El Ministerio de Exteriores ha dado una instrucción directa a todos los consulados afectados por la nacionalización a través de la ‘Ley de Nietos’ para que trabajen a destajo a lo largo del fin de semana con el objetivo de recabar toda la documentación requerida por el Tribunal Supremo de cara a garantizar los derechos de los españoles en el exilio en las elecciones del 29 de noviembre. El Alto Tribunal ha advertido con responsabilidades penales a los ministros Albares y Félix Bolaños si desacatan sus indicaciones.Fuentes consulares consultadas por ABC han explicado que recibieron este viernes orden de trasladar todos estos documentos en un tiempo récord. Exteriores quiere que, en cinco días, se recopilen todos los datos que se han negado a recopilar durante un mes. Fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares han confirmado a este periódico la existencia de esa orden, acompañada también de una «suspensión de vacaciones y permisos» en los consulados.Según Exteriores desde la recepción de los autos del Tribunal Supremo «se suspendieron todos los permisos y vacaciones de los consulados» y «se ordenó a las oficinas consulares que destinaran todo el personal que fuera necesario para cumplir los autos y se les trasladó que esta tarea era urgente y prioritaria». Asimismo, explican, «se han autorizado todas las solicitudes de refuerzo de personal que se han solicitado los consulados» y «se ha puesto a disposición de los consulados todo el personal de las Embajadas».El Gobierno se ha dirigido a las oficinas consulares recordándoles que «tras el auto que establece un plazo se le ha trasladado a todos los consulados que es imperativo que entreguen los datos solicitados para cumplir con ese plazo» y «se les ha instruido que dada la prioridad y urgencia también trabajen en esta tarea este sábado y este domingo para cumplir con el plazo del último auto».Según los datos aportados por la Abogacía del Estado al Supremo, hasta el 21 de octubre el Gobierno había revisado 31.390 expedientes de los 163.020 afectados, pero únicamente se habían expedido 91 certificados que acreditaban el cumplimiento de los requisitos exigidos para votar. Esta cifra es todavía provisional, por lo que el resto todavía puede acreditar su situación.La resolución del Alto Tribunal indica que los afectados deberán demostrar que sus padres o abuelos, originariamente españoles, sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual y que perdieron o renunciaron a la nacionalidad española.El Supremo no admite, además, que esta condición se acredite únicamente mediante la presunción de exilio establecida en la polémica instrucción de 2022 —que ha provocado que este asunto recaiga en los tribunales— para quienes son nietos o hijos de españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955.La resolución judicial establece que la Oficina del Censo Electoral deberá excluir del listado de electores habilitados para votar el 29-N a los afectados que no dispongan de dicha certificación. No obstante, estos recibirán inicialmente la documentación electoral y, si intentan depositar su voto en los consulados sin figurar en el listado definitivo, sus sobres serán apartados y enviados de forma diferenciada a la Junta Electoral Provincial correspondiente. En el escrutinio únicamente se introducirán en la urna los votos de quienes figuren en el censo habilitado.Envío de la documentaciónEn paralelo, este sábado La Oficina del Censo Electoral, dependiente del Instituto Nacional de Estadística (INE) , ha comenzado enviar la documentación electoral a los españoles residentes en el extranjero para las elecciones generales del 29 de noviembre. Las papeletas se remitirán en un segundo envío, previsto entre el 4 y el 8 de noviembre, aunque podrá demorarse hasta el día 14 en aquellas circunscripciones donde se hayan impugnado candidaturas.El Tribunal Supremo autorizó este viernes que se lleve a cabo el primer envío conforme al calendario previsto, pero ordenó que se advierta expresamente a los afectados por las medidas cautelares de que su inscripción en el censo tiene carácter provisional y no garantiza que puedan ejercer el derecho al voto.En concreto, el Alto Tribunal exige que estas personas acrediten mediante un certificado expedido por los Registros Consulares que son descendientes de españoles exiliados en las circunstancias previstas por la Ley de Memoria Democrática. El Ministerio de Exteriores