Compás de espera. Partido Popular y Vox posponen sus negociaciones para un futuro pacto de investidura y Gobierno, y las conversaciones se abordarán de nuevo la próxima semana. Las dos formaciones no han alcanzado ningún principio de acuerdo en la única reunión formal que han convocado (el pasado martes) y la configuración de la Mesa del Parlamento andaluz ha sido provisional con la intención de establecer modificaciones después de rubricar la alianza.Ambas partes han establecido su marco : los populares se sienten con el respaldo y la legitimidad de las urnas para gobernar en solitario y los de Abascal con la fuerza para influir en el Ejecutivo con sus políticas económicas, sociales e ideológicas. Más allá del deseo de Manuel Gavira de lograr una consejería o vicepresidencia, no se habla de sillones ni de cargos, sino de un programa con diversas propuestas reflejadas en un documento con la obligación de cumplirlo en su totalidad.La mirada hay que dirigirla a ese texto aún por desarrollar pero que cuenta con tres magníficos ejemplos que sirven de ‘plantilla’ para replicar, para ‘copiar y pegar’: los contratos firmados en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Constan de 23, 39 y 62 páginas respectivamente, en función del detalle al que se haya querido llegar, si bien el armazón es calcado y se pretende replicar en Andalucía.El fomento de la familia y las políticas contra la inmigración representan el eje principal de esta doctrina. Esa protección del hogar cristaliza en un impulso a la natalidad con reducción de impuestos y ayudas económicas para animar a los progenitores o adoptantes o, en todo caso, rebajarles la pesada carga económica. El Gobierno extremeño acaba de dotar de tres millones de euros para el acogimiento familiar, el apoyo a madres vulnerables (Red Madre) y la duplicación de la cuantía destinada a las ayudas a la natalidad. También deducen el doble por nacimiento o adopción si el hijo tiene un grado de discapacidad igual o superior al 33%.El otro puntal de sus demandas entronca con la política migratoria actual y obliga a un posicionamiento delicado porque linda con las competencias autonómicas, la ley y la propia Constitución española, más allá de cuestiones éticas. Vox pide un rechazo frontal que se traduce en oposición al acogimiento de inmigrantes ilegales y menores extranjeros no acompañados (MENAS). No quieren que desde la comunidad se sume ni una plaza más ni abrir nuevos centros de acogida. En Aragón se recoge de manera explícita la petición de realizar pruebas médicas de determinación de la edad para verificar si los inmigrantes que llegan son menores o mayores de edad.La prioridad nacional en los pactosAdemás de ese freno, se han fijado auditorías de fondos y subvenciones para eliminar el gasto público destinado a migrantes y suprimir ayudas a organizaciones que trabajen en este apartado. Por supuesto, la eliminación de fondos para la cooperación internacional, destinando esas partidas al extranjero a servicios sociales de la propia región. En Extremadura ya han desmantelado esa institución, provocando la salida de su directora.Esto se relaciona de manera clara aunque no absoluta con la inclusión de ese concepto tan polémico de la prioridad nacional , más eslogan por su simbolismo que una realidad administrativa tangible con una traducción legislativa nítida. Nunca se podrá fijar la nacionalidad (ni la raza) para distinguir en una ley de aplicación autonómica, pues Extranjería depende del Gobierno central y en parte vulnera la Constitución y derechos humanos fundamentales.E. P.Por ello hay que ceñirse al «arraigo», que se puede traducir en el establecimiento de requisitos basados en los años de residencia para acceder a ayudas en materia de vivienda o de carácter social y cultural. El paradigma perfecto es exigir un mínimo de diez años para compra y cinco años para alquiler de vivienda protegida (similares políticas se han desarrollado en País Vasco y Canarias), o un plazo de tiempo empadronado en una ciudad para ser beneficiado de ayudas a emprendedores, como en Valencia. Es curioso que en el Gobierno de Guardiola van a empezar a aplicar la «prioridad alimentaria» para dar más valor al producto de proximidad extremeño y español en los comedores públicos dependientes de la Junta.Vox ha fijado medidas de aplicación posible, como la relacionada con el arraigo, con otras más ideológicas que chocan con las competencias estatalesSiendo esto su tronco discursivo, ahora reflejado en programa de Gobierno, sus ramificaciones se expanden hacia el campo y las políticas agrarias , con un rechazo brutal a la Agenda 2030 y un escepticismo cuando no negacionismo