Sin medias tintas, Fedea denuncia que en España las leyes inmobiliarias «han sufrido una notable involución» por el intervencionismo del Estado, especialmente «en los últimos años» con medidas como la congelación de los alquileres. Y no duda en culpar a ese intervencionismo del Gobierno actual de «la tolerancia hacia la okupación por parte de inquilinos morosos» a raíz de la ley de vivienda e incluso de «facilitar las okupaciones». «Estas medidas diluyen el valor de la propiedad y, a largo plazo, desincentivan la inversión inmobiliaria», comenta el análisis.En un informe muy duro elaborado por Benito Arruñada, catedrático de la Universidad Pomeu Fabra, el servicio de estudios denuncia, a través de más de 50 páginas, que «los fallos de la política agravan, en vez de corregir, los del mercado de vivienda» en un contexto como el actual de crisis de oferta y de precios en el mercado español. Cada vez más familias, por precio y escasez de oferta, se ven expulsadas tanto del mercado de compraventa como del de alquiler y el autor tiene claro que las medidas puestas en marcha sobre todo estos años del Ejecutivo de Pedro Sánchez suponen ir en la dirección contraria para solucionar el problema.Analistas y economistas, así como el sector y la banca, coinciden todos ellos en que la crisis de vivienda es de un desajuste extremo entre la demanda y la oferta. Se crean cada vez más hogares y el ritmo de construcción de pisos no casa con esa demanda. La receta a la que aluden siempre es a que hay que actuar sobre el lado de la oferta, es decir, levantando más viviendas.Sobre esa idea incide también el documento de Fedea, aunque va mucho más allá al señalar múltiples fallos del mercado nacional causados en particular por el Gobierno actual. «Las restricciones para construir, transmitir y contratar generan escasez y perjudican sobre todo a quienes buscan vivienda», destaca.Buena parte del foco lo pone en el mercado del alquiler, con precios en ascenso desde hace años y con la oferta reduciéndose por medidas intervencionistas. Esas medidas, según destaca Arruñada, provocan que «quien ve en riesgo su patrimonio se apresura a protegerlo». Pone de ejemplo el tope de actualización de rentas de 2022 y la ley de vivienda, entre otros asuntos, como causantes de que la oferta de alquiler residencial se haya «desplomado» y los precios se hayan desbocado. «Estas normas desincentivan la contratación al restringir la libertad contractual. Por ejemplo, imponen —como si fueran gratuitas— duraciones mínimas y derechos de prórroga en los contratos de alquiler. Asimismo, y quizá esto sea lo más grave, consagran el incumplimiento de contratos vigentes mediante procedimientos tan simples como congelar la renta o modificar arbitrariamente otras condiciones», añade.Este tipo de medidas intervencionistas, igual que el decreto ley recientemente convalidado en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados por la puerta de atrás después de haber sido derogado por el Pleno, Fedea considera que «benefician a los inquilinos actuales» pero causan «un perjuicio evidente a los propietarios y, sobre todo, perjudican a quienes desearían alquilar en el futuro (especialmente los más jóvenes), que tendrán que soportar las consecuencias: rentas más elevadas, mayor selectividad en la elección de inquilinos por parte de los propietarios o, sencillamente, que muchos propietarios decidan dejar de alquilar y retirarse del mercado».El intervencionismo del Gobierno eleva los precios del alquiler, dificulta el acceso a la vivienda y disminuye la oferta, según FedeaEste último decreto ley permite para determinados contratos y a solicitud del arrendatario prórrogas anuales de hasta dos años; limita, bajo ciertos supuestos, las actualizaciones de rentas hasta el 31 de diciembre de 2027, y contempla además restricciones a determinadas adquisiciones y suspensiones de ciertos desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, medidas tributarias y de vivienda pública.En concreto sobre la construcción de vivienda , el trabajo de la institución pone el acento en que falta mucho suelo edificable y eso es culpa de «decisiones políticas» ya que «numerosos ciudadanos y grupos pueden bloquear una promoción sin asumir íntegramente el coste de hacerlo, y urbanizar suelo exige de diez a quince años, según estimaciones que recoge la CNMC».Fedea también ataca «la conservación