«Asistencia jurídica y representación procesal sin costo para las personas interesadas». Con este mensaje, la filial del Partido Socialista en Uruguay lanzó una campaña contra reloj para intentar salvar uno de sus caladeros electorales más estratégicos en el exterior. A escasas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, el PSOE ofreció abogados gratis a los miles de nuevos ciudadanos españoles cuyo derecho al sufragio acababa de ser suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo (TS) .La urgencia era máxima. El Alto Tribunal asestó un golpe a la supuesta estrategia electoral en el exterior que quería llevar a cabo el partido de Pedro Sánchez al paralizar la inscripción en el censo electoral de aquellos ciudadanos que obtuvieron el pasaporte español de forma exprés. Estos electores se habían beneficiado de la instrucción dictada en 2022 por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente —hermana del actual ministro de Transportes, Óscar Puente—. Dicha directriz flexibilizó la ‘ley de nietos’, presuponiendo la condición de exiliado a todos los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, abriendo una puerta que generó una avalancha de miles de solicitudes en América Latina. Tras confirmar la suspensión de estos votantes el 12 de octubre, el Supremo abrió un plazo de cinco días hábiles para que los afectados pudieran personarse en la causa y defender su inclusión en el censo electoral del 29N.Publicación difundida en la red social Instagram por Shirley Estévez. InstagramFue entonces cuando comenzó la maquinaria en la formación socialista. Bajo el lema de ‘Defendemos el derecho al voto’, las cuentas oficiales del PSOE de Uruguay difundieron la promesa de cobertura legal «sin costo» para los interesados en personarse ante el TS. La operativa pasaba por un formulario de Google que los afectados debían rellenar, aunque señalaban que completar las preguntas «no suponía todavía una personación judicial ni establecía una relación abogado-cliente». Entre las preguntas, el partido exigía confirmar «si adquirió la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática», «si estaría interesado en participar en el procedimiento ante el Tribunal Supremo» o, yendo un paso más allá, «si estaría dispuesto a participar en un eventual recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional».La misma cuenta principal del partido en Uruguay comenzó a agitar el pánico ante una posible salida del PSOE de la Moncloa, vinculando el derecho a la nacionalidad con la permanencia del actual Ejecutivo. Las redes socialistas utilizaron un vídeo con cortes de la entrevista del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la Cadena Cope el pasado martes, donde advertía a los nuevos ciudadanos de que una hipotética victoria de los conservadores en las urnas implicaría la revocación masiva de los pasaportes concedidos en el último año con mensajes como «Está diciendo que por tener nacionalidad no necesariamente puede votar», «No permitas que otros decidan por ti» y «¿Querés derechos o derechas?».Publicación de la cuenta del PSOE Uruguay que ofrece «asistencia jurídica y representación procesal sin costo». PSOE UruguayMensaje que acompaña la publicación de Instagram, del 13 de octubre, un día después de la decisión del TS. Instagram«Abogados que se ofrecieron gratuitamente»En una conversación telefónica mantenida con este periódico, la secretaria gestora del PSOE en Uruguay, Shirley Estévez, asegura que la gratuidad publicitada por la formación no salió de las arcas del PSOE ni de las cuotas de sus afiliados en Montevideo, sino de la supuesta generosidad de varios letrados. «Hay abogados o procuradores que se ofrecieron gratuitamente al asesoramiento que llevaban en España de forma gratuita. Hubo más de un abogado que se ofreció. De forma absolutamente gratuita», sostiene la dirigente.La secretaria gestora del PSOE uruguayo reconoció que, desde la publicación de la Ley de Memoria Democrática en 2022, «unas 40.000 personas» han conseguido la nacionalidad en el país charrúa, aunque derivó la responsabilidad de esos datos al propio consulado de España. También afirmó que recibe numerosos mensajes diarios de gente interesada en solventar su situación electoral o nacionalizarse, pero rechazó