Pese a los intentos del Gobierno de España de justificar el acuerdo de financiación singular de Cataluña como una medida «solidaria» que no afectaría al resto de territorios, ni las asociaciones de fiscales ni las comunidades autonómas potencialmente afectadas –incluidas las gobernadas por el PSOE– se muestran convencidas. Tampoco la Xunta, ya que los cálculos de la Consellería de Facenda coinciden con los análisis ya realizados por entidades como Fedea o el Foro Económico de Galicia, que sitúan en más de 600 millones de euros el perjuicio que sufriría la Comunidad gallega al dejar Cataluña de aportar al régimen común de financiación autonómica. Una cifra que superaría los 2.000 millones si todas las comunidades se sumasen al modelo –opción defendida por el Gobierno central–, acabando de facto con el modelo de reparto en aras de un eventual ‘cupo’ como el del País Vasco o Navarra.De esta forma, el Ejecutivo autonómico responde y advierte, en palabras de su titular, Alfonso Rueda, que la medida pone «en peligro la prestación de los servicios básicos en Galicia». Todavía se desconoce la letra pequeña del acuerdo, aunque las exigencias manifestadas por Esquerra Republicana (ERC) relativas a la partición de la agencia tributaria o a la recaudación íntegra de los impuestos en Cataluña –a cambio de investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat– llevan a una conclusión ineludible: la salida del régimen común para la consecución de un concierto económico similar al de País Vasco o Navarra, que devuelve al Estado una cantidad de dinero en forma de cupo a cambio de los servicios prestados acordada por criterios políticos y no económicos.Para visualizar el impacto de la pérdida de recursos que dejaría de percibir Galicia, con los datos avalados por Facenda, Rueda indicó que sería el equivalente a la partida de ayudas a la dependencia de dos años o al presupuesto anual combinado de las consellerías de Medio Ambiente y Economía e Industria. De extenderse el modelo a todos los territorios, acabando con el régimen común de financiación autonómica, el coste anual superaría los 2.100 millones de euros, el equivalente al gasto de toda la enseñanza pública gallega –sin contar la etapa universitaria– durante un curso. «O al que se destina a recetas sanitarias durante dos años», añadió el presidente de la Xunta.Por todo ello, la ruptura de la caja común implicaría que las personas que vivan «en regiones con mayor capacidad fiscal tendrían mejores servicios que el resto» de los españoles, ante la falta de recursos que dejaría de aportar Cataluña. «Volvemos a advertir de este peligro, de la necesidad de unirse y de alzar la voz, como están haciendo muchas comunidades autónomas, no solo las del Partido Popular», afirmó Rueda.Al hilo, se mostró partidario de «reformular» el modelo de financiación autonómica para poner solución a los problemas de «infrafinanciación» de los que adolecen prácticamente todos los territorios. También Galicia, aunque desde una base de «discusión general y nunca sobre un sistema de financiación singular», aseveró el presidente gallego.Desde la Consellería de Facenda afirman que este acuerdo bilateral «constituye por sus características un auténtico sistema de cupo que rompe los sistemas de financiación establecidos hasta la actualidad». Un modelo que, inevitablemente, se traducirá en una «pérdida de capacidad» para la Administración central a la hora de «redistribuir recursos tributarios garantizando un reparto equitativo entre territorios». En palabras del presidente de la Xunta, una distinción entre «ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda».Contra los recortes de la PACOtro motivo de preocupación para el Ejecutivo gallego son los presupuestos europeos para los años 2028-2032 presentados la semana pasada por la Comisión Europea. Especialmente, por el recorte del 20% en la partida para la Política Agraria Común (PAC), fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y sostener a sectores clave para la economía gallega, como son el agrícola, pesquero o el agroalimentario.Según explicó Rueda, esta propuesta supondría una merma de 480 millones de euros para el sector primario gallego en dicho periodo –80 millones menos al año–, lo que se une a la intención de eliminar el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Un instrumento con el que la Xunta está financiando ayudas dirigidas a la incorporación de jóvenes a estos sectores, donde la escasez de mano de obra es una de las principales preocupacionesAsimismo, Bruselas pretende eliminar el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa), que supondría un duro golpe para las políticas de economía marítima, en un sector que genera más de 50.000 empleos solo en Galicia. «Por tanto, la Xunta va a reaccionar frente a ello. Las consellerías do Mar y de Medio Rural van a convocar al sector primario para empezar a articular medidas que primero tendrán que ser dirigidas al Gobierno central», al ser el principal interlocutor con la Comisión Europea, explicó el presidente de la Comunidad gallega.También se encuentra en el limbo la decisión que adopte Bruselas sobre la centralización de los fondos europeos, una medida a la que se opone