La víspera de que Soria estallase en fiestas, la ciudad se despertaba con la Policía Judicial de la Guardia Civil registrando su Ayuntamiento, justo cuando se empezaba a engalanar para honrar a San Juan. Once horas de inspección, siete detenidos, entre ellos la concejala de Turismo y Medio Ambiente, Yolanda Santos, y una investigación abierta por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal. Santos, que pasó la noche detenida, ha sido puesta en libertad este miércoles con cargos, después de comparecer ante el juez durante toda la mañana. Además, deberá acudir a él cada quince días. Los otros seis detenidos ya estaban en libertad sin tener que pasar por el juzgado.Las investigaciones se centran en contrataciones realizadas por el consistorio soriano, en el que el actual secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, fue alcalde durante los últimos 19 años. De hecho, hace poco más de dos meses que dejó de ser alcalde para poder recoger el acta de procurador en las Cortes de Castilla y León tras las elecciones del pasado 15 de marzo. Así que todos sus rivales políticos le colocan como primer responsable de cuanto haya sucedido en el ayuntamiento, ahora en fase de investigación. Noticia relacionada general No No Mañueco exige que Martínez aclare si tuvo información «privilegiada» sobre la investigación en Soria Montse SerradorAsí lo cree la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Belén Izquierdo, quien reconoce que la entrada de la Benemérita «fue inesperada» y sorprendió «en la forma pero no en el fondo, porque era algo que podía ocurrir». Y es que según relataba a ABC, «nosotros ya habíamos denunciado públicamente determinadas prácticas». En este sentido, se refería a cómo «se abusa del contrato menor, se parten contratos para poder tener un procedimiento u otro; familiares y amigos los reciben…». «Las formas en una administración son sagradas; hay que dar ejemplo de legalidad y no siempre se hace», insistía, para referirse también a cómo «se ha abusado de determinados tipos de contratos, hay empresas que siempre se llevan algo y las adjudicaciones van a los mismos sitios». «El registro nos sorprendió en la forma, pero no en el fondo porque era algo que podía ocurrir» Belén Izquierdo Portavoz del PP en el Ayuntamiento de SoriaUna situación que lleva a concluir a la dirigente popular que el problema es que «20 años al frente del Ayuntamiento son muchos y uno (por Martínez) acaba por tener la sensación de que esta es mi casa y puedo hacer lo que quiera». «Estamos hablando de manejar los contratos municipales a su interés», añadía, aunque quería dejar claro que hay que respetar la presunción de inocencia y esperar a conocer el resultado de las investigaciones para ver hasta qué punto se ha vulnerado la legalidad.De momento, Belén Izquierdo explicaba que hay unos hechos objetivos que son que la empresa Biosfera Soria S. L., a la que podrían haber ido contratos municipales, estuvo participada por la concejala de Turismo y Medio Ambiente hasta que entró en el Ayuntamiento y vendió sus acciones. Sin embargo, «nosotros hemos hecho preguntas acerca de la empresa, de cuál era su situación y quiénes eran los socios pero la hoja registral está cerrada». «Es un indicio elocuente que una hoja del registro mercantil esté cerrada porque no depositan las cuentas y no se depositan porque o bien no están formuladas o bien no quieren dar información de quiénes son sus socios», señalaba.La política soriana apuntaba que una vez que concluyan las investigaciones, el PP decidirá si acude o no a los tribunales, «como ya hemos hecho dirigiéndonos en una ocasión al Contencioso-Administrativo». De momento, lo que exige es que Martínez dé explicaciones «como el secretario general del PSOE en Castilla y León que es ahora».«Chivatazo»Y por si la investigación y las siete detenciones no fuesen suficientes, a los socialistas de Castilla y León se les ha abierto otro frente. El registro del ayuntamiento pillaba a Martínez en Tánger, donde participaba en un foro de ciudades intermedias, encuentros a los que solía acudir cuando era alcalde. Desde allí aseguraba a ‘El País’ que estaba «tranquilo» y que el lunes había tenido conocimiento de que se iba a producir el registro, día que posteriormente se cambió en el citado medio por el martes y que él mismo, al filo de las diez de la noche, matizó aún más al señalar que la noticia de la entrada de la Guardia Civil en el consistorio fue comunicada por el propio Ayuntamiento esa misma mañana. Distintas versiones que, en definitiva, llevaban este miércoles a Vox y al PP a denunciar la existencia de un «chivatazo», ya que se habría avisado al secretario autonómico del PSOE del registro en el consistorio antes de que se produjera. El propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pedía que se investigue si el líder socialista tuvo «información privilegiada».Los de Abascal iban más allá y presentaban una querella en el juzgado de Soria para que se investigue un posible delito «de