con respecto al cambio climático; a la reducción fiscal y la simplificación administrativa ; y finaliza con multitud de gestos con escasa incidencia real pero con un fuerte componente ideológico .Los pactos recogen la prohibición del uso del burka y el niqab en espacios públicos dependientes de la Junta. En Extremadura, recogen la reducción de las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales sin utilidades públicas, lo que vulgarmente denominan ‘chiringuitos’. También en esta misma región han suprimido el Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. Incorporan de manera textual la lucha contra la okupación (buscan el desalojo exprés).Algunas medidas son en cierto modo cosméticas pues no disponen de competencias suficientes para hacerlas realidad, como la necesidad de «sacar la ideología de las aulas» con el uso del «veto parental». Con una ley estatal, no pueden ir más allá que ‘prometer’ el refuerzo de la inspección educativa para vigilar la neutralidad de los contenidos. También demandarán al Gobierno una prueba de acceso a la universidad única en todo el territorio nacional. El supuesto blindaje del sector primario frente a la agenda 2030 lo enfrenta con competencias europeas.Para vigilar su cumplimiento , en las tres comunidades han entrado en el Gobierno, pero su influencia va más allá de consejerías como demuestra su impacto en la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Baleares, donde su presión la ejercen en la aprobación o no de los presupuestos anuales. Compás de espera. Partido Popular y Vox posponen sus negociaciones para un futuro pacto de investidura y Gobierno, y las conversaciones se abordarán de nuevo la próxima semana. Las dos formaciones no han alcanzado ningún principio de acuerdo en la única reunión formal que han convocado (el pasado martes) y la configuración de la Mesa del Parlamento andaluz ha sido provisional con la intención de establecer modificaciones después de rubricar la alianza.Ambas partes han establecido su marco : los populares se sienten con el respaldo y la legitimidad de las urnas para gobernar en solitario y los de Abascal con la fuerza para influir en el Ejecutivo con sus políticas económicas, sociales e ideológicas. Más allá del deseo de Manuel Gavira de lograr una consejería o vicepresidencia, no se habla de sillones ni de cargos, sino de un programa con diversas propuestas reflejadas en un documento con la obligación de cumplirlo en su totalidad.La mirada hay que dirigirla a ese texto aún por desarrollar pero que cuenta con tres magníficos ejemplos que sirven de ‘plantilla’ para replicar, para ‘copiar y pegar’: los contratos firmados en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Constan de 23, 39 y 62 páginas respectivamente, en función del detalle al que se haya querido llegar, si bien el armazón es calcado y se pretende replicar en Andalucía.El fomento de la familia y las políticas contra la inmigración representan el eje principal de esta doctrina. Esa protección del hogar cristaliza en un impulso a la natalidad con reducción de impuestos y ayudas económicas para animar a los progenitores o adoptantes o, en todo caso, rebajarles la pesada carga económica. El Gobierno extremeño acaba de dotar de tres millones de euros para el acogimiento familiar, el apoyo a madres vulnerables (Red Madre) y la duplicación de la cuantía destinada a las ayudas a la natalidad. También deducen el doble por nacimiento o adopción si el hijo tiene un grado de discapacidad igual o superior al 33%.El otro puntal de sus demandas entronca con la política migratoria actual y obliga a un posicionamiento delicado porque linda con las competencias autonómicas, la ley y la propia Constitución española, más allá de cuestiones éticas. Vox pide un rechazo frontal que se traduce en oposición al acogimiento de inmigrantes ilegales y menores extranjeros no acompañados (MENAS). No quieren que desde la comunidad se sume ni una plaza más ni abrir nuevos centros de acogida. En Aragón se recoge de manera explícita la petición de realizar pruebas médicas de determinación de la edad para verificar si los inmigrantes que llegan son menores o mayores de edad.La prioridad nacional en los pactosAdemás de ese freno, se han fijado auditorías de fondos y subvenciones para eliminar el gasto público destinado a migrantes y suprimir ayudas a organizaciones que trabajen en este apartado. Por supuesto, la eliminación de fondos para la cooperación internacional, destinando esas partidas al extranjero a servicios sociales de la propia región. En Extremadura ya han desmantelado esa institución, provocando la salida de su directora.Esto se relaciona