La industria europea necesita posicionarse y reforzarse en un mercado global cada vez más competitivo. Para ello, la Comisión Europea presentó, el pasado 4 de marzo, la Ley de Aceleración Industrial (IAA por sus siglas en inglés) con la que pretende impulsar la fabricación, el crecimiento de las empresas y la creación de empleo en la UE. Todo ello, a la vez que apoya la transición industrial hacia tecnologías más limpias y preparadas para el futuro. El gran objetivo global es que el peso de la industria manufacturera alcance al menos el 20% del PIB de la Unión Europea para el año 2035. Teniendo en cuenta que representaba el 14,3% del PIB en el 2024, el objetivo no es imposible pero sí complicado. Es una industria que enfrenta distintos retos estructurales, entre ellos los altos costes energéticos, la carga regulatoria creciente, la incertidumbre normativa y una menor capacidad de atraer inversión frente a otras regiones. «A ello se suma la necesidad de asegurar cadenas de suministro competitivas y evitar dependencias estratégicas», indica Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española. Y en el caso de España, estos retos se intensifican en algunos ámbitos, especialmente en lo relativo a costes energéticos y fiscales, así como en la complejidad administrativa. «Existe un gran potencial industrial, pero, para aprovecharlo, es imprescindible avanzar en medidas que mejoren la competitividad de forma inmediata y sostenida», puntualiza.Desde esta alianza, que agrupa sectores industriales estratégicos como el acero, la química, el refino, el papel, el cemento, la cerámica, el automóvil y la industria alimentaria, a través de sus principales asociaciones sectoriales, valoran positivamente que la Comisión sitúe la industria en el centro de la agenda europea y reconozca su papel clave para la autonomía estratégica, la resiliencia de las cadenas de suministro y el crecimiento económico. «El impulso al concepto ‘Made in Europe’ va en la buena dirección», apunta su portavoz. Sin embargo, entienden que, a día de hoy, la ley de Aceleración Industrial no es suficiente. «La iniciativa establece un marco político relevante, pero sigue siendo demasiado declarativa y carece del nivel de concreción necesario para generar un impacto real en la competitividad industrial», matiza. Sin instrumentos claros, especialmente en materia de costes energéticos, fiscalidad e incentivos a la inversión, «será difícil que produzca cambios tangibles», añade.Noticia relacionada general No No La innovación abierta activa el engranaje de las fábricas 4.0 Alberto VelázquezAdemás, en el desarrollo de los llamados ‘lead markets’, esta alianza observa que el criterio de «bajo en carbono» tiende a primar sobre el origen geográfico de la producción, «lo que puede diluir el efecto del «Made in Europe» si no se corrige adecuadamente».Ignacio Crespo, socio de Consultoría de KPMG en España, entiende esta propuesta como una señal política relevante. Destaca la introducción de requisitos como «Fabricación en la UE» o bajas emisiones en la contratación pública y las ayudas estatales, dirigidos a sectores estratégicos como el acero, el cemento, el aluminio, los automóviles y las tecnologías de cero emisiones netas. «Hay coherencia conceptual con el informe Draghi y el momento geoestratégico por el que la UE transita en la actualidad, pero el texto propuesto debe atravesar aún un largo proceso legislativo que podría hacer perder velocidad y foco en su efectiva implementación», advierte.Proceso complejoRecuerda que la ley llega tras un proceso de negociación complejo, «con múltiples intereses nacionales e industriales sobre la mesa, lo que en parte explica su gradualismo». Como pros resalta el hecho de que establece por primera vez un marco explícito de preferencia europea en compras públicas; «la ventanilla única digital de permisos puede reducir burocracia real; y el condicionamiento a la inversión extranjera directa en sectores estratégicos introduce una mayor reciprocidad respecto a socios como China», subraya. Ya como contras indica que los compromisos entre Estados miembros son asimétricos, «y existe el riesgo de que el texto pierda ambición durante la tramitación legislativa. La influencia de sectores como el automóvil o la química se percibe en la cautela de algunos artículos». Entiende que es un primer paso pero