la Xunta, al considerarlo «un sistema eficaz» frente al «paso atrás» que supondría que los Gobiernos volviesen a asumir su gestión al completo. «Nosotros hacemos lo que está en nuestra mano, que es presionar directamente a Europa a través del Comité de Regiones y, desde luego, presionar a nuestros respectivos países», añadió Rueda, recordando que el acuerdo final tendrá que ser ratificado tanto por la Comisión Europea como por los países miembros. Para reforzar su postura, el presidente de la Xunta afirmó que la ejecución de los Perte por parte de Galicia supera el 90%, mientras que en el caso de los fondos europeos gestionados por el Gobierno central, la ejecución de los proyectos no llega al 50% del total.El PSdeG insta a la Xunta a que proponga su propio sistema Desde el PSdeG, que defiende el modelo de financiación singular para Cataluña –y el resto de territorios–, como reivindicó su secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, durante su encuentro con Salvador Illa la semana pasada en Compostela, pasan a la ofensiva. En vez de justificar la ruptura del régimen de financiación común, su viceportavoz parlamentaria, Lara Méndez, optó por criticar a la Xunta y a su presidente por carecer de alternativa y permanecer «mudo» y «secuestrado por las directrices de su partido». «No sabemos qué quiere hacer. No tiene propuesta, no tiene hoja de ruta. Solo escuchamos ‘quiero más’, pero luego no ejecutan lo que ya tienen», afirmó Méndez en declaraciones recogidas por Europa Press. A la par defendió una financiación suficiente «ajustada a las necesidades de Galicia», que tenga en cuenta la dispersión, envejecimiento y pérdida de población, con una mejora de servicios públicos. Pese a los intentos del Gobierno de España de justificar el acuerdo de financiación singular de Cataluña como una medida «solidaria» que no afectaría al resto de territorios, ni las asociaciones de fiscales ni las comunidades autonómas potencialmente afectadas –incluidas las gobernadas por el PSOE– se muestran convencidas. Tampoco la Xunta, ya que los cálculos de la Consellería de Facenda coinciden con los análisis ya realizados por entidades como Fedea o el Foro Económico de Galicia, que sitúan en más de 600 millones de euros el perjuicio que sufriría la Comunidad gallega al dejar Cataluña de aportar al régimen común de financiación autonómica. Una cifra que superaría los 2.000 millones si todas las comunidades se sumasen al modelo –opción defendida por el Gobierno central–, acabando de facto con el modelo de reparto en aras de un eventual ‘cupo’ como el del País Vasco o Navarra.De esta forma, el Ejecutivo autonómico responde y advierte, en palabras de su titular, Alfonso Rueda, que la medida pone «en peligro la prestación de los servicios básicos en Galicia». Todavía se desconoce la letra pequeña del acuerdo, aunque las exigencias manifestadas por Esquerra Republicana (ERC) relativas a la partición de la agencia tributaria o a la recaudación íntegra de los impuestos en Cataluña –a cambio de investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat– llevan a una conclusión ineludible: la salida del régimen común para la consecución de un concierto económico similar al de País Vasco o Navarra, que devuelve al Estado una cantidad de dinero en forma de cupo a cambio de los servicios prestados acordada por criterios políticos y no económicos.Para visualizar el impacto de la pérdida de recursos que dejaría de percibir Galicia, con los datos avalados por Facenda, Rueda indicó que sería el equivalente a la partida de ayudas a la dependencia de dos años o al presupuesto anual combinado de las consellerías de Medio Ambiente y Economía e Industria. De extenderse el modelo a todos los territorios, acabando con el régimen común de financiación autonómica, el coste anual superaría los 2.100 millones de euros, el equivalente al gasto de toda la enseñanza pública gallega –sin contar la etapa universitaria– durante un curso. «O al que se destina a recetas sanitarias durante dos años», añadió el presidente de la Xunta.Por todo ello, la ruptura de la caja común implicaría que las personas que vivan «en regiones con mayor capacidad fiscal tendrían mejores servicios que el resto» de los españoles, ante la falta de recursos que dejaría de aportar Cataluña. «Volvemos a advertir de este peligro, de la necesidad de unirse y de alzar la voz, como están haciendo muchas comunidades autónomas, no solo las del Partido Popular», afirmó Rueda.Al hilo, se mostró partidario de «reformular» el modelo de financiación autonómica para poner solución a los problemas de «infrafinanciación» de los que adolecen prácticamente todos los territorios. También Galicia, aunque desde una base de «discusión general y nunca sobre un sistema de financiación singular», aseveró el presidente gallego.Desde la Consellería de Facenda afirman que este acuerdo bilateral «constituye por sus características un auténtico sistema de cupo que rompe los sistemas de financiación establecidos hasta la actualidad». Un modelo que, inevitablemente, se traducirá en una «pérdida de capacidad» para la Administración central a la hora de «redistribuir recursos tributarios garantizando un reparto equitativo