En la larga lista de situaciones insólitas vividas desde que Pedro Sánchez fuera proclamado presidente del Gobierno tras una exitosa moción de censura el 1 de junio de 2018 y el día de hoy. la tarde del 17 de enero de 2025 ocupa un lugar preferente. Ese día Presidencia del Gobierno quiso dejar patente su jurisdicción para hacer y deshacer a su antojo en lo más granado del Ibex y en un episodio sin precedentes hizo llamar a La Moncloa a José María Álvarez-Pallete , presidente ejecutivo de una de las tres mayores empresas privadas del país, Telefónica, con el único objetivo de comunicarle su cese, para luego colocar en su lugar a uno de los ejecutivos de confianza del Gobierno, el hasta entonces presidente de Indra, Marc Murtra. Las crónicas enfatizaron entonces la dimensión nunca antes vista de la injerencia del Gobierno en los asuntos de una empresa cotizada, subrayada por el hecho de que no fuera el Consejo de Administración de la compañía sino el jefe de la Oficina Económica del Gobierno el que ejecutara el cese del primer ejecutivo de Telefónica, en contra de todas las normas aceptadas de gobernanza corporativa.El caso de Telefónica, en el que el Gobierno tomó a las bravas el control de la compañía tras crear de la nada un nuevo capítulo presupuestario para dotar los 2.285 millones de euros que necesitaba para tomar una participación mayoritaria del 10% en el operador de telecomunicaciones, ha sido el más emblemático, pero no el único de una etapa en que el Gobierno ha irrumpido como un actor más en el bazar de las operaciones corporativas. Reforzó a golpe de talonario la presencia del Estado en Indra, desde donde ha intentado tomar el control del sector industrial de la defensa y ha impuesto su mayoría accionarial para poner y cesar accionistas, presidentes y CEOs según han ido evolucionando sus intereses en cada momento; entró en Talgo tras vetar varias opciones privadas que no terminaban de convencerle, también en Duro Felguera, con la intención de dar una estabilidad al proyecto empresarial que cinco años después todavía no ha logrado; impuso condiciones de gestión y toma de decisiones a empresas rescatadas como Air Europa o Tubos Reunidos; decidió posponer la venta de su paquete accionarial en Caixabank, para mantener la voz y el voto en uno de los principales bancos del país; e hizo todo lo posible desde fuera para dinamitar la fusión de Sabadell y BBVA.No intervenir donde hay competencia privadaEn el Partido Popular se ha asistido a este activismo gubernamental en el sector privado con gran preocupación y, en vísperas de una convocatoria electoral que podría cambiar el color del Gobierno de España, no se esconde la intención de cambiar de forma sustancial el rol intervencionista asignado por el Gobierno de Sánchez a la SEPI si los resultados del 29-N le dieran la responsabilidad de formar gobierno a Alberto Núñez Feijóo.«Consideramos injustificada la presencia pública en sectores donde existe competencia privada», asegura el vicesecretario de Economía de los populares, Alberto Nadal, en conversación con ABC. En su opinión la función de las empresas públicas o la presencia pública en empresas de capital mayoritariamente privado solo está justificada «cuando hay una relación con el sector de la Defensa y la Seguridad Nacional, o porque se presta un servicio público esencial que tiene que estar en manos o bajo control del Estado», lo cual ejemplifica en el caso de Red Eléctrica, el operador de la red eléctrica nacional.Durante los años de la era Sánchez el Gobierno ha seguido una estrategia para reforzar la presencia del Estado en el Ibex. Ha mantenido el control sobre las empresas que ya controlaba con anterioridad como Aena, Redeia o Enagás; ha tomado participaciones decisivas en otras que ha señalado como estratégicas como el caso de Indra y el de Telefónica; se ha resistido a vender su participación en Caixabank, que ha sido pieza importante en algunas de sus maniobras corporativas; y ha mantenido su histórica participación minoritaria en IAG.La posición de los populares respecto a este asunto pone en el punto de mira las participaciones del Estado en empresas como Telefónica, Duro Felguera, Talgo o incluso Caixabank, compañías que operan en sectores en los que compiten con operadores privados pero que tienen una fuerte presencia del Estado en su capital porque el Gobierno de Pedro Sánchez juzgó por unos motivos u otros que eran estratégicas para el funcionamiento del país. Fuentes del PP aclaran, no obstante, que su posición sobre el particular no implica que haya una decisión firme tomada de salir del capital de esas empresas si Feijóo llegara a La Moncloa tras las próximas elecciones generales.Los populares entienden que la presencia pública en empresas debe restringirse al ámbito de la seguridad nacional y a los