no suficiente. Un paso adelante, aunque parcial. «La ley actúa sobre la demanda pública, que representa alrededor del 15% del PIB europeo, lo cual no es menor, pero los problemas estructurales de fondo, como el precio de la energía, requerirán medidas complementarias para que su impacto sea pleno», puntualiza.La ley trata de proteger a las empresas europeas de la competencia desleal con medidas concretas. Para grandes inversiones en sectores estratégicos superiores a 100 millones de euros, cuando un solo tercer país controle más del 40% de la capacidad manufacturera mundial, se exigirá creación de empleo local, transferencia de tecnología y al menos un 50% de empleo europeo. «Son condiciones razonables, aunque su efectividad dependerá de cómo se articulen en la práctica por parte de cada Estado miembro y del desarrollo paralelo de instrumentos como el CBAM», advierte el socio de Consultoría de KPMG en España. Además, se pretende fortalecer al sector industrial frente a presiones comerciales externas, incluida la política arancelaria estadounidense. Y si bien la ley refuerza la base industrial interna «en un escenario de tensión comercial abierta como el actual, y a la expectativa de la evolución de la situación en Irán, la respuesta europea también dependerá de su capacidad negociadora y de la diversificación hacia terceros mercados», matiza.Primeros avancesCristina Riestra, directora de Industria, Energía, Medioambiente y Clima de CEOE , deja claro que, en relación a esta ley, nos encontramos todavía en una fase muy inicial y por ello es pronto para realizar una valoración completa, «ya que solo disponemos de la propuesta de la Comisión». Teniendo en cuenta esto, «resulta positivo que el principal objetivo de esta regulación sea recuperar el peso de la industria en el PIB europeo, con la meta del 20% para 2035, como un elemento central y necesario para reforzar la competitividad de la Unión y una prioridad estratégica que CEOE lleva años defendiendo», puntualiza. En este contexto, la ley se percibe como un paso en la dirección correcta, «al buscar también fortalecer la base industrial europea, impulsar la demanda de productos europeos y abordar retos clave como la descarbonización y la resiliencia de las cadenas de suministro», resalta Riestra. Sin embargo, cree que su impacto real podría ser limitado/menor de la ambición que se propone, ya que su alcance sectorial es relativamente reducido y desigual. «Además, su desarrollo dependerá de un alto número de actos delegados, cosa que introduce inseguridad jurídica y complejidad regulatoria», recalca. Esto puede dificultar la previsibilidad para las empresas y limitar el impacto real de la ley en el corto y medio plazo.Algunas medidas, como los relativos a la agilización de los permisos industriales (la ambición para simplificar los trámites administrativos, incluyendo digitalizar los procesos o crear zonas específicas para impulsar la actividad industrial), «pueden ayudar a que las empresas inviertan más fácilmente y a que los proyectos se pongan en marcha con mayor rapidez», indican desde CEOE. Sin embargo, su impacto real dependerá de cómo se apliquen en cada Estado Miembro: «el hecho de que la norma se plantee como reglamento debería ayudar a una aplicación armonizada», apunta Cristina Riestra. Reconoce que hay dudas sobre si algunas herramientas serán realmente efectivas o si se usarán de forma limitada. Además, la falta de claridad en temas importantes, como las normas medioambientales o cómo priorizan ciertos productos en las compras públicas, «hace que la propuesta pueda no tener todo el alcance transformador que se espera», puntualiza.Freno inversorLa ley abre una oportunidad relevante para generar empleo, especialmente si logra atraer nuevas inversiones industriales y reforzar sectores estratégicos en Europa. «En este sentido, el marco regulatorio puede actuar como un incentivo para impulsar proyectos de mayor valor añadido, ya que vincula la inversión extranjera a la creación de empleo y a una mayor integración en las cadenas de valor europeas», afirma la directora de Industria, Energía, Medioambiente y Clima de CEOE. No obstante, se trata de un impacto positivo que no está asegurado. Algunas de las condiciones exigidas a los inversores, «como la transferencia tecnológica o la participación mayoritaria europea, podrían frenar