Dos noticias simultáneas retratan a Europa. El ministro digital de Alemania, Karsten Wildberger, reconocía ante Bloomberg que al continente le falta capacidad de cómputo y que su Gobierno pretende acelerar los permisos para duplicar sus centros de datos antes de 2030. Ese mismo día, el Gobierno de España aprobaba por vía de urgencia un proyecto de real decreto que impone a los centros de datos unas exigencias energéticas que no soporta prácticamente ninguna otra industria del país. Mientras el gobierno más importante de Europa confiesa que hay escasez de computación, el español legisla para agravarla.Y no es que falte apetito inversor. Por sus condiciones geográficas, climáticas e incluso institucionales, España podría ser un destino privilegiado para esta industria : desde 2021, los proyectos de centros de datos han solicitado acceso a la red eléctrica por más de 12 gigavatios. Es verdad que una cosa es pedir permiso y otra ejecutar la inversión: hoy apenas tenemos instalado medio gigavatio, en buena medida porque el propio Gobierno limita la expansión de la red de transporte y distribución. Pero, lejos de remover ese cuello de botella, el Ejecutivo añade ahora tres trabas adicionales. Primera: el 80% de la electricidad consumida por los centros de datos deberá proceder, cada hora (no en el cómputo anual), de fuentes renovables, lo que les obligará a costearse baterías o generación propia para operar de noche. Segunda: criterio de adicionalidad, a saber, cada nuevo megavatio de demanda deberá estar respaldado por un megavatio de nueva capacidad renovable instalada en los 18 meses anteriores a la puesta en marcha del centro. Tercera: se les exigirá la máxima etiqueta de eficiencia energética . Quien incumpla será sancionado hasta perder el acceso a la red. Y estas tres condiciones se aplicarán retroactivamente a los 12 gigavatios ya solicitados, a cuyos promotores se invita a desistir si no son capaces de adaptarse.Se dirá que los centros de datos generan externalidades negativas: consumen mucha electricidad y presionan al alza su precio. Cierto. Pero también generan externalidades positivas y, en un mundo crecientemente proteccionista, hasta estratégicas: la demanda global de cómputo crece más deprisa que la oferta y, si Estados Unidos o China priorizan algún día a sus usuarios nacionales (Washington ya restringió el acceso extranjero a algunos modelos frontera de IA), Europa se quedará totalmente descolgada del uso de la IA: habremos externalizado nuestra inteligencia a terceros con la potestad arbitraria de decidir cuándo, y cuánto, podemos pensar.Y adviértase que aquí ni siquiera se reclama el trato que, en nombre de la soberanía digital, reciben algunos sectores: nadie pide subsidios ni aranceles para los centros de datos europeos, porque el capital privado ya quiere instalarlos pagándolos de su bolsillo sin privilegios estatales de por medio. Solo se reclama que nuestros políticos no se lo impidan. Veinte años después de perder la anterior ola tecnológica, nuestros gobiernos parecen empeñados en que perdamos también esta. Dos noticias simultáneas retratan a Europa. El ministro digital de Alemania, Karsten Wildberger, reconocía ante Bloomberg que al continente le falta capacidad de cómputo y que su Gobierno pretende acelerar los permisos para duplicar sus centros de datos antes de 2030. Ese mismo día, el Gobierno de España aprobaba por vía de urgencia un proyecto de real decreto que impone a los centros de datos unas exigencias energéticas que no soporta prácticamente ninguna otra industria del país. Mientras el gobierno más importante de Europa confiesa que hay escasez de computación, el español legisla para agravarla.Y no es que falte apetito inversor. Por sus condiciones geográficas, climáticas e incluso institucionales, España podría ser un destino privilegiado para esta industria : desde 2021, los proyectos de centros de datos han solicitado acceso a la red eléctrica por más de 12 gigavatios. Es verdad que una cosa es pedir permiso y otra ejecutar la inversión: hoy apenas tenemos instalado medio gigavatio, en buena medida porque el propio Gobierno limita la expansión de la red de transporte y distribución. Pero, lejos de remover ese cuello de botella, el Ejecutivo añade ahora tres trabas adicionales. Primera: el 80% de la electricidad consumida por los centros de datos deberá proceder, cada hora (no en el cómputo anual), de fuentes renovables, lo que les obligará a costearse baterías o generación propia para operar de noche. Segunda: criterio de adicionalidad, a saber, cada nuevo megavatio de demanda deberá estar respaldado por un megavatio de nueva capacidad renovable