de manera clara aunque no absoluta con la inclusión de ese concepto tan polémico de la prioridad nacional , más eslogan por su simbolismo que una realidad administrativa tangible con una traducción legislativa nítida. Nunca se podrá fijar la nacionalidad (ni la raza) para distinguir en una ley de aplicación autonómica, pues Extranjería depende del Gobierno central y en parte vulnera la Constitución y derechos humanos fundamentales.E. P.Por ello hay que ceñirse al «arraigo», que se puede traducir en el establecimiento de requisitos basados en los años de residencia para acceder a ayudas en materia de vivienda o de carácter social y cultural. El paradigma perfecto es exigir un mínimo de diez años para compra y cinco años para alquiler de vivienda protegida (similares políticas se han desarrollado en País Vasco y Canarias), o un plazo de tiempo empadronado en una ciudad para ser beneficiado de ayudas a emprendedores, como en Valencia. Es curioso que en el Gobierno de Guardiola van a empezar a aplicar la «prioridad alimentaria» para dar más valor al producto de proximidad extremeño y español en los comedores públicos dependientes de la Junta.Vox ha fijado medidas de aplicación posible, como la relacionada con el arraigo, con otras más ideológicas que chocan con las competencias estatalesSiendo esto su tronco discursivo, ahora reflejado en programa de Gobierno, sus ramificaciones se expanden hacia el campo y las políticas agrarias , con un rechazo brutal a la Agenda 2030 y un escepticismo cuando no negacionismo con respecto al cambio climático; a la reducción fiscal y la simplificación administrativa ; y finaliza con multitud de gestos con escasa incidencia real pero con un fuerte componente ideológico .Los pactos recogen la prohibición del uso del burka y el niqab en espacios públicos dependientes de la Junta. En Extremadura, recogen la reducción de las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales sin utilidades públicas, lo que vulgarmente denominan ‘chiringuitos’. También en esta misma región han suprimido el Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. Incorporan de manera textual la lucha contra la okupación (buscan el desalojo exprés).Algunas medidas son en cierto modo cosméticas pues no disponen de competencias suficientes para hacerlas realidad, como la necesidad de «sacar la ideología de las aulas» con el uso del «veto parental». Con una ley estatal, no pueden ir más allá que ‘prometer’ el refuerzo de la inspección educativa para vigilar la neutralidad de los contenidos. También demandarán al Gobierno una prueba de acceso a la universidad única en todo el territorio nacional. El supuesto blindaje del sector primario frente a la agenda 2030 lo enfrenta con competencias europeas.Para vigilar su cumplimiento , en las tres comunidades han entrado en el Gobierno, pero su influencia va más allá de consejerías como demuestra su impacto en la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Baleares, donde su presión la ejercen en la aprobación o no de los presupuestos anuales. Compás de espera. Partido Popular y Vox posponen sus negociaciones para un futuro pacto de investidura y Gobierno, y las conversaciones se abordarán de nuevo la próxima semana. Las dos formaciones no han alcanzado ningún principio de acuerdo en la única reunión formal que han convocado (el pasado martes) y la configuración de la Mesa del Parlamento andaluz ha sido provisional con la intención de establecer modificaciones después de rubricar la alianza.Ambas partes han establecido su marco : los populares se sienten con el respaldo y la legitimidad de las urnas para gobernar en solitario y los de Abascal con la fuerza para influir en el Ejecutivo con sus políticas económicas, sociales e ideológicas. Más allá del deseo de Manuel Gavira de lograr una consejería o vicepresidencia, no se habla de sillones ni de cargos, sino de un programa con diversas propuestas reflejadas en un documento con la obligación de cumplirlo en su totalidad.La mirada hay que dirigirla a ese texto aún por desarrollar pero que cuenta con tres magníficos ejemplos que sirven de ‘plantilla’ para replicar, para ‘copiar y pegar’: los contratos firmados en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Constan de 23, 39 y 62 páginas respectivamente, en función del detalle al que se haya querido llegar, si bien el armazón es calcado y se pretende replicar en Andalucía.El fomento de la familia y las políticas contra la inmigración representan el eje principal de esta doctrina. Esa protección del hogar cristaliza en un impulso a la natalidad con reducción de impuestos y ayudas económicas para animar a los progenitores o