y la calidad impuestas» en la construcción de vivienda en España, en el sentido de que «rechazar nuevas alturas, usos o densidades y exigir mayores prestaciones y calidad reduce las posibilidades de construir y encarece la vivienda. Esos costes recaen también sobre quienes querrían residir allí y todavía no tienen voz. Imponer prestaciones adicionales puede así excluir a quienes solo pueden pagar una vivienda más sencilla».Uno de los problemas principales, además, está a su juicio en que « los tributos equivalen al 25,78% del desembolso final de los compradores en un supuesto elaborado por el Consejo General de Economistas» para vivienda nueva; En ese supuesto, la carga fiscal se distribuye entre las administraciones central (50,46%), local (26,64%) y autonómica (22,90%). Y en vivienda usada el panorama no es distinto ya que se «grava mucho las transmisiones y relativamente poco la tenencia», lo cual, dice, penaliza la movilidad y favorece que muchos inmuebles permanezcan vacíos o infrautilizados. «La OCDE recomienda a España reducir gradualmente los impuestos sobre las transmisiones, cuyos tipos figuran entre los más altos de sus países miembros», incide.Reformas propuestasBajo este marco, Fedea plantea una serie de reformas necesarias para tratar de atajar la crisis de vivienda. En primer lugar, facilitar la construcción: «Ampliar los usos y densidades permitidos, evaluar el coste de las exigencias de calidad y revisar qué intereses justifican un veto y cuáles pueden protegerse mediante indemnización».En segundo término, hablan de «reequilibrar la fiscalidad» para reducir los impuestos en la construcción y transmisión de viviendas, compensando esos menores ingresos públicos con los que soportan los tenedores de vivienda o con menor gasto, coordinando la financiación autonómica y municipal.«Restaurar la seguridad jurídica y la libertad contractual. Respetar los contratos, facilitar su ejecución y recuperar la libertad para pactar rentas y duración, sin discriminar a los arrendadores por su tamaño», es la tercera propuesta de la casa de análisis, seguido de «separar asistencia y contratación privada. Financiar las ayudas con recursos públicos explícitos y permitir que la oferta privada responda, evitando cargar la protección del vulnerable sobre su arrendador o acreedor». En último lugar, explican la necesidad de «favorecer la subsidiariedad normativa y la transparencia. Permitir soluciones territoriales distintas, comparar sus resultados y hacer visibles los costes de las normas. Vincular los porcentajes demoscópicos a las preguntas y alternativas que los produjeron. La principal dificultad para aplicar estas reformas es política: queremos viviendas accesibles sin asumir las consecuencias de permitir construir, transmitir y contratar. Mientras premiemos las restricciones y ocultemos sus costes, seguiremos eligiendo una vivienda escasa y cara». Sin medias tintas, Fedea denuncia que en España las leyes inmobiliarias «han sufrido una notable involución» por el intervencionismo del Estado, especialmente «en los últimos años» con medidas como la congelación de los alquileres. Y no duda en culpar a ese intervencionismo del Gobierno actual de «la tolerancia hacia la okupación por parte de inquilinos morosos» a raíz de la ley de vivienda e incluso de «facilitar las okupaciones». «Estas medidas diluyen el valor de la propiedad y, a largo plazo, desincentivan la inversión inmobiliaria», comenta el análisis.En un informe muy duro elaborado por Benito Arruñada, catedrático de la Universidad Pomeu Fabra, el servicio de estudios denuncia, a través de más de 50 páginas, que «los fallos de la política agravan, en vez de corregir, los del mercado de vivienda» en un contexto como el actual de crisis de oferta y de precios en el mercado español. Cada vez más familias, por precio y escasez de oferta, se ven expulsadas tanto del mercado de compraventa como del de alquiler y el autor tiene claro que las medidas puestas en marcha sobre todo estos años del Ejecutivo de Pedro Sánchez suponen ir en la dirección contraria para solucionar el problema.Analistas y economistas, así como el sector y la banca, coinciden todos ellos en que la crisis de vivienda es de un desajuste extremo entre la demanda y la oferta. Se crean cada vez más hogares y el ritmo de construcción de pisos no casa con esa demanda. La receta a la que aluden siempre