El Consejo de Ministros cedió la titularidad de la sede del Instituto Cervantes en París al PNV en diciembre de 2024, pese a haber archivado esa petición en mayo del mismo año porque los jeltzales no habían acreditado que las sociedades que adquirieron el inmueble en 1937 actuaran por cuenta del partido. «Teniendo en cuenta los elementos aportados al expediente resulta, por tanto, materialmente imposible concluir que concurren los elementos necesarios para la adopción de una resolución», recoge la propuesta de la Dirección General del Patrimonio del Estado aprobada el 14 de mayo por el Consejo de Ministros, y a la que ha tenido acceso ABC. La encargada de elevarla fue la entonces vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de quien dependía Patrimonio del Estado, y el informe respondía a una solicitud oficial de restitución cursada por el PNV el 27 de enero de 2023.Noticia relacionada general No No Sánchez cierra 407 millones extra para el País Vasco en ayudas a la dependencia al margen de lo aprobado en el Congreso Gerard BonoEl informe de Patrimonio señala que las diligencias de instrucción habían «puesto de manifiesto la insuficiencia de la prueba inicialmente aportada» por el PNV , y que se había remitido requerimiento de documentación adicional al partido que preside Aitor Esteban sin haber obtenido respuesta. «Se considera que concurre la causa de finalización del expediente consistente en la imposibilidad material sobrevenida de continuar su tramitación», concluía ese órgano.Comunicación del acuerdo del Consejo de Ministros al PNV. ABCEste periódico ha tenido acceso al expediente de restitución, en el que no consta que el PNV aportara pruebas posteriores al archivo que permitieran acreditar la relación fiduciaria exigida por la ley. Lo que sí figura es un informe del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, fechado un 7 de septiembre sin indicar de qué año, que valida la versión del Partido Vasco y concluye que los fondos que sirvieron para comprar el edificio «fueron recaudados en 1936 y gestionados por parte» de esta formación. Sin embargo, el informe de la Dirección General del Patrimonio del Estado advierte de «la ambivalente condición (como miembros o simpatizantes del EAJ-PNV, y como agentes del Gobierno Vasco) de los principales actores que intervinieron en la adquisición y posterior gestión del inmueble». El Gobierno no ha querido contestar a las preguntas de este periódico sobre cómo se produjo el cambio de criterio y por qué se decidió sacar este traspaso de la vía administrativa y técnica -la Dirección General de Patrimonio del Estado-, y resolverlo por la política -un real decreto-ley ómnibus y urgente-. Conclusión del informe elaborado por la Dirección General del Patrimonio del Estado. ABCLa Ley de Memoria Democrática dispone la devolución de los bienes incautados en el extranjero a los partidos políticos cuando se acredite que su titular estuvo vinculado al partido político solicitante «con carácter fiduciario o bajo cualquier forma de cobertura jurídica». El informe de Patrimonio concluyó que no se daban esas condiciones pero el decreto-ley justificó el traspaso «de conformidad con los principios inspiradores de la legislación sobre Memoria Democrática» y «en atención a la vinculación histórica del edificio» con el Partido Vasco. Además, tras el callejón sin salida al que Patrimonio había llevado la petición del PNV, el Gobierno decidió retirarle la función de instruir estos procedimientos y encargársela al departamento que sea competente en estas políticas. En esta legislatura, la competencia corresponde a la secretaría de Estado de Fernando Martínez, dependiente del Ministerio de Política Territorial, de Ángel Víctor Torres.El Gobierno apartó a Patrimonio de los expedientes de restitución después de que propusiera archivar la petición del PNV por falta de pruebasEl Ejecutivo utilizó el mismo decreto-ley para realizar este cambio reformando así y por la puerta de atrás la Ley de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes que aprobó José María Aznar en 1998. La cesión del palacete reportó al Gobierno el apoyo del PNV al decreto-ley ómnibus, aunque Junts lo tumbó y quedó derogado en enero de 2025. El Consejo de Ministros aprobó entonces un segundo decreto-ley que modificó algunas