Solo cuatro años después de su entrada en vigor, el Gobierno se prepara para modificar la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Se trata de la norma que auspició el ‘tasazo’ a las basuras, la que obligó a cobrar por el uso de envases de plástico de un solo uso y la norma que planteó un sistema de retorno de envases a las tiendas que todavía se está diseñando, entre otras cosas. Ahora el Ejecutivo ha abierto una consulta pública previa para preguntar si «sería conveniente revisar el impuesto sobre el depósito de residuos» en vertedero y si habría que modificar el gravamen al plástico.Son apenas dos de las múltiples cuestiones sobre las que pone el foco el Ministerio para la Transición Ecológica en la consulta. El Ejecutivo, según explica en el procedimiento, va a transponer la directiva europea sobre residuos alimentarios dentro de la ley de residuos, pero, ya que está, «se quiere aprovechar para aclarar algunos aspectos de la norma vigente». Y ahí abre toda una batería de preguntas sobre temas muy específicos.Uno de ellos es el impuesto al depósito de residuos en vertederos, incineración y coincineración. El gravamen de carácter nacional se creó con esta ley y se aplica sobre quien vierte en el basurero. Armonizaba un impuesto que era autonómico hasta 2022 y la idea era limitar el ‘turismo de residuos’ entre comunidades e impulsar el reciclaje al hacer más caro el vertido. Cuatro años después, el ministerio sugiere que sigue siendo demasiado barato acudir al vertedero al detectar «un incremento de las importaciones de residuos a nuestro país como consecuencia de los costes más reducidos que en países cercanos». Y añade que «existen peticiones de revisión y aumento de los tipos impositivos por parte de algunos agentes afectados, para que se impulse el reciclaje». «En consecuencia —pregunta el ministerio— ¿sería conveniente revisar el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero, la incineración y la coincineración con el fin de mejorar su eficacia ambiental y su aplicación?».Impuesto al plásticoTambién reabre el debate sobre el impuesto al plástico no reutilizable, uno de los grandes caballos de batalla de los productores durante la elaboración de la ley, ya que recaía directamente en ellos a razón de 0,45 euros por kilogramo de plástico y repercutía también en la industria alimentaria. «El sector ha identificado dificultades prácticas en la aplicación del impuesto, lo que podría requerir ajustes para mejorar su operatividad. También se han identificado prácticas de competencia desleal con empresas situadas fuera de la UE», reconoce el ministerio. De ahí que plantee si es «necesaria una revisión del funcionamiento del impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables para mejorar su eficacia y reducir cargas administrativas».Desde EsPlasticos, la plataforma que aglutina toda la cadena de valor, aseguran que habían solicitado una revisión sobre el diseño del impuesto al plástico no reutilizable tras haber detectado efectos no deseados. «Se han incrementado las importaciones de envases o preenvases fraudulentos a España», asegura Isabel Goyena, portavoz de EsPlásticos y directora general de la Asociación Española de Industriales de Plásticos (ANAIP). Se trata de productos que dicen tener un alto contenido de plástico reciclado, y que por tanto no pagan el impuesto, pero que a nivel técnico hoy es imposible que cumplan con los datos de material reciclado que aseguran tener. Goyena pone el ejemplo de los rollos de films. Solo de 2023 a 2025 su importación ha crecido un 58%. Al final, las prácticas fraudulentas no ayudan al reciclaje, aumentan la huella vinculada al transporte y se penaliza a los fabricantes locales. «El efecto es bastante negativo», resume Goyena.Nuevo gravamenAdemás, la ley aprobada en 2022 amplió las responsabilidades de las empresas que fabrican alimentos, envases y otros productos. Deben hacerse cargo de los recipientes que introducen en el mercado y, para ello, en muchas ocasiones las empresas se unen y acaban constituidas en entidades como Ecoembes, Ecovidrio o Sigre, que unifican esa gestión de los residuos. Es lo que se conoce como los sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). En esta línea, el Gobierno decidió crear un registro que permitiera llevar el control de los productores, pero ahora se da cuenta de que «la gestión y mantenimiento del registro supone una carga administrativa significativa para la Administración» y que «la creación de una tasa podría garantizar su sostenibilidad económica y mejorar su funcionamiento, en línea con el principio de quien contamina paga». Así que, pregunta: «¿Considera necesario establecer una tasa que permita sufragar los costes asociados a la inscripción, gestión, mantenimiento y control del Registro de Productores de Producto, tal y como posibilitan algunas normas europeas, como el Reglamento 2025/40 de envases y residuos de envases? En su caso, ¿qué elementos deberían tenerse en cuenta para su diseño (sujeto pasivo, cuantía, criterios de modulación)?».Para Alicia