ciertas inversiones si no se aplican con equilibrio», apunta. Entiende que el efecto final sobre el empleo dependerá de que la Ley se convierta en una palanca que «combine ambición industrial con un entorno atractivo para invertir».Desde la Cátedra bp para una Neutralidad Climática Sostenible de la Universidad Pontificia Comillas, entienden que esta ley es un avance bienvenido en términos de descarbonización de la industria europea. «Con respecto a otras iniciativas previas, amplía el número de sectores industriales cubiertos hacia los más intensivos en energía, y sobre todo, trata de crear una demanda interna que ahora mismo no existe para productos europeos descarbonizados. Sin demanda, es difícil crear esa industria descarbonizada», resalta el director de la cátedra, Pedro Linares.No obstante, crear la demanda no es suficiente. «Hacen falta más señales y políticas: de innovación, para poder desarrollar las tecnologías necesarias; de apoyo público, para que estas tecnologías descarbonizadas puedan escalar de tamaño; de incentivación via ETS, reduciendo la asignación gratuita de permisos de emisión y por tanto haciendo más caros los productos intensivos en carbono; de protección frente a las importaciones que no pagan el precio de CO2…», pone como ejemplos.Linares llama la atención al hecho de que aún no tenemos desarrolladas todas las tecnologías que necesitamos, sobre todo en los sectores más intensivos. «Necesitamos impulsar la innovación también para poder liderar en los mercados internacionales con nuestras tecnologías (como está haciendo ya China por ejemplo con la solar fotovoltaica o con los coches eléctricos o las baterías), y así no depender de terceros países para la descarbonización».Desarrollo tecnológicoEn su opinión, la ley establece requisitos estrictos de origen y sostenibilidad para acceder a contratos públicos y esquemas de apoyo según sectores y productos. Cuestionado sobre si son medidas realistas, entiende que «va a depender mucho del estado de desarrollo de las tecnologías bajas en carbono». Si están en un estado muy temprano de desarrollo, «quizá sea difícil cumplir los objetivos; si no están desarrolladas a escala comercial, su coste puede ser muy elevado, y esto puede hacer estas medidas poco realistas por su alto coste», subraya. A su vez, para aquellas tecnologías ya dominadas por otros países no parece muy realista tratar de ir solos, «porque seguramente no conseguiríamos reducir costes y terminaríamos pagando mucho más por lo mismo», puntualiza.Cabe recordar que los sectores más intensivos en energía y emisiones son también los más complicados para descarbonizar. El cemento, el acero, la industria química, la cerámica o el vidrio son sectores para los que no existen aún soluciones comerciales para la descarbonización, y es aquí donde hace más falta seguir innovando y logrando escala industrial. La industria europea necesita posicionarse y reforzarse en un mercado global cada vez más competitivo. Para ello, la Comisión Europea presentó, el pasado 4 de marzo, la Ley de Aceleración Industrial (IAA por sus siglas en inglés) con la que pretende impulsar la fabricación, el crecimiento de las empresas y la creación de empleo en la UE. Todo ello, a la vez que apoya la transición industrial hacia tecnologías más limpias y preparadas para el futuro. El gran objetivo global es que el peso de la industria manufacturera alcance al menos el 20% del PIB de la Unión Europea para el año 2035. Teniendo en cuenta que representaba el 14,3% del PIB en el 2024, el objetivo no es imposible pero sí complicado. Es una industria que enfrenta distintos retos estructurales, entre ellos los altos costes energéticos, la carga regulatoria creciente, la incertidumbre normativa y una menor capacidad de atraer inversión frente a otras regiones. «A ello se suma la necesidad de asegurar cadenas de suministro competitivas y evitar dependencias estratégicas», indica Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española. Y en el caso de España, estos retos se intensifican en algunos ámbitos, especialmente en lo relativo a costes energéticos y fiscales, así como en la complejidad administrativa. «Existe un gran potencial industrial, pero, para aprovecharlo, es imprescindible avanzar en medidas que mejoren la competitividad de forma inmediata y sostenida», puntualiza.Desde esta