El Gobierno sigue forzando los plazos para aprobar medidas de calado social y económico antes de las elecciones. La primera en mover ficha fue la vicepresidenta Yolanda Díaz, activando el proceso de manera acelerada para poder sacar adelante la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) antes del 29 de noviembre. Y ahora es el ministro de Función Pública, Óscar López, quien mueve ficha con los funcionarios, que le están reclamando que saque por decreto la mejora salarial pactada para los empleados públicos antes del 29-N. Mientras tanto, el Ejecutivo está buscando la vía para subir las pensiones antes de que acabe el año, aunque sea mientras esté en funciones tras la convocatoria electoral.
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El Gobierno sigue forzando los plazos para aprobar medidas de calado social y económico antes de las elecciones. La primera en mover ficha fue la vicepresidenta Yolanda Díaz, activando el proceso de manera acelerada para poder sacar adelante la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) antes del 29 de noviembre. Y ahora es el ministro de Función Pública, Óscar López, quien mueve ficha con los funcionarios, que le están reclamando que saque por decreto la mejora salarial pactada para los empleados públicos antes del 29-N. Mientras tanto, el Ejecutivo está buscando la vía para subir las pensiones antes de que acabe el año, aunque sea mientras esté en funciones tras la convocatoria electoral.
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