Elisa de la Nuez lleva años mirando donde la política española prefiere no mirar: al engranaje institucional. Abogada del Estado en excedencia, ensayista y una de las voces más constantes de la Fundación Hay Derecho, ha hecho del Estado de Derecho no una abstracción jurídica, sino una forma de medir la calidad real de una democracia. Habla con precisión, sin estridencias y con una mezcla de severidad técnica y desencanto cívico. Su diagnóstico es duro: España no se derrumba, pero se deteriora; no ha perdido sus instituciones, pero las ha ido vaciando de contrapesos; no carece de leyes, pero sí de incentivos para que el poder se limite a sí mismo.La conversación gira en torno a corrupción , Fiscalía, Parlamento, partidos, contratación pública, polarización y Europa. De la Nuez no compra la explicación cómoda de los «casos aislados». Cree que el problema español es más profundo: una cultura política que concibe la Administración como territorio de ocupación y un sistema de partidos poco dispuesto a renunciar a los instrumentos que le dan poder.Usted lleva años hablando de deterioro institucional. ¿España está peor que hace una década o simplemente somos más conscientes del problema?Está peor. Hay una parte de mayor conciencia, sin duda, pero los indicadores muestran deterioro. En la Fundación Hay Derecho medimos la salud institucional y lo que observamos es un declive, quizá no dramático, pero sí constante. La dirección no es buena. Y además hay algo que se dice poco: mientras España empeora, otros países han mejorado mucho, por ejemplo los bálticos. Nosotros no estamos mejorando.Noticia relacionada general No No Daniel Waldenström: «No existe un derecho a vivir en el centro de una capital» John Müller¿Qué problema tenemos con la corrupción?Un problema político, estructural y transversal. Afecta a todos los partidos y tiene que ver con el funcionamiento de nuestras instituciones. Viene de muy lejos. Siempre digo que es como una enfermedad: tiene momentos de erupción, de mucha visibilidad, y momentos más tranquilos. Pero la enfermedad está ahí.¿Cuándo se perdió la oportunidad de la regeneración democrática?Yo diría que alrededor de 2016 o 2017. La crisis abrió una ventana de oportunidad. Había una ilusión reformista, incluso con partidos nuevos como Ciudadanos y Podemos. Se hablaba de reformar instituciones, de cambiar lo que funcionaba mal. Pero esos partidos fracasaron de forma estrepitosa o se adaptaron al sistema. La ventana se cerró y los partidos tradicionales siguieron con el ‘business as usual’. Ya no se habla de grandes reformas institucionales.¿Rajoy reformó?Hizo las reformas que le obligaron a hacer o las que no tenía más remedio que hacer. Pero las que podía evitar, las evitó.Instituciones «España no se derrumba, pero se deteriora; no ha perdido sus instituciones, las ha ido vaciando de contrapesos»¿Cuál es hoy el contrapeso más debilitado en España?El Parlamento. Prácticamente no pinta nada. No hay presupuestos, no hay un control del Ejecutivo digno de ese nombre y se legisla por decreto ley. Esta legislatura ha sido muy dramática en ese sentido. También se han debilitado mucho la Administración pública y otras instituciones. El Tribunal Constitucional parece una Cámara más. La Fiscalía General del Estado siempre ha sido dependiente del Gobierno, pero ahora lo es todavía más.Usted es abogada del Estado en excedencia. ¿El Estado se defiende hoy peor de los partidos que lo ocupan?Sí, sin duda. Percibo más miedo. Miedo a los jefes políticos, miedo a moverse, miedo a que una decisión profesional tenga consecuencias. Siempre ha existido cierta dependencia para acceder a cargos importantes de libre designación, pero ahora hay más necesidad de arrimarse al poder para progresar y más miedo a incomodarlo. Eso debilita mucho a la Administración.Ha sostenido que la situación del fiscal general era institucionalmente insostenible y que debía dimitir. ¿Por qué la responsabilidad institucional debe ir más allá de la penal?Porque si la única responsabilidad institucional se liga a una condena penal firme, nuestros estándares son bajísimos. Si uno tiene que dimitir solo cuando lo condenan, ¡apaga y vámonos! En España se confunde mucho la institución con la persona. La institución tiene que sobrevivir a quien la encarna en cada momento. Aunque el fiscal general esté convencido de su inocencia, debe preguntarse si su permanencia daña a la Fiscalía. Y yo creo que la institución ha quedado muy tocada.