El Gobierno vuelve a estar pendiente del Tribunal Supremo (TS). Esta vez no tiene que ver con ninguna causa por corrupción, sino que el foco se ubica en la regularización de migrantes que el Ejecutivo puso en marcha el pasado mes de abril y cuyo plazo para la presentación de solicitudes culminaba este martes. El Alto Tribunal tiene serias dudas de que el decreto que lo promulga sea conforme al derecho de la Unión Europea y, por este motivo, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado un plazo «improrrogable» de cinco días a las partes personadas en este procedimiento para que informen sobre la conveniencia de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE. En el Gobierno confían en que esta cuestión no tenga recorrido jurídico, porque consideran que la iniciativa se impulsó conforme a la normativa, pero, no obstante, van a agilizar al máximo toda la tramitación para poder abarcar el mayor número posible de expedientes antes de que el Supremo se pronuncie. Fuentes gubernamentales reconocen que todos los esfuerzos están ahora puestos en ello porque, una vez que las personas que han iniciado el proceso de regularización de su situación obtienen la autorización provisional, el procedimiento ya no es susceptible de verse afectado por la suspensión judicial. Esta autorización provisional ya da acceso a residir en España y derecho a trabajar mientras deviene en definitiva, según confirman las fuentes consultadas. La vocación, según reconocen en el Ejecutivo, es que el mayor número de personas posible la tenga disponible antes del 7 julio. A partir de esta fecha ubican, orientativamente, la decisión del Supremo sobre si eleva o no la cuestión prejudicial. En Moncloa aseguran estar «tranquilos», porque recuerdan que el decreto ha pasado por todos los trámites y filtros debidos, incluyendo las aportaciones del Consejo de Estado, que se incluyeron en su totalidad, asumiendo los cambios que se imponían. Anticipan, por tanto, que el texto cumple todas las garantías. En este sentido, recuerdan también que cuando se fijó el corte temporal —en personas residentes en España a 31 de diciembre de 2025— se hizo para limitar el acceso de las peticiones y dirigirlas expresamente a «personas que ya estaban aquí». Esto es, entienden que quienes soliciten la regularización será para seguir en el país y no para desplazarse a otros estados de la Unión Europea para «inculcar o intervenir» en la política migratoria de ese país. En cualquier caso, insisten en que todo se ha hecho «acorde al marco normativo competencial» y que así lo señaló el comisario europeo del ramo cuando se le interpeló por la regularización, remitiéndose a una cuestión de competencial española.En cuanto a las peticiones de medidas cautelares que todavía quedan vivas por parte de Aragón y la Comunidad Valenciana, se recuerda que el TS ya resolvió de manera negativa a su admisión en dos ocasiones precedentes, una de ellas en respuesta a la Comunidad de Madrid, por lo que esperan que también esta vez no lleguen a prosperar para su suspensión. Además, ahora mismo, se está trabajando en coordinación con la Abogacía del Estado para presentar alegaciones. Plazo de tres mesesSobre la urgencia en la resolución de los expedientes, antes de que el Supremo pueda suspender la regularización, en el Ejecutivo recuerdan que el compromiso del Gobierno era resolver todas las peticiones en el plazo de tres meses. En Moncloa no quieren dar ningún dato sobre la evolución de los expedientes cursados y se emplazan a que se agoten los plazos para informar con datos oficiales. No obstante, lo que ya sí ha trascendido es que todas las previsiones han saltado por los aires. En un principio se jugaba con la cifra de regularizaciones que se habían cuantificado en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y que rondaban el medio millón de personas. Ahora, estos números prácticamente se han triplicado y superarían el millón. Las fuentes consultadas confirman que esta cifra entraba dentro de la horquilla máxima de las proyecciones que se habían diseñado por parte del Gobierno y recuerdan que la exclusión administrativa a la que les arroja la falta de papeles a los migrantes hace que fuera difícil de cuantificar un volumen real. El Gobierno