García-Franco, directora general de Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), hay puntos de la ley que es necesario tocar, como en lo referente a los sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor, que llevan 30 años en funcionamiento y hoy la realidad es muy diferente al contexto en el que nacieron. «Tiene que haber una transformación», dice. Sin embargo, en el tema impositivo no comulga con la propuesta de crear un nuevo gravamen para sustentar el registro que, en general, tramitan y cumplimentan las propias empresas afectadas de forma telemática. «Es un poco fuerte que la industria tenga que pagar por esto», comenta. «No es el momento»En general, las preguntas planteadas en la consulta pública previa «implican una transformación importante», resume la directora general de Federación Española de la Recuperación, Alicia García-Franco. Por ello «no es el momento» de hacerla. La modificación de la ley tendría que hacerse con el respaldo del Parlamento en un contexto político complicado para sacar mayorías; además de que en Europa se encuentra en estos momentos planteando la directiva de Economía Circular que tocará buena parte de las cuestiones planteadas por el Gobierno. «Es su carta a los reyes magos», dice, aunque no descarta que sea una forma del ministerio de testear la opinión del sector de cara a la negociación con Europa. En cuanto a aumentar la tasa de vertedero, García-Franco explica que a FER no le parece mal, pero siempre que antes se haya dado alternativa a la industria. Pero si en España no se puede ni verter ni valorizar, entonces aumentar el pago en vertedero solo «nos hace menos competitivos». Solo cuatro años después de su entrada en vigor, el Gobierno se prepara para modificar la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Se trata de la norma que auspició el ‘tasazo’ a las basuras, la que obligó a cobrar por el uso de envases de plástico de un solo uso y la norma que planteó un sistema de retorno de envases a las tiendas que todavía se está diseñando, entre otras cosas. Ahora el Ejecutivo ha abierto una consulta pública previa para preguntar si «sería conveniente revisar el impuesto sobre el depósito de residuos» en vertedero y si habría que modificar el gravamen al plástico.Son apenas dos de las múltiples cuestiones sobre las que pone el foco el Ministerio para la Transición Ecológica en la consulta. El Ejecutivo, según explica en el procedimiento, va a transponer la directiva europea sobre residuos alimentarios dentro de la ley de residuos, pero, ya que está, «se quiere aprovechar para aclarar algunos aspectos de la norma vigente». Y ahí abre toda una batería de preguntas sobre temas muy específicos.Uno de ellos es el impuesto al depósito de residuos en vertederos, incineración y coincineración. El gravamen de carácter nacional se creó con esta ley y se aplica sobre quien vierte en el basurero. Armonizaba un impuesto que era autonómico hasta 2022 y la idea era limitar el ‘turismo de residuos’ entre comunidades e impulsar el reciclaje al hacer más caro el vertido. Cuatro años después, el ministerio sugiere que sigue siendo demasiado barato acudir al vertedero al detectar «un incremento de las importaciones de residuos a nuestro país como consecuencia de los costes más reducidos que en países cercanos». Y añade que «existen peticiones de revisión y aumento de los tipos impositivos por parte de algunos agentes afectados, para que se impulse el reciclaje». «En consecuencia —pregunta el ministerio— ¿sería conveniente revisar el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero, la incineración y la coincineración con el fin de mejorar su eficacia ambiental y su aplicación?».Impuesto al plásticoTambién reabre el debate sobre el impuesto al plástico no reutilizable, uno de los grandes caballos de batalla de los productores durante la elaboración de la ley, ya que recaía directamente en ellos a razón de 0,45 euros por kilogramo de plástico y repercutía también en la industria alimentaria. «El sector ha identificado dificultades prácticas en la aplicación del impuesto, lo que podría requerir ajustes para mejorar su operatividad. También se han identificado prácticas de competencia desleal con empresas situadas fuera de la UE», reconoce el ministerio. De ahí que plantee si es «necesaria una revisión del funcionamiento del impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables para mejorar su eficacia y reducir cargas administrativas».Desde EsPlasticos, la plataforma que aglutina toda la cadena de valor, aseguran que habían solicitado una revisión sobre el diseño del impuesto al plástico no reutilizable tras haber detectado efectos no deseados. «Se han incrementado las importaciones de envases o preenvases fraudulentos a España», asegura Isabel Goyena, portavoz de EsPlásticos y directora general de la Asociación Española de Industriales de Plásticos (ANAIP). Se trata de productos que dicen tener un alto contenido de plástico reciclado, y que por tanto no pagan el impuesto, pero que a nivel técnico hoy es imposible que