El Gobierno de Sánchez ha impuesto su criterio con la nueva normativa para los chiringuitos y esto pone a muchos en jaque. Andalucía tiene casi 1.000 kilómetros de costa, en la que se desarrolla una actividad económica que puede ser golpeada con dureza. Muchos de los chiringuitos del litoral se pueden ver en un limbo jurídico y pendientes de cierre por una reforma de la Ley de Costas planteada por el Ejecutivo de España, que quiere adaptar el reglamento a la normativa de la Unión Europea. Y ahí la gresca. El sector en Andalucía no está de acuerdo y la Junta apoya esa postura, que ha llegado al Senado de la mano del PP para contradecir los preceptos del Gobierno de Pedro Sánchez, que en la última reunión tiró para adelante con su idea sin atender a la voces críticas.Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha provocado el terremoto en la costa andaluza. En respuesta al recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ministerio de Transición Ecológica, el juez anuló una modificación de la concesión otorgada a uno de los chiringuitos de la provincia de Cádiz.Noticia relacionada general No No Una sentencia pone en jaque a los chiringuitos de playa: 4.000 empleos y 200 establecimientos en riesgo José María AguileraEso desató los miedos por poner en riesgo más de 200 establecimientos en toda Andalucía, que generan al año unos 4.000 puestos de trabajo . Las claves están en el endurecimiento de los criterios para las concesiones. El nuevo reglamento atiende a cuestiones técnicas, que el sector entiende que dificultará la renovación u obtención de licencias. Los nuevos establecimientos estarían sujetos a un tamaño máximo de 70 metros cuadrados en playas naturales, con una sola planta y sin sótano. Deberían ser desmontables. El tamaño máximo en playas urbanas sería de 200 metros cuadrados, también en una planta y sin sótano. La restricción a una única planta, sin sótano, afectaría a prácticamente todos los chiringuitos de Andalucía. El sector advierte que esto podría obligar a demoler la mayoría de los chiringuitos actuales, pero el Gobierno no cede. Por lo que la Junta de Andalucía está promoviendo una rebelión en el sector. Tras la reunión con el Ministerio de Transición Ecológica para llegar a un acuerdo sobre quién aplica los criterios, la consejera en funciones de Medio Ambiente, Catalina García, lamentó que el Gobierno de España haya decidido «mantener sin cambios» este proceso de reforma de la Ley de Costas, pese a las reclamaciones expresadas por Andalucía.A eso ha contestado el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, que ha mostrado su «sorpresa» por estas afirmaciones y ha remarcado que esta modificación del Reglamento General de Costas «afecta al conjunto del litoral español y no responde a una situación específica de Andalucía».Tras intentar echar balones fuera, Fernández ha incidido en que el Ministerio de Transición Ecológica está «analizando todas las contribuciones recibidas» y « continuará con la tramitación prevista hasta la aprobación de la norma» al respecto del Proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento General de Costas y el marco de compatibilidad con las estrategias marinas.Asimismo, ha indicado que su objetivo es «adaptar la normativa española a las exigencias del Derecho de la Unión Europea en materia de ocupación del dominio público marítimo-terrestre para el desarrollo de actividades económicas». «Se trata, por tanto, de una modificación de carácter estatal que establece un marco jurídico común para todo el litoral español», ha añadido Fernández.«La modificación del Reglamento General de Costas no impide el otorgamiento de concesiones ni supone el cierre de chiringuitos o de otros establecimientos existentes. Del mismo modo, no altera el reparto de competencias entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas», ha apuntado. Sin embargo, Andalucía ha reiterado su petición de paralización inmediata de las reformas del Reglamento de Costas y del Real Decreto 79/2019, reclamando la consejera en funciones nuevamente la convocatoria «urgente» de un proceso de diálogo real que permita abordar una reforma integral de la Ley de Costas «con garantías de coherencia normativa, respeto competencial y estabilidad en la gestión del litoral».Este año la Consejería de Medio Ambiente sí ha firmado las autorizaciones para instalar estos negocios por un plazo de cuatro años, pero no ha aprobado ninguna concesión que implique periodos más largos. Los empresarios de playa ya pidieron que hiciera una ronda de consultas para poder pronunciarse. En las últimas semanas se han mantenidos reuniones con la delegaciones provinciales de la Junta de Andalucía, pero nada de lo expresado se ha escuchado. El Gobierno sigue en sus trece en una normativa restrictiva bajo el paraguas de Bruselas, pero que está generando incertidumbre entre los concesionarios, que no saben qué pasará con su negocio. El Gobierno de