Quedan capítulos por escribir, aunque no se ha hecho poco. Las entidades sociales asumen el papel de aliado imprescindible de la administración, al tiempo que reclaman estabilidad presupuestaria ante el cambio de paradigma de un modelo que busca que las personas con discapacidad puedan decidir cómo quieren vivir. Reunidos en el Hospes Palacio del Bailío de Córdoba, tres representantes de colectivos asociativos y dos de las administraciones, ABC traza una fotografía para identificar la realidad de un segmento humano que supone el diez por ciento de la población y que en en la provincia afecta de manera directa a más de ochenta mil personas , además de a sus familias y a su entorno.Detrás de esas cifras hay familias, trabajadores, voluntarios y un entramado asociativo que, desde hace décadas, sostiene servicios que la administración pública no podría asumir en solitario y que si lo hiciera supondría tres veces más del coste total de cada acción vinculada a personas con discapacidad. Tres de las entidades más representativas de la provincia, Fundación Prode, Fundación Promi y Fepamic , se sientan junto a responsables políticos para radiografiar un sector que ha avanzado mucho, pero que aún arrastra carencias estructurales. Antonio Pérez, presidente de Fundación Promi. R.C.En este sentido, del peso invisible del tercer sector refiere Antonio Pérez, presidente de Fundación Promi , que «nosotros estamos prestando servicios públicos. Como servicios públicos que son, deberíamos estar incluidos en los presupuestos como cualquier otro ámbito de educación o sanidad.» La comparación no es retórica, dado que las entidades sociales atienden a personas con discapacidad desde la atención temprana hasta los centros geriátricos, cubriendo todo el ciclo vital con recursos que, según denuncian, resultan claramente insuficientes. Pérez pone números sobre la mesa recalcando que si la administración prestara directamente estos servicios, el coste se multiplicaría por dos o por tres. «Las entidades sociales somos muy eficientes gestionando lo que la administración no tiene capacidad de gestionar», subraya. Así, añade un dato revelador que advierte que el convenio del sector obliga a pagar a los cuidadores el salario mínimo interprofesional . «No hay derecho a que un cuidador cobre eso. Y para pagarle un euro más, a nosotros nos tienen que pagar más.»Sara Rodríguez, presidenta de Fepamic. R.C.Sara Rodríguez, presidenta de Fepamic , confirma este diagnóstico. La federación agrupa a 30 asociaciones y alberga a cerca de cinco mil socios, pero las más pequeñas atraviesan dificultades crecientes. «Estamos en un momento crítico que dura demasiado tiempo», reconoce. «Las asociaciones tienen problemas para mantener la estabilidad, sobre todo en los municipios. Desde la federación tenemos que ayudarlas porque, si no, no llegan.» En este sentido, se apunta en el diálogo que el modelo asistencialista ha quedado obsoleto. «Nuestro gran reto es la profesionalización del tejido asociativo y huir de esa imagen de vulnerabilidad, de limosna», explica Rodríguez. «Ahora toca dignificar el empleo. Las personas con discapacidad que trabajan deben competir en igualdad de condiciones con el mercado ordinario. No puede ser que cobren menos.»Blas García, presidente de Fundación Prode. R.C.De su lado, Blas García, presidente de Fundación Prode , aporta la experiencia de una entidad nacida en el norte de la provincia, en la comarca de Los Pedroches. Allí, lo que muchos perciben como una carga social se ha convertido en motor de desarrollo. Cerca de 500 puestos de trabajo generados en torno a los servicios de atención forman parte del legado ejecutado bajo la coordinación de Prode. «Cuando las cosas se enfocan adecuadamente, lo social deja de ser una rémora y pasa a ser una parte importantísima de la economía local», afirma. García incide en la necesidad de que administración y entidades trabajen «como aliados y no como cliente y proveedor». Su fundación redujo la dependencia del dinero público del 80% al 40% apostando por el empleo protegido y la actividad mercantil. Pero reconoce que la mayoría del sector sigue atada a los conciertos con la Junta de Andalucía, sin actualizaciones automáticas ni previsibilidad presupuestaria.Irene Aguilera, diputada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba. R.C.Desde el ámbito de la