ha dado una instrucción directa a todos los consulados afectados por la nacionalización a través de la ‘Ley de Nietos’ para que trabajen a destajo a lo largo del fin de semana con el objetivo de recabar toda la documentación requerida por el Tribunal Supremo de cara a garantizar los derechos de los españoles en el exilio en las elecciones del 29 de noviembre. El Alto Tribunal ha advertido con responsabilidades penales a los ministros Albares y Félix Bolaños si desacatan sus indicaciones.Fuentes consulares consultadas por ABC han explicado que recibieron este viernes orden de trasladar todos estos documentos en un tiempo récord. Exteriores quiere que, en cinco días, se recopilen todos los datos que se han negado a recopilar durante un mes. Fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares han confirmado a este periódico la existencia de esa orden, acompañada también de una «suspensión de vacaciones y permisos» en los consulados.Según Exteriores desde la recepción de los autos del Tribunal Supremo «se suspendieron todos los permisos y vacaciones de los consulados» y «se ordenó a las oficinas consulares que destinaran todo el personal que fuera necesario para cumplir los autos y se les trasladó que esta tarea era urgente y prioritaria». Asimismo, explican, «se han autorizado todas las solicitudes de refuerzo de personal que se han solicitado los consulados» y «se ha puesto a disposición de los consulados todo el personal de las Embajadas».El Gobierno se ha dirigido a las oficinas consulares recordándoles que «tras el auto que establece un plazo se le ha trasladado a todos los consulados que es imperativo que entreguen los datos solicitados para cumplir con ese plazo» y «se les ha instruido que dada la prioridad y urgencia también trabajen en esta tarea este sábado y este domingo para cumplir con el plazo del último auto».Según los datos aportados por la Abogacía del Estado al Supremo, hasta el 21 de octubre el Gobierno había revisado 31.390 expedientes de los 163.020 afectados, pero únicamente se habían expedido 91 certificados que acreditaban el cumplimiento de los requisitos exigidos para votar. Esta cifra es todavía provisional, por lo que el resto todavía puede acreditar su situación.La resolución del Alto Tribunal indica que los afectados deberán demostrar que sus padres o abuelos, originariamente españoles, sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual y que perdieron o renunciaron a la nacionalidad española.El Supremo no admite, además, que esta condición se acredite únicamente mediante la presunción de exilio establecida en la polémica instrucción de 2022 —que ha provocado que este asunto recaiga en los tribunales— para quienes son nietos o hijos de españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955.La resolución judicial establece que la Oficina del Censo Electoral deberá excluir del listado de electores habilitados para votar el 29-N a los afectados que no dispongan de dicha certificación. No obstante, estos recibirán inicialmente la documentación electoral y, si intentan depositar su voto en los consulados sin figurar en el listado definitivo, sus sobres serán apartados y enviados de forma diferenciada a la Junta Electoral Provincial correspondiente. En el escrutinio únicamente se introducirán en la urna los votos de quienes figuren en el censo habilitado.Envío de la documentaciónEn paralelo, este sábado La Oficina del Censo Electoral, dependiente del Instituto Nacional de Estadística (INE) , ha comenzado enviar la documentación electoral a los españoles residentes en el extranjero para las elecciones generales del 29 de noviembre. Las papeletas se remitirán en un segundo envío, previsto entre el 4 y el 8 de noviembre, aunque podrá demorarse hasta el día 14 en aquellas circunscripciones donde se hayan impugnado candidaturas.El Tribunal Supremo autorizó este viernes que se lleve a cabo el primer envío conforme al calendario previsto, pero ordenó que se advierta expresamente a los afectados por las medidas cautelares de que su inscripción en el censo tiene carácter provisional y no garantiza que puedan ejercer el derecho al voto.En concreto, el Alto Tribunal exige que estas personas acrediten mediante un certificado expedido por los Registros Consulares que son descendientes de españoles exiliados en las circunstancias previstas por la Ley de Memoria Democrática. El Ministerio de Exteriores ha dado una instrucción