vuelve a estar pendiente del Tribunal Supremo (TS). Esta vez no tiene que ver con ninguna causa por corrupción, sino que el foco se ubica en la regularización de migrantes que el Ejecutivo puso en marcha el pasado mes de abril y cuyo plazo para la presentación de solicitudes culminaba este martes. El Alto Tribunal tiene serias dudas de que el decreto que lo promulga sea conforme al derecho de la Unión Europea y, por este motivo, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado un plazo «improrrogable» de cinco días a las partes personadas en este procedimiento para que informen sobre la conveniencia de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE. En el Gobierno confían en que esta cuestión no tenga recorrido jurídico, porque consideran que la iniciativa se impulsó conforme a la normativa, pero, no obstante, van a agilizar al máximo toda la tramitación para poder abarcar el mayor número posible de expedientes antes de que el Supremo se pronuncie. Fuentes gubernamentales reconocen que todos los esfuerzos están ahora puestos en ello porque, una vez que las personas que han iniciado el proceso de regularización de su situación obtienen la autorización provisional, el procedimiento ya no es susceptible de verse afectado por la suspensión judicial. Esta autorización provisional ya da acceso a residir en España y derecho a trabajar mientras deviene en definitiva, según confirman las fuentes consultadas. La vocación, según reconocen en el Ejecutivo, es que el mayor número de personas posible la tenga disponible antes del 7 julio. A partir de esta fecha ubican, orientativamente, la decisión del Supremo sobre si eleva o no la cuestión prejudicial. En Moncloa aseguran estar «tranquilos», porque recuerdan que el decreto ha pasado por todos los trámites y filtros debidos, incluyendo las aportaciones del Consejo de Estado, que se incluyeron en su totalidad, asumiendo los cambios que se imponían. Anticipan, por tanto, que el texto cumple todas las garantías. En este sentido, recuerdan también que cuando se fijó el corte temporal —en personas residentes en España a 31 de diciembre de 2025— se hizo para limitar el acceso de las peticiones y dirigirlas expresamente a «personas que ya estaban aquí». Esto es, entienden que quienes soliciten la regularización será para seguir en el país y no para desplazarse a otros estados de la Unión Europea para «inculcar o intervenir» en la política migratoria de ese país. En cualquier caso, insisten en que todo se ha hecho «acorde al marco normativo competencial» y que así lo señaló el comisario europeo del ramo cuando se le interpeló por la regularización, remitiéndose a una cuestión de competencial española.En cuanto a las peticiones de medidas cautelares que todavía quedan vivas por parte de Aragón y la Comunidad Valenciana, se recuerda que el TS ya resolvió de manera negativa a su admisión en dos ocasiones precedentes, una de ellas en respuesta a la Comunidad de Madrid, por lo que esperan que también esta vez no lleguen a prosperar para su suspensión. Además, ahora mismo, se está trabajando en coordinación con la Abogacía del Estado para presentar alegaciones. Plazo de tres mesesSobre la urgencia en la resolución de los expedientes, antes de que el Supremo pueda suspender la regularización, en el Ejecutivo recuerdan que el compromiso del Gobierno era resolver todas las peticiones en el plazo de tres meses. En Moncloa no quieren dar ningún dato sobre la evolución de los expedientes cursados y se emplazan a que se agoten los plazos para informar con datos oficiales. No obstante, lo que ya sí ha trascendido es que todas las previsiones han saltado por los aires. En un principio se jugaba con la cifra de regularizaciones que se habían cuantificado en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y que rondaban el medio millón de personas. Ahora, estos números prácticamente se han triplicado y superarían el millón. Las fuentes consultadas confirman que esta cifra entraba dentro de la horquilla máxima de las proyecciones que se habían diseñado por parte del Gobierno y recuerdan que la exclusión administrativa a la que les arroja la falta de papeles a los migrantes hace que fuera difícil de cuantificar un volumen real. El Gobierno vuelve a estar