gestión política, Irene Aguilera, diputada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba , recuerda que la provincia presenta realidades muy dispares. «Córdoba tiene pueblos muy grandes, pueblos pequeños, zonas rurales y zonas más urbanas. La inclusión no es igual en lugares grandes, donde hay más oportunidades, que en territorios donde todo se dificulta un poco más.» Su obligación, dice, es acercar esas opciones a quienes más las necesitan. Bernardo Jordano, teniente de alcalde de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba , conoce el sector desde dentro: convive con la discapacidad en su propia familia. «Entiendo el agotamiento de las familias. Yo estoy agotado», confiesa. «Consume mucha energía, y si encima tienes que pelear contra los elementos, esto se hace muy largo». Jordano distingue dos tareas pendientes en materia de accesibilidad : arreglar lo que se hizo mal y garantizar que lo nuevo se ejecute correctamente. «A nosotros nos saldría más a cuenta empezar una ciudad nueva que arreglar todo lo que tenemos», ironiza. Pero celebra un cambio de mentalidad en el Consistorio: «Ya no hay que explicarle a ninguna delegación de qué va esto. Entienden que todo lo que hacen tiene que contemplar la clave de la inclusión.» Bernardo Jordano, teniente de alcalde de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba. R.C.El concejal critica que, durante años, las políticas se centraran casi exclusivamente en las barreras físicas, olvidando a personas con discapacidad auditiva, visual u orgánica . «Esas soluciones eran incluso más económicas y podían atajar problemas de buena parte de la sociedad», lamenta. Y apunta a la rigidez normativa.García apostilla con datos que desafían tópicos al apelar que en la zona norte, Prode gestiona 94 plazas de vivienda tutelada y que en la capital, ninguna persona con discapacidad intelectual reside en una vivienda tutelada concertada con la Junta. «Todo depende de las personas que hayan tirado del carro en cada lugar», sentencia. «Lo que se trata es de que las personas puedan vivir donde elijan, no donde se les asigne.»Actividad laboralEl índice de actividad laboral de las personas con discapacidad en España se sitúa 40 puntos por debajo del resto de la población. Solo el 34% trabaja o busca empleo activamente. Pérez califica la cifra de «demoledora» y advierte de que las entidades no encuentran candidatos suficientes para cubrir sus ofertas. «Estamos 365 días del año buscando personas con discapacidad para trabajar y no hay. Hay que analizar por los motivos.» García coincide a la hora de manifestarse. «Hemos apostado por el empleo protegido porque sabemos que una persona no es feliz si no tiene un empleo o una ocupación con sentido.» No obstante, reclama convocatorias específicas de formación en alternancia para el colectivo, un modelo que considera la vía más eficaz para la inserción. «El empleo con apoyo apenas representa el 20% de la contratación.»El índice de actividad laborar de las personas con discapacidad se sitúa 40 puntos por debajo del resto de la poblaciónEl debate sobre la automatización también alcanza al sector. Jordano prefiere centrarse en las posibilidades que podrían desarrollarse con la IA, refiriéndose al teletrabajo asistido, las herramientas de accesibilidad para personas con movilidad reducida, los sistemas de supervisión que permiten prestar apoyos sin duplicar plantillas. «Va a haber muchas cosas donde le va a solucionar la vida a este colectivo», asegura. García, por su parte, apunta a la robótica, la neuroadaptación y la estimulación como campos prometedores, aunque advierte de que la inversión en digitalización requiere fondos finalistas que hoy no existen. «Si queremos acompañar al resto de la población, necesitamos presupuesto específico para innovación, digitalización y vida independiente.» No obstante, las entidades advierten de que la transformación digital requiere inversiones importantes . Sin recursos específicos para innovación, será difícil garantizar que las personas con discapacidad puedan beneficiarse plenamente de estas nuevas oportunidades.Consolidar un modelo estableLos convocados coinciden a la hora de ensalzar el tejido asociativo cordobés, al que se le considera como potente ante una administración cada vez más sensibilizada. Pero las entidades reclaman pasar de la lógica del