instalada en los 18 meses anteriores a la puesta en marcha del centro. Tercera: se les exigirá la máxima etiqueta de eficiencia energética . Quien incumpla será sancionado hasta perder el acceso a la red. Y estas tres condiciones se aplicarán retroactivamente a los 12 gigavatios ya solicitados, a cuyos promotores se invita a desistir si no son capaces de adaptarse.Se dirá que los centros de datos generan externalidades negativas: consumen mucha electricidad y presionan al alza su precio. Cierto. Pero también generan externalidades positivas y, en un mundo crecientemente proteccionista, hasta estratégicas: la demanda global de cómputo crece más deprisa que la oferta y, si Estados Unidos o China priorizan algún día a sus usuarios nacionales (Washington ya restringió el acceso extranjero a algunos modelos frontera de IA), Europa se quedará totalmente descolgada del uso de la IA: habremos externalizado nuestra inteligencia a terceros con la potestad arbitraria de decidir cuándo, y cuánto, podemos pensar.Y adviértase que aquí ni siquiera se reclama el trato que, en nombre de la soberanía digital, reciben algunos sectores: nadie pide subsidios ni aranceles para los centros de datos europeos, porque el capital privado ya quiere instalarlos pagándolos de su bolsillo sin privilegios estatales de por medio. Solo se reclama que nuestros políticos no se lo impidan. Veinte años después de perder la anterior ola tecnológica, nuestros gobiernos parecen empeñados en que perdamos también esta. Dos noticias simultáneas retratan a Europa. El ministro digital de Alemania, Karsten Wildberger, reconocía ante Bloomberg que al continente le falta capacidad de cómputo y que su Gobierno pretende acelerar los permisos para duplicar sus centros de datos antes de 2030. Ese mismo día, el Gobierno de España aprobaba por vía de urgencia un proyecto de real decreto que impone a los centros de datos unas exigencias energéticas que no soporta prácticamente ninguna otra industria del país. Mientras el gobierno más importante de Europa confiesa que hay escasez de computación, el español legisla para agravarla.Y no es que falte apetito inversor. Por sus condiciones geográficas, climáticas e incluso institucionales, España podría ser un destino privilegiado para esta industria : desde 2021, los proyectos de centros de datos han solicitado acceso a la red eléctrica por más de 12 gigavatios. Es verdad que una cosa es pedir permiso y otra ejecutar la inversión: hoy apenas tenemos instalado medio gigavatio, en buena medida porque el propio Gobierno limita la expansión de la red de transporte y distribución. Pero, lejos de remover ese cuello de botella, el Ejecutivo añade ahora tres trabas adicionales. Primera: el 80% de la electricidad consumida por los centros de datos deberá proceder, cada hora (no en el cómputo anual), de fuentes renovables, lo que les obligará a costearse baterías o generación propia para operar de noche. Segunda: criterio de adicionalidad, a saber, cada nuevo megavatio de demanda deberá estar respaldado por un megavatio de nueva capacidad renovable instalada en los 18 meses anteriores a la puesta en marcha del centro. Tercera: se les exigirá la máxima etiqueta de eficiencia energética . Quien incumpla será sancionado hasta perder el acceso a la red. Y estas tres condiciones se aplicarán retroactivamente a los 12 gigavatios ya solicitados, a cuyos promotores se invita a desistir si no son capaces de adaptarse.Se dirá que los centros de datos generan externalidades negativas: consumen mucha electricidad y presionan al alza su precio. Cierto. Pero también generan externalidades positivas y, en un mundo crecientemente proteccionista, hasta estratégicas: la demanda global de cómputo crece más deprisa que la oferta y, si Estados Unidos o China priorizan algún día a sus usuarios nacionales (Washington ya restringió el acceso extranjero a algunos modelos frontera de IA), Europa se quedará totalmente descolgada del uso de la IA: habremos externalizado nuestra inteligencia a terceros con la potestad arbitraria de decidir cuándo, y cuánto, podemos pensar.Y adviértase que aquí ni siquiera se reclama el trato que, en nombre de la soberanía digital, reciben algunos sectores: nadie pide subsidios ni aranceles para los centros de datos europeos, porque el capital privado ya quiere instalarlos pagándolos de su bolsillo sin privilegios estatales de por medio. Solo se reclama que nuestros políticos no se lo impidan. Veinte años después de perder la anterior ola tecnológica, nuestros gobiernos parecen empeñados en que perdamos también esta. RSS de noticias de economia
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