La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, espera que el nuevo informe que su departamento le ha encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para evaluar las pensiones ofrezca unas conclusiones más acordes a los últimos «datos sobre crecimiento y empleo». Es decir, que la nueva evaluación que realizará el organismo presidido por Cristina Herrero tendrá en cuenta nuevos datos de Producto Interior Bruto (PIB), así como de afiliació n –con cerca de 22 millones de afiliados– y paro –menos de 2,5 millones hasta mayo– con los que las cuentas del sistema pueden resultar más benignas que hasta el primer gran examen del pasado mes de marzo, elaborado con datos de 2022. El ministerio considera necesario «integrar y ajustar más las distintas reglas fiscales» para adaptarlas al nuevo marco europeo. Saiz, en su comparecencia ante la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, apuntó ayer que «el Gobierno es el primer interesado en la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Por eso, y porque la coyuntura geopolítica y económica internacional hacen necesario estar muy al tanto» de la nueva realidad económica. «En lugar de esperar hasta 2028 para disponer de un nuevo informe trienal, la Airef debe realizar un informe adicional antes del 1 de junio de 2026 para tener una imagen actualizada de la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones».Las felicitaciones del Gobierno en marzo, con el primer examen superado, se han transformado en lo que denominan ahora como «ejercicio de transparencia», sin que ninguna institución se lo haya pedido públicamente. Aunque la realidad es que en Bruselas no quedaron demasiado contentos con aquella evaluación. Y de la capital comunitaria depende que los fondos de recuperación sigan llegando si España sigue cumpliendo.Dos son los cambios que el Ejecutivo ha incluido en el proyecto de real decreto, que se encuentra en fase de consulta pública: el impacto de la reforma laboral de 2022, cuyos efectos no fueron incluidos en el primer examen. Y la espinosa cuestión de las transferencias millonarias que el Estado hace a la Seguridad Social cada año para pagar las prestaciones.En este sentido, Elma Saiz ha mostrado su respeto por la evaluación del sistema de pensiones de la Airef, que dijo que se superó con «éxito», aunque reconoció que existen «diferencias técnicas» y se abrió a «escuchar» mejoras en el diseño de la cláusula de cierre incorporada en la reforma de pensiones de la pasada legislatura.Además, recordó que la reforma de pensiones establece una revisión trianual por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que, en caso de que el gasto en pensiones suba del 13,3 puntos del producto interior bruto (PIB) en términos netos, es decir, que no solo se tienen en cuenta los gastos, sino también los ingresos, se tendrían que adoptar medidas de refuerzo de la sostenibilidad.Inyecciones del EstadoLa ministra también defendió que haya partidas que no se consideren gastos de la Seguridad Social, sino ingresos, como las transferencias que percibe la Seguridad Social desde el Estado para sufragar las pensiones no contributivas o la reducción de cotizaciones que se aplican en determinadas situaciones.«De no computarse, bastaría con modificar el diseño de la política para que en lugar de subvencionarse a la empresa con una reducción de cotización se hiciese con una subvención o transferencia directa. Esto tendría un impacto nulo sobre el gasto público y sobre la cantidad recibida por los beneficiarios, pero incrementaría los ingresos por cotizaciones», arguyó Saiz. En su opinión, el motivo por el que la política está diseñada de esta manera es porque al tratarse de una medida relacionada con el mercado de trabajo, es más sencillo a través de la Seguridad Social. Con todo, dejó claro que «podemos discrepar sobre los impactos estimados o la metodología utilizada» por la Airef, pero «debemos respetar el rol asignado» a la misma.Solo en 2024 el Estado transfirió más de 50.000 millones de euros al sistema, que acumula una deuda superior a los 126.000 millones de euros, un 7% del total. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, espera que el nuevo informe que su departamento le ha encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para evaluar las pensiones ofrezca unas conclusiones más acordes a los últimos «datos sobre crecimiento y empleo». Es decir, que la nueva evaluación que realizará el organismo presidido por Cristina Herrero tendrá en cuenta nuevos datos de Producto Interior Bruto (PIB), así como de afiliació n –con cerca de 22 millones de afiliados– y paro –menos de 2,5 millones hasta mayo– con los que las cuentas del sistema pueden resultar más benignas que hasta el primer gran examen del pasado mes de marzo, elaborado con datos de 2022. El ministerio considera necesario «integrar y ajustar más las distintas reglas fiscales» para adaptarlas al nuevo marco europeo. Saiz, en su comparecencia ante la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, apuntó ayer que «el Gobierno es el primer interesado en la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Por eso, y porque la coyuntura geopolítica y económica internacional hacen necesario estar muy al tanto» de la nueva realidad económica. «En lugar de esperar hasta 2028 para disponer de un nuevo informe trienal, la Airef debe realizar un informe adicional antes del 1 de junio de 2026 para tener una imagen actualizada de la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones».Las felicitaciones del Gobierno en marzo, con el primer examen superado, se han transformado en lo que denominan ahora como «ejercicio de transparencia», sin que ninguna institución se lo haya pedido públicamente. Aunque la realidad es que en Bruselas no quedaron demasiado contentos con aquella evaluación. Y de la capital comunitaria depende que los fondos de recuperación sigan llegando si España sigue cumpliendo.Dos son los cambios que el Ejecutivo ha incluido en el proyecto de real decreto, que se encuentra en fase de consulta pública: el impacto de la reforma laboral de 2022, cuyos efectos no fueron incluidos en el primer examen. Y la espinosa cuestión de las transferencias millonarias