proyecto puntual a la del ecosistema estable , en alusión a presupuestos actualizados, convenios dignos y un cambio cultural que deje de ver la discapacidad como excepción. «Si desapareciésemos de golpe, la administración tendría un problemón», resume Pérez. «Somos un socio necesario. Ya va siendo hora de que nos traten como tal.»En este sentido, se apunta que demanda principal no pasa únicamente por obtener más recursos, sino por consolidar un modelo estable que permita planificar el futuro con garantías. Presupuestos actualizados, financiación suficiente, condiciones laborales dignas y políticas centradas en la autonomía personal forman parte de las reivindicaciones compartidas por el sector. Las entidades recuerdan que son un actor imprescindible dentro del sistema de atención y apoyo a la discapacidadLas entidades recuerdan que su labor no es complementaria ni secundaria. Son un actor imprescindible dentro del sistema de atención y apoyo a la discapacidad. Su experiencia, capacidad de innovación y cercanía a las personas las convierten en aliadas estratégicas para construir una sociedad más inclusiva. El desafío ya no consiste únicamente en prestar servicios, sino en garantizar que cada persona pueda desarrollar su vida con libertad, participar plenamente en la comunidad y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Ese es, en definitiva, el horizonte hacia el que Córdoba sigue avanzando. Quedan capítulos por escribir, aunque no se ha hecho poco. Las entidades sociales asumen el papel de aliado imprescindible de la administración, al tiempo que reclaman estabilidad presupuestaria ante el cambio de paradigma de un modelo que busca que las personas con discapacidad puedan decidir cómo quieren vivir. Reunidos en el Hospes Palacio del Bailío de Córdoba, tres representantes de colectivos asociativos y dos de las administraciones, ABC traza una fotografía para identificar la realidad de un segmento humano que supone el diez por ciento de la población y que en en la provincia afecta de manera directa a más de ochenta mil personas , además de a sus familias y a su entorno.Detrás de esas cifras hay familias, trabajadores, voluntarios y un entramado asociativo que, desde hace décadas, sostiene servicios que la administración pública no podría asumir en solitario y que si lo hiciera supondría tres veces más del coste total de cada acción vinculada a personas con discapacidad. Tres de las entidades más representativas de la provincia, Fundación Prode, Fundación Promi y Fepamic , se sientan junto a responsables políticos para radiografiar un sector que ha avanzado mucho, pero que aún arrastra carencias estructurales. Antonio Pérez, presidente de Fundación Promi. R.C.En este sentido, del peso invisible del tercer sector refiere Antonio Pérez, presidente de Fundación Promi , que «nosotros estamos prestando servicios públicos. Como servicios públicos que son, deberíamos estar incluidos en los presupuestos como cualquier otro ámbito de educación o sanidad.» La comparación no es retórica, dado que las entidades sociales atienden a personas con discapacidad desde la atención temprana hasta los centros geriátricos, cubriendo todo el ciclo vital con recursos que, según denuncian, resultan claramente insuficientes. Pérez pone números sobre la mesa recalcando que si la administración prestara directamente estos servicios, el coste se multiplicaría por dos o por tres. «Las entidades sociales somos muy eficientes gestionando lo que la administración no tiene capacidad de gestionar», subraya. Así, añade un dato revelador que advierte que el convenio del sector obliga a pagar a los cuidadores el salario mínimo interprofesional . «No hay derecho a que un cuidador cobre eso. Y para pagarle un euro más, a nosotros nos tienen que pagar más.»Sara Rodríguez, presidenta de Fepamic. R.C.Sara Rodríguez, presidenta de Fepamic , confirma este diagnóstico. La federación agrupa a 30 asociaciones y alberga a cerca de cinco mil socios, pero las más pequeñas atraviesan dificultades crecientes. «Estamos en un momento crítico que dura demasiado tiempo», reconoce. «Las asociaciones tienen problemas para mantener la estabilidad, sobre todo en los municipios. Desde la federación tenemos que ayudarlas porque, si no, no llegan.» En este sentido, se apunta en el diálogo que el modelo asistencialista ha quedado