cuestiones, manteniendo el traspaso del palacete, y éste fue convalidado en febrero de ese año. El palacete ya se encuentra inscrito a nombre del Partido Nacionalista Vasco, dado que la propia disposición constituía «el título traslativo del inmueble en virtud del cual se podrá hacer constar la transferencia en cualesquiera registros públicos». Noticia relacionada No No El PNV pidió al Gobierno que ocultara los informes previos en contra de ceder el palacete Ana SánchezEl decreto-ley argumenta que la instrucción de estas solicitudes «requiere un conocimiento y un análisis específico del contexto histórico en el que se produjeron las incautaciones». En su preámbulo, califica como «necesario» que la tramitación de estos expedientes cambie de manos para «subsanar así las disfuncionalidades derivadas de una atribución competencial (…) que ha quedado claramente obsoleta». Duras conclusionesEl informe de la Dirección General del Patrimonio del Estado consta de siete páginas en las que repasa detalladamente los antecedentes del caso, y los fundamentos de derecho que le llevan a concluir que el PNV no había acreditado que los fondos que sirvieron para comprar el palacete fueran suyos. «Los propios documentos aportados por el solicitante y las comprobaciones realizadas durante la instrucción evidencian que todos los participantes en los hechos, al margen de su relación con el EAJ-PNV, desempeñaron también cargos en el Gobierno Provisional Vasco o prestaron servicios a éste o a la IIª República». Esta conclusión arrojaba, por tanto, la duda de si el inmueble fue sufragado con fondos del PNV -entidad privada-, del Gobierno vasco o del Estado. Patrimonio advertía también que el partido que preside Aitor Esteban pretendía «decantar la dependencia funcional de estas personas a través de diversas declaraciones de algunos de los parientes de los protagonistas y de otros testigos». Y añadía a continuación que «además de tratarse de testimonios indirectos» frecuentemente se referían a «hechos que a su vez no fueron realizados o presenciados por las personas sobre las que se realiza la declaración». Para rematar, explicaba que la prueba presentada por el PNV para demostrar con qué fondos se había comprado el inmueble tampoco permitía «acreditar inequívocamente» que se hubieran destinado al palacete «y no a otros fines». El informe de la Dirección General del Patrimonio del Estado concuerda, además, con el resultado del expediente promovido por el PNV para este inmueble en abril del año 2000, y que fue desestimado por el Consejo de Ministros en enero de 2001. El Partido Nacionalista Vasco no lo aceptó y recurrió ante el Tribunal Supremo, que tampoco le dio la razón. Veintitrés años después el Gobierno de Pedro Sánchez enmendó la decisión de la Justicia, y la suya propia de mayo de 2024, en un momento de debilidad parlamentaria. El Consejo de Ministros cedió la titularidad de la sede del Instituto Cervantes en París al PNV en diciembre de 2024, pese a haber archivado esa petición en mayo del mismo año porque los jeltzales no habían acreditado que las sociedades que adquirieron el inmueble en 1937 actuaran por cuenta del partido. «Teniendo en cuenta los elementos aportados al expediente resulta, por tanto, materialmente imposible concluir que concurren los elementos necesarios para la adopción de una resolución», recoge la propuesta de la Dirección General del Patrimonio del Estado aprobada el 14 de mayo por el Consejo de Ministros, y a la que ha tenido acceso ABC. La encargada de elevarla fue la entonces vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de quien dependía Patrimonio del Estado, y el informe respondía a una solicitud oficial de restitución cursada por el PNV el 27 de enero de 2023.Noticia relacionada general No No Sánchez cierra 407 millones extra para el País Vasco en ayudas a la dependencia al margen de lo aprobado en el Congreso Gerard BonoEl informe de Patrimonio señala que las diligencias de instrucción habían «puesto de manifiesto la insuficiencia de la prueba inicialmente aportada» por el PNV , y que se había remitido requerimiento de documentación adicional al partido que preside Aitor Esteban sin haber obtenido respuesta. «Se considera que concurre la causa de finalización del expediente consistente en la imposibilidad material sobrevenida