¿El problema es la persona o el diseño de la institución?El diseño. Yo no compro eso de que «es independiente quien quiere». Las personas funcionamos con incentivos. Y los incentivos de la Fiscalía empujan a ser complaciente con el poder. No podemos esperar héroes o heroínas que resistan todas las presiones. Hay que cambiar los incentivos para que la autonomía sea real.Parlamento «El Parlamento prácticamente no pinta nada: no hay presupuestos, no hay control del Ejecutivo y se legisla por decreto ley»»¿España tiene un problema de jueces politizados o de políticos que quieren controlar a los jueces?La política se ha trasladado a los juzgados porque los políticos no asumen sus responsabilidades políticas. Si no se dimite por ejemplaridad, por negligencia o por responsabilidad ‘in vigilando’, todo acaba dependiendo de si hay responsabilidad penal. Entonces la carrera política se juega en los tribunales. Eso es una aberración. Politiza la justicia, tensiona a los jueces y convierte cada investigación en una batalla política.¿La expresión ‘lawfare’ es una etiqueta para desacreditar investigaciones incómodas?Básicamente sí. Es una etiqueta muy útil para desacreditar cualquier investigación que incomoda. Ahora bien, puede haber casos concretos que se lleven a la vía judicial que quizá no deberían estar ahí. Con uno o dos casos basta para contaminar el debate. Pero no se puede llamar ‘lawfare’ a toda investigación que a uno le viene mal, y menos en un sistema con tantas garantías, recursos y revisiones como el nuestro.Usted ha dicho que la corrupción española es político-institucional. ¿Qué quiere decir?Que está ligada a los partidos, a los altos cargos, a la contratación pública, a las empresas públicas y a la ocupación de las instituciones. Por supuesto, participan empresarios o agentes privados, pero el foco está donde está: en la política y en las instituciones. Los partidos tienen que salir de las instituciones. Hay que despolitizar la Administración y los organismos de control. Y los partidos deberían funcionar internamente de una manera muy distinta.¿Qué papel tiene la contratación pública en la corrupción española?Es probablemente la pieza central. Ahí se articulan muchas tramas de corrupción. Tenemos una contratación pública hiperregulada, con una normativa detalladísima, pero llena de espacios donde se puede manipular o amañar un contrato. Se ha reformado muchas veces la ley, hay directivas europeas y organismos de supervisión, pero los contratos se siguen amañando. Y si tu jefe político te dice que un contrato tiene que ir a una empresa concreta, y tú no tienes capacidad de resistencia, estamos donde estamos.Abogada del Estado, De la Nuez es miembro de la Fundación Hay Derecho. I. Permuy¿Por qué cuesta tanto castigar socialmente la corrupción?Porque hay una tolerancia social preocupante. Incluso, a veces, cierta admiración por el listo al que le ha ido bien. Si alguien roba y no le pillan, o consigue conservar su posición y su dinero, parece que socialmente no pasa tanto. Eso es gravísimo. Luego se añade la polarización: a los míos les perdono todo y a los otros no les perdono nada. Pero lo de fondo es esa tolerancia hacia la corrupción exitosa.¿Hay una tolerancia tribal?Sí. La corrupción de los míos se considera anecdótica y la del adversario, estructural. Pero el ‘y tú más’ quiere decir también ‘y yo también’. Al final, como ciudadano, me da igual que me robe uno o que me robe otro. Si todos roban, el problema es de todos.Partidos «PP y PSOE han construido el sistema que luego denuncian cuando lo utiliza el contrario: el reparto de cromos»¿Los partidos españoles han colonizado el Estado?Totalmente. No fue de la noche a la mañana. Si miras el Tribunal Constitucional a lo largo de casi cincuenta años, ves cómo ha ido aumentando la colonización. Al principio los magistrados eran bastante independientes y no tenían vínculos políticos tan claros. Hoy hemos visto magistrados que pasan directamente del Gobierno al Tribunal Constitucional. Y se van animando porque no pasa nada. No tiene coste.¿España tiene demasiados cargos de libre designación?Sí, sin duda. Y además la libre designación ha ido descendiendo hacia niveles cada vez más bajos. Ya no afecta solo a la cúpula. Llega a puestos semidirectivos de la Administración. Eso significa que muchos funcionarios, especialmente los más formados y con mayor responsabilidad, dependen de estar bien con los políticos. Y la libre designación lleva aparejado el libre cese. Te pueden cesar mañana. Eso crea un vínculo muy estrecho entre funcionarios y partidos.