cuantificar el volumen exacto.Estévez sí que ha afeado las inmensas trabas que ha supuesto el escueto margen concedido por la Justicia. «Los cinco días son muy cortos. Más para las personas que están en el exterior. Creo que a mucha gente se le ha dificultado», lamenta. También ha añadido que la exigencia de la presencialidad en los trámites ha dificultado que muchos hayan podido actuar en la causa: «En Uruguay tenemos el consulado en Montevideo, y hay españoles en la otra punta, a 600 kilómetros de Montevideo, a los que les sería imposible que se pudieran presentar».Estévez, nieta de gallegos, consiguió la nacionalización en 2022 gracias a la instrucción de Sofía Puente, alegando «exilio económico», al igual que «otros muchos de los españoles, principalmente de los gallegos que han venido a Uruguay». Según explicó en su caso personal, era «un pendiente» vital tras el fallecimiento de su padre, que no la pudo conseguir.La política del Partido Socialista fue elegida presidenta del Consejo de Residentes Españoles de Uruguay el 22 de mayo de 2026 de manera sorpresiva, encabezando la lista Esreco, España Reconecta Contigo. Según explicaron cuando se presentaron a la candidatura, trabajan desde 2022 —año en el que se aprobó la reforma de la Ley de Memoria Democrática y la posterior instrucción de Justicia— «asesorando y acompañando en temas de nacionalidad y trámites consulares». «Asistencia jurídica y representación procesal sin costo para las personas interesadas». Con este mensaje, la filial del Partido Socialista en Uruguay lanzó una campaña contra reloj para intentar salvar uno de sus caladeros electorales más estratégicos en el exterior. A escasas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, el PSOE ofreció abogados gratis a los miles de nuevos ciudadanos españoles cuyo derecho al sufragio acababa de ser suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo (TS) .La urgencia era máxima. El Alto Tribunal asestó un golpe a la supuesta estrategia electoral en el exterior que quería llevar a cabo el partido de Pedro Sánchez al paralizar la inscripción en el censo electoral de aquellos ciudadanos que obtuvieron el pasaporte español de forma exprés. Estos electores se habían beneficiado de la instrucción dictada en 2022 por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente —hermana del actual ministro de Transportes, Óscar Puente—. Dicha directriz flexibilizó la ‘ley de nietos’, presuponiendo la condición de exiliado a todos los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, abriendo una puerta que generó una avalancha de miles de solicitudes en América Latina. Tras confirmar la suspensión de estos votantes el 12 de octubre, el Supremo abrió un plazo de cinco días hábiles para que los afectados pudieran personarse en la causa y defender su inclusión en el censo electoral del 29N.Publicación difundida en la red social Instagram por Shirley Estévez. InstagramFue entonces cuando comenzó la maquinaria en la formación socialista. Bajo el lema de ‘Defendemos el derecho al voto’, las cuentas oficiales del PSOE de Uruguay difundieron la promesa de cobertura legal «sin costo» para los interesados en personarse ante el TS. La operativa pasaba por un formulario de Google que los afectados debían rellenar, aunque señalaban que completar las preguntas «no suponía todavía una personación judicial ni establecía una relación abogado-cliente». Entre las preguntas, el partido exigía confirmar «si adquirió la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática», «si estaría interesado en participar en el procedimiento ante el Tribunal Supremo» o, yendo un paso más allá, «si estaría dispuesto a participar en un eventual recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional».La misma cuenta principal del partido en Uruguay comenzó a agitar el pánico ante una posible salida del PSOE de la Moncloa, vinculando el derecho a la nacionalidad con la permanencia del actual Ejecutivo. Las redes socialistas utilizaron un vídeo con cortes de la entrevista del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la Cadena Cope el pasado martes, donde advertía a los nuevos ciudadanos de que una hipotética victoria de los conservadores en las urnas implicaría la revocación masiva de los pasaportes