entre territorios». En palabras del presidente de la Xunta, una distinción entre «ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda».Contra los recortes de la PACOtro motivo de preocupación para el Ejecutivo gallego son los presupuestos europeos para los años 2028-2032 presentados la semana pasada por la Comisión Europea. Especialmente, por el recorte del 20% en la partida para la Política Agraria Común (PAC), fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y sostener a sectores clave para la economía gallega, como son el agrícola, pesquero o el agroalimentario.Según explicó Rueda, esta propuesta supondría una merma de 480 millones de euros para el sector primario gallego en dicho periodo –80 millones menos al año–, lo que se une a la intención de eliminar el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Un instrumento con el que la Xunta está financiando ayudas dirigidas a la incorporación de jóvenes a estos sectores, donde la escasez de mano de obra es una de las principales preocupacionesAsimismo, Bruselas pretende eliminar el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa), que supondría un duro golpe para las políticas de economía marítima, en un sector que genera más de 50.000 empleos solo en Galicia. «Por tanto, la Xunta va a reaccionar frente a ello. Las consellerías do Mar y de Medio Rural van a convocar al sector primario para empezar a articular medidas que primero tendrán que ser dirigidas al Gobierno central», al ser el principal interlocutor con la Comisión Europea, explicó el presidente de la Comunidad gallega.También se encuentra en el limbo la decisión que adopte Bruselas sobre la centralización de los fondos europeos, una medida a la que se opone la Xunta, al considerarlo «un sistema eficaz» frente al «paso atrás» que supondría que los Gobiernos volviesen a asumir su gestión al completo. «Nosotros hacemos lo que está en nuestra mano, que es presionar directamente a Europa a través del Comité de Regiones y, desde luego, presionar a nuestros respectivos países», añadió Rueda, recordando que el acuerdo final tendrá que ser ratificado tanto por la Comisión Europea como por los países miembros. Para reforzar su postura, el presidente de la Xunta afirmó que la ejecución de los Perte por parte de Galicia supera el 90%, mientras que en el caso de los fondos europeos gestionados por el Gobierno central, la ejecución de los proyectos no llega al 50% del total.El PSdeG insta a la Xunta a que proponga su propio sistema Desde el PSdeG, que defiende el modelo de financiación singular para Cataluña –y el resto de territorios–, como reivindicó su secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, durante su encuentro con Salvador Illa la semana pasada en Compostela, pasan a la ofensiva. En vez de justificar la ruptura del régimen de financiación común, su viceportavoz parlamentaria, Lara Méndez, optó por criticar a la Xunta y a su presidente por carecer de alternativa y permanecer «mudo» y «secuestrado por las directrices de su partido». «No sabemos qué quiere hacer. No tiene propuesta, no tiene hoja de ruta. Solo escuchamos ‘quiero más’, pero luego no ejecutan lo que ya tienen», afirmó Méndez en declaraciones recogidas por Europa Press. A la par defendió una financiación suficiente «ajustada a las necesidades de Galicia», que tenga en cuenta la dispersión, envejecimiento y pérdida de población, con una mejora de servicios públicos. Pese a los intentos del Gobierno de España de justificar el acuerdo de financiación singular de Cataluña como una medida «solidaria» que no afectaría al resto de territorios, ni las asociaciones de fiscales ni las comunidades autonómas potencialmente afectadas –incluidas las gobernadas por el PSOE– se muestran convencidas. Tampoco la Xunta, ya que los cálculos de la Consellería de Facenda coinciden con los análisis ya realizados por entidades como Fedea o el Foro Económico de Galicia, que sitúan en más de 600 millones de euros el perjuicio que sufriría la Comunidad gallega al dejar Cataluña de aportar al régimen común de financiación autonómica. Una cifra que superaría los 2.000 millones si todas las comunidades se sumasen al modelo –opción defendida por el Gobierno central–, acabando de facto con el modelo de reparto en aras de un eventual ‘cupo’ como el del País Vasco o Navarra.De esta forma, el Ejecutivo autonómico responde y advierte, en palabras de su titular, Alfonso Rueda, que la medida pone «en peligro la prestación de los servicios básicos en Galicia». Todavía se desconoce la letra pequeña del acuerdo, aunque las exigencias manifestadas por Esquerra Republicana (ERC) relativas a la partición de la agencia tributaria o a la recaudación íntegra de los impuestos en Cataluña –a cambio de investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat– llevan a una conclusión ineludible: la salida del régimen común para la consecución de un concierto económico similar al de País Vasco o Navarra, que devuelve al Estado una cantidad de dinero en forma de cupo a cambio de los servicios prestados acordada por criterios políticos y no económicos.Para visualizar el impacto de la pérdida de recursos que dejaría de percibir Galicia, con los datos avalados por Facenda, Rueda