El Gobierno volverá a intervenir para tratar de contener el impacto económico de la guerra de Irán ante la imparable escalada de los precios. La urgencia tiene fecha. El 30 de septiembre vence buena parte de las medidas prorrogadas en junio para amortiguar el encarecimiento de la energía, los carburantes y otras materias primas. Pero el conflicto continúa y, con él, un recibo –sobre todo energético– que cada vez pesa más sobre empresas y consumidores.De cara a aprobar este martes un nuevo decreto antiguerra, el Ejecutivo ha escuchado a sindicatos, patronales y representantes de los sectores más expuestos al cierre del estrecho de Ormuz. Agricultura, pesca, transporte, industria y energía han trasladado sus demandas con un mensaje común: «Las ayudas no pueden decaer; incluso tienen que aumentar». La guerra ya no se mide solo en la cotización del petróleo o del gas en los mercados internacionales. Se nota al repostar, en la factura de una fábrica, en el coste de sacar un barco a faenar o de poner un tractor en marcha. Y, desde ahí, empieza a trasladarse al resto de la economía, también a la cesta de la compra.El combustible resume buena parte del problema. A finales de febrero un litro de gasolina 95 costaba de media 1,48 euros; el 24 de septiembre rozaba ya los 1,92. El diésel había pasado de 1,44 a 1,93 euros y el gasóleo agrícola, clave para el campo, de 1,13 a 1,72. El salto supera el 50% en este último caso. A esta incremento se ha sumado además otro riesgo: que EE UU pueda limitar las exportaciones para abaratar el gasóleo dentro sus fronteras. Este país suministra casi el 20% del comercio mundial de diésel por mar, lo que, sumado a la escasez de este carburante en el mercado internacional por la contienda, podría derivar según los expertos en precios aún más altos. Inspiración en otras crisisPara las industrias más afectadas, el golpe es asimétrico. Cuanto mayor es la dependencia de la energía, menor es el margen para absorberlo y algunos sectores han puesto números a esa presión así como propuestas encima de la mesa. Solo la siderurgia calcula un sobrecoste de 658 millones de euros hasta diciembre (403 millones por la electricidad y 255 millones por el gas). La gravedad de la situación, con casi siete de cada diez euros de este sobrecoste concentrados en el último cuatrimestre, ya está forzando a algunas plantas a reducir o paralizar su producción en las horas de mayor precio eléctrico. Tanto la patronal Unesid como la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) coinciden en la receta: exigen medidas estructurales, adaptar la normativa europea para recibir ayudas de emergencia y, sobre todo, aplicar fórmulas similares a la «excepción ibérica» para desvincular el precio del gas de la factura de la luz.En paralelo, la crisis de los carburantes amenaza con paralizar la cadena de suministro primario y logístico. En el mar, la patronal pesquera Cepesca alerta de que el litro de gasóleo a 1,4 euros está empujando a los barcos a quedarse amarrados en puerto para no faenar a pérdidas. En el campo, la situación coincide con picos de trabajo crítico, como la vendimia y las campañas de aceituna y cereales, y las organizaciones agrarias advierten de que hasta un 40% de los cultivos podría quedarse sin sembrar.Ambos sectores exigen ir más allá de los parches temporales. Los armadores piden doblar la ayuda al gasóleo (de 20 a 40 céntimos) de forma directa en el surtidor así como aplicar exenciones en la Seguridad Social. Por su parte, las organizaciones agrarias reclaman compensar hasta el 70% del encarecimiento del combustible (el máximo que permite la UE) y consolidar un gasóleo profesional definitivo.La asfixia por los altos precios también se está trasladando a la distribución. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) vaticina repuntes inminentes de hasta 24 céntimos en el gasóleo si no se recupera el IVA reducido del 10% y se rebaja el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH). Un encarecimiento que golpea de lleno a los transportistas, quienes denuncian que las ayudas directas a menudo son anuladas por los propios cargadores al exigir rebajas proporcionales en las tarifas. Por ello, urgen a dotar al Observatorio de Costes de capacidad sancionadora para impedir los servicios a pérdidas.El último eslabón de la cadena son las familias y el tejido de los pequeños negocios. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) cifra en 148 euros mensuales el sobrecoste extra que ya asumen profesiones intensivas en transporte o electricidad, desde repartidores hasta hosteleros. Para blindar el poder adquisitivo frente a esta escalada, los sindicatos CC OO y UGT reclaman reactivar el escudo social. Sus demandas incluyen un cheque de 300 euros para rentas bajas, subidas salariales de hasta el 7% y un marcaje estricto de la CNMC sobre los márgenes de beneficio del refino.Este último punto entronca directamente con parte de las medidas que el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, esbozó el miércoles en el Congreso. El ministro de Economía recordó que España lidera, junto a otros cinco países, la presión sobre Bruselas para gravar los beneficios extraordinarios que las petroleras están obteniendo por el conflicto. Por ahora, la Comisión Europea prefiere dejar la iniciativa en manos de cada país, recordando que los Estados miembros tienen plena libertad para aplicar gravámenes nacionales a las energéticas y ofreciendo la asistencia del Ejecutivo comunitario a quienes decidan dar ese paso.El mapa de ayudas muestra un abismo inminente el 30 de septiembre, fecha en la que decae el bloque principal de incentivos al transporte y a la producción. Ese día finalizan la rebaja fiscal sobre los hidrocarburos, los 20 céntimos por litro extraordinarios para el gasóleo profesional y la cobertura de hasta el 70% del sobrecoste en el combustible agrario y pesquero. A este apagón en los carburantes se suma la caducidad de las ayudas directas a transportistas sin acceso a gasóleo profesional y el fin de las restricciones específicas al despido, lo que dejará desprotegidas a miles de pymes salvo que el cónclave ministerial apruebe una prórroga de urgencia.Por el contrario, el escudo social enfocado en los consumidores vulnerables mantendrá sus garantías hasta el 31 de diciembre. Hasta final de año continúan plenamente vigentes las rebajas del bono social eléctrico (con descuentos de entre el 42,5% y el 57,5%), la prohibición de cortar el suministro de agua y energía a hogares vulnerables y el esquema del bono social térmico. Del mismo modo, el Ejecutivo mantendrá activo durante todo el cuarto trimestre la salvaguarda laboral que impide a las empresas alegar el encarecimiento de los costes energéticos para ejecutar despidos objetivos.Menos margen de maniobraResponder a esta lista de demandas es ahora una dificultad añadida y el Ejecutivo tiene que desplegar este nuevo decreto con mucho menos margen de maniobra que en crisis como la pandemia o la espiral inflacionista de 2022. Sin Presupuestos Generales en vigor que incorporen nuevas prioridades de gasto y con el grueso de los fondos europeos ya comprometido, el Gobierno afronta el difícil equilibrio entre no dejar caer el escudo y no convertirlo en una factura que las cuentas públicas ya tienen cada vez más dificultades para asumir. Todo esto, además, sin perder de vista los compromisos fiscales asumidos con Bruselas.Tras el primer paquete aprobado en marzo por valor de unos 5.000 millones de euros y el de junio –que se redujo hasta unos 1.800 millones tras eliminar la rebaja generalizada del IVA sobre carburantes, gas y electricidad–, Bruselas ha reclamado que las ayudas sean más selectivas, temporales y dirigidas a los colectivos más expuestos, en lugar de recurrir a rebajas fiscales generalizadas. «Desde el punto de vista presupuestario, las ayudas focalizadas son mucho menos costosas que las generalizadas y evitan subvencionar el consumo de quienes no necesitan ese apoyo», explica Albert Guivernau, economista, profesor universitario y director de la Fundación Civismo.Aunque el repunte extraordinario de la recaudación, en cifras récord –en parte por la propia inflación–, ofrece cierta holgura a corto plazo, los expertos piden cautela a la hora de comprometer gasto estructural. «El riesgo aparece cuando una medida excepcional se convierte en permanente sin una fuente estable de financiación», advierte Guivernau, quien defiende revisar programas de gasto ineficiente antes de contemplar nuevas figuras impositivas.Para evitar que estos alivios distorsionen las cuentas públicas a largo plazo, la recomendación de los expertos pasa por diseñar los decretos con fecha de caducidad previa y vinculada a indicadores objetivos, como la evolución de la cotización energética. Si bien una retirada gradual de las subvenciones permite suavizar el impacto en los precios finales y facilitar la adaptación de hogares y empresas, la ortodoxia económica -mantener la inflación controlada, la sostenibilidad de las cuentas públicas y de la deuda- insiste en fijar un calendario de salida estricto que impida que el coste presupuestario se prolongue indefinidamente. El Gobierno volverá a