El Gobierno de Carlos Mazón va a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el reglamento que regula el reparto de alrededor de 4.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias a las distintas comunidades autónomas. Considera que «invade» sus competencias y se ha aprobado de forma «unilateral» por parte del Ejecutivo central, sin criterios objetivos ni financiación.La Abogacía de la Generalitat ya llevó en abril ante el Constitucional el decreto ley que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez ha desarrollado en un nuevo decreto del 22 de julio, al entender que suponía una injerencia en las atribuciones que tiene la región en materia de protección de menores. «Cada paso que dé el Gobierno lo vamos a recurrir» , ha aseverado este martes la portavoz y vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, en la rueda de prensa posterior al pleno extraordinario del Consell en el que se ha aprobado autorizar este nuevo movimiento judicial.«Cada acto administrativo que complemente o vaya desarrollando el primer real decreto lo vamos a ir enmendando, porque si el real decreto consideramos que está viciado, todos los actos administrativos posteriores están viciados», ha explicado.Camarero ha criticado que el Ejecutivo de Sánchez ha presupuestado la acogida de 571 menores en la Comunidad Valenciana -cuando a Cataluña o País Vasco «le tocan cero»- en 7,4 millones de euros para los tres primeros meses de estancia. Serían 35 euros al día por menor, frente a los 219,85 euros que destina el sistema valenciano al día por usuario. «Rompe el principio de autonomía financiera, ya que no aporta los recursos necesarios para atender a los gastos que conllevan estos menores», ha apuntado. Según los cálculos del Gobierno autonómico, ascenderían a 45,5 millones de euros.Centro valencianos al 160%La también consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha incidido en que no hay personal ni infraestructuras para atender a estas personas con «dignidad», pues los centros se encuentran al 160% de ocupación, pese a que se habilitaron 122 plazas más que en la anterior legislatura.Camarero ha reprochado al Ejecutivo central que no haya negociado con las autonomías una «distribución discriminatoria». «Deciden un criterio de población. ¿Y por qué no un criterio de financiación?», se ha preguntado. «No nos dicen ni cuándo, ni cuántos ni con qué presupuesto van a hacer ese traslado», ha añadido.«La Comunidad Valenciana va a oponerse», ha reiterado, «no por falta de solidaridad, sino por responsabilidad y porque no podemos permitir que se rompa un sistema de acogimiento que tiene los estándares de calidad altísimos» por «la incapacidad absoluta» de Sánchez para gestionar la crisis migratoria. El Gobierno de Carlos Mazón va a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el reglamento que regula el reparto de alrededor de 4.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias a las distintas comunidades autónomas. Considera que «invade» sus competencias y se ha aprobado de forma «unilateral» por parte del Ejecutivo central, sin criterios objetivos ni financiación.La Abogacía de la Generalitat ya llevó en abril ante el Constitucional el decreto ley que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez ha desarrollado en un nuevo decreto del 22 de julio, al entender que suponía una injerencia en las atribuciones que tiene la región en materia de protección de menores. «Cada paso que dé el Gobierno lo vamos a recurrir» , ha aseverado este martes la portavoz y vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, en la rueda de prensa posterior al pleno extraordinario del Consell en el que se ha aprobado autorizar este nuevo movimiento judicial.«Cada acto administrativo que complemente o vaya desarrollando el primer real decreto lo vamos a ir enmendando, porque si el real decreto consideramos que está viciado, todos los actos administrativos posteriores están viciados», ha explicado.Camarero ha criticado que el Ejecutivo de Sánchez ha presupuestado la acogida de 571 menores en la Comunidad Valenciana -cuando a Cataluña o País Vasco «le tocan cero»- en 7,4 millones de euros para los tres primeros meses de estancia. Serían 35 euros al día por menor, frente a los 219,85 euros que destina el sistema valenciano al día por usuario. «Rompe el principio de autonomía financiera, ya que no aporta los recursos necesarios para atender a los gastos que conllevan estos menores», ha apuntado. Según los cálculos del Gobierno autonómico, ascenderían a 45,5 millones de euros.Centro valencianos al 160%La también consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha incidido en que no hay personal ni infraestructuras para atender a estas personas con «dignidad», pues los centros se encuentran al 160% de ocupación, pese a que se habilitaron 122 plazas más que en la anterior legislatura.Camarero ha reprochado al Ejecutivo central que no haya negociado con las autonomías una «distribución discriminatoria». «Deciden un criterio de población. ¿Y por qué no un criterio de financiación?», se ha preguntado. «No nos dicen ni cuándo, ni cuántos ni con qué presupuesto van a hacer ese traslado», ha añadido.«La Comunidad Valenciana va a oponerse», ha reiterado, «no por falta de solidaridad, sino por responsabilidad y porque no podemos permitir que se rompa un sistema de acogimiento que tiene los estándares de calidad altísimos» por «la incapacidad absoluta» de Sánchez para gestionar la crisis migratoria. El Gobierno de Carlos Mazón va a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el reglamento que regula el reparto de alrededor de 4.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias a las distintas comunidades autónomas. Considera que «invade» sus competencias y se ha aprobado de forma «unilateral» por parte del Ejecutivo central, sin criterios objetivos ni financiación.La Abogacía de la Generalitat ya llevó en abril ante el Constitucional el decreto ley que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez ha desarrollado en un nuevo decreto del 22 de julio, al entender que suponía una injerencia en las atribuciones que tiene la región en materia de protección de menores. «Cada paso que dé el Gobierno lo vamos a recurrir» , ha aseverado este martes la portavoz y vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, en la rueda de prensa posterior al pleno extraordinario del Consell en el que se ha aprobado autorizar este nuevo movimiento judicial.«Cada acto administrativo que complemente o vaya desarrollando el primer real decreto lo vamos a ir enmendando, porque si el real decreto consideramos que está viciado, todos los actos administrativos posteriores están viciados», ha explicado.Camarero ha criticado que el Ejecutivo de Sánchez ha presupuestado la acogida de 571 menores en la Comunidad Valenciana -cuando a Cataluña o País Vasco «le tocan cero»- en 7,4 millones de euros para los tres primeros meses de estancia. Serían 35 euros al día por menor, frente a los 219,85 euros que destina el sistema valenciano al día por usuario. «Rompe el principio de autonomía financiera, ya que no aporta los recursos necesarios para atender a los gastos que conllevan estos menores», ha apuntado. Según los cálculos del Gobierno autonómico, ascenderían a 45,5 millones de euros.Centro valencianos al 160%La también consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha incidido en que no hay personal ni infraestructuras para atender a estas personas con «dignidad», pues los centros se encuentran al 160% de ocupación, pese a que se habilitaron 122 plazas más que en la anterior legislatura.Camarero ha reprochado al Ejecutivo central que no haya negociado con las autonomías una «distribución discriminatoria». «Deciden un criterio de población. ¿Y por qué no un criterio de financiación?», se ha preguntado. «No nos dicen ni cuándo, ni cuántos ni con qué presupuesto van a hacer ese traslado», ha añadido.«La Comunidad Valenciana va a oponerse», ha reiterado, «no por falta de solidaridad, sino por responsabilidad y porque no podemos permitir que se rompa un sistema de acogimiento que tiene los estándares de calidad altísimos» por «la incapacidad absoluta» de Sánchez para gestionar la crisis migratoria. 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