¿Qué responsabilidad tienen PP y PSOE?Toda. Lo han construido ellos. Durante mucho tiempo hubo una especie de pacto tácito: ahora te toca a ti y luego me toca a mí. El reparto de cromos. Me recuerda, salvando las distancias, al turnismo de la Restauración. Ahora están rotos muchos puentes por la polarización, pero durante años el sistema funcionó así.¿Hay fatiga democrática en España?Sí, y no solo en España. Hay una sensación de que la democracia no funciona como debería para sectores amplios de la población. Pienso mucho en los jóvenes. Están muy enfadados con el sistema: sueldos bajos, dificultad para alquilar, sensación de que todo va para los mayores. Ese malestar puede ser rentabilizado por opciones extremas. Si una parte importante de la población siente que la democracia no funciona para ella, tienes un problema muy serio.¿Europa ayuda a corregir esta deriva?Muchísimo. A veces somos injustos con Europa. Si España no estuviera en la Unión Europea, si no existieran la Comisión, el Tribunal de Justicia o el Consejo de Europa, estaríamos muchísimo peor.Si pudiera aprobar tres reformas institucionales mañana, ¿cuáles serían?Primero, profesionalizar la Administración pública: reformar la libre designación y el libre cese, introducir mérito y capacidad de verdad. Segundo, reforzar todas las instituciones de contrapeso: Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Fiscalía General del Estado. Tercero, reformar los partidos políticos.Regeneración «Soy pesimista sobre la capa político-institucional, pero no sobre la sociedad española. Podemos más»¿Qué significa reformar los partidos?Hacerlos más democráticos y menos dependientes del líder. Lo dice la Constitución: funcionamiento y organización democrática. Hay que poner contrapesos internos al caudillismo, órganos de garantía que funcionen de verdad, cauces reales de participación de los afiliados, congresos con fechas fijas y reglas que no dependan del líder. Si los partidos funcionan mal, la democracia funciona mal.¿España aún está a tiempo de corregir el rumbo sin una crisis mayor?Nosotros siempre pensamos que ya habíamos vivido la gran crisis y que eso permitiría corregir el rumbo. Pero no lo hicimos. Tuvimos la crisis económica, la crisis catalana y otros episodios que han deformado muchas cosas. Vamos sobreviviendo, sí, pero cada crisis deja heridas.¿Es pesimista?Soy pesimista sobre la capa político-institucional, pero no sobre la sociedad española. España es una sociedad mucho más potente que hace cuarenta o cincuenta años. El problema es que tiene una capa político-institucional que no se corresponde con ese potencial. Podemos más. El problema está muy focalizado en cómo funciona el poder. Elisa de la Nuez lleva años mirando donde la política española prefiere no mirar: al engranaje institucional. Abogada del Estado en excedencia, ensayista y una de las voces más constantes de la Fundación Hay Derecho, ha hecho del Estado de Derecho no una abstracción jurídica, sino una forma de medir la calidad real de una democracia. Habla con precisión, sin estridencias y con una mezcla de severidad técnica y desencanto cívico. Su diagnóstico es duro: España no se derrumba, pero se deteriora; no ha perdido sus instituciones, pero las ha ido vaciando de contrapesos; no carece de leyes, pero sí de incentivos para que el poder se limite a sí mismo.La conversación gira en torno a corrupción , Fiscalía, Parlamento, partidos, contratación pública, polarización y Europa. De la Nuez no compra la explicación cómoda de los «casos aislados». Cree que el problema español es más profundo: una cultura política que concibe la Administración como territorio de ocupación y un sistema de partidos poco dispuesto a renunciar a los instrumentos que le dan poder.Usted lleva años hablando de deterioro institucional. ¿España está peor que hace una década o simplemente somos más conscientes del problema?Está peor. Hay una parte de mayor conciencia, sin duda, pero los indicadores muestran deterioro. En la Fundación Hay Derecho medimos la salud institucional y lo que observamos es un declive, quizá no dramático, pero sí constante. La dirección no es buena. Y además hay algo que se dice poco: mientras España empeora, otros países han mejorado mucho, por ejemplo los bálticos. Nosotros no estamos mejorando.Noticia relacionada general No No Daniel Waldenström: «No existe un derecho a vivir en el centro de una capital» John Müller¿Qué problema tenemos con la corrupción?Un problema político, estructural y transversal. Afecta a todos los partidos y tiene que ver con el funcionamiento de nuestras instituciones. Viene de muy lejos. Siempre digo que es como una enfermedad: tiene momentos de erupción, de mucha visibilidad, y momentos más tranquilos. Pero la enfermedad está ahí.