Gabriel Navarro, el empresario que está en el corazón del caso FP, en el que se investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa por otorgar a dedo los contratos para reformar una docena de centros educativos dependientes del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, aseguró el 4 de junio en el juzgado número 39 de plaza de Castilla que recibió instrucciones precisas sobre cómo debía actuar: “Me decían siempre que no me podía pasar con la misma empresa (…) de 50.000 euros”, dijo Navarro, cabeza visible del grupo Virelec, al declarar como investigado, según documentación a la que accedió EL PAÍS. Esa estrategia, aplicada de forma generalizara en la región, según una fuente conocedora de la operativa de los centros educativos, habría permitido que obras de gran complejidad se tramitaran con una sucesión de contratos menores (que no pueden superar los 40.000 euros, más IVA) para poder otorgarlas a dedo y evitar el concurso público y la competencia entre empresas.
EL PAÍS accede a la declaración de Gabriel Navarro en la causa que investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación en la concesión de obras
Gabriel Navarro, el empresario que está en el corazón del caso FP, en el que se investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa por otorgar a dedo los contratos para reformar una docena de centros educativos dependientes del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, aseguró el 4 de junio en el juzgado número 39 de plaza de Castilla que recibió instrucciones precisas sobre cómo debía actuar: “Me decían siempre que no me podía pasar con la misma empresa (…) de 50.000 euros”, dijo Navarro, cabeza visible del grupo Virelec, al declarar como investigado, según documentación a la que accedió EL PAÍS. Esa estrategia, aplicada de forma generalizara en la región, según una fuente conocedora de la operativa de los centros educativos, habría permitido que obras de gran complejidad se tramitaran con una sucesión de contratos menores (que no pueden superar los 40.000 euros, más IVA) para poder otorgarlas a dedo y evitar el concurso público y la competencia entre empresas.
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