intervenir para tratar de contener el impacto económico de la guerra de Irán ante la imparable escalada de los precios. La urgencia tiene fecha. El 30 de septiembre vence buena parte de las medidas prorrogadas en junio para amortiguar el encarecimiento de la energía, los carburantes y otras materias primas. Pero el conflicto continúa y, con él, un recibo –sobre todo energético– que cada vez pesa más sobre empresas y consumidores.De cara a aprobar este martes un nuevo decreto antiguerra, el Ejecutivo ha escuchado a sindicatos, patronales y representantes de los sectores más expuestos al cierre del estrecho de Ormuz. Agricultura, pesca, transporte, industria y energía han trasladado sus demandas con un mensaje común: «Las ayudas no pueden decaer; incluso tienen que aumentar». La guerra ya no se mide solo en la cotización del petróleo o del gas en los mercados internacionales. Se nota al repostar, en la factura de una fábrica, en el coste de sacar un barco a faenar o de poner un tractor en marcha. Y, desde ahí, empieza a trasladarse al resto de la economía, también a la cesta de la compra.El combustible resume buena parte del problema. A finales de febrero un litro de gasolina 95 costaba de media 1,48 euros; el 24 de septiembre rozaba ya los 1,92. El diésel había pasado de 1,44 a 1,93 euros y el gasóleo agrícola, clave para el campo, de 1,13 a 1,72. El salto supera el 50% en este último caso. A esta incremento se ha sumado además otro riesgo: que EE UU pueda limitar las exportaciones para abaratar el gasóleo dentro sus fronteras. Este país suministra casi el 20% del comercio mundial de diésel por mar, lo que, sumado a la escasez de este carburante en el mercado internacional por la contienda, podría derivar según los expertos en precios aún más altos. Inspiración en otras crisisPara las industrias más afectadas, el golpe es asimétrico. Cuanto mayor es la dependencia de la energía, menor es el margen para absorberlo y algunos sectores han puesto números a esa presión así como propuestas encima de la mesa. Solo la siderurgia calcula un sobrecoste de 658 millones de euros hasta diciembre (403 millones por la electricidad y 255 millones por el gas). La gravedad de la situación, con casi siete de cada diez euros de este sobrecoste concentrados en el último cuatrimestre, ya está forzando a algunas plantas a reducir o paralizar su producción en las horas de mayor precio eléctrico. Tanto la patronal Unesid como la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) coinciden en la receta: exigen medidas estructurales, adaptar la normativa europea para recibir ayudas de emergencia y, sobre todo, aplicar fórmulas similares a la «excepción ibérica» para desvincular el precio del gas de la factura de la luz.En paralelo, la crisis de los carburantes amenaza con paralizar la cadena de suministro primario y logístico. En el mar, la patronal pesquera Cepesca alerta de que el litro de gasóleo a 1,4 euros está empujando a los barcos a quedarse amarrados en puerto para no faenar a pérdidas. En el campo, la situación coincide con picos de trabajo crítico, como la vendimia y las campañas de aceituna y cereales, y las organizaciones agrarias advierten de que hasta un 40% de los cultivos podría quedarse sin sembrar.Ambos sectores exigen ir más allá de los parches temporales. Los armadores piden doblar la ayuda al gasóleo (de 20 a 40 céntimos) de forma directa en el surtidor así como aplicar exenciones en la Seguridad Social. Por su parte, las organizaciones agrarias reclaman compensar hasta el 70% del encarecimiento del combustible (el máximo que permite la UE) y consolidar un gasóleo profesional definitivo.La asfixia por los altos precios también se está trasladando a la distribución. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) vaticina repuntes inminentes de hasta 24 céntimos en el gasóleo si no se recupera el IVA reducido del 10% y se rebaja el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH). Un encarecimiento que golpea de lleno a los transportistas, quienes denuncian que las ayudas directas a menudo son anuladas por los propios cargadores al exigir rebajas proporcionales en las tarifas. Por ello, urgen a dotar al Observatorio de Costes de capacidad sancionadora para impedir los servicios a pérdidas.El último eslabón de la cadena son las familias y el tejido de los pequeños negocios. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) cifra en 148 euros mensuales el sobrecoste extra que ya asumen profesiones intensivas en transporte o electricidad, desde repartidores hasta hosteleros. Para blindar el poder adquisitivo frente a esta escalada, los sindicatos CC OO y UGT reclaman reactivar el escudo social. Sus demandas incluyen un cheque de 300 euros para rentas bajas, subidas salariales de hasta el 7% y un marcaje estricto de la CNMC sobre los márgenes de beneficio del refino.Este último punto entronca directamente con parte de las medidas que el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, esbozó el miércoles en el Congreso. El ministro de Economía recordó que España lidera, junto a otros cinco países, la presión sobre Bruselas para gravar los beneficios extraordinarios que las petroleras están obteniendo por el conflicto. Por ahora, la Comisión Europea prefiere dejar la iniciativa en manos de cada país, recordando que los Estados miembros tienen plena libertad para aplicar gravámenes nacionales a las energéticas y ofreciendo la asistencia del Ejecutivo comunitario a quienes decidan dar ese paso.El mapa de ayudas muestra un abismo inminente el 30 de septiembre, fecha en la que decae el bloque principal de incentivos al transporte y a la producción. Ese día finalizan la rebaja fiscal sobre los hidrocarburos, los 20 céntimos por litro extraordinarios para el gasóleo profesional y la cobertura de hasta el 70% del sobrecoste en el combustible agrario y pesquero. A este apagón en los carburantes se suma la caducidad de las ayudas directas a transportistas sin acceso a gasóleo profesional y el fin de las restricciones específicas al despido, lo que dejará desprotegidas a miles de pymes salvo que el cónclave ministerial apruebe una prórroga de urgencia.Por el contrario, el escudo social enfocado en los consumidores vulnerables mantendrá sus garantías hasta el 31 de diciembre. Hasta final de año continúan plenamente vigentes las rebajas del bono social eléctrico (con descuentos de entre el 42,5% y el 57,5%), la prohibición de cortar el suministro de agua y energía a hogares vulnerables y el esquema del bono social térmico. Del mismo modo, el Ejecutivo mantendrá activo durante todo el cuarto trimestre la salvaguarda laboral que impide a las empresas alegar el encarecimiento de los costes energéticos para ejecutar despidos objetivos.Menos margen de maniobraResponder a esta lista de demandas es ahora una dificultad añadida y el Ejecutivo tiene que desplegar este nuevo decreto con mucho menos margen de maniobra que en crisis como la pandemia o la espiral inflacionista de 2022. Sin Presupuestos Generales en vigor que incorporen nuevas prioridades de gasto y con el grueso de los fondos europeos ya comprometido, el Gobierno afronta el difícil equilibrio entre no dejar caer el escudo y no convertirlo en una factura que las cuentas públicas ya tienen cada vez más dificultades para asumir. Todo esto, además, sin perder de vista los compromisos fiscales asumidos con Bruselas.Tras el primer paquete aprobado en marzo por valor de unos 5.000 millones de euros y el de junio –que se redujo hasta unos 1.800 millones tras eliminar la rebaja generalizada del IVA sobre carburantes, gas y electricidad–, Bruselas ha reclamado que las ayudas sean más selectivas, temporales y dirigidas a los colectivos más expuestos, en lugar de recurrir a rebajas fiscales generalizadas. «Desde el punto de vista presupuestario, las ayudas focalizadas son mucho menos costosas que las generalizadas y evitan subvencionar el consumo de quienes no necesitan ese apoyo», explica Albert Guivernau, economista, profesor universitario y director de la Fundación Civismo.Aunque el repunte extraordinario de la recaudación, en cifras récord –en parte por la propia inflación–, ofrece cierta holgura a corto plazo, los expertos piden cautela a la hora de comprometer gasto estructural. «El riesgo aparece cuando una medida excepcional se convierte en permanente sin una fuente estable de financiación», advierte Guivernau, quien defiende revisar programas de gasto ineficiente antes de contemplar nuevas figuras impositivas.Para evitar que estos alivios distorsionen las cuentas públicas a largo plazo, la recomendación de los expertos pasa por diseñar los decretos con fecha de caducidad previa y vinculada a indicadores objetivos, como la evolución de la cotización energética. Si bien una retirada gradual de las subvenciones permite suavizar el impacto en los precios finales y facilitar la adaptación de hogares y empresas, la ortodoxia económica -mantener la inflación controlada, la sostenibilidad de las cuentas públicas y de la deuda- insiste en fijar un calendario de salida estricto que impida que el coste presupuestario se prolongue indefinidamente. El Gobierno volverá a intervenir para tratar de contener