¿Cuándo se perdió la oportunidad de la regeneración democrática?Yo diría que alrededor de 2016 o 2017. La crisis abrió una ventana de oportunidad. Había una ilusión reformista, incluso con partidos nuevos como Ciudadanos y Podemos. Se hablaba de reformar instituciones, de cambiar lo que funcionaba mal. Pero esos partidos fracasaron de forma estrepitosa o se adaptaron al sistema. La ventana se cerró y los partidos tradicionales siguieron con el ‘business as usual’. Ya no se habla de grandes reformas institucionales.¿Rajoy reformó?Hizo las reformas que le obligaron a hacer o las que no tenía más remedio que hacer. Pero las que podía evitar, las evitó.Instituciones «España no se derrumba, pero se deteriora; no ha perdido sus instituciones, las ha ido vaciando de contrapesos»¿Cuál es hoy el contrapeso más debilitado en España?El Parlamento. Prácticamente no pinta nada. No hay presupuestos, no hay un control del Ejecutivo digno de ese nombre y se legisla por decreto ley. Esta legislatura ha sido muy dramática en ese sentido. También se han debilitado mucho la Administración pública y otras instituciones. El Tribunal Constitucional parece una Cámara más. La Fiscalía General del Estado siempre ha sido dependiente del Gobierno, pero ahora lo es todavía más.Usted es abogada del Estado en excedencia. ¿El Estado se defiende hoy peor de los partidos que lo ocupan?Sí, sin duda. Percibo más miedo. Miedo a los jefes políticos, miedo a moverse, miedo a que una decisión profesional tenga consecuencias. Siempre ha existido cierta dependencia para acceder a cargos importantes de libre designación, pero ahora hay más necesidad de arrimarse al poder para progresar y más miedo a incomodarlo. Eso debilita mucho a la Administración.Ha sostenido que la situación del fiscal general era institucionalmente insostenible y que debía dimitir. ¿Por qué la responsabilidad institucional debe ir más allá de la penal?Porque si la única responsabilidad institucional se liga a una condena penal firme, nuestros estándares son bajísimos. Si uno tiene que dimitir solo cuando lo condenan, ¡apaga y vámonos! En España se confunde mucho la institución con la persona. La institución tiene que sobrevivir a quien la encarna en cada momento. Aunque el fiscal general esté convencido de su inocencia, debe preguntarse si su permanencia daña a la Fiscalía. Y yo creo que la institución ha quedado muy tocada.¿El problema es la persona o el diseño de la institución?El diseño. Yo no compro eso de que «es independiente quien quiere». Las personas funcionamos con incentivos. Y los incentivos de la Fiscalía empujan a ser complaciente con el poder. No podemos esperar héroes o heroínas que resistan todas las presiones. Hay que cambiar los incentivos para que la autonomía sea real.Parlamento «El Parlamento prácticamente no pinta nada: no hay presupuestos, no hay control del Ejecutivo y se legisla por decreto ley»»¿España tiene un problema de jueces politizados o de políticos que quieren controlar a los jueces?La política se ha trasladado a los juzgados porque los políticos no asumen sus responsabilidades políticas. Si no se dimite por ejemplaridad, por negligencia o por responsabilidad ‘in vigilando’, todo acaba dependiendo de si hay responsabilidad penal. Entonces la carrera política se juega en los tribunales. Eso es una aberración. Politiza la justicia, tensiona a los jueces y convierte cada investigación en una batalla política.