revelación de secretos» y piden que se analice la «participación» de Carlos Martínez. Y es que, según Vox Castilla y León, fueron las declaraciones del propio Martínez a un medio de comunicación manifestando que «supo con antelación que la Guardia Civil acudiría al Ayuntamiento de Soria a practicar un registro y qué delito estaban investigando», lo que les ha llevado a presentar «una querella criminal ante los Juzgados de Soria para que investiguen el origen de la posible filtración».Los hechos «son constitutivos, con carácter principal, de un delito de revelación de secretos e informaciones por autoridad o funcionario público», por lo que pide que se investigue «el origen de la filtración y la participación en los hechos denunciados de Carlos Martínez».Según indican, el conocimiento por anticipado de un registro es «una de las informaciones más sensibles de cuantas integran una investigación criminal», ya que una «filtración tan grave pone en peligro» la indagación, «al permitir la destrucción de pruebas y hacer completamente inútil la práctica de una diligencia de investigación especialmente sensible».En el escrito, Vox solicita la declaración, «en la calidad procesal que resulte procedente», del líder del PSOE de Castilla y León para que precise «la identidad de la persona que le advirtió, el contenido y la vía de la comunicación recibida y la fecha en que se produjo». Además, reclama que se esclarezca qué personas de los diferentes cuerpos policiales, Ministerio del Interior y Delegación y subdelegación del Gobierno conocían los detalles de la operación. Una vez «identificados», exige que también se les llame a declarar. La víspera de que Soria estallase en fiestas, la ciudad se despertaba con la Policía Judicial de la Guardia Civil registrando su Ayuntamiento, justo cuando se empezaba a engalanar para honrar a San Juan. Once horas de inspección, siete detenidos, entre ellos la concejala de Turismo y Medio Ambiente, Yolanda Santos, y una investigación abierta por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal. Santos, que pasó la noche detenida, ha sido puesta en libertad este miércoles con cargos, después de comparecer ante el juez durante toda la mañana. Además, deberá acudir a él cada quince días. Los otros seis detenidos ya estaban en libertad sin tener que pasar por el juzgado.Las investigaciones se centran en contrataciones realizadas por el consistorio soriano, en el que el actual secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, fue alcalde durante los últimos 19 años. De hecho, hace poco más de dos meses que dejó de ser alcalde para poder recoger el acta de procurador en las Cortes de Castilla y León tras las elecciones del pasado 15 de marzo. Así que todos sus rivales políticos le colocan como primer responsable de cuanto haya sucedido en el ayuntamiento, ahora en fase de investigación. Noticia relacionada general No No Mañueco exige que Martínez aclare si tuvo información «privilegiada» sobre la investigación en Soria Montse SerradorAsí lo cree la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Belén Izquierdo, quien reconoce que la entrada de la Benemérita «fue inesperada» y sorprendió «en la forma pero no en el fondo, porque era algo que podía ocurrir». Y es que según relataba a ABC, «nosotros ya habíamos denunciado públicamente determinadas prácticas». En este sentido, se refería a cómo «se abusa del contrato menor, se parten contratos para poder tener un procedimiento u otro; familiares y amigos los reciben…». «Las formas en una administración son sagradas; hay que dar ejemplo de legalidad y no siempre se hace», insistía, para referirse también a cómo «se ha abusado de determinados tipos de contratos, hay empresas que siempre se llevan algo y las adjudicaciones van a los mismos sitios». «El registro nos sorprendió en la forma, pero no en el fondo porque era algo que podía ocurrir» Belén Izquierdo Portavoz del PP en el Ayuntamiento de SoriaUna situación que lleva a concluir a la dirigente popular que el problema es que «20 años al frente del Ayuntamiento son muchos y uno (por Martínez) acaba por tener la sensación de que esta es mi casa y puedo hacer lo que quiera». «Estamos hablando de manejar los contratos municipales a su interés», añadía, aunque quería dejar claro que hay que respetar la presunción de inocencia y esperar a conocer el resultado de las investigaciones para ver hasta qué punto se ha vulnerado la legalidad.De momento, Belén Izquierdo explicaba que hay unos hechos objetivos que son que la empresa Biosfera Soria S. L., a la que podrían haber ido contratos municipales, estuvo participada por la concejala de Turismo y Medio Ambiente hasta que entró en el Ayuntamiento y vendió sus acciones. Sin embargo, «nosotros hemos hecho preguntas acerca de la empresa, de cuál era su situación y quiénes eran los socios pero la hoja registral está cerrada». «Es un indicio elocuente que una hoja del registro mercantil esté cerrada porque no depositan las cuentas y no se depositan porque o bien no están formuladas o bien no quieren dar información de quiénes son sus socios», señalaba.La política soriana apuntaba que una vez que concluyan las investigaciones, el PP decidirá si acude o no a los tribunales, «como ya hemos hecho dirigiéndonos en una ocasión al Contencioso-Administrativo». De momento, lo que exige es que Martínez dé explicaciones «como el secretario general del PSOE en Castilla y León que es ahora».