es a que hay que actuar sobre el lado de la oferta, es decir, levantando más viviendas.Sobre esa idea incide también el documento de Fedea, aunque va mucho más allá al señalar múltiples fallos del mercado nacional causados en particular por el Gobierno actual. «Las restricciones para construir, transmitir y contratar generan escasez y perjudican sobre todo a quienes buscan vivienda», destaca.Buena parte del foco lo pone en el mercado del alquiler, con precios en ascenso desde hace años y con la oferta reduciéndose por medidas intervencionistas. Esas medidas, según destaca Arruñada, provocan que «quien ve en riesgo su patrimonio se apresura a protegerlo». Pone de ejemplo el tope de actualización de rentas de 2022 y la ley de vivienda, entre otros asuntos, como causantes de que la oferta de alquiler residencial se haya «desplomado» y los precios se hayan desbocado. «Estas normas desincentivan la contratación al restringir la libertad contractual. Por ejemplo, imponen —como si fueran gratuitas— duraciones mínimas y derechos de prórroga en los contratos de alquiler. Asimismo, y quizá esto sea lo más grave, consagran el incumplimiento de contratos vigentes mediante procedimientos tan simples como congelar la renta o modificar arbitrariamente otras condiciones», añade.Este tipo de medidas intervencionistas, igual que el decreto ley recientemente convalidado en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados por la puerta de atrás después de haber sido derogado por el Pleno, Fedea considera que «benefician a los inquilinos actuales» pero causan «un perjuicio evidente a los propietarios y, sobre todo, perjudican a quienes desearían alquilar en el futuro (especialmente los más jóvenes), que tendrán que soportar las consecuencias: rentas más elevadas, mayor selectividad en la elección de inquilinos por parte de los propietarios o, sencillamente, que muchos propietarios decidan dejar de alquilar y retirarse del mercado».El intervencionismo del Gobierno eleva los precios del alquiler, dificulta el acceso a la vivienda y disminuye la oferta, según FedeaEste último decreto ley permite para determinados contratos y a solicitud del arrendatario prórrogas anuales de hasta dos años; limita, bajo ciertos supuestos, las actualizaciones de rentas hasta el 31 de diciembre de 2027, y contempla además restricciones a determinadas adquisiciones y suspensiones de ciertos desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, medidas tributarias y de vivienda pública.En concreto sobre la construcción de vivienda , el trabajo de la institución pone el acento en que falta mucho suelo edificable y eso es culpa de «decisiones políticas» ya que «numerosos ciudadanos y grupos pueden bloquear una promoción sin asumir íntegramente el coste de hacerlo, y urbanizar suelo exige de diez a quince años, según estimaciones que recoge la CNMC».Fedea también ataca «la conservación y la calidad impuestas» en la construcción de vivienda en España, en el sentido de que «rechazar nuevas alturas, usos o densidades y exigir mayores prestaciones y calidad reduce las posibilidades de construir y encarece la vivienda. Esos costes recaen también sobre quienes querrían residir allí y todavía no tienen voz. Imponer prestaciones adicionales puede así excluir a quienes solo pueden pagar una vivienda más sencilla».Uno de los problemas principales, además, está a su juicio en que « los tributos equivalen al 25,78% del desembolso final de los compradores en un supuesto elaborado por el Consejo General de Economistas» para vivienda nueva; En ese supuesto, la carga fiscal se distribuye entre las administraciones central (50,46%), local (26,64%) y autonómica (22,90%). Y en vivienda usada el panorama no es distinto ya que se «grava mucho las transmisiones y relativamente poco la tenencia», lo cual, dice, penaliza la movilidad y favorece que muchos inmuebles permanezcan vacíos o infrautilizados. «La OCDE recomienda a España reducir gradualmente los impuestos sobre las transmisiones, cuyos tipos figuran entre los más altos de sus países miembros», incide.Reformas propuestasBajo este marco, Fedea plantea una serie de reformas necesarias para tratar de atajar la crisis de vivienda. En primer lugar, facilitar la construcción: «Ampliar los usos y densidades permitidos, evaluar el coste de las exigencias de calidad y revisar qué intereses justifican un veto y cuáles pueden protegerse mediante indemnización».En segundo término, hablan de «reequilibrar la fiscalidad» para reducir los impuestos en la construcción y transmisión de viviendas, compensando esos menores ingresos públicos con los que soportan los tenedores de vivienda o con menor gasto, coordinando la financiación autonómica y municipal.