cumplan con los datos de material reciclado que aseguran tener. Goyena pone el ejemplo de los rollos de films. Solo de 2023 a 2025 su importación ha crecido un 58%. Al final, las prácticas fraudulentas no ayudan al reciclaje, aumentan la huella vinculada al transporte y se penaliza a los fabricantes locales. «El efecto es bastante negativo», resume Goyena.Nuevo gravamenAdemás, la ley aprobada en 2022 amplió las responsabilidades de las empresas que fabrican alimentos, envases y otros productos. Deben hacerse cargo de los recipientes que introducen en el mercado y, para ello, en muchas ocasiones las empresas se unen y acaban constituidas en entidades como Ecoembes, Ecovidrio o Sigre, que unifican esa gestión de los residuos. Es lo que se conoce como los sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). En esta línea, el Gobierno decidió crear un registro que permitiera llevar el control de los productores, pero ahora se da cuenta de que «la gestión y mantenimiento del registro supone una carga administrativa significativa para la Administración» y que «la creación de una tasa podría garantizar su sostenibilidad económica y mejorar su funcionamiento, en línea con el principio de quien contamina paga». Así que, pregunta: «¿Considera necesario establecer una tasa que permita sufragar los costes asociados a la inscripción, gestión, mantenimiento y control del Registro de Productores de Producto, tal y como posibilitan algunas normas europeas, como el Reglamento 2025/40 de envases y residuos de envases? En su caso, ¿qué elementos deberían tenerse en cuenta para su diseño (sujeto pasivo, cuantía, criterios de modulación)?».Para Alicia García-Franco, directora general de Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), hay puntos de la ley que es necesario tocar, como en lo referente a los sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor, que llevan 30 años en funcionamiento y hoy la realidad es muy diferente al contexto en el que nacieron. «Tiene que haber una transformación», dice. Sin embargo, en el tema impositivo no comulga con la propuesta de crear un nuevo gravamen para sustentar el registro que, en general, tramitan y cumplimentan las propias empresas afectadas de forma telemática. «Es un poco fuerte que la industria tenga que pagar por esto», comenta. «No es el momento»En general, las preguntas planteadas en la consulta pública previa «implican una transformación importante», resume la directora general de Federación Española de la Recuperación, Alicia García-Franco. Por ello «no es el momento» de hacerla. La modificación de la ley tendría que hacerse con el respaldo del Parlamento en un contexto político complicado para sacar mayorías; además de que en Europa se encuentra en estos momentos planteando la directiva de Economía Circular que tocará buena parte de las cuestiones planteadas por el Gobierno. «Es su carta a los reyes magos», dice, aunque no descarta que sea una forma del ministerio de testear la opinión del sector de cara a la negociación con Europa. En cuanto a aumentar la tasa de vertedero, García-Franco explica que a FER no le parece mal, pero siempre que antes se haya dado alternativa a la industria. Pero si en España no se puede ni verter ni valorizar, entonces aumentar el pago en vertedero solo «nos hace menos competitivos». Solo cuatro años después de su entrada en vigor, el Gobierno se prepara para modificar la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Se trata de la norma que auspició el ‘tasazo’ a las basuras, la que obligó a cobrar por el uso de envases de plástico de un solo uso y la norma que planteó un sistema de retorno de envases a las tiendas que todavía se está diseñando, entre otras cosas. Ahora el Ejecutivo ha abierto una consulta pública previa para preguntar si «sería conveniente revisar el impuesto sobre el depósito de residuos» en vertedero y si habría que modificar el gravamen al plástico.Son apenas dos de las múltiples cuestiones sobre las que pone el foco el Ministerio para la Transición Ecológica en la consulta. El Ejecutivo, según explica en el procedimiento, va a transponer la directiva europea sobre residuos alimentarios dentro de la ley de residuos, pero, ya que está, «se quiere aprovechar para aclarar algunos aspectos de la norma vigente». Y ahí abre toda una batería de preguntas sobre temas muy específicos.Uno de ellos es el impuesto al depósito de residuos en vertederos, incineración y coincineración. El gravamen de carácter nacional se creó con esta ley y se aplica sobre quien vierte en el basurero. Armonizaba un impuesto que era autonómico hasta 2022 y la idea era limitar el ‘turismo de residuos’ entre comunidades e impulsar el reciclaje al hacer más caro el vertido. Cuatro años después, el ministerio sugiere que sigue siendo demasiado barato acudir al vertedero al detectar «un incremento de las importaciones de residuos a nuestro país como consecuencia de los costes más reducidos que en países cercanos». Y añade que «existen peticiones de revisión y aumento de los tipos impositivos por parte