pendiente del Tribunal Supremo (TS). Esta vez no tiene que ver con ninguna causa por corrupción, sino que el foco se ubica en la regularización de migrantes que el Ejecutivo puso en marcha el pasado mes de abril y cuyo plazo para la presentación de solicitudes culminaba este martes. El Alto Tribunal tiene serias dudas de que el decreto que lo promulga sea conforme al derecho de la Unión Europea y, por este motivo, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado un plazo «improrrogable» de cinco días a las partes personadas en este procedimiento para que informen sobre la conveniencia de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE. En el Gobierno confían en que esta cuestión no tenga recorrido jurídico, porque consideran que la iniciativa se impulsó conforme a la normativa, pero, no obstante, van a agilizar al máximo toda la tramitación para poder abarcar el mayor número posible de expedientes antes de que el Supremo se pronuncie. Fuentes gubernamentales reconocen que todos los esfuerzos están ahora puestos en ello porque, una vez que las personas que han iniciado el proceso de regularización de su situación obtienen la autorización provisional, el procedimiento ya no es susceptible de verse afectado por la suspensión judicial. Esta autorización provisional ya da acceso a residir en España y derecho a trabajar mientras deviene en definitiva, según confirman las fuentes consultadas. La vocación, según reconocen en el Ejecutivo, es que el mayor número de personas posible la tenga disponible antes del 7 julio. A partir de esta fecha ubican, orientativamente, la decisión del Supremo sobre si eleva o no la cuestión prejudicial. En Moncloa aseguran estar «tranquilos», porque recuerdan que el decreto ha pasado por todos los trámites y filtros debidos, incluyendo las aportaciones del Consejo de Estado, que se incluyeron en su totalidad, asumiendo los cambios que se imponían. Anticipan, por tanto, que el texto cumple todas las garantías. En este sentido, recuerdan también que cuando se fijó el corte temporal —en personas residentes en España a 31 de diciembre de 2025— se hizo para limitar el acceso de las peticiones y dirigirlas expresamente a «personas que ya estaban aquí». Esto es, entienden que quienes soliciten la regularización será para seguir en el país y no para desplazarse a otros estados de la Unión Europea para «inculcar o intervenir» en la política migratoria de ese país. En cualquier caso, insisten en que todo se ha hecho «acorde al marco normativo competencial» y que así lo señaló el comisario europeo del ramo cuando se le interpeló por la regularización, remitiéndose a una cuestión de competencial española.En cuanto a las peticiones de medidas cautelares que todavía quedan vivas por parte de Aragón y la Comunidad Valenciana, se recuerda que el TS ya resolvió de manera negativa a su admisión en dos ocasiones precedentes, una de ellas en respuesta a la Comunidad de Madrid, por lo que esperan que también esta vez no lleguen a prosperar para su suspensión. Además, ahora mismo, se está trabajando en coordinación con la Abogacía del Estado para presentar alegaciones. Plazo de tres mesesSobre la urgencia en la resolución de los expedientes, antes de que el Supremo pueda suspender la regularización, en el Ejecutivo recuerdan que el compromiso del Gobierno era resolver todas las peticiones en el plazo de tres meses. En Moncloa no quieren dar ningún dato sobre la evolución de los expedientes cursados y se emplazan a que se agoten los plazos para informar con datos oficiales. No obstante, lo que ya sí ha trascendido es que todas las previsiones han saltado por los aires. En un principio se jugaba con la cifra de regularizaciones que se habían cuantificado en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y que rondaban el medio millón de personas. Ahora, estos números prácticamente se han triplicado y superarían el millón. Las fuentes consultadas confirman que esta cifra entraba dentro de la horquilla máxima de las proyecciones que se habían diseñado por parte del Gobierno y recuerdan que la exclusión administrativa a la que les arroja la falta de papeles a los migrantes hace que fuera difícil de cuantificar un volumen real. RSS de noticias de espana
Noticias Similares