«Restaurar la seguridad jurídica y la libertad contractual. Respetar los contratos, facilitar su ejecución y recuperar la libertad para pactar rentas y duración, sin discriminar a los arrendadores por su tamaño», es la tercera propuesta de la casa de análisis, seguido de «separar asistencia y contratación privada. Financiar las ayudas con recursos públicos explícitos y permitir que la oferta privada responda, evitando cargar la protección del vulnerable sobre su arrendador o acreedor». En último lugar, explican la necesidad de «favorecer la subsidiariedad normativa y la transparencia. Permitir soluciones territoriales distintas, comparar sus resultados y hacer visibles los costes de las normas. Vincular los porcentajes demoscópicos a las preguntas y alternativas que los produjeron. La principal dificultad para aplicar estas reformas es política: queremos viviendas accesibles sin asumir las consecuencias de permitir construir, transmitir y contratar. Mientras premiemos las restricciones y ocultemos sus costes, seguiremos eligiendo una vivienda escasa y cara». Sin medias tintas, Fedea denuncia que en España las leyes inmobiliarias «han sufrido una notable involución» por el intervencionismo del Estado, especialmente «en los últimos años» con medidas como la congelación de los alquileres. Y no duda en culpar a ese intervencionismo del Gobierno actual de «la tolerancia hacia la okupación por parte de inquilinos morosos» a raíz de la ley de vivienda e incluso de «facilitar las okupaciones». «Estas medidas diluyen el valor de la propiedad y, a largo plazo, desincentivan la inversión inmobiliaria», comenta el análisis.En un informe muy duro elaborado por Benito Arruñada, catedrático de la Universidad Pomeu Fabra, el servicio de estudios denuncia, a través de más de 50 páginas, que «los fallos de la política agravan, en vez de corregir, los del mercado de vivienda» en un contexto como el actual de crisis de oferta y de precios en el mercado español. Cada vez más familias, por precio y escasez de oferta, se ven expulsadas tanto del mercado de compraventa como del de alquiler y el autor tiene claro que las medidas puestas en marcha sobre todo estos años del Ejecutivo de Pedro Sánchez suponen ir en la dirección contraria para solucionar el problema.Analistas y economistas, así como el sector y la banca, coinciden todos ellos en que la crisis de vivienda es de un desajuste extremo entre la demanda y la oferta. Se crean cada vez más hogares y el ritmo de construcción de pisos no casa con esa demanda. La receta a la que aluden siempre es a que hay que actuar sobre el lado de la oferta, es decir, levantando más viviendas.Sobre esa idea incide también el documento de Fedea, aunque va mucho más allá al señalar múltiples fallos del mercado nacional causados en particular por el Gobierno actual. «Las restricciones para construir, transmitir y contratar generan escasez y perjudican sobre todo a quienes buscan vivienda», destaca.Buena parte del foco lo pone en el mercado del alquiler, con precios en ascenso desde hace años y con la oferta reduciéndose por medidas intervencionistas. Esas medidas, según destaca Arruñada, provocan que «quien ve en riesgo su patrimonio se apresura a protegerlo». Pone de ejemplo el tope de actualización de rentas de 2022 y la ley de vivienda, entre otros asuntos, como causantes de que la oferta de alquiler residencial se haya «desplomado» y los precios se hayan desbocado. «Estas normas desincentivan la contratación al restringir la libertad contractual. Por ejemplo, imponen —como si fueran gratuitas— duraciones mínimas y derechos de prórroga en los contratos de alquiler. Asimismo, y quizá esto sea lo más grave, consagran el incumplimiento de contratos vigentes mediante procedimientos tan simples como congelar la renta o modificar arbitrariamente otras condiciones», añade.Este tipo de medidas intervencionistas, igual que el decreto ley recientemente convalidado en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados por la puerta de atrás después de haber sido derogado