de algunos agentes afectados, para que se impulse el reciclaje». «En consecuencia —pregunta el ministerio— ¿sería conveniente revisar el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero, la incineración y la coincineración con el fin de mejorar su eficacia ambiental y su aplicación?».Impuesto al plásticoTambién reabre el debate sobre el impuesto al plástico no reutilizable, uno de los grandes caballos de batalla de los productores durante la elaboración de la ley, ya que recaía directamente en ellos a razón de 0,45 euros por kilogramo de plástico y repercutía también en la industria alimentaria. «El sector ha identificado dificultades prácticas en la aplicación del impuesto, lo que podría requerir ajustes para mejorar su operatividad. También se han identificado prácticas de competencia desleal con empresas situadas fuera de la UE», reconoce el ministerio. De ahí que plantee si es «necesaria una revisión del funcionamiento del impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables para mejorar su eficacia y reducir cargas administrativas».Desde EsPlasticos, la plataforma que aglutina toda la cadena de valor, aseguran que habían solicitado una revisión sobre el diseño del impuesto al plástico no reutilizable tras haber detectado efectos no deseados. «Se han incrementado las importaciones de envases o preenvases fraudulentos a España», asegura Isabel Goyena, portavoz de EsPlásticos y directora general de la Asociación Española de Industriales de Plásticos (ANAIP). Se trata de productos que dicen tener un alto contenido de plástico reciclado, y que por tanto no pagan el impuesto, pero que a nivel técnico hoy es imposible que cumplan con los datos de material reciclado que aseguran tener. Goyena pone el ejemplo de los rollos de films. Solo de 2023 a 2025 su importación ha crecido un 58%. Al final, las prácticas fraudulentas no ayudan al reciclaje, aumentan la huella vinculada al transporte y se penaliza a los fabricantes locales. «El efecto es bastante negativo», resume Goyena.Nuevo gravamenAdemás, la ley aprobada en 2022 amplió las responsabilidades de las empresas que fabrican alimentos, envases y otros productos. Deben hacerse cargo de los recipientes que introducen en el mercado y, para ello, en muchas ocasiones las empresas se unen y acaban constituidas en entidades como Ecoembes, Ecovidrio o Sigre, que unifican esa gestión de los residuos. Es lo que se conoce como los sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). En esta línea, el Gobierno decidió crear un registro que permitiera llevar el control de los productores, pero ahora se da cuenta de que «la gestión y mantenimiento del registro supone una carga administrativa significativa para la Administración» y que «la creación de una tasa podría garantizar su sostenibilidad económica y mejorar su funcionamiento, en línea con el principio de quien contamina paga». Así que, pregunta: «¿Considera necesario establecer una tasa que permita sufragar los costes asociados a la inscripción, gestión, mantenimiento y control del Registro de Productores de Producto, tal y como posibilitan algunas normas europeas, como el Reglamento 2025/40 de envases y residuos de envases? En su caso, ¿qué elementos deberían tenerse en cuenta para su diseño (sujeto pasivo, cuantía, criterios de modulación)?».Para Alicia García-Franco, directora general de Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), hay puntos de la ley que es necesario tocar, como en lo referente a los sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor, que llevan 30 años en funcionamiento y hoy la realidad es muy diferente al contexto en el que nacieron. «Tiene que haber una transformación», dice. Sin embargo, en el tema impositivo no comulga con la propuesta de crear un nuevo gravamen para sustentar el registro que, en general, tramitan y cumplimentan las propias empresas afectadas de forma telemática. «Es un poco fuerte que la industria tenga que pagar por esto», comenta. «No es el momento»En general, las preguntas planteadas en la consulta pública previa «implican una transformación importante», resume la directora general de Federación Española de la Recuperación, Alicia García-Franco. Por ello «no es el momento» de hacerla. La modificación de la ley tendría que hacerse con el respaldo del Parlamento en un contexto político complicado para sacar mayorías; además de que en Europa se encuentra en estos momentos planteando la directiva de Economía Circular que tocará buena parte de las cuestiones planteadas por el Gobierno. «Es su carta a los reyes magos», dice, aunque no descarta que sea una forma del ministerio de testear la opinión del sector de cara a la negociación con Europa. En cuanto a aumentar la tasa de vertedero, García-Franco explica que a FER no le parece mal, pero siempre que antes se haya dado alternativa a la industria. Pero si en España no se puede ni verter ni valorizar, entonces aumentar el pago en vertedero solo «nos hace menos competitivos». RSS de noticias de sociedad
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