alianza, que agrupa sectores industriales estratégicos como el acero, la química, el refino, el papel, el cemento, la cerámica, el automóvil y la industria alimentaria, a través de sus principales asociaciones sectoriales, valoran positivamente que la Comisión sitúe la industria en el centro de la agenda europea y reconozca su papel clave para la autonomía estratégica, la resiliencia de las cadenas de suministro y el crecimiento económico. «El impulso al concepto ‘Made in Europe’ va en la buena dirección», apunta su portavoz. Sin embargo, entienden que, a día de hoy, la ley de Aceleración Industrial no es suficiente. «La iniciativa establece un marco político relevante, pero sigue siendo demasiado declarativa y carece del nivel de concreción necesario para generar un impacto real en la competitividad industrial», matiza. Sin instrumentos claros, especialmente en materia de costes energéticos, fiscalidad e incentivos a la inversión, «será difícil que produzca cambios tangibles», añade.Noticia relacionada general No No La innovación abierta activa el engranaje de las fábricas 4.0 Alberto VelázquezAdemás, en el desarrollo de los llamados ‘lead markets’, esta alianza observa que el criterio de «bajo en carbono» tiende a primar sobre el origen geográfico de la producción, «lo que puede diluir el efecto del «Made in Europe» si no se corrige adecuadamente».Ignacio Crespo, socio de Consultoría de KPMG en España, entiende esta propuesta como una señal política relevante. Destaca la introducción de requisitos como «Fabricación en la UE» o bajas emisiones en la contratación pública y las ayudas estatales, dirigidos a sectores estratégicos como el acero, el cemento, el aluminio, los automóviles y las tecnologías de cero emisiones netas. «Hay coherencia conceptual con el informe Draghi y el momento geoestratégico por el que la UE transita en la actualidad, pero el texto propuesto debe atravesar aún un largo proceso legislativo que podría hacer perder velocidad y foco en su efectiva implementación», advierte.Proceso complejoRecuerda que la ley llega tras un proceso de negociación complejo, «con múltiples intereses nacionales e industriales sobre la mesa, lo que en parte explica su gradualismo». Como pros resalta el hecho de que establece por primera vez un marco explícito de preferencia europea en compras públicas; «la ventanilla única digital de permisos puede reducir burocracia real; y el condicionamiento a la inversión extranjera directa en sectores estratégicos introduce una mayor reciprocidad respecto a socios como China», subraya. Ya como contras indica que los compromisos entre Estados miembros son asimétricos, «y existe el riesgo de que el texto pierda ambición durante la tramitación legislativa. La influencia de sectores como el automóvil o la química se percibe en la cautela de algunos artículos». Entiende que es un primer paso pero no suficiente. Un paso adelante, aunque parcial. «La ley actúa sobre la demanda pública, que representa alrededor del 15% del PIB europeo, lo cual no es menor, pero los problemas estructurales de fondo, como el precio de la energía, requerirán medidas complementarias para que su impacto sea pleno», puntualiza.La ley trata de proteger a las empresas europeas de la competencia desleal con medidas concretas. Para grandes inversiones en sectores estratégicos superiores a 100 millones de euros, cuando un solo tercer país controle más del 40% de la capacidad manufacturera mundial, se exigirá creación de empleo local, transferencia de tecnología y al menos un 50% de empleo europeo. «Son condiciones razonables, aunque su efectividad dependerá de cómo se articulen en la práctica por parte de cada Estado miembro y del desarrollo paralelo de instrumentos como el CBAM», advierte el socio de Consultoría de KPMG en España. Además, se pretende fortalecer al sector industrial frente a presiones comerciales externas, incluida la política arancelaria estadounidense. Y si bien la ley refuerza la base industrial interna «en un escenario de tensión comercial abierta como el actual, y a la expectativa de la evolución de la situación en Irán, la respuesta europea también dependerá de su capacidad negociadora y de la diversificación hacia terceros mercados», matiza.Primeros avancesCristina Riestra, directora de Industria, Energía, Medioambiente y Clima de CEOE , deja claro que, en