¿La expresión ‘lawfare’ es una etiqueta para desacreditar investigaciones incómodas?Básicamente sí. Es una etiqueta muy útil para desacreditar cualquier investigación que incomoda. Ahora bien, puede haber casos concretos que se lleven a la vía judicial que quizá no deberían estar ahí. Con uno o dos casos basta para contaminar el debate. Pero no se puede llamar ‘lawfare’ a toda investigación que a uno le viene mal, y menos en un sistema con tantas garantías, recursos y revisiones como el nuestro.Usted ha dicho que la corrupción española es político-institucional. ¿Qué quiere decir?Que está ligada a los partidos, a los altos cargos, a la contratación pública, a las empresas públicas y a la ocupación de las instituciones. Por supuesto, participan empresarios o agentes privados, pero el foco está donde está: en la política y en las instituciones. Los partidos tienen que salir de las instituciones. Hay que despolitizar la Administración y los organismos de control. Y los partidos deberían funcionar internamente de una manera muy distinta.¿Qué papel tiene la contratación pública en la corrupción española?Es probablemente la pieza central. Ahí se articulan muchas tramas de corrupción. Tenemos una contratación pública hiperregulada, con una normativa detalladísima, pero llena de espacios donde se puede manipular o amañar un contrato. Se ha reformado muchas veces la ley, hay directivas europeas y organismos de supervisión, pero los contratos se siguen amañando. Y si tu jefe político te dice que un contrato tiene que ir a una empresa concreta, y tú no tienes capacidad de resistencia, estamos donde estamos.Abogada del Estado, De la Nuez es miembro de la Fundación Hay Derecho. I. Permuy¿Por qué cuesta tanto castigar socialmente la corrupción?Porque hay una tolerancia social preocupante. Incluso, a veces, cierta admiración por el listo al que le ha ido bien. Si alguien roba y no le pillan, o consigue conservar su posición y su dinero, parece que socialmente no pasa tanto. Eso es gravísimo. Luego se añade la polarización: a los míos les perdono todo y a los otros no les perdono nada. Pero lo de fondo es esa tolerancia hacia la corrupción exitosa.¿Hay una tolerancia tribal?Sí. La corrupción de los míos se considera anecdótica y la del adversario, estructural. Pero el ‘y tú más’ quiere decir también ‘y yo también’. Al final, como ciudadano, me da igual que me robe uno o que me robe otro. Si todos roban, el problema es de todos.Partidos «PP y PSOE han construido el sistema que luego denuncian cuando lo utiliza el contrario: el reparto de cromos»¿Los partidos españoles han colonizado el Estado?Totalmente. No fue de la noche a la mañana. Si miras el Tribunal Constitucional a lo largo de casi cincuenta años, ves cómo ha ido aumentando la colonización. Al principio los magistrados eran bastante independientes y no tenían vínculos políticos tan claros. Hoy hemos visto magistrados que pasan directamente del Gobierno al Tribunal Constitucional. Y se van animando porque no pasa nada. No tiene coste.¿España tiene demasiados cargos de libre designación?Sí, sin duda. Y además la libre designación ha ido descendiendo hacia niveles cada vez más bajos. Ya no afecta solo a la cúpula. Llega a puestos semidirectivos de la Administración. Eso significa que muchos funcionarios, especialmente los más formados y con mayor responsabilidad, dependen de estar bien con los políticos. Y la libre designación lleva aparejado el libre cese. Te pueden cesar mañana. Eso crea un vínculo muy estrecho entre funcionarios y partidos.¿Qué responsabilidad tienen PP y PSOE?Toda. Lo han construido ellos. Durante mucho tiempo hubo una especie de pacto tácito: ahora te toca a ti y luego me toca a mí. El reparto de cromos. Me recuerda, salvando las distancias, al turnismo de la Restauración. Ahora están rotos muchos puentes por la polarización, pero durante años el sistema funcionó así.¿Hay fatiga democrática en España?Sí, y no solo en España. Hay una sensación de que la democracia no funciona como debería para sectores amplios de la población. Pienso mucho en los jóvenes. Están muy enfadados con el sistema: sueldos bajos, dificultad para alquilar, sensación de que todo va para los mayores. Ese malestar puede ser rentabilizado por opciones extremas. Si una parte importante de la población siente que la democracia no funciona para ella, tienes un problema muy serio.