El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que indaga la querella del PSOE por las contrataciones directas del Servicio Andaluz de Salud (SAS) recurriendo de manera supuestamente inadecuada al procedimiento excepcional de emergencia vinculado a la pandemia de coronavirus Covid-19; ha emitido una nueva providencia en la que solicita a Podemos que «justifique» su petición de personación en las diligencias como acusación popular, papel que ya ejerce el PSOE andaluz.En esta providencia emitida el pasado 9 de junio y difundida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) , el Juzgado número 13 da cuenta del «escrito presentados en nombre y representación» de Podemos y, «con carácter previo a resolver sobre su personación como acusación popular»; requiere a dicho partido que «presente querella justificando su personación, así como la necesidad de actuar con representación y defensa distinta de la que ya está actuando en la causa como acusación popular, por considerar, en su caso, que existe incompatibilidad de intereses y puntos de vista; ofreciendo, en tal caso, la prestación de fianza».A mediados de mayo, el Juzgado de Instrucción 3 de Cádiz confirmaba de su lado la personación del PSOE-A como acusación popular en las diligencias previas abiertas por dicha instancia por un supuesto delito de malversación en relación a contratos del SAS relacionados con dicha provincia, a cuenta de una denuncia de Podemos.En esta nueva providencia, el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla acuerda, merced a un escrito presentado por la Fiscalía el pasado 30 de mayo, « requerir a la Junta de Andalucía , a través de su Gabinete Jurídico, para que identifique en qué oficio fue ya adjuntada la documentación relativa al cambio operado en el anexo 1 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2020 relativo a los gastos correspondientes a expedientes de contratación tramitados por el procedimiento de emergencia del SAS, y en particular, remitan, de no haberlo efectuado en oficios anteriores, los informes a que fue sometida dicha variación, incluido, en su caso, el de la Intervención General de la Junta de Andalucía«.En una providencia anterior, el juzgado señalaba el expediente relativo al acuerdo adoptado sobre el asunto por el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía el 6 de octubre de 2020 y ordenaba «requerir a la Intervención General de la Junta a fin de que remita el expediente o en su caso, petición, propuesta, consulta o cualquier otro documento relacionado que dio lugar a la emisión de la memoria sobre el proyecto» de propuesta de acuerdo con el que «se sustituía el control previo de determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero permanente, y se actualizaba la relación de gastos, órganos y servicios sometidos a dicho régimen de control en virtud de acuerdos anteriores de fecha 29 de septiembre de 2020, firmado por la interventora general e incorporado al expediente 1065/20».También requería los «expedientes completos relacionados con el informe de disconformidad de la Intervención Central del SAS» de fecha 11 de agosto de 2020; así como la documentación correspondiente a «cualquier otro informe de disconformidad en expedientes de contratos seguidos por el trámite de emergencia en el periodo en el cual estaban sujetos a fiscalización previa» y diferentes resoluciones sobre el asunto emitidas por la Administración sanitaria entre 2021 y 2023.El Juzgado también ordenaba reiterar «con los oportunos apercibimientos legales, el oficio a la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que aporte todo informe, resolución o consulta elaborada en relación a la contratación por procedimiento de emergencia con vigencia en el periodo 2020-2023, así como las solicitudes de informes realizadas desde el ejercicio 2020 por cualquier consejería andaluza«.Igualmente, reiteraba del mismo modo y «con los oportunos apercibimientos legales, oficio a la Cámara de Cuentas de Andalucía para que, con relación a la documentación del informe de fiscalización de cumplimiento de los contratos tramitados por la administración de la Junta y sus entidades vinculadas para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, ejercicio 2020 aprobado por el pleno de la Cámara el pasado 26 de julio, aporte la relación de auditores que hayan participado» en la elaboración de dicho documento. En la causa figuran como investigados la gerente del SAS, Valle García ; y los ex directores de tal entidad de la Consejería de Salud Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas . El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que