El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, habría actuado en contra de una circular de la Fiscalía General del Estado al rechazar recibir información, en octubre de 2024, de un emisario del ex número dos de los servicios secretos marroquíes, Mehdi Hijaouy, que afirmaba tener pruebas del hackeo del móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de otros ministros, por medio de la herramienta Pegasus.En su acercamiento a Alonso, el emisario, según desveló ABC, habría afirmado que podía aportar información relevante para esclarecer la infección de los dispositivos, mientras el responsable de la Fiscalía en la Audiencia Nacional le indicó que «dado que lo que usted comunica se encuentra judicializado, lo correcto desde un punto de vista procesal es que lo comunique al Juzgado instructor del procedimiento a los efectos oportunos» a través de su secretaria.El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama había abierto dos años antes de la mencionada visita una investigación para saber quién pudo ser el autor del espionaje a miembros del Gobierno a través de Pegasus. La investigación fue archivada en julio de 2023, reabierta unos meses después y archivada finalmente en enero de 2026 por la negativa de Israel a contestar a sus comisiones rogatorias, pues es el país de la compañía NSO Group, creadora del ‘software’ espía Pegasus.Fuentes fiscales que se han puesto en comunicación con este diario consideran que la actuación de Alonso va en contra de una circular interna, la 2/22, en la que se indica que la Fiscalía debe realizar averiguaciones cuando tiene conocimiento de hechos que pueden ser delictivos.También ven que su actuación colisiona con el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) en la que se basa la circular, en la que se afirma que «cuando el Ministerio Fiscal tenga noticia de un hecho aparentemente delictivo, bien directamente o por serle presentada una denuncia o atestado, informará a la víctima de los hechos recogidos en la legislación vigente; efectuará la evaluación y resolución provisionales de las necesidades de la víctima de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente y practicará él mismo u ordenará a la Policía Judicial que practique las diligencias que estime pertinentes para la comprobación del hecho o de la responsabilidad de los partícipes en el mismo. El fiscal decretará el archivo de las actuaciones cuando el hecho no revista los caracteres de delito, comunicándolo con expresión de esta circunstancia a quien hubiere alegado ser perjudicado u ofendido, a fin de que pueda reiterar su denuncia ante el juez de Instrucción. En otro caso instará del juez de Instrucción la incoación del procedimiento que corresponda con remisión de lo actuado, poniendo a su disposición al detenido, si lo hubiere, y los efectos del delito». En la misma norma también se indica que «el Ministerio Fiscal podrá hacer comparecer ante sí a cualquier persona en los términos establecidos en la ley para la citación judicial, a fin de recibirle declaración, en la cual se observarán las mismas garantías señaladas en esta Ley para la prestada ante el Juez o Tribunal. Cesará el fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos». Para fiscales consultados por este diario, que trasladaron que no se puede dar carpetazo a una denuncia de tales características, que puede aportar luz sobre una investigación en curso, la actuación de Alonso fue contraria tanto a la citada circular como a la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal.Según la información desvelada por ABC, la persona que fue a ver al fiscal Alonso le transmitió el interés de Hijaouy de aportar «pruebas» sobre el espionaje con Pegasus que distintas asocaciaciones, como Aminstía Internacional, llevan años pidiendo investigar y esclarecer, puesto que el espionaje también afectó a activistas y periodistas. El emisario habría afirmado poder aportar información concreta sobre el «cómo se hizo, a quién, y el contenido de los 2,6 gigas» sustraídos del móvil de Sánchez y de los ministros Robles, Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Luis Planas (Agricultura). A cambio, solicitaba que se paralizara el proceso de extradición a Marruecos por un presunto delito de estafa, que se tramitaba también en la Audiencia Nacional, en el Juzgado Central 1. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, habría actuado en contra de una circular de la Fiscalía General del Estado al rechazar recibir información, en octubre de 2024, de un emisario del ex número dos de los servicios secretos marroquíes, Mehdi Hijaouy, que afirmaba tener pruebas del hackeo del móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de otros ministros, por medio de la herramienta Pegasus.En su acercamiento a Alonso, el emisario, según desveló ABC, habría afirmado que podía aportar información relevante para esclarecer la infección de los dispositivos, mientras el responsable de la Fiscalía en la Audiencia Nacional le indicó que «dado que lo que usted comunica se encuentra judicializado, lo correcto desde un punto de vista procesal es que lo comunique al Juzgado instructor del procedimiento a los efectos oportunos» a través de su secretaria.El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama había abierto dos años antes de la mencionada visita una investigación para saber quién pudo ser el autor del espionaje a miembros del Gobierno a través de Pegasus. La investigación fue archivada en julio de 2023, reabierta unos meses después y archivada finalmente en enero de 2026 por la negativa de Israel a contestar a sus comisiones rogatorias, pues es el país de la compañía NSO Group, creadora del ‘software’ espía Pegasus.Fuentes fiscales que se han puesto en comunicación con este diario consideran que la actuación de Alonso va en contra de una circular interna, la 2/22, en la que se indica que la Fiscalía debe realizar averiguaciones cuando tiene conocimiento de hechos que pueden ser delictivos.También ven que su actuación colisiona con el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) en la que se basa la circular, en la que se afirma que «cuando el Ministerio Fiscal tenga noticia de un hecho aparentemente delictivo, bien directamente o por serle presentada una denuncia o atestado, informará a la víctima de los hechos recogidos en la legislación vigente; efectuará la evaluación y resolución provisionales de las necesidades de la víctima de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente y practicará él mismo u ordenará a la