servicios públicos básicosEl debate en torno al carácter estratégico atribuido a empresas privadas bien para justificar la entrada en su accionariado o para incluirlas en el perímetro del plan de rescates de la Sepi ha sido uno de los asuntos más controvertidos del mandato de Sánchez y uno de los que más enganchones ha generado con el PP.El cambio de enfoque que plantean los populares no se limita únicamente a reconsiderar el papel que el Estado ha jugado como actor principal de los grandes movimientos corporativos que se han producido en España en los últimos años, bien tomando participación activa en los mismos o influyendo en ellos por vía regulatoria (como en los casos de BBVA y Talgo), sino también a la utilidad misma de las empresas públicas.En palabras de Alberto Nadal, «hay que preguntar qué es y que no debe ser una empresa pública, y en nuestra opinión una empresa pública solo puede ser aquella que por su naturaleza cumple una función que es de interés público», asegura.Otra prioridad de los populares es romper con la práctica de nombramientos de afines al frente de las empresas públicas del Grupo Sepi, que en no pocos casos ha derivado en procesos judiciales por corrupción. «No digo que vayamos a cambiar el sistema de nombramiento, que está regulado por la ley, pero sí vamos a a cambiar el perfil de las personas que deben dirigir las empresas públicas para incorporar perfiles con experiencia y profesionalidad, cuyo principal objetivo sea cumplir los objetivos de gestión que se marquen para cada una de ellas», remacha el vicesecretario de Economía del PP. En la larga lista de situaciones insólitas vividas desde que Pedro Sánchez fuera proclamado presidente del Gobierno tras una exitosa moción de censura el 1 de junio de 2018 y el día de hoy. la tarde del 17 de enero de 2025 ocupa un lugar preferente. Ese día Presidencia del Gobierno quiso dejar patente su jurisdicción para hacer y deshacer a su antojo en lo más granado del Ibex y en un episodio sin precedentes hizo llamar a La Moncloa a José María Álvarez-Pallete , presidente ejecutivo de una de las tres mayores empresas privadas del país, Telefónica, con el único objetivo de comunicarle su cese, para luego colocar en su lugar a uno de los ejecutivos de confianza del Gobierno, el hasta entonces presidente de Indra, Marc Murtra. Las crónicas enfatizaron entonces la dimensión nunca antes vista de la injerencia del Gobierno en los asuntos de una empresa cotizada, subrayada por el hecho de que no fuera el Consejo de Administración de la compañía sino el jefe de la Oficina Económica del Gobierno el que ejecutara el cese del primer ejecutivo de Telefónica, en contra de todas las normas aceptadas de gobernanza corporativa.El caso de Telefónica, en el que el Gobierno tomó a las bravas el control de la compañía tras crear de la nada un nuevo capítulo presupuestario para dotar los 2.285 millones de euros que necesitaba para tomar una participación mayoritaria del 10% en el operador de telecomunicaciones, ha sido el más emblemático, pero no el único de una etapa en que el Gobierno ha irrumpido como un actor más en el bazar de las operaciones corporativas. Reforzó a golpe de talonario la presencia del Estado en Indra, desde donde ha intentado tomar el control del sector industrial de la defensa y ha impuesto su mayoría accionarial para poner y cesar accionistas, presidentes y CEOs según han ido evolucionando sus intereses en cada momento; entró en Talgo tras vetar varias opciones privadas que no terminaban de convencerle, también en Duro Felguera, con la intención de dar una estabilidad al proyecto empresarial que cinco años después todavía no ha logrado; impuso condiciones de gestión y toma de decisiones a empresas rescatadas como Air Europa o Tubos Reunidos; decidió posponer la venta de su paquete accionarial en Caixabank, para mantener la voz y el voto en uno de los principales bancos del país; e hizo todo lo posible desde fuera para dinamitar la fusión de Sabadell y BBVA.No intervenir donde hay competencia privadaEn el Partido Popular se ha asistido a este activismo gubernamental en el sector privado con gran preocupación y, en vísperas de una convocatoria electoral que podría cambiar el color del Gobierno de España, no se esconde la intención de cambiar de forma sustancial el rol intervencionista asignado por el Gobierno de Sánchez a la SEPI si los resultados del 29-N le dieran la responsabilidad de formar gobierno a Alberto Núñez Feijóo.