Por primera vez desde la llegada de Cándido Conde-Pumpido a la presidencia del Tribunal Constitucional, la mayoría progresista amenaza con fracturarse con motivo del recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo para desactivar la suspensión del censo de la ‘ley de nietos’ acordada por el Tribunal Supremo. La reunión de los tres magistrados que componen la sección cuarta del órgano de garantías evidenció este lunes que los miembros del grupo progresista que conforman la mayoría del Tribunal no comparten el mismo criterio sobre el destino que se ha de dar al recurso de Ángel Gabilondo, el primer amparo que interpone en sus cinco años de mandato (que vence el mes que viene) y el duodécimo que presenta esta institución en los 45 años de historia del TC. Así, la magistrada María Luisa Balaguer, presidenta de esta sección, se posicionó a favor de la inadmisión propuesta por el ponente, el magistrado conservador Enrique Arnaldo, mientras que Ramón Sáez votó a favor de la admisión. La entidad del asunto llevó a Balaguer a proponer la avocación a Pleno, de forma que serán los doce magistrados, y no solo algunos de ellos, los que participen en esta crucial decisión. Se hará en el cónclave de esta semana, tras introducirlo el presidente como un punto más del orden del día previsto para esta semana. Fuentes del TC señalan que con toda probabilidad se verá el miércoles. Aunque la postura de cada magistrado se desvelará en ese pleno, lo que sí se ha constatado en la reunión a pequeña escala de la sección cuarta así como en los contactos informales que se han producido en el tribunal es que mientras los cinco magistrados del bloque conservador ven clara la inadmisión por prematura, los progresistas no llegan a ese Pleno con una sola postura. La de Balaguer está clara, tanto que, aun suponiendo que todos los demás magistrados de su bloque pensaran como Sáez, ella ya habría provocado una situación de empate (6-6). Pero es que además el voto de Conde-Pumpido puede ser decisivo para que la inadmisión gane enteros porque hasta la irrupción en escena del Defensor del Pueblo, fuentes próximas a la presidencia del tribunal mantenían que cualquier recurso que se presentara sin agotar la vía jurisdiccional sería inadmitido. Esas fuentes descartaban así una hipotética maniobra de urgencia que pudiera llegar a un choque con el Tribunal Supremo, quien, junto con la administración electoral, tienen la competencia exclusiva« de la jurisdicción ordinaria en esta materia». La postura de Ramón Sáez, el magistrado con el perfil más izquierdista de los que componen el tribunal, también parece clara. Aunque sólo se ha pronunciado sobre la admisión del recurso, en el TC dan por hecho que sería partidario de cautelarísimas y no de simples cautelares, porque esta segunda opción implicaría dar audiencia a las partes que intervienen en el procedimiento del Supremo y alargar demasiado una cuestión que, según el Defensor del Pueblo, debe resolverse con carácter urgente ante la inminencia de las elecciones. Sáez asume la tesis de Gabilondo Respecto a los otros cuatro magistrados que integran ese bloque progresista (la vicepresidenta Montalbán, Juan Carlos Campo, Laura Díez y María Luisa Segoviano) se mantiene la incógnita de si se unirán a Balaguer y a los conservadores, a Sáez, o si harán gala de una postura intermedia que no suponga ni una afrenta al Gobierno ni un choque con el Supremo, porque lo cierto es que en cuanto la Sala Tercera dicte un pronunciamiento definitivo, las cautelares del TC decaerían automáticamente. Al ir este asunto en el pleno del miércoles, todavía hay tiempo para que los progresistas acerquen posturas sin que la división sea muy patente. Así, el Pleno se enfrenta a tres escenarios posibles : uno, inadmisión a trámite del recurso por prematuro (lo que propone el ponente) y que implicaría no entrar a analizar ya la petición de cautelarísimas; dos, admisión y estimación de las cautelarísimas (supondría anular el auto del Supremo y levantar la suspensión del ceso de nietos); y tres, admisión, rechazo de las cautelarísimas pero acuerdo para iniciar un procedimiento de cautelares dando un trámite de audiencia a las partes. Lo cierto es que este último escenario se solaparía con el trámite de alegaciones del inconcluso procedimiento de medidas cautelares abierto en el Tribunal Supremo, que en su auto de suspensión dio a las partes un plazo de cinco días a los afectados por la suspensión para que presenten alegaciones. Será después de estudiarlas cuando el Supremo se pronuncie.«Daño irreparable»En su recurso de amparo, el Defensor de Pueblo denuncia la vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación, en conexión directa con el derecho a la participación política. A su juicio, la suspensión del censo de la ‘ley de nietos’ por parte del Supremo genera un trato desigual completamente injustificado porque se penaliza a quienes residen en el extranjero y están inscritos en el CERA frente a los ciudadanos nacionalizados que residen en territorio nacional y figuran en el CERE (Censo Electoral de Residentes en España). Argumenta que «el vínculo entre ser español y el voto es indisoluble» y advierte que negar este derecho fundamental sin que exista una sentencia firme sobre el fondo del asunto supondría causar «un daño irreparable en los derechos políticos de las personas afectadas». Por primera vez desde la