relación a esta ley, nos encontramos todavía en una fase muy inicial y por ello es pronto para realizar una valoración completa, «ya que solo disponemos de la propuesta de la Comisión». Teniendo en cuenta esto, «resulta positivo que el principal objetivo de esta regulación sea recuperar el peso de la industria en el PIB europeo, con la meta del 20% para 2035, como un elemento central y necesario para reforzar la competitividad de la Unión y una prioridad estratégica que CEOE lleva años defendiendo», puntualiza. En este contexto, la ley se percibe como un paso en la dirección correcta, «al buscar también fortalecer la base industrial europea, impulsar la demanda de productos europeos y abordar retos clave como la descarbonización y la resiliencia de las cadenas de suministro», resalta Riestra. Sin embargo, cree que su impacto real podría ser limitado/menor de la ambición que se propone, ya que su alcance sectorial es relativamente reducido y desigual. «Además, su desarrollo dependerá de un alto número de actos delegados, cosa que introduce inseguridad jurídica y complejidad regulatoria», recalca. Esto puede dificultar la previsibilidad para las empresas y limitar el impacto real de la ley en el corto y medio plazo.Algunas medidas, como los relativos a la agilización de los permisos industriales (la ambición para simplificar los trámites administrativos, incluyendo digitalizar los procesos o crear zonas específicas para impulsar la actividad industrial), «pueden ayudar a que las empresas inviertan más fácilmente y a que los proyectos se pongan en marcha con mayor rapidez», indican desde CEOE. Sin embargo, su impacto real dependerá de cómo se apliquen en cada Estado Miembro: «el hecho de que la norma se plantee como reglamento debería ayudar a una aplicación armonizada», apunta Cristina Riestra. Reconoce que hay dudas sobre si algunas herramientas serán realmente efectivas o si se usarán de forma limitada. Además, la falta de claridad en temas importantes, como las normas medioambientales o cómo priorizan ciertos productos en las compras públicas, «hace que la propuesta pueda no tener todo el alcance transformador que se espera», puntualiza.Freno inversorLa ley abre una oportunidad relevante para generar empleo, especialmente si logra atraer nuevas inversiones industriales y reforzar sectores estratégicos en Europa. «En este sentido, el marco regulatorio puede actuar como un incentivo para impulsar proyectos de mayor valor añadido, ya que vincula la inversión extranjera a la creación de empleo y a una mayor integración en las cadenas de valor europeas», afirma la directora de Industria, Energía, Medioambiente y Clima de CEOE. No obstante, se trata de un impacto positivo que no está asegurado. Algunas de las condiciones exigidas a los inversores, «como la transferencia tecnológica o la participación mayoritaria europea, podrían frenar ciertas inversiones si no se aplican con equilibrio», apunta. Entiende que el efecto final sobre el empleo dependerá de que la Ley se convierta en una palanca que «combine ambición industrial con un entorno atractivo para invertir».Desde la Cátedra bp para una Neutralidad Climática Sostenible de la Universidad Pontificia Comillas, entienden que esta ley es un avance bienvenido en términos de descarbonización de la industria europea. «Con respecto a otras iniciativas previas, amplía el número de sectores industriales cubiertos hacia los más intensivos en energía, y sobre todo, trata de crear una demanda interna que ahora mismo no existe para productos europeos descarbonizados. Sin demanda, es difícil crear esa industria descarbonizada», resalta el director de la cátedra, Pedro Linares.No obstante, crear la demanda no es suficiente. «Hacen falta más señales y políticas: de innovación, para poder desarrollar las tecnologías necesarias; de apoyo público, para que estas tecnologías descarbonizadas puedan escalar de tamaño; de incentivación via ETS, reduciendo la asignación gratuita de permisos de emisión y por tanto haciendo más caros los productos intensivos en carbono; de protección frente a las importaciones que no pagan el precio de CO2…», pone como ejemplos.Linares llama la atención al hecho de que aún no tenemos desarrolladas todas las tecnologías que necesitamos, sobre todo en los sectores más intensivos. «Necesitamos impulsar la innovación también