indicó que sería el equivalente a la partida de ayudas a la dependencia de dos años o al presupuesto anual combinado de las consellerías de Medio Ambiente y Economía e Industria. De extenderse el modelo a todos los territorios, acabando con el régimen común de financiación autonómica, el coste anual superaría los 2.100 millones de euros, el equivalente al gasto de toda la enseñanza pública gallega –sin contar la etapa universitaria– durante un curso. «O al que se destina a recetas sanitarias durante dos años», añadió el presidente de la Xunta.Por todo ello, la ruptura de la caja común implicaría que las personas que vivan «en regiones con mayor capacidad fiscal tendrían mejores servicios que el resto» de los españoles, ante la falta de recursos que dejaría de aportar Cataluña. «Volvemos a advertir de este peligro, de la necesidad de unirse y de alzar la voz, como están haciendo muchas comunidades autónomas, no solo las del Partido Popular», afirmó Rueda.Al hilo, se mostró partidario de «reformular» el modelo de financiación autonómica para poner solución a los problemas de «infrafinanciación» de los que adolecen prácticamente todos los territorios. También Galicia, aunque desde una base de «discusión general y nunca sobre un sistema de financiación singular», aseveró el presidente gallego.Desde la Consellería de Facenda afirman que este acuerdo bilateral «constituye por sus características un auténtico sistema de cupo que rompe los sistemas de financiación establecidos hasta la actualidad». Un modelo que, inevitablemente, se traducirá en una «pérdida de capacidad» para la Administración central a la hora de «redistribuir recursos tributarios garantizando un reparto equitativo entre territorios». En palabras del presidente de la Xunta, una distinción entre «ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda».Contra los recortes de la PACOtro motivo de preocupación para el Ejecutivo gallego son los presupuestos europeos para los años 2028-2032 presentados la semana pasada por la Comisión Europea. Especialmente, por el recorte del 20% en la partida para la Política Agraria Común (PAC), fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y sostener a sectores clave para la economía gallega, como son el agrícola, pesquero o el agroalimentario.Según explicó Rueda, esta propuesta supondría una merma de 480 millones de euros para el sector primario gallego en dicho periodo –80 millones menos al año–, lo que se une a la intención de eliminar el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Un instrumento con el que la Xunta está financiando ayudas dirigidas a la incorporación de jóvenes a estos sectores, donde la escasez de mano de obra es una de las principales preocupacionesAsimismo, Bruselas pretende eliminar el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa), que supondría un duro golpe para las políticas de economía marítima, en un sector que genera más de 50.000 empleos solo en Galicia. «Por tanto, la Xunta va a reaccionar frente a ello. Las consellerías do Mar y de Medio Rural van a convocar al sector primario para empezar a articular medidas que primero tendrán que ser dirigidas al Gobierno central», al ser el principal interlocutor con la Comisión Europea, explicó el presidente de la Comunidad gallega.También se encuentra en el limbo la decisión que adopte Bruselas sobre la centralización de los fondos europeos, una medida a la que se opone la Xunta, al considerarlo «un sistema eficaz» frente al «paso atrás» que supondría que los Gobiernos volviesen a asumir su gestión al completo. «Nosotros hacemos lo que está en nuestra mano, que es presionar directamente a Europa a través del Comité de Regiones y, desde luego, presionar a nuestros respectivos países», añadió Rueda, recordando que el acuerdo final tendrá que ser ratificado tanto por la Comisión Europea como por los países miembros. Para reforzar su postura, el presidente de la Xunta afirmó que la ejecución de los Perte por parte de Galicia supera el 90%, mientras que en el caso de los fondos europeos gestionados por el Gobierno central, la ejecución de los proyectos no llega al 50% del total.El PSdeG insta a la Xunta a que proponga su propio sistema Desde el PSdeG, que defiende el modelo de financiación singular para Cataluña –y el resto de territorios–, como reivindicó su secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, durante su encuentro con Salvador Illa la semana pasada en Compostela, pasan a la ofensiva. En vez de justificar la ruptura del régimen de financiación común, su viceportavoz parlamentaria, Lara Méndez, optó por criticar a la Xunta y a su presidente por carecer de alternativa y permanecer «mudo» y «secuestrado por las directrices de su partido». «No sabemos qué quiere hacer. No tiene propuesta, no tiene hoja de ruta. Solo escuchamos ‘quiero más’, pero luego no ejecutan lo que ya tienen», afirmó Méndez en declaraciones recogidas por Europa Press. A la par defendió una financiación suficiente «ajustada a las necesidades de Galicia», que tenga en cuenta la dispersión, envejecimiento y pérdida de población, con una mejora de servicios públicos. RSS de noticias de espana
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