concedidos en el último año con mensajes como «Está diciendo que por tener nacionalidad no necesariamente puede votar», «No permitas que otros decidan por ti» y «¿Querés derechos o derechas?».Publicación de la cuenta del PSOE Uruguay que ofrece «asistencia jurídica y representación procesal sin costo». PSOE UruguayMensaje que acompaña la publicación de Instagram, del 13 de octubre, un día después de la decisión del TS. Instagram«Abogados que se ofrecieron gratuitamente»En una conversación telefónica mantenida con este periódico, la secretaria gestora del PSOE en Uruguay, Shirley Estévez, asegura que la gratuidad publicitada por la formación no salió de las arcas del PSOE ni de las cuotas de sus afiliados en Montevideo, sino de la supuesta generosidad de varios letrados. «Hay abogados o procuradores que se ofrecieron gratuitamente al asesoramiento que llevaban en España de forma gratuita. Hubo más de un abogado que se ofreció. De forma absolutamente gratuita», sostiene la dirigente.La secretaria gestora del PSOE uruguayo reconoció que, desde la publicación de la Ley de Memoria Democrática en 2022, «unas 40.000 personas» han conseguido la nacionalidad en el país charrúa, aunque derivó la responsabilidad de esos datos al propio consulado de España. También afirmó que recibe numerosos mensajes diarios de gente interesada en solventar su situación electoral o nacionalizarse, pero rechazó cuantificar el volumen exacto.Estévez sí que ha afeado las inmensas trabas que ha supuesto el escueto margen concedido por la Justicia. «Los cinco días son muy cortos. Más para las personas que están en el exterior. Creo que a mucha gente se le ha dificultado», lamenta. También ha añadido que la exigencia de la presencialidad en los trámites ha dificultado que muchos hayan podido actuar en la causa: «En Uruguay tenemos el consulado en Montevideo, y hay españoles en la otra punta, a 600 kilómetros de Montevideo, a los que les sería imposible que se pudieran presentar».Estévez, nieta de gallegos, consiguió la nacionalización en 2022 gracias a la instrucción de Sofía Puente, alegando «exilio económico», al igual que «otros muchos de los españoles, principalmente de los gallegos que han venido a Uruguay». Según explicó en su caso personal, era «un pendiente» vital tras el fallecimiento de su padre, que no la pudo conseguir.La política del Partido Socialista fue elegida presidenta del Consejo de Residentes Españoles de Uruguay el 22 de mayo de 2026 de manera sorpresiva, encabezando la lista Esreco, España Reconecta Contigo. Según explicaron cuando se presentaron a la candidatura, trabajan desde 2022 —año en el que se aprobó la reforma de la Ley de Memoria Democrática y la posterior instrucción de Justicia— «asesorando y acompañando en temas de nacionalidad y trámites consulares». «Asistencia jurídica y representación procesal sin costo para las personas interesadas». Con este mensaje, la filial del Partido Socialista en Uruguay lanzó una campaña contra reloj para intentar salvar uno de sus caladeros electorales más estratégicos en el exterior. A escasas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, el PSOE ofreció abogados gratis a los miles de nuevos ciudadanos españoles cuyo derecho al sufragio acababa de ser suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo (TS) .La urgencia era máxima. El Alto Tribunal asestó un golpe a la supuesta estrategia electoral en el exterior que quería llevar a cabo el partido de Pedro Sánchez al paralizar la inscripción en el censo electoral de aquellos ciudadanos que obtuvieron el pasaporte español de forma exprés. Estos electores se habían beneficiado de la instrucción dictada en 2022 por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente —hermana del actual ministro de Transportes, Óscar Puente—. Dicha directriz flexibilizó la ‘ley de nietos’, presuponiendo la condición de exiliado a todos los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, abriendo una puerta que generó una avalancha de miles de solicitudes en América Latina. Tras confirmar la suspensión de estos votantes el 12 de octubre, el Supremo abrió un plazo de cinco días hábiles para que los afectados pudieran personarse en la causa y defender su inclusión en el censo electoral del 29N.Publicación difundida en la