Bajo la bandera de la lucha contra el tráfico ilícito de personas, la agencia europea de vigilancia de fronteras, Frontex, recopiló durante años datos personales mediante interrogatorios encubiertos a migrantes tras su llegada a Europa que carecieron de garantías jurídicas básicas. Entre 2016 y 2023, esta agencia cedió ilegalmente los datos de más de 13.000 personas a Europol, la agencia policial de la UE. Allí fueron almacenados en archivos de inteligencia criminal para ser utilizados en investigaciones policiales de los Estados miembros. Una investigación de Le Monde, Solomon y EL PAÍS —basada en cientos de páginas de documentos internos y entrevistas con expertos en protección de datos y abogados— revela la implicación de Frontex y Europol en prácticas opacas y legalmente cuestionables que conducen a la criminalización de migrantes y activistas de la UE que los ayudan o han estado en contacto con ellos. La agencia de fronteras se vio obligada a cambiar sus protocolos de transferencia de datos tras el informe de un organismo independiente de la Unión que considero esta práctica ilegal.
Evasión de responsabilidades
En noviembre de 2022, la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo celebró su primera audiencia sobre PeDRA, el poco conocido programa de vigilancia de Frontex que transfiere datos personales a Europol.
El director ejecutivo adjunto de Frontex, Uku Särekanno, explicó a los parlamentarios que, hasta ese momento, Frontex había compartido con Europol datos sobre unos 13.000 “posibles sospechosos”. Särekanno compareció en la audiencia junto a otros dos altos funcionarios estrechamente implicados en la supervisión de PeDRA: Jürgen Ebner, director adjunto de Europol, y Mathias Oel, entonces alto funcionario del departamento de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea.
En declaraciones sincronizadas, los tres funcionarios aseguraron que las transferencias de datos eran excepcionales y se regían por un sólido marco jurídico.
Särekanno declaró ante la Comisión: “No es una transferencia masiva de datos, sino una evaluación caso por caso”. “No recibimos datos a granel de Frontex; se hace caso por caso”, se hizo eco Ebner, de Europol. Las transferencias de datos personales se producen únicamente ad hoc; PeDRA “no es un intercambio sistemático de datos”, dijo Oel.
Esta investigación ha visto, en correspondencia interna obtenida a través de una solicitud de libertad de información (FOI por sus siglas en inglés), que las tres agencias se coordinaron previamente para “alinear” sus mensajes a los eurodiputados. Cuando fueron preguntados al respecto, el portavoz de Frontex, Chris Borowksi, declaró que la declaración de Sarekano “se hizo de buena fe y se basó en el entendimiento y el marco internos vigentes en aquel momento”. Oel alegó que “lo declarado se basaba en la información facilitada por Frontex” y Ebner no respondió.
Una investigación de varios medios, entre ellos EL PAÍS, revela que la agencia europea de fronteras facilitó a la entidad policial información indiscriminada de miles de personas a partir de entrevistas sin garantías a los recién llegados a Europa
Bajo la bandera de la lucha contra el tráfico ilícito de personas, la agencia europea de vigilancia de fronteras, Frontex, recopiló durante años datos personales mediante interrogatorios encubiertos a migrantes tras su llegada a Europa que carecieron de garantías jurídicas básicas. Entre 2016 y 2023, esta agencia cedió ilegalmente los datos de más de 13.000 personas a Europol, la agencia policial de la UE. Allí fueron almacenados en archivos de inteligencia criminal para ser utilizados en investigaciones policiales de los Estados miembros. Una investigación de Le Monde, Solomon y EL PAÍS —basada en cientos de páginas de documentos internos y entrevistas con expertos en protección de datos y abogados— revela la implicación de Frontex y Europol en prácticas opacas y legalmente cuestionables que conducen a la criminalización de migrantes y activistas de la UE que los ayudan o han estado en contacto con ellos. La agencia de fronteras se vio obligada a cambiar sus protocolos de transferencia de datos tras el informe de un organismo independiente de la Unión que considero esta práctica ilegal.
Evasión de responsabilidades
En noviembre de 2022, la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo celebró su primera audiencia sobre PeDRA, el poco conocido programa de vigilancia de Frontex que transfiere datos personales a Europol.
El director ejecutivo adjunto de Frontex, Uku Särekanno, explicó a los parlamentarios que, hasta ese momento, Frontex había compartido con Europol datos sobre unos 13.000 “posibles sospechosos”. Särekanno compareció en la audiencia junto a otros dos altos funcionarios estrechamente implicados en la supervisión de PeDRA: Jürgen Ebner, director adjunto de Europol, y Mathias Oel, entonces alto funcionario del departamento de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea.
En declaraciones sincronizadas, los tres funcionarios aseguraron que las transferencias de datos eran excepcionales y se regían por un sólido marco jurídico.
Särekanno declaró ante la Comisión: “No es una transferencia masiva de datos, sino una evaluación caso por caso”. “No recibimos datos a granel de Frontex; se hace caso por caso”, se hizo eco Ebner, de Europol. Las transferencias de datos personales se producen únicamente ad hoc; PeDRA “no es un intercambio sistemático de datos”, dijo Oel.
Esta investigación ha visto, en correspondencia interna obtenida a través de una solicitud de libertad de información (FOI por sus siglas en inglés), que las tres agencias se coordinaron previamente para “alinear” sus mensajes a los eurodiputados. Cuando fueron preguntados al respecto, el portavoz de Frontex, Chris Borowksi, declaró que la declaración de Sarekano “se hizo de buena fe y se basó en el entendimiento y el marco internos vigentes en aquel momento”. Oel alegó que “lo declarado se basaba en la información facilitada por Frontex” y Ebner no respondió.
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