¿Europa ayuda a corregir esta deriva?Muchísimo. A veces somos injustos con Europa. Si España no estuviera en la Unión Europea, si no existieran la Comisión, el Tribunal de Justicia o el Consejo de Europa, estaríamos muchísimo peor.Si pudiera aprobar tres reformas institucionales mañana, ¿cuáles serían?Primero, profesionalizar la Administración pública: reformar la libre designación y el libre cese, introducir mérito y capacidad de verdad. Segundo, reforzar todas las instituciones de contrapeso: Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Fiscalía General del Estado. Tercero, reformar los partidos políticos.Regeneración «Soy pesimista sobre la capa político-institucional, pero no sobre la sociedad española. Podemos más»¿Qué significa reformar los partidos?Hacerlos más democráticos y menos dependientes del líder. Lo dice la Constitución: funcionamiento y organización democrática. Hay que poner contrapesos internos al caudillismo, órganos de garantía que funcionen de verdad, cauces reales de participación de los afiliados, congresos con fechas fijas y reglas que no dependan del líder. Si los partidos funcionan mal, la democracia funciona mal.¿España aún está a tiempo de corregir el rumbo sin una crisis mayor?Nosotros siempre pensamos que ya habíamos vivido la gran crisis y que eso permitiría corregir el rumbo. Pero no lo hicimos. Tuvimos la crisis económica, la crisis catalana y otros episodios que han deformado muchas cosas. Vamos sobreviviendo, sí, pero cada crisis deja heridas.¿Es pesimista?Soy pesimista sobre la capa político-institucional, pero no sobre la sociedad española. España es una sociedad mucho más potente que hace cuarenta o cincuenta años. El problema es que tiene una capa político-institucional que no se corresponde con ese potencial. Podemos más. El problema está muy focalizado en cómo funciona el poder. Elisa de la Nuez lleva años mirando donde la política española prefiere no mirar: al engranaje institucional. Abogada del Estado en excedencia, ensayista y una de las voces más constantes de la Fundación Hay Derecho, ha hecho del Estado de Derecho no una abstracción jurídica, sino una forma de medir la calidad real de una democracia. Habla con precisión, sin estridencias y con una mezcla de severidad técnica y desencanto cívico. Su diagnóstico es duro: España no se derrumba, pero se deteriora; no ha perdido sus instituciones, pero las ha ido vaciando de contrapesos; no carece de leyes, pero sí de incentivos para que el poder se limite a sí mismo.La conversación gira en torno a corrupción , Fiscalía, Parlamento, partidos, contratación pública, polarización y Europa. De la Nuez no compra la explicación cómoda de los «casos aislados». Cree que el problema español es más profundo: una cultura política que concibe la Administración como territorio de ocupación y un sistema de partidos poco dispuesto a renunciar a los instrumentos que le dan poder.Usted lleva años hablando de deterioro institucional. ¿España está peor que hace una década o simplemente somos más conscientes del problema?Está peor. Hay una parte de mayor conciencia, sin duda, pero los indicadores muestran deterioro. En la Fundación Hay Derecho medimos la salud institucional y lo que observamos es un declive, quizá no dramático, pero sí constante. La dirección no es buena. Y además hay algo que se dice poco: mientras España empeora, otros países han mejorado mucho, por ejemplo los bálticos. Nosotros no estamos mejorando.Noticia relacionada general No No Daniel Waldenström: «No existe un derecho a vivir en el centro de una capital» John Müller¿Qué problema tenemos con la corrupción?Un problema político, estructural y transversal. Afecta a todos los partidos y tiene que ver con el funcionamiento de nuestras instituciones. Viene de muy lejos. Siempre digo que es como una enfermedad: tiene momentos de erupción, de mucha visibilidad, y momentos más tranquilos. Pero la enfermedad está ahí.¿Cuándo se perdió la oportunidad de la regeneración democrática?Yo diría que alrededor de 2016 o 2017. La crisis abrió una ventana de oportunidad. Había una ilusión reformista, incluso con partidos nuevos como Ciudadanos y Podemos. Se hablaba de reformar instituciones, de cambiar lo que funcionaba mal. Pero esos partidos fracasaron de forma estrepitosa o se adaptaron al sistema. La ventana se cerró y los partidos tradicionales siguieron con el ‘business as usual’. Ya no se habla de grandes reformas institucionales.