de continuar su tramitación», concluía ese órgano.Comunicación del acuerdo del Consejo de Ministros al PNV. ABCEste periódico ha tenido acceso al expediente de restitución, en el que no consta que el PNV aportara pruebas posteriores al archivo que permitieran acreditar la relación fiduciaria exigida por la ley. Lo que sí figura es un informe del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, fechado un 7 de septiembre sin indicar de qué año, que valida la versión del Partido Vasco y concluye que los fondos que sirvieron para comprar el edificio «fueron recaudados en 1936 y gestionados por parte» de esta formación. Sin embargo, el informe de la Dirección General del Patrimonio del Estado advierte de «la ambivalente condición (como miembros o simpatizantes del EAJ-PNV, y como agentes del Gobierno Vasco) de los principales actores que intervinieron en la adquisición y posterior gestión del inmueble». El Gobierno no ha querido contestar a las preguntas de este periódico sobre cómo se produjo el cambio de criterio y por qué se decidió sacar este traspaso de la vía administrativa y técnica -la Dirección General de Patrimonio del Estado-, y resolverlo por la política -un real decreto-ley ómnibus y urgente-. Conclusión del informe elaborado por la Dirección General del Patrimonio del Estado. ABCLa Ley de Memoria Democrática dispone la devolución de los bienes incautados en el extranjero a los partidos políticos cuando se acredite que su titular estuvo vinculado al partido político solicitante «con carácter fiduciario o bajo cualquier forma de cobertura jurídica». El informe de Patrimonio concluyó que no se daban esas condiciones pero el decreto-ley justificó el traspaso «de conformidad con los principios inspiradores de la legislación sobre Memoria Democrática» y «en atención a la vinculación histórica del edificio» con el Partido Vasco. Además, tras el callejón sin salida al que Patrimonio había llevado la petición del PNV, el Gobierno decidió retirarle la función de instruir estos procedimientos y encargársela al departamento que sea competente en estas políticas. En esta legislatura, la competencia corresponde a la secretaría de Estado de Fernando Martínez, dependiente del Ministerio de Política Territorial, de Ángel Víctor Torres.El Gobierno apartó a Patrimonio de los expedientes de restitución después de que propusiera archivar la petición del PNV por falta de pruebasEl Ejecutivo utilizó el mismo decreto-ley para realizar este cambio reformando así y por la puerta de atrás la Ley de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes que aprobó José María Aznar en 1998. La cesión del palacete reportó al Gobierno el apoyo del PNV al decreto-ley ómnibus, aunque Junts lo tumbó y quedó derogado en enero de 2025. El Consejo de Ministros aprobó entonces un segundo decreto-ley que modificó algunas cuestiones, manteniendo el traspaso del palacete, y éste fue convalidado en febrero de ese año. El palacete ya se encuentra inscrito a nombre del Partido Nacionalista Vasco, dado que la propia disposición constituía «el título traslativo del inmueble en virtud del cual se podrá hacer constar la transferencia en cualesquiera registros públicos». Noticia relacionada No No El PNV pidió al Gobierno que ocultara los informes previos en contra de ceder el palacete Ana SánchezEl decreto-ley argumenta que la instrucción de estas solicitudes «requiere un conocimiento y un análisis específico del contexto histórico en el que se produjeron las incautaciones». En su preámbulo, califica como «necesario» que la tramitación de estos expedientes cambie de manos para «subsanar así las disfuncionalidades derivadas de una atribución competencial (…) que ha quedado claramente obsoleta». Duras conclusionesEl informe de la Dirección General del Patrimonio del Estado consta de siete páginas en las que repasa detalladamente los antecedentes del caso, y los fundamentos de derecho que le llevan a concluir que el PNV no había acreditado que los fondos que sirvieron para comprar el palacete fueran suyos. «Los propios documentos aportados por el solicitante y las comprobaciones realizadas durante la instrucción evidencian que todos los participantes en los hechos, al margen de su relación con el EAJ-PNV, desempeñaron también cargos en el Gobierno Provisional Vasco o prestaron