llegada de Cándido Conde-Pumpido a la presidencia del Tribunal Constitucional, la mayoría progresista amenaza con fracturarse con motivo del recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo para desactivar la suspensión del censo de la ‘ley de nietos’ acordada por el Tribunal Supremo. La reunión de los tres magistrados que componen la sección cuarta del órgano de garantías evidenció este lunes que los miembros del grupo progresista que conforman la mayoría del Tribunal no comparten el mismo criterio sobre el destino que se ha de dar al recurso de Ángel Gabilondo, el primer amparo que interpone en sus cinco años de mandato (que vence el mes que viene) y el duodécimo que presenta esta institución en los 45 años de historia del TC. Así, la magistrada María Luisa Balaguer, presidenta de esta sección, se posicionó a favor de la inadmisión propuesta por el ponente, el magistrado conservador Enrique Arnaldo, mientras que Ramón Sáez votó a favor de la admisión. La entidad del asunto llevó a Balaguer a proponer la avocación a Pleno, de forma que serán los doce magistrados, y no solo algunos de ellos, los que participen en esta crucial decisión. Se hará en el cónclave de esta semana, tras introducirlo el presidente como un punto más del orden del día previsto para esta semana. Fuentes del TC señalan que con toda probabilidad se verá el miércoles. Aunque la postura de cada magistrado se desvelará en ese pleno, lo que sí se ha constatado en la reunión a pequeña escala de la sección cuarta así como en los contactos informales que se han producido en el tribunal es que mientras los cinco magistrados del bloque conservador ven clara la inadmisión por prematura, los progresistas no llegan a ese Pleno con una sola postura. La de Balaguer está clara, tanto que, aun suponiendo que todos los demás magistrados de su bloque pensaran como Sáez, ella ya habría provocado una situación de empate (6-6). Pero es que además el voto de Conde-Pumpido puede ser decisivo para que la inadmisión gane enteros porque hasta la irrupción en escena del Defensor del Pueblo, fuentes próximas a la presidencia del tribunal mantenían que cualquier recurso que se presentara sin agotar la vía jurisdiccional sería inadmitido. Esas fuentes descartaban así una hipotética maniobra de urgencia que pudiera llegar a un choque con el Tribunal Supremo, quien, junto con la administración electoral, tienen la competencia exclusiva« de la jurisdicción ordinaria en esta materia». La postura de Ramón Sáez, el magistrado con el perfil más izquierdista de los que componen el tribunal, también parece clara. Aunque sólo se ha pronunciado sobre la admisión del recurso, en el TC dan por hecho que sería partidario de cautelarísimas y no de simples cautelares, porque esta segunda opción implicaría dar audiencia a las partes que intervienen en el procedimiento del Supremo y alargar demasiado una cuestión que, según el Defensor del Pueblo, debe resolverse con carácter urgente ante la inminencia de las elecciones. Sáez asume la tesis de Gabilondo Respecto a los otros cuatro magistrados que integran ese bloque progresista (la vicepresidenta Montalbán, Juan Carlos Campo, Laura Díez y María Luisa Segoviano) se mantiene la incógnita de si se unirán a Balaguer y a los conservadores, a Sáez, o si harán gala de una postura intermedia que no suponga ni una afrenta al Gobierno ni un choque con el Supremo, porque lo cierto es que en cuanto la Sala Tercera dicte un pronunciamiento definitivo, las cautelares del TC decaerían automáticamente. Al ir este asunto en el pleno del miércoles, todavía hay tiempo para que los progresistas acerquen posturas sin que la división sea muy patente. Así, el Pleno se enfrenta a tres escenarios posibles : uno, inadmisión a trámite del recurso por prematuro (lo que propone el ponente) y que implicaría no entrar a analizar ya la petición de cautelarísimas; dos, admisión y estimación de las cautelarísimas (supondría anular el auto del Supremo y levantar la suspensión del ceso de nietos); y tres, admisión, rechazo de las cautelarísimas pero acuerdo para iniciar un procedimiento de cautelares dando un trámite de audiencia a las partes. Lo cierto es que este último escenario se solaparía con el trámite de alegaciones del inconcluso procedimiento de medidas cautelares abierto en el Tribunal Supremo, que en su auto de suspensión dio a las partes un plazo de cinco días a los afectados por la suspensión para que presenten alegaciones. Será después de estudiarlas cuando el Supremo se pronuncie.«Daño irreparable»En su recurso de amparo, el Defensor de Pueblo denuncia la vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación, en conexión directa con el derecho a la participación política. A su juicio, la suspensión del censo de la ‘ley de nietos’ por parte del Supremo genera un trato desigual completamente injustificado porque se penaliza a quienes residen en el extranjero y están inscritos en el CERA frente a los ciudadanos nacionalizados que residen en territorio nacional y figuran en el CERE (Censo Electoral de Residentes en España). Argumenta que «el vínculo entre ser español y el voto es indisoluble» y advierte que negar este derecho fundamental sin que exista una sentencia firme sobre el fondo del asunto supondría causar «un daño irreparable en los derechos políticos de las personas afectadas». Por primera vez desde la llegada de Cándido Conde-Pumpido