adoptantes o, en todo caso, rebajarles la pesada carga económica. El Gobierno extremeño acaba de dotar de tres millones de euros para el acogimiento familiar, el apoyo a madres vulnerables (Red Madre) y la duplicación de la cuantía destinada a las ayudas a la natalidad. También deducen el doble por nacimiento o adopción si el hijo tiene un grado de discapacidad igual o superior al 33%.El otro puntal de sus demandas entronca con la política migratoria actual y obliga a un posicionamiento delicado porque linda con las competencias autonómicas, la ley y la propia Constitución española, más allá de cuestiones éticas. Vox pide un rechazo frontal que se traduce en oposición al acogimiento de inmigrantes ilegales y menores extranjeros no acompañados (MENAS). No quieren que desde la comunidad se sume ni una plaza más ni abrir nuevos centros de acogida. En Aragón se recoge de manera explícita la petición de realizar pruebas médicas de determinación de la edad para verificar si los inmigrantes que llegan son menores o mayores de edad.La prioridad nacional en los pactosAdemás de ese freno, se han fijado auditorías de fondos y subvenciones para eliminar el gasto público destinado a migrantes y suprimir ayudas a organizaciones que trabajen en este apartado. Por supuesto, la eliminación de fondos para la cooperación internacional, destinando esas partidas al extranjero a servicios sociales de la propia región. En Extremadura ya han desmantelado esa institución, provocando la salida de su directora.Esto se relaciona de manera clara aunque no absoluta con la inclusión de ese concepto tan polémico de la prioridad nacional , más eslogan por su simbolismo que una realidad administrativa tangible con una traducción legislativa nítida. Nunca se podrá fijar la nacionalidad (ni la raza) para distinguir en una ley de aplicación autonómica, pues Extranjería depende del Gobierno central y en parte vulnera la Constitución y derechos humanos fundamentales.E. P.Por ello hay que ceñirse al «arraigo», que se puede traducir en el establecimiento de requisitos basados en los años de residencia para acceder a ayudas en materia de vivienda o de carácter social y cultural. El paradigma perfecto es exigir un mínimo de diez años para compra y cinco años para alquiler de vivienda protegida (similares políticas se han desarrollado en País Vasco y Canarias), o un plazo de tiempo empadronado en una ciudad para ser beneficiado de ayudas a emprendedores, como en Valencia. Es curioso que en el Gobierno de Guardiola van a empezar a aplicar la «prioridad alimentaria» para dar más valor al producto de proximidad extremeño y español en los comedores públicos dependientes de la Junta.Vox ha fijado medidas de aplicación posible, como la relacionada con el arraigo, con otras más ideológicas que chocan con las competencias estatalesSiendo esto su tronco discursivo, ahora reflejado en programa de Gobierno, sus ramificaciones se expanden hacia el campo y las políticas agrarias , con un rechazo brutal a la Agenda 2030 y un escepticismo cuando no negacionismo con respecto al cambio climático; a la reducción fiscal y la simplificación administrativa ; y finaliza con multitud de gestos con escasa incidencia real pero con un fuerte componente ideológico .Los pactos recogen la prohibición del uso del burka y el niqab en espacios públicos dependientes de la Junta. En Extremadura, recogen la reducción de las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales sin utilidades públicas, lo que vulgarmente denominan ‘chiringuitos’. También en esta misma región han suprimido el Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. Incorporan de manera textual la lucha contra la okupación (buscan el desalojo exprés).Algunas medidas son en cierto modo cosméticas pues no disponen de competencias suficientes para hacerlas realidad, como la necesidad de «sacar la ideología de las aulas» con el uso del «veto parental». Con una ley estatal, no pueden ir más allá que ‘prometer’ el refuerzo de la inspección educativa para vigilar la neutralidad de los contenidos. También demandarán al Gobierno una prueba de acceso a la universidad única en todo el territorio nacional. El supuesto blindaje del sector primario frente a la agenda 2030 lo enfrenta con competencias europeas.Para vigilar su cumplimiento , en las tres comunidades han entrado en el Gobierno, pero su influencia va más allá de consejerías como demuestra su impacto en la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Baleares, donde su presión la ejercen en la aprobación o no de los presupuestos anuales. RSS de noticias de espana/andalucia
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