directa a todos los consulados afectados por la nacionalización a través de la ‘Ley de Nietos’ para que trabajen a destajo a lo largo del fin de semana con el objetivo de recabar toda la documentación requerida por el Tribunal Supremo de cara a garantizar los derechos de los españoles en el exilio en las elecciones del 29 de noviembre. El Alto Tribunal ha advertido con responsabilidades penales a los ministros Albares y Félix Bolaños si desacatan sus indicaciones.Fuentes consulares consultadas por ABC han explicado que recibieron este viernes orden de trasladar todos estos documentos en un tiempo récord. Exteriores quiere que, en cinco días, se recopilen todos los datos que se han negado a recopilar durante un mes. Fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares han confirmado a este periódico la existencia de esa orden, acompañada también de una «suspensión de vacaciones y permisos» en los consulados.Según Exteriores desde la recepción de los autos del Tribunal Supremo «se suspendieron todos los permisos y vacaciones de los consulados» y «se ordenó a las oficinas consulares que destinaran todo el personal que fuera necesario para cumplir los autos y se les trasladó que esta tarea era urgente y prioritaria». Asimismo, explican, «se han autorizado todas las solicitudes de refuerzo de personal que se han solicitado los consulados» y «se ha puesto a disposición de los consulados todo el personal de las Embajadas».El Gobierno se ha dirigido a las oficinas consulares recordándoles que «tras el auto que establece un plazo se le ha trasladado a todos los consulados que es imperativo que entreguen los datos solicitados para cumplir con ese plazo» y «se les ha instruido que dada la prioridad y urgencia también trabajen en esta tarea este sábado y este domingo para cumplir con el plazo del último auto».Según los datos aportados por la Abogacía del Estado al Supremo, hasta el 21 de octubre el Gobierno había revisado 31.390 expedientes de los 163.020 afectados, pero únicamente se habían expedido 91 certificados que acreditaban el cumplimiento de los requisitos exigidos para votar. Esta cifra es todavía provisional, por lo que el resto todavía puede acreditar su situación.La resolución del Alto Tribunal indica que los afectados deberán demostrar que sus padres o abuelos, originariamente españoles, sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual y que perdieron o renunciaron a la nacionalidad española.El Supremo no admite, además, que esta condición se acredite únicamente mediante la presunción de exilio establecida en la polémica instrucción de 2022 —que ha provocado que este asunto recaiga en los tribunales— para quienes son nietos o hijos de españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955.La resolución judicial establece que la Oficina del Censo Electoral deberá excluir del listado de electores habilitados para votar el 29-N a los afectados que no dispongan de dicha certificación. No obstante, estos recibirán inicialmente la documentación electoral y, si intentan depositar su voto en los consulados sin figurar en el listado definitivo, sus sobres serán apartados y enviados de forma diferenciada a la Junta Electoral Provincial correspondiente. En el escrutinio únicamente se introducirán en la urna los votos de quienes figuren en el censo habilitado.Envío de la documentaciónEn paralelo, este sábado La Oficina del Censo Electoral, dependiente del Instituto Nacional de Estadística (INE) , ha comenzado enviar la documentación electoral a los españoles residentes en el extranjero para las elecciones generales del 29 de noviembre. Las papeletas se remitirán en un segundo envío, previsto entre el 4 y el 8 de noviembre, aunque podrá demorarse hasta el día 14 en aquellas circunscripciones donde se hayan impugnado candidaturas.El Tribunal Supremo autorizó este viernes que se lleve a cabo el primer envío conforme al calendario previsto, pero ordenó que se advierta expresamente a los afectados por las medidas cautelares de que su inscripción en el censo tiene carácter provisional y no garantiza que puedan ejercer el derecho al voto.En concreto, el Alto Tribunal exige que estas personas acrediten mediante un certificado expedido por los Registros Consulares que son descendientes de españoles exiliados en las circunstancias previstas por la Ley de Memoria Democrática. RSS de noticias de espana
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