejable su cierre anticipado». Incluso, ya en 2011, el PSOE decía que en «2028 el parque nuclear español dejará de estar en servicio».Cuatro años después, en 2015, ya con Pedro Sánchez como líder y candidato, el programa electoral del PSOE seguía la misma línea e, incluso, hablaba de implantar «un calendario de cierre de las centrales nucleares con 40 años de vida, comenzando con la clausura definitiva de Garoña ». Lo mismo en 2016. Promesas electorales hasta que, en 2019, se convirtieron en puntos programáticos del acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Ambas formaciones se comprometían a espolear una «estrategia de transición justa al nuevo modelo energético», donde, para más inri, se recogía el compromiso de «desarrollar planes de acción urgente para las comarcas afectadas por el cierre de centrales de carbón y centrales nucleares con calendario conocido». Hasta la fecha es algo que, además, en el caso de Almaraz, no se ha cumplido, porque pese a la promesa de una gran fábrica de baterías en Navalmoral de la Mata , a corto plazo, ninguna industria podría sustituir la fortaleza de la CNA.Sin ir más lejos, en la campaña electoral de 2023, Sánchez volvió a portar la bandera antinuclear, una postura que ratificó en su acuerdo de gobierno con Yolanda Díaz , en el que se recoge, de manera literal, lo siguiente: «Haremos un cierre de las nucleares planificado, seguro, ordenado y justo socialmente, escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035, continuando los instrumentos ya desarrollados en la Estrategia de Transición Justa».Ha resultado paradójico que, después de 14 años prometiendo cerrar las centrales nucleares, el Gobierno haya apuntado únicamente en la dirección de las empresas para justificar el cierre de Almaraz. Los propietarios manifestaron su interés de seguir explotando la instalación, mientras que, otra de las partes fundamentales, la Junta de Extremadura ya se ha abierto a «adecuar» la fiscalidad autonómica de la CNA si «de ello depende su mantenimiento». Todos han movido ficha, y por fin el Gobierno ha hablado. El portavoz de la plataforma Sí a Almaraz Sí al Futuro , Fernando Sánchez, aseguraba días atrás que «la pelota está en el tejado» de la ministra Sara Aagesen. Recordaba además que todo es responsabilidad es del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, «aunque se olvide el apellido», porque, ciertamente, también es paradójico que el ministerio que combate la despoblación vaya a cerrar una industria que da 4.000 empleos en una zona eminentemente rural.Dura negociaciónCon el balón, supuestamente, en el tejado de las empresas, éstas siguen explorando las formas de convencer al Gobierno para que alargue la vida útil de las centrales.Las propietarias han abiertos diversos planteamientos; sin embargo, el Ejecutivo sigue firme en que todo eso se debe estructurar por un cauce formal, y con una petición en firme y, además, que deben ser las eléctricas quienes inicien este proceso. El problema es que ambas partes están tensando la cuerda.En este debate, además, han entrado factores externos en la ecuación que ha provocado que la potencial negociación tenga muchas aristas. El apagón del año pasado ha puesto en el foco la necesidad de que existan tecnologías que aporten robustez al sistema eléctrico español. Y eso, principalmente, lo ofrece la energía nuclear. Por tanto, las empresas saben que por esa parte tienen el relato a su favor.Sin embargo, la cuestión económica es distinta. Incluso aunque se llegue a un acuerdo sobre los asuntos fiscales, el negocio de la generación eléctrica ahora mismo está de capa caída. Sin ir más lejos, en la presentación del último plan estratégico de Iberdrola, la compañía centró todos sus esfuerzos en las redes eléctricas, un negocio regulado que tiene ingresos más estables. Por eso, las dudas pueden llegar a plantearse. En pleno agosto, y a las puertas de un festivo nacional, el Gobierno ha dado luz verde a a petición de las propietarias de la central nuclear de Almaraz, y estará abierta hasta 2030. Pero hasta este momento todo ha sido un reguero de contadicciones.El calendario de cierre planteado por el Gobierno marcaba 2027 y 2028 como el punto y final a la actividad de la central nuclear extremeña que sostiene más de 4.000 empleos en un ya de por sí mermado —en términos industriales— norte cacereño. La propia Central Nuclear de Almaraz (CNA), reconocía que arrancarán las tareas de desmantelamiento, pero eso ya ha quedado atrás. Es decir, hasta ese punto tuvieron que llegar, en ese tira y afloja que se ha tenido con la central.La sociedad civil y el propio gobierno autonómico han mantenido una cruzada conjunta de las que no se recordaban en Extremadura . Una encuesta reciente, realizada por Metroscopia, dejaba patente que el apoyo a la central es claro: el 94% de