¿Rajoy reformó?Hizo las reformas que le obligaron a hacer o las que no tenía más remedio que hacer. Pero las que podía evitar, las evitó.Instituciones «España no se derrumba, pero se deteriora; no ha perdido sus instituciones, las ha ido vaciando de contrapesos»¿Cuál es hoy el contrapeso más debilitado en España?El Parlamento. Prácticamente no pinta nada. No hay presupuestos, no hay un control del Ejecutivo digno de ese nombre y se legisla por decreto ley. Esta legislatura ha sido muy dramática en ese sentido. También se han debilitado mucho la Administración pública y otras instituciones. El Tribunal Constitucional parece una Cámara más. La Fiscalía General del Estado siempre ha sido dependiente del Gobierno, pero ahora lo es todavía más.Usted es abogada del Estado en excedencia. ¿El Estado se defiende hoy peor de los partidos que lo ocupan?Sí, sin duda. Percibo más miedo. Miedo a los jefes políticos, miedo a moverse, miedo a que una decisión profesional tenga consecuencias. Siempre ha existido cierta dependencia para acceder a cargos importantes de libre designación, pero ahora hay más necesidad de arrimarse al poder para progresar y más miedo a incomodarlo. Eso debilita mucho a la Administración.Ha sostenido que la situación del fiscal general era institucionalmente insostenible y que debía dimitir. ¿Por qué la responsabilidad institucional debe ir más allá de la penal?Porque si la única responsabilidad institucional se liga a una condena penal firme, nuestros estándares son bajísimos. Si uno tiene que dimitir solo cuando lo condenan, ¡apaga y vámonos! En España se confunde mucho la institución con la persona. La institución tiene que sobrevivir a quien la encarna en cada momento. Aunque el fiscal general esté convencido de su inocencia, debe preguntarse si su permanencia daña a la Fiscalía. Y yo creo que la institución ha quedado muy tocada.¿El problema es la persona o el diseño de la institución?El diseño. Yo no compro eso de que «es independiente quien quiere». Las personas funcionamos con incentivos. Y los incentivos de la Fiscalía empujan a ser complaciente con el poder. No podemos esperar héroes o heroínas que resistan todas las presiones. Hay que cambiar los incentivos para que la autonomía sea real.Parlamento «El Parlamento prácticamente no pinta nada: no hay presupuestos, no hay control del Ejecutivo y se legisla por decreto ley»»¿España tiene un problema de jueces politizados o de políticos que quieren controlar a los jueces?La política se ha trasladado a los juzgados porque los políticos no asumen sus responsabilidades políticas. Si no se dimite por ejemplaridad, por negligencia o por responsabilidad ‘in vigilando’, todo acaba dependiendo de si hay responsabilidad penal. Entonces la carrera política se juega en los tribunales. Eso es una aberración. Politiza la justicia, tensiona a los jueces y convierte cada investigación en una batalla política.¿La expresión ‘lawfare’ es una etiqueta para desacreditar investigaciones incómodas?Básicamente sí. Es una etiqueta muy útil para desacreditar cualquier investigación que incomoda. Ahora bien, puede haber casos concretos que se lleven a la vía judicial que quizá no deberían estar ahí. Con uno o dos casos basta para contaminar el debate. Pero no se puede llamar ‘lawfare’ a toda investigación que a uno le viene mal, y menos en un sistema con tantas garantías, recursos y revisiones como el nuestro.Usted ha dicho que la corrupción española es político-institucional. ¿Qué quiere decir?Que está ligada a los partidos, a los altos cargos, a la contratación pública, a las empresas públicas y a la ocupación de las instituciones. Por supuesto, participan empresarios o agentes privados, pero el foco está donde está: en la política y en las instituciones. Los partidos tienen que salir de las instituciones. Hay que despolitizar la Administración y los organismos de control. Y los partidos deberían funcionar internamente de una manera muy distinta.¿Qué papel tiene la contratación pública en la corrupción española?Es probablemente la pieza central. Ahí se articulan muchas tramas de corrupción. Tenemos una contratación pública hiperregulada, con una normativa detalladísima, pero llena de espacios donde se puede manipular o amañar un contrato. Se ha reformado muchas veces la ley, hay directivas europeas y organismos de supervisión, pero los contratos se siguen amañando. Y si tu jefe político te dice que un contrato tiene que ir a una empresa concreta, y tú no tienes capacidad de resistencia, estamos donde estamos.Abogada del Estado, De la Nuez es miembro de la Fundación Hay Derecho. I. Permuy¿Por qué cuesta tanto castigar socialmente la corrupción?Porque hay una tolerancia social preocupante. Incluso, a veces, cierta admiración por el listo al que le ha ido bien. Si alguien roba y no le pillan, o consigue conservar su posición y su dinero, parece que socialmente no pasa tanto. Eso es gravísimo. Luego se añade la polarización: a los míos les perdono todo y a los otros no les perdono nada. Pero lo de fondo es esa tolerancia hacia la corrupción exitosa.