para poder liderar en los mercados internacionales con nuestras tecnologías (como está haciendo ya China por ejemplo con la solar fotovoltaica o con los coches eléctricos o las baterías), y así no depender de terceros países para la descarbonización».Desarrollo tecnológicoEn su opinión, la ley establece requisitos estrictos de origen y sostenibilidad para acceder a contratos públicos y esquemas de apoyo según sectores y productos. Cuestionado sobre si son medidas realistas, entiende que «va a depender mucho del estado de desarrollo de las tecnologías bajas en carbono». Si están en un estado muy temprano de desarrollo, «quizá sea difícil cumplir los objetivos; si no están desarrolladas a escala comercial, su coste puede ser muy elevado, y esto puede hacer estas medidas poco realistas por su alto coste», subraya. A su vez, para aquellas tecnologías ya dominadas por otros países no parece muy realista tratar de ir solos, «porque seguramente no conseguiríamos reducir costes y terminaríamos pagando mucho más por lo mismo», puntualiza.Cabe recordar que los sectores más intensivos en energía y emisiones son también los más complicados para descarbonizar. El cemento, el acero, la industria química, la cerámica o el vidrio son sectores para los que no existen aún soluciones comerciales para la descarbonización, y es aquí donde hace más falta seguir innovando y logrando escala industrial. La industria europea necesita posicionarse y reforzarse en un mercado global cada vez más competitivo. Para ello, la Comisión Europea presentó, el pasado 4 de marzo, la Ley de Aceleración Industrial (IAA por sus siglas en inglés) con la que pretende impulsar la fabricación, el crecimiento de las empresas y la creación de empleo en la UE. Todo ello, a la vez que apoya la transición industrial hacia tecnologías más limpias y preparadas para el futuro. El gran objetivo global es que el peso de la industria manufacturera alcance al menos el 20% del PIB de la Unión Europea para el año 2035. Teniendo en cuenta que representaba el 14,3% del PIB en el 2024, el objetivo no es imposible pero sí complicado. Es una industria que enfrenta distintos retos estructurales, entre ellos los altos costes energéticos, la carga regulatoria creciente, la incertidumbre normativa y una menor capacidad de atraer inversión frente a otras regiones. «A ello se suma la necesidad de asegurar cadenas de suministro competitivas y evitar dependencias estratégicas», indica Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española. Y en el caso de España, estos retos se intensifican en algunos ámbitos, especialmente en lo relativo a costes energéticos y fiscales, así como en la complejidad administrativa. «Existe un gran potencial industrial, pero, para aprovecharlo, es imprescindible avanzar en medidas que mejoren la competitividad de forma inmediata y sostenida», puntualiza.Desde esta alianza, que agrupa sectores industriales estratégicos como el acero, la química, el refino, el papel, el cemento, la cerámica, el automóvil y la industria alimentaria, a través de sus principales asociaciones sectoriales, valoran positivamente que la Comisión sitúe la industria en el centro de la agenda europea y reconozca su papel clave para la autonomía estratégica, la resiliencia de las cadenas de suministro y el crecimiento económico. «El impulso al concepto ‘Made in Europe’ va en la buena dirección», apunta su portavoz. Sin embargo, entienden que, a día de hoy, la ley de Aceleración Industrial no es suficiente. «La iniciativa establece un marco político relevante, pero sigue siendo demasiado declarativa y carece del nivel de concreción necesario para generar un impacto real en la competitividad industrial», matiza. Sin instrumentos claros, especialmente en materia de costes energéticos, fiscalidad e incentivos a la inversión, «será difícil que produzca cambios tangibles», añade.Noticia relacionada general No No La innovación abierta activa el engranaje de las fábricas 4.0 Alberto VelázquezAdemás, en el desarrollo de los llamados ‘lead markets’, esta alianza observa que el criterio de «bajo en carbono» tiende a primar sobre el origen geográfico de la producción, «lo que puede diluir el efecto del «Made in Europe» si no se corrige adecuadamente».Ignacio Crespo, socio de Consultoría de KPMG en España, entiende esta propuesta como una señal política