Hace poco más de un año, el Congreso aprobó la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Polémica desde su planteamiento inicial, salió adelante con 177 votos a favor y 172 en contra. La controversia ha continuado desde entonces, en las tribunas de prensa, pero también en el Tribunal Constitucional, adonde han llegado los recursos presentados por partidos como PP y Vox, gobiernos autonómicos (alguno gobernado por el PSOE) e incluso de tribunales como el Superior de Justicia de Cataluña o el Supremo. Esta semana, los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) intentarán resolver ese litigio, que se abre con un borrador de sentencia conocido el 2 de junio y que defiende que “las intenciones del legislador, su estrategia política o su propósito último” quedan fuera del control del tribunal de garantías. Se bloquearía así la reclamación de PP y Vox, que denunciaban “arbitrariedad” del Gobierno y sus socios parlamentarios.
El Tribunal Constitucional decidirá esta semana la validación de la ley del olvido penal, pero muchos casos quedarán pendientes de resolución en otros estamentos jurídicos
Hace poco más de un año, el Congreso aprobó la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Polémica desde su planteamiento inicial, salió adelante con 177 votos a favor y 172 en contra. La controversia ha continuado desde entonces, en las tribunas de prensa, pero también en el Tribunal Constitucional, adonde han llegado los recursos presentados por partidos como PP y Vox, gobiernos autonómicos (alguno gobernado por el PSOE) e incluso de tribunales como el Superior de Justicia de Cataluña o el Supremo. Esta semana, los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) intentarán resolver ese litigio, que se abre con un borrador de sentencia conocido el 2 de junio y que defiende que “las intenciones del legislador, su estrategia política o su propósito último” quedan fuera del control del tribunal de garantías. Se bloquearía así la reclamación de PP y Vox, que denunciaban “arbitrariedad” del Gobierno y sus socios parlamentarios.
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