que el Estado hace a la Seguridad Social cada año para pagar las prestaciones.En este sentido, Elma Saiz ha mostrado su respeto por la evaluación del sistema de pensiones de la Airef, que dijo que se superó con «éxito», aunque reconoció que existen «diferencias técnicas» y se abrió a «escuchar» mejoras en el diseño de la cláusula de cierre incorporada en la reforma de pensiones de la pasada legislatura.Además, recordó que la reforma de pensiones establece una revisión trianual por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que, en caso de que el gasto en pensiones suba del 13,3 puntos del producto interior bruto (PIB) en términos netos, es decir, que no solo se tienen en cuenta los gastos, sino también los ingresos, se tendrían que adoptar medidas de refuerzo de la sostenibilidad.Inyecciones del EstadoLa ministra también defendió que haya partidas que no se consideren gastos de la Seguridad Social, sino ingresos, como las transferencias que percibe la Seguridad Social desde el Estado para sufragar las pensiones no contributivas o la reducción de cotizaciones que se aplican en determinadas situaciones.«De no computarse, bastaría con modificar el diseño de la política para que en lugar de subvencionarse a la empresa con una reducción de cotización se hiciese con una subvención o transferencia directa. Esto tendría un impacto nulo sobre el gasto público y sobre la cantidad recibida por los beneficiarios, pero incrementaría los ingresos por cotizaciones», arguyó Saiz. En su opinión, el motivo por el que la política está diseñada de esta manera es porque al tratarse de una medida relacionada con el mercado de trabajo, es más sencillo a través de la Seguridad Social. Con todo, dejó claro que «podemos discrepar sobre los impactos estimados o la metodología utilizada» por la Airef, pero «debemos respetar el rol asignado» a la misma.Solo en 2024 el Estado transfirió más de 50.000 millones de euros al sistema, que acumula una deuda superior a los 126.000 millones de euros, un 7% del total. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, espera que el nuevo informe que su departamento le ha encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para evaluar las pensiones ofrezca unas conclusiones más acordes a los últimos «datos sobre crecimiento y empleo». Es decir, que la nueva evaluación que realizará el organismo presidido por Cristina Herrero tendrá en cuenta nuevos datos de Producto Interior Bruto (PIB), así como de afiliació n –con cerca de 22 millones de afiliados– y paro –menos de 2,5 millones hasta mayo– con los que las cuentas del sistema pueden resultar más benignas que hasta el primer gran examen del pasado mes de marzo, elaborado con datos de 2022. El ministerio considera necesario «integrar y ajustar más las distintas reglas fiscales» para adaptarlas al nuevo marco europeo. Saiz, en su comparecencia ante la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, apuntó ayer que «el Gobierno es el primer interesado en la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Por eso, y porque la coyuntura geopolítica y económica internacional hacen necesario estar muy al tanto» de la nueva realidad económica. «En lugar de esperar hasta 2028 para disponer de un nuevo informe trienal, la Airef debe realizar un informe adicional antes del 1 de junio de 2026 para tener una imagen actualizada de la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones».Las felicitaciones del Gobierno en marzo, con el primer examen superado, se han transformado en lo que denominan ahora como «ejercicio de transparencia», sin que ninguna institución se lo haya pedido públicamente. Aunque la realidad es que en Bruselas no quedaron demasiado contentos con aquella evaluación. Y de la capital comunitaria depende que los fondos de recuperación sigan llegando si España sigue cumpliendo.Dos son los cambios que el Ejecutivo ha incluido en el proyecto de real decreto, que se encuentra en fase de consulta pública: el impacto de la reforma laboral de 2022, cuyos efectos no fueron incluidos en el primer examen. Y la espinosa cuestión de las transferencias millonarias que el Estado hace a la Seguridad Social cada año para pagar las prestaciones.En este sentido, Elma Saiz ha mostrado su respeto por la evaluación del sistema de pensiones de la Airef, que dijo que se superó con «éxito», aunque reconoció que existen «diferencias técnicas» y se abrió a «escuchar» mejoras en el diseño de la cláusula de cierre incorporada en la reforma de pensiones de la pasada legislatura.Además, recordó que la reforma de pensiones establece una revisión trianual por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que, en caso de que el gasto en pensiones suba del 13,3 puntos del producto interior bruto (PIB) en términos netos, es decir, que no solo se tienen en cuenta los gastos, sino también los ingresos, se tendrían que adoptar medidas de refuerzo de la sostenibilidad.Inyecciones del EstadoLa ministra también defendió que haya partidas que no se consideren gastos de la Seguridad Social, sino ingresos, como las transferencias que percibe la Seguridad Social desde el Estado para sufragar las pensiones no contributivas o la reducción de cotizaciones que se aplican en determinadas situaciones.«De no computarse, bastaría con modificar el diseño de la política para que en lugar de subvencionarse a la empresa con una reducción de cotización se hiciese con una subvención o transferencia directa. Esto tendría un impacto nulo sobre el gasto público y sobre la cantidad recibida por los beneficiarios, pero incrementaría los ingresos por cotizaciones», arguyó Saiz. En su opinión, el motivo por el que la política está diseñada de esta manera es porque al tratarse de una medida relacionada con el mercado de trabajo, es más sencillo a través de la Seguridad Social. Con todo, dejó claro que «podemos discrepar sobre los impactos estimados o la metodología utilizada» por la Airef, pero «debemos respetar el rol asignado» a la misma.Solo en 2024 el Estado transfirió más de 50.000 millones de euros al sistema, que acumula una deuda superior a los 126.000 millones de euros, un 7% del total. RSS de noticias de economia
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