servicios a éste o a la IIª República». Esta conclusión arrojaba, por tanto, la duda de si el inmueble fue sufragado con fondos del PNV -entidad privada-, del Gobierno vasco o del Estado. Patrimonio advertía también que el partido que preside Aitor Esteban pretendía «decantar la dependencia funcional de estas personas a través de diversas declaraciones de algunos de los parientes de los protagonistas y de otros testigos». Y añadía a continuación que «además de tratarse de testimonios indirectos» frecuentemente se referían a «hechos que a su vez no fueron realizados o presenciados por las personas sobre las que se realiza la declaración». Para rematar, explicaba que la prueba presentada por el PNV para demostrar con qué fondos se había comprado el inmueble tampoco permitía «acreditar inequívocamente» que se hubieran destinado al palacete «y no a otros fines». El informe de la Dirección General del Patrimonio del Estado concuerda, además, con el resultado del expediente promovido por el PNV para este inmueble en abril del año 2000, y que fue desestimado por el Consejo de Ministros en enero de 2001. El Partido Nacionalista Vasco no lo aceptó y recurrió ante el Tribunal Supremo, que tampoco le dio la razón. Veintitrés años después el Gobierno de Pedro Sánchez enmendó la decisión de la Justicia, y la suya propia de mayo de 2024, en un momento de debilidad parlamentaria. El Consejo de Ministros cedió la titularidad de la sede del Instituto Cervantes en París al PNV en diciembre de 2024, pese a haber archivado esa petición en mayo del mismo año porque los jeltzales no habían acreditado que las sociedades que adquirieron el inmueble en 1937 actuaran por cuenta del partido. «Teniendo en cuenta los elementos aportados al expediente resulta, por tanto, materialmente imposible concluir que concurren los elementos necesarios para la adopción de una resolución», recoge la propuesta de la Dirección General del Patrimonio del Estado aprobada el 14 de mayo por el Consejo de Ministros, y a la que ha tenido acceso ABC. La encargada de elevarla fue la entonces vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de quien dependía Patrimonio del Estado, y el informe respondía a una solicitud oficial de restitución cursada por el PNV el 27 de enero de 2023.Noticia relacionada general No No Sánchez cierra 407 millones extra para el País Vasco en ayudas a la dependencia al margen de lo aprobado en el Congreso Gerard BonoEl informe de Patrimonio señala que las diligencias de instrucción habían «puesto de manifiesto la insuficiencia de la prueba inicialmente aportada» por el PNV , y que se había remitido requerimiento de documentación adicional al partido que preside Aitor Esteban sin haber obtenido respuesta. «Se considera que concurre la causa de finalización del expediente consistente en la imposibilidad material sobrevenida de continuar su tramitación», concluía ese órgano.Comunicación del acuerdo del Consejo de Ministros al PNV. ABCEste periódico ha tenido acceso al expediente de restitución, en el que no consta que el PNV aportara pruebas posteriores al archivo que permitieran acreditar la relación fiduciaria exigida por la ley. Lo que sí figura es un informe del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, fechado un 7 de septiembre sin indicar de qué año, que valida la versión del Partido Vasco y concluye que los fondos que sirvieron para comprar el edificio «fueron recaudados en 1936 y gestionados por parte» de esta formación. Sin embargo, el informe de la Dirección General del Patrimonio del Estado advierte de «la ambivalente condición (como miembros o simpatizantes del EAJ-PNV, y como agentes del Gobierno Vasco) de los principales actores que intervinieron en la adquisición y posterior gestión del inmueble». El Gobierno no ha querido contestar a las preguntas de este periódico sobre cómo se produjo el cambio de criterio y por qué se decidió sacar este traspaso de la vía administrativa y técnica -la Dirección General de Patrimonio del Estado-, y resolverlo por la política -un real decreto-ley ómnibus y urgente-. Conclusión del informe elaborado por la Dirección General del Patrimonio del Estado. ABCLa Ley de Memoria Democrática dispone la devolución de los bienes incautados en el extranjero a los partidos políticos cuando se acredite que su titular