«Consideramos injustificada la presencia pública en sectores donde existe competencia privada», asegura el vicesecretario de Economía de los populares, Alberto Nadal, en conversación con ABC. En su opinión la función de las empresas públicas o la presencia pública en empresas de capital mayoritariamente privado solo está justificada «cuando hay una relación con el sector de la Defensa y la Seguridad Nacional, o porque se presta un servicio público esencial que tiene que estar en manos o bajo control del Estado», lo cual ejemplifica en el caso de Red Eléctrica, el operador de la red eléctrica nacional.Durante los años de la era Sánchez el Gobierno ha seguido una estrategia para reforzar la presencia del Estado en el Ibex. Ha mantenido el control sobre las empresas que ya controlaba con anterioridad como Aena, Redeia o Enagás; ha tomado participaciones decisivas en otras que ha señalado como estratégicas como el caso de Indra y el de Telefónica; se ha resistido a vender su participación en Caixabank, que ha sido pieza importante en algunas de sus maniobras corporativas; y ha mantenido su histórica participación minoritaria en IAG.La posición de los populares respecto a este asunto pone en el punto de mira las participaciones del Estado en empresas como Telefónica, Duro Felguera, Talgo o incluso Caixabank, compañías que operan en sectores en los que compiten con operadores privados pero que tienen una fuerte presencia del Estado en su capital porque el Gobierno de Pedro Sánchez juzgó por unos motivos u otros que eran estratégicas para el funcionamiento del país. Fuentes del PP aclaran, no obstante, que su posición sobre el particular no implica que haya una decisión firme tomada de salir del capital de esas empresas si Feijóo llegara a La Moncloa tras las próximas elecciones generales.Los populares entienden que la presencia pública en empresas debe restringirse al ámbito de la seguridad nacional y a los servicios públicos básicosEl debate en torno al carácter estratégico atribuido a empresas privadas bien para justificar la entrada en su accionariado o para incluirlas en el perímetro del plan de rescates de la Sepi ha sido uno de los asuntos más controvertidos del mandato de Sánchez y uno de los que más enganchones ha generado con el PP.El cambio de enfoque que plantean los populares no se limita únicamente a reconsiderar el papel que el Estado ha jugado como actor principal de los grandes movimientos corporativos que se han producido en España en los últimos años, bien tomando participación activa en los mismos o influyendo en ellos por vía regulatoria (como en los casos de BBVA y Talgo), sino también a la utilidad misma de las empresas públicas.En palabras de Alberto Nadal, «hay que preguntar qué es y que no debe ser una empresa pública, y en nuestra opinión una empresa pública solo puede ser aquella que por su naturaleza cumple una función que es de interés público», asegura.Otra prioridad de los populares es romper con la práctica de nombramientos de afines al frente de las empresas públicas del Grupo Sepi, que en no pocos casos ha derivado en procesos judiciales por corrupción. «No digo que vayamos a cambiar el sistema de nombramiento, que está regulado por la ley, pero sí vamos a a cambiar el perfil de las personas que deben dirigir las empresas públicas para incorporar perfiles con experiencia y profesionalidad, cuyo principal objetivo sea cumplir los objetivos de gestión que se marquen para cada una de ellas», remacha el vicesecretario de Economía del PP. En la larga lista de situaciones insólitas vividas desde que Pedro Sánchez fuera proclamado presidente del Gobierno tras una exitosa moción de censura el 1 de junio de 2018 y el día de hoy. la tarde del 17 de enero de 2025 ocupa un lugar preferente. Ese día Presidencia del Gobierno quiso dejar patente su jurisdicción para hacer y deshacer a su antojo en lo más granado del Ibex y en un episodio sin precedentes hizo llamar a La Moncloa a José María Álvarez-Pallete , presidente ejecutivo de una de las tres mayores empresas privadas del país, Telefónica, con el único objetivo de comunicarle su cese, para luego colocar en su lugar a uno de los ejecutivos de confianza del Gobierno, el hasta entonces presidente de Indra, Marc Murtra. Las crónicas enfatizaron entonces la dimensión nunca antes vista de la injerencia del Gobierno en los asuntos de una empresa cotizada, subrayada por el hecho de que no fuera el Consejo de Administración de la compañía sino el jefe de la Oficina Económica del Gobierno el que ejecutara el cese del primer ejecutivo de Telefónica, en contra de todas las normas aceptadas de gobernanza corporativa.El caso de Telefónica, en el que el Gobierno tomó a las bravas el control de la compañía tras crear de la nada un nuevo capítulo presupuestario para dotar los 2.285 millones de euros que necesitaba para tomar una participación mayoritaria del 10% en el operador de telecomunicaciones, ha sido el más emblemático, pero no el único de una etapa en que el Gobierno ha irrumpido como un actor más en el bazar de las operaciones corporativas. Reforzó a golpe de talonario la presencia del Estado en Indra, desde