¿Hay una tolerancia tribal?Sí. La corrupción de los míos se considera anecdótica y la del adversario, estructural. Pero el ‘y tú más’ quiere decir también ‘y yo también’. Al final, como ciudadano, me da igual que me robe uno o que me robe otro. Si todos roban, el problema es de todos.Partidos «PP y PSOE han construido el sistema que luego denuncian cuando lo utiliza el contrario: el reparto de cromos»¿Los partidos españoles han colonizado el Estado?Totalmente. No fue de la noche a la mañana. Si miras el Tribunal Constitucional a lo largo de casi cincuenta años, ves cómo ha ido aumentando la colonización. Al principio los magistrados eran bastante independientes y no tenían vínculos políticos tan claros. Hoy hemos visto magistrados que pasan directamente del Gobierno al Tribunal Constitucional. Y se van animando porque no pasa nada. No tiene coste.¿España tiene demasiados cargos de libre designación?Sí, sin duda. Y además la libre designación ha ido descendiendo hacia niveles cada vez más bajos. Ya no afecta solo a la cúpula. Llega a puestos semidirectivos de la Administración. Eso significa que muchos funcionarios, especialmente los más formados y con mayor responsabilidad, dependen de estar bien con los políticos. Y la libre designación lleva aparejado el libre cese. Te pueden cesar mañana. Eso crea un vínculo muy estrecho entre funcionarios y partidos.¿Qué responsabilidad tienen PP y PSOE?Toda. Lo han construido ellos. Durante mucho tiempo hubo una especie de pacto tácito: ahora te toca a ti y luego me toca a mí. El reparto de cromos. Me recuerda, salvando las distancias, al turnismo de la Restauración. Ahora están rotos muchos puentes por la polarización, pero durante años el sistema funcionó así.¿Hay fatiga democrática en España?Sí, y no solo en España. Hay una sensación de que la democracia no funciona como debería para sectores amplios de la población. Pienso mucho en los jóvenes. Están muy enfadados con el sistema: sueldos bajos, dificultad para alquilar, sensación de que todo va para los mayores. Ese malestar puede ser rentabilizado por opciones extremas. Si una parte importante de la población siente que la democracia no funciona para ella, tienes un problema muy serio.¿Europa ayuda a corregir esta deriva?Muchísimo. A veces somos injustos con Europa. Si España no estuviera en la Unión Europea, si no existieran la Comisión, el Tribunal de Justicia o el Consejo de Europa, estaríamos muchísimo peor.Si pudiera aprobar tres reformas institucionales mañana, ¿cuáles serían?Primero, profesionalizar la Administración pública: reformar la libre designación y el libre cese, introducir mérito y capacidad de verdad. Segundo, reforzar todas las instituciones de contrapeso: Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Fiscalía General del Estado. Tercero, reformar los partidos políticos.Regeneración «Soy pesimista sobre la capa político-institucional, pero no sobre la sociedad española. Podemos más»¿Qué significa reformar los partidos?Hacerlos más democráticos y menos dependientes del líder. Lo dice la Constitución: funcionamiento y organización democrática. Hay que poner contrapesos internos al caudillismo, órganos de garantía que funcionen de verdad, cauces reales de participación de los afiliados, congresos con fechas fijas y reglas que no dependan del líder. Si los partidos funcionan mal, la democracia funciona mal.¿España aún está a tiempo de corregir el rumbo sin una crisis mayor?Nosotros siempre pensamos que ya habíamos vivido la gran crisis y que eso permitiría corregir el rumbo. Pero no lo hicimos. Tuvimos la crisis económica, la crisis catalana y otros episodios que han deformado muchas cosas. Vamos sobreviviendo, sí, pero cada crisis deja heridas.¿Es pesimista?Soy pesimista sobre la capa político-institucional, pero no sobre la sociedad española. España es una sociedad mucho más potente que hace cuarenta o cincuenta años. El problema es que tiene una capa político-institucional que no se corresponde con ese potencial. Podemos más. El problema está muy focalizado en cómo funciona el poder. RSS de noticias de espana
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