«Chivatazo»Y por si la investigación y las siete detenciones no fuesen suficientes, a los socialistas de Castilla y León se les ha abierto otro frente. El registro del ayuntamiento pillaba a Martínez en Tánger, donde participaba en un foro de ciudades intermedias, encuentros a los que solía acudir cuando era alcalde. Desde allí aseguraba a ‘El País’ que estaba «tranquilo» y que el lunes había tenido conocimiento de que se iba a producir el registro, día que posteriormente se cambió en el citado medio por el martes y que él mismo, al filo de las diez de la noche, matizó aún más al señalar que la noticia de la entrada de la Guardia Civil en el consistorio fue comunicada por el propio Ayuntamiento esa misma mañana. Distintas versiones que, en definitiva, llevaban este miércoles a Vox y al PP a denunciar la existencia de un «chivatazo», ya que se habría avisado al secretario autonómico del PSOE del registro en el consistorio antes de que se produjera. El propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pedía que se investigue si el líder socialista tuvo «información privilegiada».Los de Abascal iban más allá y presentaban una querella en el juzgado de Soria para que se investigue un posible delito «de revelación de secretos» y piden que se analice la «participación» de Carlos Martínez. Y es que, según Vox Castilla y León, fueron las declaraciones del propio Martínez a un medio de comunicación manifestando que «supo con antelación que la Guardia Civil acudiría al Ayuntamiento de Soria a practicar un registro y qué delito estaban investigando», lo que les ha llevado a presentar «una querella criminal ante los Juzgados de Soria para que investiguen el origen de la posible filtración».Los hechos «son constitutivos, con carácter principal, de un delito de revelación de secretos e informaciones por autoridad o funcionario público», por lo que pide que se investigue «el origen de la filtración y la participación en los hechos denunciados de Carlos Martínez».Según indican, el conocimiento por anticipado de un registro es «una de las informaciones más sensibles de cuantas integran una investigación criminal», ya que una «filtración tan grave pone en peligro» la indagación, «al permitir la destrucción de pruebas y hacer completamente inútil la práctica de una diligencia de investigación especialmente sensible».En el escrito, Vox solicita la declaración, «en la calidad procesal que resulte procedente», del líder del PSOE de Castilla y León para que precise «la identidad de la persona que le advirtió, el contenido y la vía de la comunicación recibida y la fecha en que se produjo». Además, reclama que se esclarezca qué personas de los diferentes cuerpos policiales, Ministerio del Interior y Delegación y subdelegación del Gobierno conocían los detalles de la operación. Una vez «identificados», exige que también se les llame a declarar. La víspera de que Soria estallase en fiestas, la ciudad se despertaba con la Policía Judicial de la Guardia Civil registrando su Ayuntamiento, justo cuando se empezaba a engalanar para honrar a San Juan. Once horas de inspección, siete detenidos, entre ellos la concejala de Turismo y Medio Ambiente, Yolanda Santos, y una investigación abierta por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal. Santos, que pasó la noche detenida, ha sido puesta en libertad este miércoles con cargos, después de comparecer ante el juez durante toda la mañana. Además, deberá acudir a él cada quince días. Los otros seis detenidos ya estaban en libertad sin tener que pasar por el juzgado.Las investigaciones se centran en contrataciones realizadas por el consistorio soriano, en el que el actual secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, fue alcalde durante los últimos 19 años. De hecho, hace poco más de dos meses que dejó de ser alcalde para poder recoger el acta de procurador en las Cortes de Castilla y León tras las elecciones del pasado 15 de marzo. Así que todos sus rivales políticos le colocan como primer responsable de cuanto haya sucedido en el ayuntamiento, ahora en fase de investigación. Noticia relacionada general No No Mañueco exige que Martínez aclare si tuvo información «privilegiada» sobre la investigación en Soria Montse SerradorAsí lo cree la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Belén Izquierdo, quien reconoce que la entrada de la Benemérita «fue inesperada» y sorprendió «en la forma pero no en el fondo, porque era algo que podía ocurrir». Y es que según relataba a ABC, «nosotros ya habíamos denunciado públicamente determinadas prácticas». En este sentido, se refería