los votantes del PP y el 93% de PSOE y Vox están a favor de su continuidad.ContradiccionesEl camino hasta aquí no ha sido sencillo, y durante años se ha maniobrado sobre un alambre que hoy termina por dar la razón a quienes pedían que la central siguiera abierta.En la campaña electoral de 2011, con Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato a la presidencia, el programa del PSOE ya recogía el cierre nuclear como promesa. Dentro de un amplio epígrafe donde se defendía la apuesta del partido por las energías renovables, en la página 36, la posición socialista era clara: «El aumento esperado de la capacidad instalada por parte de otras tecnologías de generación de electricidad, hará posible un horizonte de cierre gradual de las centrales nucleares, al finalizar su vida útil de 40 años, o antes si los exámenes técnicos detectan circunstancias que hagan aconsejable su cierre anticipado». Incluso, ya en 2011, el PSOE decía que en «2028 el parque nuclear español dejará de estar en servicio».Cuatro años después, en 2015, ya con Pedro Sánchez como líder y candidato, el programa electoral del PSOE seguía la misma línea e, incluso, hablaba de implantar «un calendario de cierre de las centrales nucleares con 40 años de vida, comenzando con la clausura definitiva de Garoña ». Lo mismo en 2016. Promesas electorales hasta que, en 2019, se convirtieron en puntos programáticos del acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Ambas formaciones se comprometían a espolear una «estrategia de transición justa al nuevo modelo energético», donde, para más inri, se recogía el compromiso de «desarrollar planes de acción urgente para las comarcas afectadas por el cierre de centrales de carbón y centrales nucleares con calendario conocido». Hasta la fecha es algo que, además, en el caso de Almaraz, no se ha cumplido, porque pese a la promesa de una gran fábrica de baterías en Navalmoral de la Mata , a corto plazo, ninguna industria podría sustituir la fortaleza de la CNA.Sin ir más lejos, en la campaña electoral de 2023, Sánchez volvió a portar la bandera antinuclear, una postura que ratificó en su acuerdo de gobierno con Yolanda Díaz , en el que se recoge, de manera literal, lo siguiente: «Haremos un cierre de las nucleares planificado, seguro, ordenado y justo socialmente, escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035, continuando los instrumentos ya desarrollados en la Estrategia de Transición Justa».Ha resultado paradójico que, después de 14 años prometiendo cerrar las centrales nucleares, el Gobierno haya apuntado únicamente en la dirección de las empresas para justificar el cierre de Almaraz. Los propietarios manifestaron su interés de seguir explotando la instalación, mientras que, otra de las partes fundamentales, la Junta de Extremadura ya se ha abierto a «adecuar» la fiscalidad autonómica de la CNA si «de ello depende su mantenimiento». Todos han movido ficha, y por fin el Gobierno ha hablado. El portavoz de la plataforma Sí a Almaraz Sí al Futuro , Fernando Sánchez, aseguraba días atrás que «la pelota está en el tejado» de la ministra Sara Aagesen. Recordaba además que todo es responsabilidad es del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, «aunque se olvide el apellido», porque, ciertamente, también es paradójico que el ministerio que combate la despoblación vaya a cerrar una industria que da 4.000 empleos en una zona eminentemente rural.Dura negociaciónCon el balón, supuestamente, en el tejado de las empresas, éstas siguen explorando las formas de convencer al Gobierno para que alargue la vida útil de las centrales.Las propietarias han abiertos diversos planteamientos; sin embargo, el Ejecutivo sigue firme en que todo eso se debe estructurar por un cauce formal, y con una petición en firme y, además, que deben ser las eléctricas quienes inicien este proceso. El problema es que ambas partes están tensando la cuerda.En este debate, además, han entrado factores externos en la ecuación que ha provocado que la potencial negociación tenga muchas aristas. El apagón del año pasado ha puesto en el foco la necesidad de que existan tecnologías que aporten robustez al sistema eléctrico español. Y eso, principalmente, lo ofrece la energía nuclear. Por tanto, las empresas saben que por esa parte tienen el relato a su favor.Sin embargo, la cuestión económica es distinta. Incluso aunque se llegue a un acuerdo sobre los asuntos fiscales, el negocio de la generación eléctrica ahora mismo está de capa caída. Sin ir más lejos, en la presentación del último plan estratégico de Iberdrola, la compañía centró todos sus esfuerzos en las redes eléctricas, un negocio regulado que tiene ingresos más estables. Por eso, las dudas pueden llegar a plantearse. RSS de noticias de economia
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