obsoleto. «Nuestro gran reto es la profesionalización del tejido asociativo y huir de esa imagen de vulnerabilidad, de limosna», explica Rodríguez. «Ahora toca dignificar el empleo. Las personas con discapacidad que trabajan deben competir en igualdad de condiciones con el mercado ordinario. No puede ser que cobren menos.»Blas García, presidente de Fundación Prode. R.C.De su lado, Blas García, presidente de Fundación Prode , aporta la experiencia de una entidad nacida en el norte de la provincia, en la comarca de Los Pedroches. Allí, lo que muchos perciben como una carga social se ha convertido en motor de desarrollo. Cerca de 500 puestos de trabajo generados en torno a los servicios de atención forman parte del legado ejecutado bajo la coordinación de Prode. «Cuando las cosas se enfocan adecuadamente, lo social deja de ser una rémora y pasa a ser una parte importantísima de la economía local», afirma. García incide en la necesidad de que administración y entidades trabajen «como aliados y no como cliente y proveedor». Su fundación redujo la dependencia del dinero público del 80% al 40% apostando por el empleo protegido y la actividad mercantil. Pero reconoce que la mayoría del sector sigue atada a los conciertos con la Junta de Andalucía, sin actualizaciones automáticas ni previsibilidad presupuestaria.Irene Aguilera, diputada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba. R.C.Desde el ámbito de la gestión política, Irene Aguilera, diputada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba , recuerda que la provincia presenta realidades muy dispares. «Córdoba tiene pueblos muy grandes, pueblos pequeños, zonas rurales y zonas más urbanas. La inclusión no es igual en lugares grandes, donde hay más oportunidades, que en territorios donde todo se dificulta un poco más.» Su obligación, dice, es acercar esas opciones a quienes más las necesitan. Bernardo Jordano, teniente de alcalde de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba , conoce el sector desde dentro: convive con la discapacidad en su propia familia. «Entiendo el agotamiento de las familias. Yo estoy agotado», confiesa. «Consume mucha energía, y si encima tienes que pelear contra los elementos, esto se hace muy largo». Jordano distingue dos tareas pendientes en materia de accesibilidad : arreglar lo que se hizo mal y garantizar que lo nuevo se ejecute correctamente. «A nosotros nos saldría más a cuenta empezar una ciudad nueva que arreglar todo lo que tenemos», ironiza. Pero celebra un cambio de mentalidad en el Consistorio: «Ya no hay que explicarle a ninguna delegación de qué va esto. Entienden que todo lo que hacen tiene que contemplar la clave de la inclusión.» Bernardo Jordano, teniente de alcalde de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba. R.C.El concejal critica que, durante años, las políticas se centraran casi exclusivamente en las barreras físicas, olvidando a personas con discapacidad auditiva, visual u orgánica . «Esas soluciones eran incluso más económicas y podían atajar problemas de buena parte de la sociedad», lamenta. Y apunta a la rigidez normativa.García apostilla con datos que desafían tópicos al apelar que en la zona norte, Prode gestiona 94 plazas de vivienda tutelada y que en la capital, ninguna persona con discapacidad intelectual reside en una vivienda tutelada concertada con la Junta. «Todo depende de las personas que hayan tirado del carro en cada lugar», sentencia. «Lo que se trata es de que las personas puedan vivir donde elijan, no donde se les asigne.»Actividad laboralEl índice de actividad laboral de las personas con discapacidad en España se sitúa 40 puntos por debajo del resto de la población. Solo el 34% trabaja o busca empleo activamente. Pérez califica la cifra de «demoledora» y advierte de que las entidades no encuentran candidatos suficientes para cubrir sus ofertas. «Estamos 365 días del año buscando personas con discapacidad para trabajar y no hay. Hay que analizar por los motivos.» García coincide a la hora de manifestarse. «Hemos apostado por el empleo protegido porque sabemos que una persona no es feliz si no tiene un empleo o una ocupación con sentido.» No obstante, reclama convocatorias específicas de formación en alternancia para el colectivo, un modelo que considera la vía más eficaz para la inserción. «El empleo con apoyo apenas representa el 