relevante. Destaca la introducción de requisitos como «Fabricación en la UE» o bajas emisiones en la contratación pública y las ayudas estatales, dirigidos a sectores estratégicos como el acero, el cemento, el aluminio, los automóviles y las tecnologías de cero emisiones netas. «Hay coherencia conceptual con el informe Draghi y el momento geoestratégico por el que la UE transita en la actualidad, pero el texto propuesto debe atravesar aún un largo proceso legislativo que podría hacer perder velocidad y foco en su efectiva implementación», advierte.Proceso complejoRecuerda que la ley llega tras un proceso de negociación complejo, «con múltiples intereses nacionales e industriales sobre la mesa, lo que en parte explica su gradualismo». Como pros resalta el hecho de que establece por primera vez un marco explícito de preferencia europea en compras públicas; «la ventanilla única digital de permisos puede reducir burocracia real; y el condicionamiento a la inversión extranjera directa en sectores estratégicos introduce una mayor reciprocidad respecto a socios como China», subraya. Ya como contras indica que los compromisos entre Estados miembros son asimétricos, «y existe el riesgo de que el texto pierda ambición durante la tramitación legislativa. La influencia de sectores como el automóvil o la química se percibe en la cautela de algunos artículos». Entiende que es un primer paso pero no suficiente. Un paso adelante, aunque parcial. «La ley actúa sobre la demanda pública, que representa alrededor del 15% del PIB europeo, lo cual no es menor, pero los problemas estructurales de fondo, como el precio de la energía, requerirán medidas complementarias para que su impacto sea pleno», puntualiza.La ley trata de proteger a las empresas europeas de la competencia desleal con medidas concretas. Para grandes inversiones en sectores estratégicos superiores a 100 millones de euros, cuando un solo tercer país controle más del 40% de la capacidad manufacturera mundial, se exigirá creación de empleo local, transferencia de tecnología y al menos un 50% de empleo europeo. «Son condiciones razonables, aunque su efectividad dependerá de cómo se articulen en la práctica por parte de cada Estado miembro y del desarrollo paralelo de instrumentos como el CBAM», advierte el socio de Consultoría de KPMG en España. Además, se pretende fortalecer al sector industrial frente a presiones comerciales externas, incluida la política arancelaria estadounidense. Y si bien la ley refuerza la base industrial interna «en un escenario de tensión comercial abierta como el actual, y a la expectativa de la evolución de la situación en Irán, la respuesta europea también dependerá de su capacidad negociadora y de la diversificación hacia terceros mercados», matiza.Primeros avancesCristina Riestra, directora de Industria, Energía, Medioambiente y Clima de CEOE , deja claro que, en relación a esta ley, nos encontramos todavía en una fase muy inicial y por ello es pronto para realizar una valoración completa, «ya que solo disponemos de la propuesta de la Comisión». Teniendo en cuenta esto, «resulta positivo que el principal objetivo de esta regulación sea recuperar el peso de la industria en el PIB europeo, con la meta del 20% para 2035, como un elemento central y necesario para reforzar la competitividad de la Unión y una prioridad estratégica que CEOE lleva años defendiendo», puntualiza. En este contexto, la ley se percibe como un paso en la dirección correcta, «al buscar también fortalecer la base industrial europea, impulsar la demanda de productos europeos y abordar retos clave como la descarbonización y la resiliencia de las cadenas de suministro», resalta Riestra. Sin embargo, cree que su impacto real podría ser limitado/menor de la ambición que se propone, ya que su alcance sectorial es relativamente reducido y desigual. «Además, su desarrollo dependerá de un alto número de actos delegados, cosa que introduce inseguridad jurídica y complejidad regulatoria», recalca. Esto puede dificultar la previsibilidad para las empresas y limitar el impacto real de la ley en el corto y medio plazo.Algunas medidas, como los relativos a la agilización de los permisos industriales (la ambición para simplificar los trámites administrativos, incluyendo digitalizar los procesos o crear zonas específicas para impulsar la actividad industrial), «pueden