indaga la querella del PSOE por las contrataciones directas del Servicio Andaluz de Salud (SAS) recurriendo de manera supuestamente inadecuada al procedimiento excepcional de emergencia vinculado a la pandemia de coronavirus Covid-19; ha emitido una nueva providencia en la que solicita a Podemos que «justifique» su petición de personación en las diligencias como acusación popular, papel que ya ejerce el PSOE andaluz.En esta providencia emitida el pasado 9 de junio y difundida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) , el Juzgado número 13 da cuenta del «escrito presentados en nombre y representación» de Podemos y, «con carácter previo a resolver sobre su personación como acusación popular»; requiere a dicho partido que «presente querella justificando su personación, así como la necesidad de actuar con representación y defensa distinta de la que ya está actuando en la causa como acusación popular, por considerar, en su caso, que existe incompatibilidad de intereses y puntos de vista; ofreciendo, en tal caso, la prestación de fianza».A mediados de mayo, el Juzgado de Instrucción 3 de Cádiz confirmaba de su lado la personación del PSOE-A como acusación popular en las diligencias previas abiertas por dicha instancia por un supuesto delito de malversación en relación a contratos del SAS relacionados con dicha provincia, a cuenta de una denuncia de Podemos.En esta nueva providencia, el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla acuerda, merced a un escrito presentado por la Fiscalía el pasado 30 de mayo, « requerir a la Junta de Andalucía , a través de su Gabinete Jurídico, para que identifique en qué oficio fue ya adjuntada la documentación relativa al cambio operado en el anexo 1 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2020 relativo a los gastos correspondientes a expedientes de contratación tramitados por el procedimiento de emergencia del SAS, y en particular, remitan, de no haberlo efectuado en oficios anteriores, los informes a que fue sometida dicha variación, incluido, en su caso, el de la Intervención General de la Junta de Andalucía«.En una providencia anterior, el juzgado señalaba el expediente relativo al acuerdo adoptado sobre el asunto por el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía el 6 de octubre de 2020 y ordenaba «requerir a la Intervención General de la Junta a fin de que remita el expediente o en su caso, petición, propuesta, consulta o cualquier otro documento relacionado que dio lugar a la emisión de la memoria sobre el proyecto» de propuesta de acuerdo con el que «se sustituía el control previo de determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero permanente, y se actualizaba la relación de gastos, órganos y servicios sometidos a dicho régimen de control en virtud de acuerdos anteriores de fecha 29 de septiembre de 2020, firmado por la interventora general e incorporado al expediente 1065/20».También requería los «expedientes completos relacionados con el informe de disconformidad de la Intervención Central del SAS» de fecha 11 de agosto de 2020; así como la documentación correspondiente a «cualquier otro informe de disconformidad en expedientes de contratos seguidos por el trámite de emergencia en el periodo en el cual estaban sujetos a fiscalización previa» y diferentes resoluciones sobre el asunto emitidas por la Administración sanitaria entre 2021 y 2023.El Juzgado también ordenaba reiterar «con los oportunos apercibimientos legales, el oficio a la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que aporte todo informe, resolución o consulta elaborada en relación a la contratación por procedimiento de emergencia con vigencia en el periodo 2020-2023, así como las solicitudes de informes realizadas desde el ejercicio 2020 por cualquier consejería andaluza«.Igualmente, reiteraba del mismo modo y «con los oportunos apercibimientos legales, oficio a la Cámara de Cuentas de Andalucía para que, con relación a la documentación del informe de fiscalización de cumplimiento de los contratos tramitados por la administración de la Junta y sus entidades vinculadas para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, ejercicio 2020 aprobado por el pleno de la Cámara el pasado 26 de julio, aporte la relación de auditores que hayan participado» en la elaboración de dicho documento. En la causa figuran como investigados la gerente del SAS, Valle García ; y los ex directores de tal entidad de la Consejería de Salud Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas . El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que