20% de la contratación.»El índice de actividad laborar de las personas con discapacidad se sitúa 40 puntos por debajo del resto de la poblaciónEl debate sobre la automatización también alcanza al sector. Jordano prefiere centrarse en las posibilidades que podrían desarrollarse con la IA, refiriéndose al teletrabajo asistido, las herramientas de accesibilidad para personas con movilidad reducida, los sistemas de supervisión que permiten prestar apoyos sin duplicar plantillas. «Va a haber muchas cosas donde le va a solucionar la vida a este colectivo», asegura. García, por su parte, apunta a la robótica, la neuroadaptación y la estimulación como campos prometedores, aunque advierte de que la inversión en digitalización requiere fondos finalistas que hoy no existen. «Si queremos acompañar al resto de la población, necesitamos presupuesto específico para innovación, digitalización y vida independiente.» No obstante, las entidades advierten de que la transformación digital requiere inversiones importantes . Sin recursos específicos para innovación, será difícil garantizar que las personas con discapacidad puedan beneficiarse plenamente de estas nuevas oportunidades.Consolidar un modelo estableLos convocados coinciden a la hora de ensalzar el tejido asociativo cordobés, al que se le considera como potente ante una administración cada vez más sensibilizada. Pero las entidades reclaman pasar de la lógica del proyecto puntual a la del ecosistema estable , en alusión a presupuestos actualizados, convenios dignos y un cambio cultural que deje de ver la discapacidad como excepción. «Si desapareciésemos de golpe, la administración tendría un problemón», resume Pérez. «Somos un socio necesario. Ya va siendo hora de que nos traten como tal.»En este sentido, se apunta que demanda principal no pasa únicamente por obtener más recursos, sino por consolidar un modelo estable que permita planificar el futuro con garantías. Presupuestos actualizados, financiación suficiente, condiciones laborales dignas y políticas centradas en la autonomía personal forman parte de las reivindicaciones compartidas por el sector. Las entidades recuerdan que son un actor imprescindible dentro del sistema de atención y apoyo a la discapacidadLas entidades recuerdan que su labor no es complementaria ni secundaria. Son un actor imprescindible dentro del sistema de atención y apoyo a la discapacidad. Su experiencia, capacidad de innovación y cercanía a las personas las convierten en aliadas estratégicas para construir una sociedad más inclusiva. El desafío ya no consiste únicamente en prestar servicios, sino en garantizar que cada persona pueda desarrollar su vida con libertad, participar plenamente en la comunidad y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Ese es, en definitiva, el horizonte hacia el que Córdoba sigue avanzando. Quedan capítulos por escribir, aunque no se ha hecho poco. Las entidades sociales asumen el papel de aliado imprescindible de la administración, al tiempo que reclaman estabilidad presupuestaria ante el cambio de paradigma de un modelo que busca que las personas con discapacidad puedan decidir cómo quieren vivir. Reunidos en el Hospes Palacio del Bailío de Córdoba, tres representantes de colectivos asociativos y dos de las administraciones, ABC traza una fotografía para identificar la realidad de un segmento humano que supone el diez por ciento de la población y que en en la provincia afecta de manera directa a más de ochenta mil personas , además de a sus familias y a su entorno.Detrás de esas cifras hay familias, trabajadores, voluntarios y un entramado asociativo que, desde hace décadas, sostiene servicios que la administración pública no podría asumir en solitario y que si lo hiciera supondría tres veces más del coste total de cada acción vinculada a personas con discapacidad. Tres de las entidades más representativas de la provincia, Fundación Prode, Fundación Promi y Fepamic , se sientan junto a responsables políticos para radiografiar un sector que ha avanzado mucho, pero que aún arrastra carencias estructurales. Antonio Pérez, presidente de Fundación Promi. R.C.En este sentido, del peso invisible del tercer sector refiere Antonio Pérez, presidente de Fundación Promi , que «nosotros estamos prestando servicios públicos. Como servicios públicos que son, deberíamos estar incluidos en