el impacto económico de la guerra de Irán ante la imparable escalada de los precios. La urgencia tiene fecha. El 30 de septiembre vence buena parte de las medidas prorrogadas en junio para amortiguar el encarecimiento de la energía, los carburantes y otras materias primas. Pero el conflicto continúa y, con él, un recibo –sobre todo energético– que cada vez pesa más sobre empresas y consumidores.De cara a aprobar este martes un nuevo decreto antiguerra, el Ejecutivo ha escuchado a sindicatos, patronales y representantes de los sectores más expuestos al cierre del estrecho de Ormuz. Agricultura, pesca, transporte, industria y energía han trasladado sus demandas con un mensaje común: «Las ayudas no pueden decaer; incluso tienen que aumentar». La guerra ya no se mide solo en la cotización del petróleo o del gas en los mercados internacionales. Se nota al repostar, en la factura de una fábrica, en el coste de sacar un barco a faenar o de poner un tractor en marcha. Y, desde ahí, empieza a trasladarse al resto de la economía, también a la cesta de la compra.El combustible resume buena parte del problema. A finales de febrero un litro de gasolina 95 costaba de media 1,48 euros; el 24 de septiembre rozaba ya los 1,92. El diésel había pasado de 1,44 a 1,93 euros y el gasóleo agrícola, clave para el campo, de 1,13 a 1,72. El salto supera el 50% en este último caso. A esta incremento se ha sumado además otro riesgo: que EE UU pueda limitar las exportaciones para abaratar el gasóleo dentro sus fronteras. Este país suministra casi el 20% del comercio mundial de diésel por mar, lo que, sumado a la escasez de este carburante en el mercado internacional por la contienda, podría derivar según los expertos en precios aún más altos. Inspiración en otras crisisPara las industrias más afectadas, el golpe es asimétrico. Cuanto mayor es la dependencia de la energía, menor es el margen para absorberlo y algunos sectores han puesto números a esa presión así como propuestas encima de la mesa. Solo la siderurgia calcula un sobrecoste de 658 millones de euros hasta diciembre (403 millones por la electricidad y 255 millones por el gas). La gravedad de la situación, con casi siete de cada diez euros de este sobrecoste concentrados en el último cuatrimestre, ya está forzando a algunas plantas a reducir o paralizar su producción en las horas de mayor precio eléctrico. Tanto la patronal Unesid como la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) coinciden en la receta: exigen medidas estructurales, adaptar la normativa europea para recibir ayudas de emergencia y, sobre todo, aplicar fórmulas similares a la «excepción ibérica» para desvincular el precio del gas de la factura de la luz.En paralelo, la crisis de los carburantes amenaza con paralizar la cadena de suministro primario y logístico. En el mar, la patronal pesquera Cepesca alerta de que el litro de gasóleo a 1,4 euros está empujando a los barcos a quedarse amarrados en puerto para no faenar a pérdidas. En el campo, la situación coincide con picos de trabajo crítico, como la vendimia y las campañas de aceituna y cereales, y las organizaciones agrarias advierten de que hasta un 40% de los cultivos podría quedarse sin sembrar.Ambos sectores exigen ir más allá de los parches temporales. Los armadores piden doblar la ayuda al gasóleo (de 20 a 40 céntimos) de forma directa en el surtidor así como aplicar exenciones en la Seguridad Social. Por su parte, las organizaciones agrarias reclaman compensar hasta el 70% del encarecimiento del combustible (el máximo que permite la UE) y consolidar un gasóleo profesional definitivo.La asfixia por los altos precios también se está trasladando a la distribución. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) vaticina repuntes inminentes de hasta 24 céntimos en el gasóleo si no se recupera el IVA reducido del 10% y se rebaja el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH). Un encarecimiento que golpea de lleno a los transportistas, quienes denuncian que las ayudas directas a menudo son anuladas por los propios cargadores al exigir rebajas proporcionales en las tarifas. Por ello, urgen a dotar al Observatorio de Costes de capacidad sancionadora para impedir los servicios a pérdidas.El último eslabón de la cadena son las familias y el tejido de los pequeños negocios. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) cifra en 148 euros mensuales el sobrecoste extra que ya asumen profesiones intensivas en transporte o electricidad, desde repartidores hasta hosteleros. Para blindar el poder adquisitivo frente a esta escalada, los sindicatos CC OO y UGT reclaman reactivar el escudo social. Sus demandas incluyen un cheque de 300 euros para rentas bajas, subidas salariales de hasta el 7% y un marcaje estricto de la CNMC sobre los márgenes de beneficio del refino.Este último punto entronca directamente con parte de las medidas que el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, esbozó el miércoles en el Congreso. El ministro de Economía recordó que España lidera, junto a otros cinco países, la presión sobre Bruselas para gravar los beneficios extraordinarios que las petroleras están obteniendo por el conflicto. Por ahora, la Comisión Europea prefiere dejar la iniciativa en manos de cada país, recordando que los Estados miembros tienen plena libertad para aplicar gravámenes nacionales a las energéticas y ofreciendo la asistencia del Ejecutivo comunitario a quienes decidan dar ese paso.El mapa de ayudas muestra un abismo inminente el 30 de septiembre, fecha en la que decae el bloque principal de incentivos al transporte y a la producción. Ese día finalizan la rebaja fiscal sobre los hidrocarburos, los 20 céntimos por litro extraordinarios para el gasóleo profesional y la cobertura de hasta el 70% del sobrecoste en el combustible agrario y pesquero. A este apagón en los carburantes se suma la caducidad de las ayudas directas a transportistas sin acceso a gasóleo profesional y el fin de las restricciones específicas al despido, lo que dejará desprotegidas a miles de pymes salvo que el cónclave ministerial apruebe una prórroga de urgencia.Por el contrario, el escudo social enfocado en los consumidores vulnerables mantendrá sus garantías hasta el 31 de diciembre. Hasta final de año continúan plenamente vigentes las rebajas del bono social eléctrico (con descuentos de entre el 42,5% y el 57,5%), la prohibición de cortar el suministro de agua y energía a hogares vulnerables y el esquema del bono social térmico. Del mismo modo, el Ejecutivo mantendrá activo durante todo el cuarto trimestre la salvaguarda laboral que impide a las empresas alegar el encarecimiento de los costes energéticos para ejecutar despidos objetivos.Menos margen de maniobraResponder a esta lista de demandas es ahora una dificultad añadida y el Ejecutivo tiene que desplegar este nuevo decreto con mucho menos margen de maniobra que en crisis como la pandemia o la espiral inflacionista de 2022. Sin Presupuestos Generales en vigor que incorporen nuevas prioridades de gasto y con el grueso de los fondos europeos ya comprometido, el Gobierno afronta el difícil equilibrio entre no dejar caer el escudo y no convertirlo en una factura que las cuentas públicas ya tienen cada vez más dificultades para asumir. Todo esto, además, sin perder de vista los compromisos fiscales asumidos con Bruselas.Tras el primer paquete aprobado en marzo por valor de unos 5.000 millones de euros y el de junio –que se redujo hasta unos 1.800 millones tras eliminar la rebaja generalizada del IVA sobre carburantes, gas y electricidad–, Bruselas ha reclamado que las ayudas sean más selectivas, temporales y dirigidas a los colectivos más expuestos, en lugar de recurrir a rebajas fiscales generalizadas. «Desde el punto de vista presupuestario, las ayudas focalizadas son mucho menos costosas que las generalizadas y evitan subvencionar el consumo de quienes no necesitan ese apoyo», explica Albert Guivernau, economista, profesor universitario y director de la Fundación Civismo.Aunque el repunte extraordinario de la recaudación, en cifras récord –en parte por la propia inflación–, ofrece cierta holgura a corto plazo, los expertos piden cautela a la hora de comprometer gasto estructural. «El riesgo aparece cuando una medida excepcional se convierte en permanente sin una fuente estable de financiación», advierte Guivernau, quien defiende revisar programas de gasto ineficiente antes de contemplar nuevas figuras impositivas.Para evitar que estos alivios distorsionen las cuentas públicas a largo plazo, la recomendación de los expertos pasa por diseñar los decretos con fecha de caducidad previa y vinculada a indicadores objetivos, como la evolución de la cotización energética. Si bien una retirada gradual de las subvenciones permite suavizar el impacto en los precios finales y facilitar la adaptación de hogares y empresas, la ortodoxia económica -mantener la inflación controlada, la sostenibilidad de las cuentas públicas y de la deuda- insiste en fijar un calendario de salida estricto que impida que el coste presupuestario se prolongue indefinidamente. RSS de noticias de economia
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