Policía Judicial que practique las diligencias que estime pertinentes para la comprobación del hecho o de la responsabilidad de los partícipes en el mismo. El fiscal decretará el archivo de las actuaciones cuando el hecho no revista los caracteres de delito, comunicándolo con expresión de esta circunstancia a quien hubiere alegado ser perjudicado u ofendido, a fin de que pueda reiterar su denuncia ante el juez de Instrucción. En otro caso instará del juez de Instrucción la incoación del procedimiento que corresponda con remisión de lo actuado, poniendo a su disposición al detenido, si lo hubiere, y los efectos del delito». En la misma norma también se indica que «el Ministerio Fiscal podrá hacer comparecer ante sí a cualquier persona en los términos establecidos en la ley para la citación judicial, a fin de recibirle declaración, en la cual se observarán las mismas garantías señaladas en esta Ley para la prestada ante el Juez o Tribunal. Cesará el fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos». Para fiscales consultados por este diario, que trasladaron que no se puede dar carpetazo a una denuncia de tales características, que puede aportar luz sobre una investigación en curso, la actuación de Alonso fue contraria tanto a la citada circular como a la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal.Según la información desvelada por ABC, la persona que fue a ver al fiscal Alonso le transmitió el interés de Hijaouy de aportar «pruebas» sobre el espionaje con Pegasus que distintas asocaciaciones, como Aminstía Internacional, llevan años pidiendo investigar y esclarecer, puesto que el espionaje también afectó a activistas y periodistas. El emisario habría afirmado poder aportar información concreta sobre el «cómo se hizo, a quién, y el contenido de los 2,6 gigas» sustraídos del móvil de Sánchez y de los ministros Robles, Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Luis Planas (Agricultura). A cambio, solicitaba que se paralizara el proceso de extradición a Marruecos por un presunto delito de estafa, que se tramitaba también en la Audiencia Nacional, en el Juzgado Central 1. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, habría actuado en contra de una circular de la Fiscalía General del Estado al rechazar recibir información, en octubre de 2024, de un emisario del ex número dos de los servicios secretos marroquíes, Mehdi Hijaouy, que afirmaba tener pruebas del hackeo del móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de otros ministros, por medio de la herramienta Pegasus.En su acercamiento a Alonso, el emisario, según desveló ABC, habría afirmado que podía aportar información relevante para esclarecer la infección de los dispositivos, mientras el responsable de la Fiscalía en la Audiencia Nacional le indicó que «dado que lo que usted comunica se encuentra judicializado, lo correcto desde un punto de vista procesal es que lo comunique al Juzgado instructor del procedimiento a los efectos oportunos» a través de su secretaria.El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama había abierto dos años antes de la mencionada visita una investigación para saber quién pudo ser el autor del espionaje a miembros del Gobierno a través de Pegasus. La investigación fue archivada en julio de 2023, reabierta unos meses después y archivada finalmente en enero de 2026 por la negativa de Israel a contestar a sus comisiones rogatorias, pues es el país de la compañía NSO Group, creadora del ‘software’ espía Pegasus.Fuentes fiscales que se han puesto en comunicación con este diario consideran que la actuación de Alonso va en contra de una circular interna, la 2/22, en la que se indica que la Fiscalía debe realizar averiguaciones cuando tiene conocimiento de hechos que pueden ser delictivos.También ven que su actuación colisiona con el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) en la que se basa la circular, en la que se afirma que «cuando el Ministerio Fiscal tenga noticia de un hecho aparentemente delictivo, bien directamente o por serle presentada una denuncia o atestado, informará a la víctima de los hechos recogidos en la legislación vigente; efectuará la evaluación y resolución provisionales de las necesidades de la víctima de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente y practicará él mismo u ordenará a la Policía Judicial que practique las diligencias que estime pertinentes para la comprobación del hecho o de la responsabilidad de los partícipes en el mismo. El fiscal decretará el archivo de las actuaciones cuando el hecho no revista los caracteres de delito, comunicándolo con expresión de esta circunstancia a quien hubiere alegado ser perjudicado u ofendido, a fin de que pueda reiterar su denuncia ante el juez de Instrucción. En otro caso instará del juez de Instrucción la incoación del procedimiento que corresponda con remisión de lo actuado, poniendo a su disposición al detenido, si lo hubiere, y los efectos del delito». En la misma norma también se indica que «el Ministerio Fiscal podrá hacer comparecer ante sí a cualquier persona en los términos establecidos en la ley para la citación judicial, a fin de recibirle declaración, en la cual se observarán las mismas garantías señaladas en esta Ley para la prestada ante el Juez o Tribunal. Cesará el fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos». Para fiscales consultados por este diario, que trasladaron que no se puede dar carpetazo a una denuncia de tales características, que puede aportar luz sobre una investigación en curso, la actuación de Alonso fue contraria tanto a la citada circular como a la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal.Según la información desvelada por ABC, la persona que fue a ver al fiscal Alonso le transmitió el interés de Hijaouy de aportar «pruebas» sobre el espionaje con Pegasus que distintas asocaciaciones, como Aminstía Internacional, llevan años pidiendo investigar y esclarecer, puesto que el espionaje también afectó a activistas y periodistas. El emisario habría afirmado poder aportar información concreta sobre el «cómo se hizo, a quién, y el contenido de los 2,6 gigas» sustraídos del móvil de Sánchez y de los ministros Robles, Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Luis Planas (Agricultura). A cambio, solicitaba que se paralizara el proceso de extradición a Marruecos por un presunto delito de estafa, que se tramitaba también en la Audiencia Nacional, en el Juzgado Central 1. RSS de noticias de espana
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