red social Instagram por Shirley Estévez. InstagramFue entonces cuando comenzó la maquinaria en la formación socialista. Bajo el lema de ‘Defendemos el derecho al voto’, las cuentas oficiales del PSOE de Uruguay difundieron la promesa de cobertura legal «sin costo» para los interesados en personarse ante el TS. La operativa pasaba por un formulario de Google que los afectados debían rellenar, aunque señalaban que completar las preguntas «no suponía todavía una personación judicial ni establecía una relación abogado-cliente». Entre las preguntas, el partido exigía confirmar «si adquirió la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática», «si estaría interesado en participar en el procedimiento ante el Tribunal Supremo» o, yendo un paso más allá, «si estaría dispuesto a participar en un eventual recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional».La misma cuenta principal del partido en Uruguay comenzó a agitar el pánico ante una posible salida del PSOE de la Moncloa, vinculando el derecho a la nacionalidad con la permanencia del actual Ejecutivo. Las redes socialistas utilizaron un vídeo con cortes de la entrevista del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la Cadena Cope el pasado martes, donde advertía a los nuevos ciudadanos de que una hipotética victoria de los conservadores en las urnas implicaría la revocación masiva de los pasaportes concedidos en el último año con mensajes como «Está diciendo que por tener nacionalidad no necesariamente puede votar», «No permitas que otros decidan por ti» y «¿Querés derechos o derechas?».Publicación de la cuenta del PSOE Uruguay que ofrece «asistencia jurídica y representación procesal sin costo». PSOE UruguayMensaje que acompaña la publicación de Instagram, del 13 de octubre, un día después de la decisión del TS. Instagram«Abogados que se ofrecieron gratuitamente»En una conversación telefónica mantenida con este periódico, la secretaria gestora del PSOE en Uruguay, Shirley Estévez, asegura que la gratuidad publicitada por la formación no salió de las arcas del PSOE ni de las cuotas de sus afiliados en Montevideo, sino de la supuesta generosidad de varios letrados. «Hay abogados o procuradores que se ofrecieron gratuitamente al asesoramiento que llevaban en España de forma gratuita. Hubo más de un abogado que se ofreció. De forma absolutamente gratuita», sostiene la dirigente.La secretaria gestora del PSOE uruguayo reconoció que, desde la publicación de la Ley de Memoria Democrática en 2022, «unas 40.000 personas» han conseguido la nacionalidad en el país charrúa, aunque derivó la responsabilidad de esos datos al propio consulado de España. También afirmó que recibe numerosos mensajes diarios de gente interesada en solventar su situación electoral o nacionalizarse, pero rechazó cuantificar el volumen exacto.Estévez sí que ha afeado las inmensas trabas que ha supuesto el escueto margen concedido por la Justicia. «Los cinco días son muy cortos. Más para las personas que están en el exterior. Creo que a mucha gente se le ha dificultado», lamenta. También ha añadido que la exigencia de la presencialidad en los trámites ha dificultado que muchos hayan podido actuar en la causa: «En Uruguay tenemos el consulado en Montevideo, y hay españoles en la otra punta, a 600 kilómetros de Montevideo, a los que les sería imposible que se pudieran presentar».Estévez, nieta de gallegos, consiguió la nacionalización en 2022 gracias a la instrucción de Sofía Puente, alegando «exilio económico», al igual que «otros muchos de los españoles, principalmente de los gallegos que han venido a Uruguay». Según explicó en su caso personal, era «un pendiente» vital tras el fallecimiento de su padre, que no la pudo conseguir.La política del Partido Socialista fue elegida presidenta del Consejo de Residentes Españoles de Uruguay el 22 de mayo de 2026 de manera sorpresiva, encabezando la lista Esreco, España Reconecta Contigo. Según explicaron cuando se presentaron a la candidatura, trabajan desde 2022 —año en el que se aprobó la reforma de la Ley de Memoria Democrática y la posterior instrucción de Justicia— «asesorando y acompañando en temas de nacionalidad y trámites consulares». RSS de noticias de espana
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