donde ha intentado tomar el control del sector industrial de la defensa y ha impuesto su mayoría accionarial para poner y cesar accionistas, presidentes y CEOs según han ido evolucionando sus intereses en cada momento; entró en Talgo tras vetar varias opciones privadas que no terminaban de convencerle, también en Duro Felguera, con la intención de dar una estabilidad al proyecto empresarial que cinco años después todavía no ha logrado; impuso condiciones de gestión y toma de decisiones a empresas rescatadas como Air Europa o Tubos Reunidos; decidió posponer la venta de su paquete accionarial en Caixabank, para mantener la voz y el voto en uno de los principales bancos del país; e hizo todo lo posible desde fuera para dinamitar la fusión de Sabadell y BBVA.No intervenir donde hay competencia privadaEn el Partido Popular se ha asistido a este activismo gubernamental en el sector privado con gran preocupación y, en vísperas de una convocatoria electoral que podría cambiar el color del Gobierno de España, no se esconde la intención de cambiar de forma sustancial el rol intervencionista asignado por el Gobierno de Sánchez a la SEPI si los resultados del 29-N le dieran la responsabilidad de formar gobierno a Alberto Núñez Feijóo.«Consideramos injustificada la presencia pública en sectores donde existe competencia privada», asegura el vicesecretario de Economía de los populares, Alberto Nadal, en conversación con ABC. En su opinión la función de las empresas públicas o la presencia pública en empresas de capital mayoritariamente privado solo está justificada «cuando hay una relación con el sector de la Defensa y la Seguridad Nacional, o porque se presta un servicio público esencial que tiene que estar en manos o bajo control del Estado», lo cual ejemplifica en el caso de Red Eléctrica, el operador de la red eléctrica nacional.Durante los años de la era Sánchez el Gobierno ha seguido una estrategia para reforzar la presencia del Estado en el Ibex. Ha mantenido el control sobre las empresas que ya controlaba con anterioridad como Aena, Redeia o Enagás; ha tomado participaciones decisivas en otras que ha señalado como estratégicas como el caso de Indra y el de Telefónica; se ha resistido a vender su participación en Caixabank, que ha sido pieza importante en algunas de sus maniobras corporativas; y ha mantenido su histórica participación minoritaria en IAG.La posición de los populares respecto a este asunto pone en el punto de mira las participaciones del Estado en empresas como Telefónica, Duro Felguera, Talgo o incluso Caixabank, compañías que operan en sectores en los que compiten con operadores privados pero que tienen una fuerte presencia del Estado en su capital porque el Gobierno de Pedro Sánchez juzgó por unos motivos u otros que eran estratégicas para el funcionamiento del país. Fuentes del PP aclaran, no obstante, que su posición sobre el particular no implica que haya una decisión firme tomada de salir del capital de esas empresas si Feijóo llegara a La Moncloa tras las próximas elecciones generales.Los populares entienden que la presencia pública en empresas debe restringirse al ámbito de la seguridad nacional y a los servicios públicos básicosEl debate en torno al carácter estratégico atribuido a empresas privadas bien para justificar la entrada en su accionariado o para incluirlas en el perímetro del plan de rescates de la Sepi ha sido uno de los asuntos más controvertidos del mandato de Sánchez y uno de los que más enganchones ha generado con el PP.El cambio de enfoque que plantean los populares no se limita únicamente a reconsiderar el papel que el Estado ha jugado como actor principal de los grandes movimientos corporativos que se han producido en España en los últimos años, bien tomando participación activa en los mismos o influyendo en ellos por vía regulatoria (como en los casos de BBVA y Talgo), sino también a la utilidad misma de las empresas públicas.En palabras de Alberto Nadal, «hay que preguntar qué es y que no debe ser una empresa pública, y en nuestra opinión una empresa pública solo puede ser aquella que por su naturaleza cumple una función que es de interés público», asegura.Otra prioridad de los populares es romper con la práctica de nombramientos de afines al frente de las empresas públicas del Grupo Sepi, que en no pocos casos ha derivado en procesos judiciales por corrupción. «No digo que vayamos a cambiar el sistema de nombramiento, que está regulado por la ley, pero sí vamos a a cambiar el perfil de las personas que deben dirigir las empresas públicas para incorporar perfiles con experiencia y profesionalidad, cuyo principal objetivo sea cumplir los objetivos de gestión que se marquen para cada una de ellas», remacha el vicesecretario de Economía del PP. 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