por el Pleno, Fedea considera que «benefician a los inquilinos actuales» pero causan «un perjuicio evidente a los propietarios y, sobre todo, perjudican a quienes desearían alquilar en el futuro (especialmente los más jóvenes), que tendrán que soportar las consecuencias: rentas más elevadas, mayor selectividad en la elección de inquilinos por parte de los propietarios o, sencillamente, que muchos propietarios decidan dejar de alquilar y retirarse del mercado».El intervencionismo del Gobierno eleva los precios del alquiler, dificulta el acceso a la vivienda y disminuye la oferta, según FedeaEste último decreto ley permite para determinados contratos y a solicitud del arrendatario prórrogas anuales de hasta dos años; limita, bajo ciertos supuestos, las actualizaciones de rentas hasta el 31 de diciembre de 2027, y contempla además restricciones a determinadas adquisiciones y suspensiones de ciertos desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, medidas tributarias y de vivienda pública.En concreto sobre la construcción de vivienda , el trabajo de la institución pone el acento en que falta mucho suelo edificable y eso es culpa de «decisiones políticas» ya que «numerosos ciudadanos y grupos pueden bloquear una promoción sin asumir íntegramente el coste de hacerlo, y urbanizar suelo exige de diez a quince años, según estimaciones que recoge la CNMC».Fedea también ataca «la conservación y la calidad impuestas» en la construcción de vivienda en España, en el sentido de que «rechazar nuevas alturas, usos o densidades y exigir mayores prestaciones y calidad reduce las posibilidades de construir y encarece la vivienda. Esos costes recaen también sobre quienes querrían residir allí y todavía no tienen voz. Imponer prestaciones adicionales puede así excluir a quienes solo pueden pagar una vivienda más sencilla».Uno de los problemas principales, además, está a su juicio en que « los tributos equivalen al 25,78% del desembolso final de los compradores en un supuesto elaborado por el Consejo General de Economistas» para vivienda nueva; En ese supuesto, la carga fiscal se distribuye entre las administraciones central (50,46%), local (26,64%) y autonómica (22,90%). Y en vivienda usada el panorama no es distinto ya que se «grava mucho las transmisiones y relativamente poco la tenencia», lo cual, dice, penaliza la movilidad y favorece que muchos inmuebles permanezcan vacíos o infrautilizados. «La OCDE recomienda a España reducir gradualmente los impuestos sobre las transmisiones, cuyos tipos figuran entre los más altos de sus países miembros», incide.Reformas propuestasBajo este marco, Fedea plantea una serie de reformas necesarias para tratar de atajar la crisis de vivienda. En primer lugar, facilitar la construcción: «Ampliar los usos y densidades permitidos, evaluar el coste de las exigencias de calidad y revisar qué intereses justifican un veto y cuáles pueden protegerse mediante indemnización».En segundo término, hablan de «reequilibrar la fiscalidad» para reducir los impuestos en la construcción y transmisión de viviendas, compensando esos menores ingresos públicos con los que soportan los tenedores de vivienda o con menor gasto, coordinando la financiación autonómica y municipal.«Restaurar la seguridad jurídica y la libertad contractual. Respetar los contratos, facilitar su ejecución y recuperar la libertad para pactar rentas y duración, sin discriminar a los arrendadores por su tamaño», es la tercera propuesta de la casa de análisis, seguido de «separar asistencia y contratación privada. Financiar las ayudas con recursos públicos explícitos y permitir que la oferta privada responda, evitando cargar la protección del vulnerable sobre su arrendador o acreedor». En último lugar, explican la necesidad de «favorecer la subsidiariedad normativa y la transparencia. Permitir soluciones territoriales distintas, comparar sus resultados y hacer visibles los costes de las normas. Vincular los porcentajes demoscópicos a las preguntas y alternativas que los produjeron. La principal dificultad para aplicar estas reformas es política: queremos viviendas accesibles sin asumir las consecuencias de permitir construir, transmitir y contratar. Mientras premiemos las restricciones y ocultemos sus costes, seguiremos eligiendo una vivienda escasa y cara». RSS de noticias de economia
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