estuvo vinculado al partido político solicitante «con carácter fiduciario o bajo cualquier forma de cobertura jurídica». El informe de Patrimonio concluyó que no se daban esas condiciones pero el decreto-ley justificó el traspaso «de conformidad con los principios inspiradores de la legislación sobre Memoria Democrática» y «en atención a la vinculación histórica del edificio» con el Partido Vasco. Además, tras el callejón sin salida al que Patrimonio había llevado la petición del PNV, el Gobierno decidió retirarle la función de instruir estos procedimientos y encargársela al departamento que sea competente en estas políticas. En esta legislatura, la competencia corresponde a la secretaría de Estado de Fernando Martínez, dependiente del Ministerio de Política Territorial, de Ángel Víctor Torres.El Gobierno apartó a Patrimonio de los expedientes de restitución después de que propusiera archivar la petición del PNV por falta de pruebasEl Ejecutivo utilizó el mismo decreto-ley para realizar este cambio reformando así y por la puerta de atrás la Ley de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes que aprobó José María Aznar en 1998. La cesión del palacete reportó al Gobierno el apoyo del PNV al decreto-ley ómnibus, aunque Junts lo tumbó y quedó derogado en enero de 2025. El Consejo de Ministros aprobó entonces un segundo decreto-ley que modificó algunas cuestiones, manteniendo el traspaso del palacete, y éste fue convalidado en febrero de ese año. El palacete ya se encuentra inscrito a nombre del Partido Nacionalista Vasco, dado que la propia disposición constituía «el título traslativo del inmueble en virtud del cual se podrá hacer constar la transferencia en cualesquiera registros públicos». Noticia relacionada No No El PNV pidió al Gobierno que ocultara los informes previos en contra de ceder el palacete Ana SánchezEl decreto-ley argumenta que la instrucción de estas solicitudes «requiere un conocimiento y un análisis específico del contexto histórico en el que se produjeron las incautaciones». En su preámbulo, califica como «necesario» que la tramitación de estos expedientes cambie de manos para «subsanar así las disfuncionalidades derivadas de una atribución competencial (…) que ha quedado claramente obsoleta». Duras conclusionesEl informe de la Dirección General del Patrimonio del Estado consta de siete páginas en las que repasa detalladamente los antecedentes del caso, y los fundamentos de derecho que le llevan a concluir que el PNV no había acreditado que los fondos que sirvieron para comprar el palacete fueran suyos. «Los propios documentos aportados por el solicitante y las comprobaciones realizadas durante la instrucción evidencian que todos los participantes en los hechos, al margen de su relación con el EAJ-PNV, desempeñaron también cargos en el Gobierno Provisional Vasco o prestaron servicios a éste o a la IIª República». Esta conclusión arrojaba, por tanto, la duda de si el inmueble fue sufragado con fondos del PNV -entidad privada-, del Gobierno vasco o del Estado. Patrimonio advertía también que el partido que preside Aitor Esteban pretendía «decantar la dependencia funcional de estas personas a través de diversas declaraciones de algunos de los parientes de los protagonistas y de otros testigos». Y añadía a continuación que «además de tratarse de testimonios indirectos» frecuentemente se referían a «hechos que a su vez no fueron realizados o presenciados por las personas sobre las que se realiza la declaración». Para rematar, explicaba que la prueba presentada por el PNV para demostrar con qué fondos se había comprado el inmueble tampoco permitía «acreditar inequívocamente» que se hubieran destinado al palacete «y no a otros fines». El informe de la Dirección General del Patrimonio del Estado concuerda, además, con el resultado del expediente promovido por el PNV para este inmueble en abril del año 2000, y que fue desestimado por el Consejo de Ministros en enero de 2001. El Partido Nacionalista Vasco no lo aceptó y recurrió ante el Tribunal Supremo, que tampoco le dio la razón. Veintitrés años después el Gobierno de Pedro Sánchez enmendó la decisión de la Justicia, y la suya propia de mayo de 2024, en un momento de debilidad parlamentaria. RSS de noticias de espana
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