los presupuestos como cualquier otro ámbito de educación o sanidad.» La comparación no es retórica, dado que las entidades sociales atienden a personas con discapacidad desde la atención temprana hasta los centros geriátricos, cubriendo todo el ciclo vital con recursos que, según denuncian, resultan claramente insuficientes. Pérez pone números sobre la mesa recalcando que si la administración prestara directamente estos servicios, el coste se multiplicaría por dos o por tres. «Las entidades sociales somos muy eficientes gestionando lo que la administración no tiene capacidad de gestionar», subraya. Así, añade un dato revelador que advierte que el convenio del sector obliga a pagar a los cuidadores el salario mínimo interprofesional . «No hay derecho a que un cuidador cobre eso. Y para pagarle un euro más, a nosotros nos tienen que pagar más.»Sara Rodríguez, presidenta de Fepamic. R.C.Sara Rodríguez, presidenta de Fepamic , confirma este diagnóstico. La federación agrupa a 30 asociaciones y alberga a cerca de cinco mil socios, pero las más pequeñas atraviesan dificultades crecientes. «Estamos en un momento crítico que dura demasiado tiempo», reconoce. «Las asociaciones tienen problemas para mantener la estabilidad, sobre todo en los municipios. Desde la federación tenemos que ayudarlas porque, si no, no llegan.» En este sentido, se apunta en el diálogo que el modelo asistencialista ha quedado obsoleto. «Nuestro gran reto es la profesionalización del tejido asociativo y huir de esa imagen de vulnerabilidad, de limosna», explica Rodríguez. «Ahora toca dignificar el empleo. Las personas con discapacidad que trabajan deben competir en igualdad de condiciones con el mercado ordinario. No puede ser que cobren menos.»Blas García, presidente de Fundación Prode. R.C.De su lado, Blas García, presidente de Fundación Prode , aporta la experiencia de una entidad nacida en el norte de la provincia, en la comarca de Los Pedroches. Allí, lo que muchos perciben como una carga social se ha convertido en motor de desarrollo. Cerca de 500 puestos de trabajo generados en torno a los servicios de atención forman parte del legado ejecutado bajo la coordinación de Prode. «Cuando las cosas se enfocan adecuadamente, lo social deja de ser una rémora y pasa a ser una parte importantísima de la economía local», afirma. García incide en la necesidad de que administración y entidades trabajen «como aliados y no como cliente y proveedor». Su fundación redujo la dependencia del dinero público del 80% al 40% apostando por el empleo protegido y la actividad mercantil. Pero reconoce que la mayoría del sector sigue atada a los conciertos con la Junta de Andalucía, sin actualizaciones automáticas ni previsibilidad presupuestaria.Irene Aguilera, diputada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba. R.C.Desde el ámbito de la gestión política, Irene Aguilera, diputada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba , recuerda que la provincia presenta realidades muy dispares. «Córdoba tiene pueblos muy grandes, pueblos pequeños, zonas rurales y zonas más urbanas. La inclusión no es igual en lugares grandes, donde hay más oportunidades, que en territorios donde todo se dificulta un poco más.» Su obligación, dice, es acercar esas opciones a quienes más las necesitan. Bernardo Jordano, teniente de alcalde de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba , conoce el sector desde dentro: convive con la discapacidad en su propia familia. «Entiendo el agotamiento de las familias. Yo estoy agotado», confiesa. «Consume mucha energía, y si encima tienes que pelear contra los elementos, esto se hace muy largo». Jordano distingue dos tareas pendientes en materia de accesibilidad : arreglar lo que se hizo mal y garantizar que lo nuevo se ejecute correctamente. «A nosotros nos saldría más a cuenta empezar una ciudad nueva que arreglar todo lo que tenemos», ironiza. Pero celebra un cambio de mentalidad en el Consistorio: «Ya no hay que explicarle a ninguna delegación de qué va esto. Entienden que todo lo que hacen tiene que contemplar la clave de la inclusión.» Bernardo Jordano, teniente de alcalde de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba. R.C.El concejal critica que, durante años, las políticas se centraran casi exclusivamente en las barreras físicas, olvidando a personas con discapacidad