ayudar a que las empresas inviertan más fácilmente y a que los proyectos se pongan en marcha con mayor rapidez», indican desde CEOE. Sin embargo, su impacto real dependerá de cómo se apliquen en cada Estado Miembro: «el hecho de que la norma se plantee como reglamento debería ayudar a una aplicación armonizada», apunta Cristina Riestra. Reconoce que hay dudas sobre si algunas herramientas serán realmente efectivas o si se usarán de forma limitada. Además, la falta de claridad en temas importantes, como las normas medioambientales o cómo priorizan ciertos productos en las compras públicas, «hace que la propuesta pueda no tener todo el alcance transformador que se espera», puntualiza.Freno inversorLa ley abre una oportunidad relevante para generar empleo, especialmente si logra atraer nuevas inversiones industriales y reforzar sectores estratégicos en Europa. «En este sentido, el marco regulatorio puede actuar como un incentivo para impulsar proyectos de mayor valor añadido, ya que vincula la inversión extranjera a la creación de empleo y a una mayor integración en las cadenas de valor europeas», afirma la directora de Industria, Energía, Medioambiente y Clima de CEOE. No obstante, se trata de un impacto positivo que no está asegurado. Algunas de las condiciones exigidas a los inversores, «como la transferencia tecnológica o la participación mayoritaria europea, podrían frenar ciertas inversiones si no se aplican con equilibrio», apunta. Entiende que el efecto final sobre el empleo dependerá de que la Ley se convierta en una palanca que «combine ambición industrial con un entorno atractivo para invertir».Desde la Cátedra bp para una Neutralidad Climática Sostenible de la Universidad Pontificia Comillas, entienden que esta ley es un avance bienvenido en términos de descarbonización de la industria europea. «Con respecto a otras iniciativas previas, amplía el número de sectores industriales cubiertos hacia los más intensivos en energía, y sobre todo, trata de crear una demanda interna que ahora mismo no existe para productos europeos descarbonizados. Sin demanda, es difícil crear esa industria descarbonizada», resalta el director de la cátedra, Pedro Linares.No obstante, crear la demanda no es suficiente. «Hacen falta más señales y políticas: de innovación, para poder desarrollar las tecnologías necesarias; de apoyo público, para que estas tecnologías descarbonizadas puedan escalar de tamaño; de incentivación via ETS, reduciendo la asignación gratuita de permisos de emisión y por tanto haciendo más caros los productos intensivos en carbono; de protección frente a las importaciones que no pagan el precio de CO2…», pone como ejemplos.Linares llama la atención al hecho de que aún no tenemos desarrolladas todas las tecnologías que necesitamos, sobre todo en los sectores más intensivos. «Necesitamos impulsar la innovación también para poder liderar en los mercados internacionales con nuestras tecnologías (como está haciendo ya China por ejemplo con la solar fotovoltaica o con los coches eléctricos o las baterías), y así no depender de terceros países para la descarbonización».Desarrollo tecnológicoEn su opinión, la ley establece requisitos estrictos de origen y sostenibilidad para acceder a contratos públicos y esquemas de apoyo según sectores y productos. Cuestionado sobre si son medidas realistas, entiende que «va a depender mucho del estado de desarrollo de las tecnologías bajas en carbono». Si están en un estado muy temprano de desarrollo, «quizá sea difícil cumplir los objetivos; si no están desarrolladas a escala comercial, su coste puede ser muy elevado, y esto puede hacer estas medidas poco realistas por su alto coste», subraya. A su vez, para aquellas tecnologías ya dominadas por otros países no parece muy realista tratar de ir solos, «porque seguramente no conseguiríamos reducir costes y terminaríamos pagando mucho más por lo mismo», puntualiza.Cabe recordar que los sectores más intensivos en energía y emisiones son también los más complicados para descarbonizar. El cemento, el acero, la industria química, la cerámica o el vidrio son sectores para los que no existen aún soluciones comerciales para la descarbonización, y es aquí donde hace más falta seguir innovando y logrando escala industrial. RSS de noticias de economia
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