a cómo «se abusa del contrato menor, se parten contratos para poder tener un procedimiento u otro; familiares y amigos los reciben…». «Las formas en una administración son sagradas; hay que dar ejemplo de legalidad y no siempre se hace», insistía, para referirse también a cómo «se ha abusado de determinados tipos de contratos, hay empresas que siempre se llevan algo y las adjudicaciones van a los mismos sitios». «El registro nos sorprendió en la forma, pero no en el fondo porque era algo que podía ocurrir» Belén Izquierdo Portavoz del PP en el Ayuntamiento de SoriaUna situación que lleva a concluir a la dirigente popular que el problema es que «20 años al frente del Ayuntamiento son muchos y uno (por Martínez) acaba por tener la sensación de que esta es mi casa y puedo hacer lo que quiera». «Estamos hablando de manejar los contratos municipales a su interés», añadía, aunque quería dejar claro que hay que respetar la presunción de inocencia y esperar a conocer el resultado de las investigaciones para ver hasta qué punto se ha vulnerado la legalidad.De momento, Belén Izquierdo explicaba que hay unos hechos objetivos que son que la empresa Biosfera Soria S. L., a la que podrían haber ido contratos municipales, estuvo participada por la concejala de Turismo y Medio Ambiente hasta que entró en el Ayuntamiento y vendió sus acciones. Sin embargo, «nosotros hemos hecho preguntas acerca de la empresa, de cuál era su situación y quiénes eran los socios pero la hoja registral está cerrada». «Es un indicio elocuente que una hoja del registro mercantil esté cerrada porque no depositan las cuentas y no se depositan porque o bien no están formuladas o bien no quieren dar información de quiénes son sus socios», señalaba.La política soriana apuntaba que una vez que concluyan las investigaciones, el PP decidirá si acude o no a los tribunales, «como ya hemos hecho dirigiéndonos en una ocasión al Contencioso-Administrativo». De momento, lo que exige es que Martínez dé explicaciones «como el secretario general del PSOE en Castilla y León que es ahora».«Chivatazo»Y por si la investigación y las siete detenciones no fuesen suficientes, a los socialistas de Castilla y León se les ha abierto otro frente. El registro del ayuntamiento pillaba a Martínez en Tánger, donde participaba en un foro de ciudades intermedias, encuentros a los que solía acudir cuando era alcalde. Desde allí aseguraba a ‘El País’ que estaba «tranquilo» y que el lunes había tenido conocimiento de que se iba a producir el registro, día que posteriormente se cambió en el citado medio por el martes y que él mismo, al filo de las diez de la noche, matizó aún más al señalar que la noticia de la entrada de la Guardia Civil en el consistorio fue comunicada por el propio Ayuntamiento esa misma mañana. Distintas versiones que, en definitiva, llevaban este miércoles a Vox y al PP a denunciar la existencia de un «chivatazo», ya que se habría avisado al secretario autonómico del PSOE del registro en el consistorio antes de que se produjera. El propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pedía que se investigue si el líder socialista tuvo «información privilegiada».Los de Abascal iban más allá y presentaban una querella en el juzgado de Soria para que se investigue un posible delito «de revelación de secretos» y piden que se analice la «participación» de Carlos Martínez. Y es que, según Vox Castilla y León, fueron las declaraciones del propio Martínez a un medio de comunicación manifestando que «supo con antelación que la Guardia Civil acudiría al Ayuntamiento de Soria a practicar un registro y qué delito estaban investigando», lo que les ha llevado a presentar «una querella criminal ante los Juzgados de Soria para que investiguen el origen de la posible filtración».Los hechos «son constitutivos, con carácter principal, de un delito de revelación de secretos e informaciones por autoridad o funcionario público», por lo que pide que se investigue «el origen de la filtración y la participación en los hechos denunciados de Carlos Martínez».Según indican, el conocimiento por anticipado de un registro es «una de las informaciones más sensibles de cuantas integran una investigación criminal», ya que una «filtración tan grave pone en peligro» la indagación, «al permitir la destrucción de pruebas y hacer completamente inútil la práctica de una diligencia de investigación especialmente sensible».En el escrito, Vox solicita la declaración, «en la calidad procesal que resulte procedente», del líder del PSOE de Castilla y León para que precise «la identidad de la persona que le advirtió, el contenido y la vía de la comunicación recibida y la fecha en que se produjo». Además, reclama que se esclarezca qué personas de los diferentes cuerpos policiales, Ministerio del Interior y Delegación y subdelegación del Gobierno conocían los detalles de la operación. Una vez «identificados», exige que también se les llame a declarar. RSS de noticias de espana
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