indaga la querella del PSOE por las contrataciones directas del Servicio Andaluz de Salud (SAS) recurriendo de manera supuestamente inadecuada al procedimiento excepcional de emergencia vinculado a la pandemia de coronavirus Covid-19; ha emitido una nueva providencia en la que solicita a Podemos que «justifique» su petición de personación en las diligencias como acusación popular, papel que ya ejerce el PSOE andaluz.En esta providencia emitida el pasado 9 de junio y difundida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) , el Juzgado número 13 da cuenta del «escrito presentados en nombre y representación» de Podemos y, «con carácter previo a resolver sobre su personación como acusación popular»; requiere a dicho partido que «presente querella justificando su personación, así como la necesidad de actuar con representación y defensa distinta de la que ya está actuando en la causa como acusación popular, por considerar, en su caso, que existe incompatibilidad de intereses y puntos de vista; ofreciendo, en tal caso, la prestación de fianza».A mediados de mayo, el Juzgado de Instrucción 3 de Cádiz confirmaba de su lado la personación del PSOE-A como acusación popular en las diligencias previas abiertas por dicha instancia por un supuesto delito de malversación en relación a contratos del SAS relacionados con dicha provincia, a cuenta de una denuncia de Podemos.En esta nueva providencia, el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla acuerda, merced a un escrito presentado por la Fiscalía el pasado 30 de mayo, « requerir a la Junta de Andalucía , a través de su Gabinete Jurídico, para que identifique en qué oficio fue ya adjuntada la documentación relativa al cambio operado en el anexo 1 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2020 relativo a los gastos correspondientes a expedientes de contratación tramitados por el procedimiento de emergencia del SAS, y en particular, remitan, de no haberlo efectuado en oficios anteriores, los informes a que fue sometida dicha variación, incluido, en su caso, el de la Intervención General de la Junta de Andalucía«.En una providencia anterior, el juzgado señalaba el expediente relativo al acuerdo adoptado sobre el asunto por el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía el 6 de octubre de 2020 y ordenaba «requerir a la Intervención General de la Junta a fin de que remita el expediente o en su caso, petición, propuesta, consulta o cualquier otro documento relacionado que dio lugar a la emisión de la memoria sobre el proyecto» de propuesta de acuerdo con el que «se sustituía el control previo de determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero permanente, y se actualizaba la relación de gastos, órganos y servicios sometidos a dicho régimen de control en virtud de acuerdos anteriores de fecha 29 de septiembre de 2020, firmado por la interventora general e incorporado al expediente 1065/20».También requería los «expedientes completos relacionados con el informe de disconformidad de la Intervención Central del SAS» de fecha 11 de agosto de 2020; así como la documentación correspondiente a «cualquier otro informe de disconformidad en expedientes de contratos seguidos por el trámite de emergencia en el periodo en el cual estaban sujetos a fiscalización previa» y diferentes resoluciones sobre el asunto emitidas por la Administración sanitaria entre 2021 y 2023.El Juzgado también ordenaba reiterar «con los oportunos apercibimientos legales, el oficio a la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que aporte todo informe, resolución o consulta elaborada en relación a la contratación por procedimiento de emergencia con vigencia en el periodo 2020-2023, así como las solicitudes de informes realizadas desde el ejercicio 2020 por cualquier consejería andaluza«.Igualmente, reiteraba del mismo modo y «con los oportunos apercibimientos legales, oficio a la Cámara de Cuentas de Andalucía para que, con relación a la documentación del informe de fiscalización de cumplimiento de los contratos tramitados por la administración de la Junta y sus entidades vinculadas para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, ejercicio 2020 aprobado por el pleno de la Cámara el pasado 26 de julio, aporte la relación de auditores que hayan participado» en la elaboración de dicho documento. En la causa figuran como investigados la gerente del SAS, Valle García ; y los ex directores de tal entidad de la Consejería de Salud Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas . RSS de noticias de espana/andalucia
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