a la presidencia del Tribunal Constitucional, la mayoría progresista amenaza con fracturarse con motivo del recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo para desactivar la suspensión del censo de la ‘ley de nietos’ acordada por el Tribunal Supremo. La reunión de los tres magistrados que componen la sección cuarta del órgano de garantías evidenció este lunes que los miembros del grupo progresista que conforman la mayoría del Tribunal no comparten el mismo criterio sobre el destino que se ha de dar al recurso de Ángel Gabilondo, el primer amparo que interpone en sus cinco años de mandato (que vence el mes que viene) y el duodécimo que presenta esta institución en los 45 años de historia del TC. Así, la magistrada María Luisa Balaguer, presidenta de esta sección, se posicionó a favor de la inadmisión propuesta por el ponente, el magistrado conservador Enrique Arnaldo, mientras que Ramón Sáez votó a favor de la admisión. La entidad del asunto llevó a Balaguer a proponer la avocación a Pleno, de forma que serán los doce magistrados, y no solo algunos de ellos, los que participen en esta crucial decisión. Se hará en el cónclave de esta semana, tras introducirlo el presidente como un punto más del orden del día previsto para esta semana. Fuentes del TC señalan que con toda probabilidad se verá el miércoles. Aunque la postura de cada magistrado se desvelará en ese pleno, lo que sí se ha constatado en la reunión a pequeña escala de la sección cuarta así como en los contactos informales que se han producido en el tribunal es que mientras los cinco magistrados del bloque conservador ven clara la inadmisión por prematura, los progresistas no llegan a ese Pleno con una sola postura. La de Balaguer está clara, tanto que, aun suponiendo que todos los demás magistrados de su bloque pensaran como Sáez, ella ya habría provocado una situación de empate (6-6). Pero es que además el voto de Conde-Pumpido puede ser decisivo para que la inadmisión gane enteros porque hasta la irrupción en escena del Defensor del Pueblo, fuentes próximas a la presidencia del tribunal mantenían que cualquier recurso que se presentara sin agotar la vía jurisdiccional sería inadmitido. Esas fuentes descartaban así una hipotética maniobra de urgencia que pudiera llegar a un choque con el Tribunal Supremo, quien, junto con la administración electoral, tienen la competencia exclusiva« de la jurisdicción ordinaria en esta materia». La postura de Ramón Sáez, el magistrado con el perfil más izquierdista de los que componen el tribunal, también parece clara. Aunque sólo se ha pronunciado sobre la admisión del recurso, en el TC dan por hecho que sería partidario de cautelarísimas y no de simples cautelares, porque esta segunda opción implicaría dar audiencia a las partes que intervienen en el procedimiento del Supremo y alargar demasiado una cuestión que, según el Defensor del Pueblo, debe resolverse con carácter urgente ante la inminencia de las elecciones. Sáez asume la tesis de Gabilondo Respecto a los otros cuatro magistrados que integran ese bloque progresista (la vicepresidenta Montalbán, Juan Carlos Campo, Laura Díez y María Luisa Segoviano) se mantiene la incógnita de si se unirán a Balaguer y a los conservadores, a Sáez, o si harán gala de una postura intermedia que no suponga ni una afrenta al Gobierno ni un choque con el Supremo, porque lo cierto es que en cuanto la Sala Tercera dicte un pronunciamiento definitivo, las cautelares del TC decaerían automáticamente. Al ir este asunto en el pleno del miércoles, todavía hay tiempo para que los progresistas acerquen posturas sin que la división sea muy patente. Así, el Pleno se enfrenta a tres escenarios posibles : uno, inadmisión a trámite del recurso por prematuro (lo que propone el ponente) y que implicaría no entrar a analizar ya la petición de cautelarísimas; dos, admisión y estimación de las cautelarísimas (supondría anular el auto del Supremo y levantar la suspensión del ceso de nietos); y tres, admisión, rechazo de las cautelarísimas pero acuerdo para iniciar un procedimiento de cautelares dando un trámite de audiencia a las partes. Lo cierto es que este último escenario se solaparía con el trámite de alegaciones del inconcluso procedimiento de medidas cautelares abierto en el Tribunal Supremo, que en su auto de suspensión dio a las partes un plazo de cinco días a los afectados por la suspensión para que presenten alegaciones. Será después de estudiarlas cuando el Supremo se pronuncie.«Daño irreparable»En su recurso de amparo, el Defensor de Pueblo denuncia la vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación, en conexión directa con el derecho a la participación política. A su juicio, la suspensión del censo de la ‘ley de nietos’ por parte del Supremo genera un trato desigual completamente injustificado porque se penaliza a quienes residen en el extranjero y están inscritos en el CERA frente a los ciudadanos nacionalizados que residen en territorio nacional y figuran en el CERE (Censo Electoral de Residentes en España). Argumenta que «el vínculo entre ser español y el voto es indisoluble» y advierte que negar este derecho fundamental sin que exista una sentencia firme sobre el fondo del asunto supondría causar «un daño irreparable en los derechos políticos de las personas afectadas». RSS de noticias de espana
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