Sánchez ha impuesto su criterio con la nueva normativa para los chiringuitos y esto pone a muchos en jaque. Andalucía tiene casi 1.000 kilómetros de costa, en la que se desarrolla una actividad económica que puede ser golpeada con dureza. Muchos de los chiringuitos del litoral se pueden ver en un limbo jurídico y pendientes de cierre por una reforma de la Ley de Costas planteada por el Ejecutivo de España, que quiere adaptar el reglamento a la normativa de la Unión Europea. Y ahí la gresca. El sector en Andalucía no está de acuerdo y la Junta apoya esa postura, que ha llegado al Senado de la mano del PP para contradecir los preceptos del Gobierno de Pedro Sánchez, que en la última reunión tiró para adelante con su idea sin atender a la voces críticas.Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha provocado el terremoto en la costa andaluza. En respuesta al recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ministerio de Transición Ecológica, el juez anuló una modificación de la concesión otorgada a uno de los chiringuitos de la provincia de Cádiz.Noticia relacionada general No No Una sentencia pone en jaque a los chiringuitos de playa: 4.000 empleos y 200 establecimientos en riesgo José María AguileraEso desató los miedos por poner en riesgo más de 200 establecimientos en toda Andalucía, que generan al año unos 4.000 puestos de trabajo . Las claves están en el endurecimiento de los criterios para las concesiones. El nuevo reglamento atiende a cuestiones técnicas, que el sector entiende que dificultará la renovación u obtención de licencias. Los nuevos establecimientos estarían sujetos a un tamaño máximo de 70 metros cuadrados en playas naturales, con una sola planta y sin sótano. Deberían ser desmontables. El tamaño máximo en playas urbanas sería de 200 metros cuadrados, también en una planta y sin sótano. La restricción a una única planta, sin sótano, afectaría a prácticamente todos los chiringuitos de Andalucía. El sector advierte que esto podría obligar a demoler la mayoría de los chiringuitos actuales, pero el Gobierno no cede. Por lo que la Junta de Andalucía está promoviendo una rebelión en el sector. Tras la reunión con el Ministerio de Transición Ecológica para llegar a un acuerdo sobre quién aplica los criterios, la consejera en funciones de Medio Ambiente, Catalina García, lamentó que el Gobierno de España haya decidido «mantener sin cambios» este proceso de reforma de la Ley de Costas, pese a las reclamaciones expresadas por Andalucía.A eso ha contestado el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, que ha mostrado su «sorpresa» por estas afirmaciones y ha remarcado que esta modificación del Reglamento General de Costas «afecta al conjunto del litoral español y no responde a una situación específica de Andalucía».Tras intentar echar balones fuera, Fernández ha incidido en que el Ministerio de Transición Ecológica está «analizando todas las contribuciones recibidas» y « continuará con la tramitación prevista hasta la aprobación de la norma» al respecto del Proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento General de Costas y el marco de compatibilidad con las estrategias marinas.Asimismo, ha indicado que su objetivo es «adaptar la normativa española a las exigencias del Derecho de la Unión Europea en materia de ocupación del dominio público marítimo-terrestre para el desarrollo de actividades económicas». «Se trata, por tanto, de una modificación de carácter estatal que establece un marco jurídico común para todo el litoral español», ha añadido Fernández.«La modificación del Reglamento General de Costas no impide el otorgamiento de concesiones ni supone el cierre de chiringuitos o de otros establecimientos existentes. Del mismo modo, no altera el reparto de competencias entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas», ha apuntado. Sin embargo, Andalucía ha reiterado su petición de paralización inmediata de las reformas del Reglamento de Costas y del Real Decreto 79/2019, reclamando la consejera en funciones nuevamente la convocatoria «urgente» de un proceso de diálogo real que permita abordar una reforma integral de la Ley de Costas «con garantías de coherencia normativa, respeto competencial y estabilidad en la gestión del litoral».Este año la Consejería de Medio Ambiente sí ha firmado las autorizaciones para instalar estos negocios por un plazo de cuatro años, pero no ha aprobado ninguna concesión que implique periodos más largos. Los empresarios de playa ya pidieron que hiciera una ronda de consultas para poder pronunciarse. En las últimas semanas se han mantenidos reuniones con la delegaciones provinciales de la Junta de Andalucía, pero nada de lo expresado se ha escuchado. El Gobierno sigue en sus trece en una normativa restrictiva bajo el paraguas de Bruselas, pero que está generando incertidumbre entre los concesionarios, que no saben qué pasará con su negocio. El Gobierno de Sánchez ha impuesto su criterio con la nueva normativa para los chiringuitos y esto pone a muchos en jaque. Andalucía tiene casi 1.000 kilómetros de costa, en la que se desarrolla una actividad económica que puede ser golpeada con dureza. Muchos de los chiringuitos del litoral se pueden ver en un limbo jurídico y pendientes de cierre por una reforma de la Ley de Costas planteada por el Ejecutivo de España, que quiere adaptar el reglamento a la normativa de la Unión Europea. Y ahí la gresca. El sector en Andalucía no está de acuerdo y la Junta apoya esa postura, que ha llegado al Senado de la mano del PP para contradecir los preceptos del Gobierno de Pedro Sánchez, que en la última reunión tiró para adelante con su idea sin atender a la voces críticas.Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha provocado el terremoto en la costa andaluza. En respuesta al recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ministerio de Transición Ecológica, el juez anuló una modificación de la concesión otorgada a uno de los chiringuitos de la provincia de Cádiz.Noticia relacionada general No No Una sentencia pone en jaque a los chiringuitos de playa: 4.000 empleos y 200 establecimientos en riesgo José María AguileraEso desató los miedos por poner en riesgo más de 200 establecimientos en toda Andalucía, que generan al año unos 4.000 puestos de trabajo . Las claves están en el endurecimiento de los criterios para las concesiones. El nuevo reglamento atiende a cuestiones técnicas, que el sector entiende que dificultará la renovación u obtención de licencias. Los nuevos establecimientos estarían sujetos a un tamaño máximo de 70 metros cuadrados en playas naturales, con una sola planta y sin sótano. Deberían ser desmontables. El tamaño máximo en playas urbanas sería de 200 metros cuadrados, también en una planta y sin sótano. La restricción a una única planta, sin sótano, afectaría a prácticamente todos los chiringuitos de Andalucía. El sector advierte que esto podría obligar a demoler la mayoría de los chiringuitos actuales, pero el Gobierno no cede. Por lo que la Junta de Andalucía está promoviendo una rebelión en el sector. Tras la reunión con el Ministerio de Transición Ecológica para llegar a un acuerdo sobre quién aplica los criterios, la consejera en funciones de Medio Ambiente, Catalina García, lamentó que el Gobierno de España haya decidido «mantener sin cambios» este proceso de reforma de la Ley de Costas, pese a las reclamaciones expresadas por Andalucía.A eso ha contestado el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, que ha mostrado su «sorpresa» por estas afirmaciones y ha remarcado que esta modificación del Reglamento General de Costas «afecta al conjunto del litoral español y no responde a una situación específica de Andalucía».Tras intentar echar balones fuera, Fernández ha incidido en que el Ministerio de Transición Ecológica está «analizando todas las contribuciones recibidas» y « continuará con la tramitación prevista hasta la aprobación de la norma» al respecto del Proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento General de Costas y el marco de compatibilidad con las estrategias marinas.Asimismo, ha indicado que su objetivo es «adaptar la normativa española a las exigencias del Derecho de la Unión Europea en materia de ocupación del dominio público marítimo-terrestre para el desarrollo de actividades económicas». «Se trata, por tanto, de una modificación de carácter estatal que establece un marco jurídico común para todo el litoral español», ha añadido Fernández.«La modificación del Reglamento General de Costas no impide el otorgamiento de concesiones ni supone el cierre de chiringuitos o de otros establecimientos existentes. Del mismo modo, no altera el reparto de competencias entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas», ha apuntado. Sin embargo, Andalucía ha reiterado su petición de paralización inmediata de las reformas del Reglamento de Costas y del Real Decreto 79/2019, reclamando la consejera en funciones nuevamente la convocatoria «urgente» de un proceso de diálogo real que permita abordar una reforma integral de la Ley de Costas «con garantías de coherencia normativa, respeto competencial y estabilidad en la gestión del litoral».Este año la Consejería de Medio Ambiente sí ha firmado las autorizaciones para instalar estos negocios por un plazo de cuatro años, pero no ha aprobado ninguna concesión que implique periodos más largos. Los empresarios de playa ya pidieron que hiciera una ronda de consultas para poder pronunciarse. En las últimas semanas se han mantenidos reuniones con la delegaciones provinciales de la Junta de Andalucía, pero nada de lo expresado se ha escuchado. El Gobierno sigue en sus trece en una normativa restrictiva bajo el paraguas de Bruselas, pero que está generando incertidumbre entre los concesionarios, que no saben qué pasará con su negocio. RSS de noticias de espana/andalucia
Noticias Similares