auditiva, visual u orgánica . «Esas soluciones eran incluso más económicas y podían atajar problemas de buena parte de la sociedad», lamenta. Y apunta a la rigidez normativa.García apostilla con datos que desafían tópicos al apelar que en la zona norte, Prode gestiona 94 plazas de vivienda tutelada y que en la capital, ninguna persona con discapacidad intelectual reside en una vivienda tutelada concertada con la Junta. «Todo depende de las personas que hayan tirado del carro en cada lugar», sentencia. «Lo que se trata es de que las personas puedan vivir donde elijan, no donde se les asigne.»Actividad laboralEl índice de actividad laboral de las personas con discapacidad en España se sitúa 40 puntos por debajo del resto de la población. Solo el 34% trabaja o busca empleo activamente. Pérez califica la cifra de «demoledora» y advierte de que las entidades no encuentran candidatos suficientes para cubrir sus ofertas. «Estamos 365 días del año buscando personas con discapacidad para trabajar y no hay. Hay que analizar por los motivos.» García coincide a la hora de manifestarse. «Hemos apostado por el empleo protegido porque sabemos que una persona no es feliz si no tiene un empleo o una ocupación con sentido.» No obstante, reclama convocatorias específicas de formación en alternancia para el colectivo, un modelo que considera la vía más eficaz para la inserción. «El empleo con apoyo apenas representa el 20% de la contratación.»El índice de actividad laborar de las personas con discapacidad se sitúa 40 puntos por debajo del resto de la poblaciónEl debate sobre la automatización también alcanza al sector. Jordano prefiere centrarse en las posibilidades que podrían desarrollarse con la IA, refiriéndose al teletrabajo asistido, las herramientas de accesibilidad para personas con movilidad reducida, los sistemas de supervisión que permiten prestar apoyos sin duplicar plantillas. «Va a haber muchas cosas donde le va a solucionar la vida a este colectivo», asegura. García, por su parte, apunta a la robótica, la neuroadaptación y la estimulación como campos prometedores, aunque advierte de que la inversión en digitalización requiere fondos finalistas que hoy no existen. «Si queremos acompañar al resto de la población, necesitamos presupuesto específico para innovación, digitalización y vida independiente.» No obstante, las entidades advierten de que la transformación digital requiere inversiones importantes . Sin recursos específicos para innovación, será difícil garantizar que las personas con discapacidad puedan beneficiarse plenamente de estas nuevas oportunidades.Consolidar un modelo estableLos convocados coinciden a la hora de ensalzar el tejido asociativo cordobés, al que se le considera como potente ante una administración cada vez más sensibilizada. Pero las entidades reclaman pasar de la lógica del proyecto puntual a la del ecosistema estable , en alusión a presupuestos actualizados, convenios dignos y un cambio cultural que deje de ver la discapacidad como excepción. «Si desapareciésemos de golpe, la administración tendría un problemón», resume Pérez. «Somos un socio necesario. Ya va siendo hora de que nos traten como tal.»En este sentido, se apunta que demanda principal no pasa únicamente por obtener más recursos, sino por consolidar un modelo estable que permita planificar el futuro con garantías. Presupuestos actualizados, financiación suficiente, condiciones laborales dignas y políticas centradas en la autonomía personal forman parte de las reivindicaciones compartidas por el sector. Las entidades recuerdan que son un actor imprescindible dentro del sistema de atención y apoyo a la discapacidadLas entidades recuerdan que su labor no es complementaria ni secundaria. Son un actor imprescindible dentro del sistema de atención y apoyo a la discapacidad. Su experiencia, capacidad de innovación y cercanía a las personas las convierten en aliadas estratégicas para construir una sociedad más inclusiva. El desafío ya no consiste únicamente en prestar servicios, sino en garantizar que cada persona pueda desarrollar su vida con libertad, participar plenamente en la comunidad y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Ese es, en definitiva, el horizonte hacia el que Córdoba sigue avanzando. RSS de noticias de espana/andalucia
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