Casi tres millones y medio de jubilados, un millón largo de parados y otros tantos autónomos seguirán tributando en el Impuesto de la Renta (IRPF) aunque los ingresos que reciban sean exactamente los mismos que perciben los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional (SMI), un colectivo al que el Ministerio de Hacienda ha eximido de tributación tras la última subida del SMI para 2027. El régimen fiscal que el Gobierno ha puesto en marcha discrimina a quienes perciben entre 18.004 y 23.171 euros anuales pero no lo hacen a través de una nómina, sino de una prestación, una ayuda al desempleo o realicen una actividad por cuenta propia.Así consta en el decreto ley que salió el martes del Consejo de Ministros , un texto en el que se incluye la deducción del IRPF para que los perceptores del SMI vean amortiguado el impacto fiscal de que les suba el sueldo a partir del 1 de enero, así como la desaparición de las retenciones a cuenta en sus nóminas en concepto de este tributo. La norma aclara que el fisco aplica estos beneficios tributarios a «los contribuyentes con rendimientos íntegros del trabajo, derivados de la prestación efectiva de servicios correspondientes a una relación laboral o estatutaria» . Es decir, contribuyentes que tengan una nómina laboral, dejando fuera a millones de ciudadanos que puedan tener el mismo perfil económico aunque sus ingresos procedan de otras circunstancias, como las pensiones.El caso de los jubilados -el colectivo de pensionistas de mayor peso, con más de seis millones de perceptores- es el más llamativo. El Ejecutivo siempre ha considerado a los pensionistas como una parte «vulnerable» de la sociedad a la que se les revalorizan sus ingresos en función del IPC real del último año. Con un pero: al aumentar la renta -el próximo 2027 previsiblemente lo hará un 3,7% a falta de conocer el último dato de inflación de noviembre- se le aplica un gravamen mayor en el IRPF. Y lo que es un alza inicial de 50 euros, de media, se puede quedar en unos 28 euros más en términos netos. La exclusión de los pensionistas no ha sido una novedad en el régimen fiscal aprobado por Hacienda para solventar el impacto fiscal de que a 2,7 millones de trabajadores en activo se les incremente el SMI a partir del 1 de enero. En otros ejercicios, los pensionistas tampoco han sido incluidos en este grupo. Se trata aproximadamente de 3,4 millones de jubilados , según la Seguridad Social, los que perciben una prestación por un importe inferior a los 1.300 euros brutos al mes, prácticamente el importe en el que ha quedado fijado el salario mínimo para el próximo año, distribuido en 14 pagas. Tampoco se encuentran en este grupo algo más de un millón de desempleados que perciben la prestación contributiva y a los que se les aplica la retención a cuenta en la mensualidad, en función de todas sus rentas y circunstancias personales, aunque cobren lo mismo que el SMI. En este caso, Hacienda optó por eliminar la obligación de presentar la declaración de la renta. Así lo aprobó hace ahora un año para que no tuviesen que liquidar el IRPF en la campaña de entre abril y junio de este año. Los técnicos piden cerrar esa brechaAl tratarse de una realidad que va repitiéndose año tras año después de las fricciones mantenidas acerca de la tributación del SMI entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, el fisco nunca ha accedido a ampliar esta deducción a todas las rentas de ese importe. De hecho, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ya habían exigido al Gobierno que tanto pensionistas como desempleados que estén cobrando menos de 18.004 euros al año no tengan que pagar el IRPF. Señalan que, si se quiere evitar que los trabajadores que estén cobrando el SMI en 2027 tributen por estos ingresos, esta medida deberá trasladarse a aquellas personas que cobren una prestación por desempleo del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) o una pensión de la Seguridad Social, que son los organismos pagadores de cara a la Agencia Tributaria.Los choques anuales entre Hacienda y Trabajo se han solventado con una deducción en la declaración de la renta a la que este año acompaña otra medida para hacer efectiva la «no tributación» , como defiende el Ejecutivo, de estas rentas. Se trata de la eliminación de la retención a cuenta que se les seguía aplicando a los trabajadores que cobraban el salario mínimo en sus nóminas. Una detracción que solo se solucionaba si liquidaban el IRPF en el año siguiente, y siempre que no existieran ostras circunstancias que pudiesen mermar esta iniciativa fiscal. Casi tres millones y medio de jubilados, un millón largo de parados y otros tantos autónomos seguirán tributando en el Impuesto de la Renta (IRPF) aunque los ingresos que reciban sean exactamente los mismos que perciben los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional (SMI), un colectivo al que el Ministerio de Hacienda ha eximido de tributación tras la última subida del SMI para 2027. El régimen fiscal que el Gobierno ha puesto en marcha discrimina a quienes perciben entre 18.004 y 23.171 euros anuales pero no lo hacen a través de una nómina, sino de una prestación, una ayuda al desempleo o realicen una actividad por cuenta propia.Así consta en el decreto ley que salió el martes del Consejo de Ministros , un texto en el que se incluye la deducción del IRPF para que los perceptores del SMI vean amortiguado el impacto fiscal de que les suba el sueldo a partir del 1 de enero, así como la desaparición de las retenciones a cuenta en sus nóminas en concepto de este tributo. La norma aclara que el fisco aplica estos beneficios tributarios a «los contribuyentes con rendimientos íntegros del trabajo, derivados de la prestación efectiva de servicios correspondientes a una relación laboral o estatutaria» . Es decir, contribuyentes que tengan una nómina laboral, dejando fuera a millones de ciudadanos que puedan tener el mismo perfil económico aunque sus ingresos procedan de otras circunstancias, como las pensiones.El caso de los jubilados -el colectivo de pensionistas de mayor peso, con más de seis millones de perceptores- es el más llamativo. El Ejecutivo siempre ha considerado a los pensionistas como una parte «vulnerable» de la sociedad a la que se les revalorizan sus ingresos en función del IPC real del último año. Con un pero: al aumentar la renta -el próximo 2027 previsiblemente lo hará un 3,7% a falta de conocer el último dato de inflación de noviembre- se le aplica un gravamen mayor en el IRPF. Y lo que es un alza inicial de 50 euros, de media, se puede quedar en unos 28 euros más en términos netos. La exclusión de los pensionistas no ha sido una novedad en el régimen fiscal aprobado por Hacienda para solventar el impacto fiscal de que a 2,7 millones de trabajadores en activo se les incremente el SMI a partir del 1 de enero. En otros ejercicios, los pensionistas tampoco han sido incluidos en este grupo. Se trata aproximadamente de 3,4 millones de jubilados , según la Seguridad Social, los que perciben una prestación por un importe inferior a los 1.300 euros brutos al mes, prácticamente el importe en el que ha quedado fijado el salario mínimo para el próximo año, distribuido en 14 pagas. Tampoco se encuentran en este grupo algo más de un millón de desempleados que perciben la prestación contributiva y a los que se les aplica la retención a cuenta en la mensualidad, en función de todas sus rentas y circunstancias personales, aunque cobren lo mismo que el SMI. En este caso, Hacienda optó por eliminar la obligación de presentar la declaración de la renta. Así lo aprobó hace ahora un año para que no tuviesen que liquidar el IRPF en la campaña de entre abril y junio de este año. Los técnicos piden cerrar esa brechaAl tratarse de una realidad que va repitiéndose año tras año después de las fricciones mantenidas acerca de la tributación del SMI entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, el fisco nunca ha accedido a ampliar esta deducción a todas las rentas de ese importe. De hecho, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ya habían exigido al Gobierno que tanto pensionistas como desempleados que estén cobrando menos de 18.004 euros al año no tengan que pagar el IRPF. Señalan que, si se quiere evitar que los trabajadores que estén cobrando el SMI en 2027 tributen por estos ingresos, esta medida deberá trasladarse a aquellas personas que cobren una prestación por desempleo del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) o una pensión de la Seguridad Social, que son los organismos pagadores de cara a la Agencia Tributaria.Los choques anuales entre Hacienda y Trabajo se han solventado con una deducción en la declaración de la renta a la que este año acompaña otra medida para hacer efectiva la «no tributación» , como defiende el Ejecutivo, de estas rentas. Se trata de la eliminación de la retención a cuenta que se les seguía aplicando a los trabajadores que cobraban el salario mínimo en sus nóminas. Una detracción que solo se solucionaba si liquidaban el IRPF en el año siguiente, y siempre que no existieran ostras circunstancias que pudiesen mermar esta iniciativa fiscal. Casi tres millones y medio de jubilados, un millón largo de parados y otros tantos autónomos seguirán tributando en el Impuesto de la Renta (IRPF) aunque los ingresos que reciban sean exactamente los mismos que perciben los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional (SMI), un colectivo al que el Ministerio de Hacienda ha eximido de tributación tras la última subida del SMI para 2027. El régimen fiscal que el Gobierno ha puesto en marcha discrimina a quienes perciben entre 18.004 y 23.171 euros anuales pero no lo hacen a través de una nómina, sino de una prestación, una ayuda al desempleo o realicen una actividad por cuenta propia.Así consta en el decreto ley que salió el martes del Consejo de Ministros , un texto en el que se incluye la deducción del IRPF para que los perceptores del SMI vean amortiguado el impacto fiscal de que les suba el sueldo a partir del 1 de enero, así como la desaparición de las retenciones a cuenta en sus nóminas en concepto de este tributo. La norma aclara que el fisco aplica estos beneficios tributarios a «los contribuyentes con rendimientos íntegros del trabajo, derivados de la prestación efectiva de servicios correspondientes a una relación laboral o estatutaria» . Es decir, contribuyentes que tengan una nómina laboral, dejando fuera a millones de ciudadanos que puedan tener el mismo perfil económico aunque sus ingresos procedan de otras circunstancias, como las pensiones.El caso de los jubilados -el colectivo de pensionistas de mayor peso, con más de seis millones de perceptores- es el más llamativo. El Ejecutivo siempre ha considerado a los pensionistas como una parte «vulnerable» de la sociedad a la que se les revalorizan sus ingresos en función del IPC real del último año. Con un pero: al aumentar la renta -el próximo 2027 previsiblemente lo hará un 3,7% a falta de conocer el último dato de inflación de noviembre- se le aplica un gravamen mayor en el IRPF. Y lo que es un alza inicial de 50 euros, de media, se puede quedar en unos 28 euros más en términos netos. La exclusión de los pensionistas no ha sido una novedad en el régimen fiscal aprobado por Hacienda para solventar el impacto fiscal de que a 2,7 millones de trabajadores en activo se les incremente el SMI a partir del 1 de enero. En otros ejercicios, los pensionistas tampoco han sido incluidos en este grupo. Se trata aproximadamente de 3,4 millones de jubilados , según la Seguridad Social, los que perciben una prestación por un importe inferior a los 1.300 euros brutos al mes, prácticamente el importe en el que ha quedado fijado el salario mínimo para el próximo año, distribuido en 14 pagas. Tampoco se encuentran en este grupo algo más de un millón de desempleados que perciben la prestación contributiva y a los que se les aplica la retención a cuenta en la mensualidad, en función de todas sus rentas y circunstancias personales, aunque cobren lo mismo que el SMI. En este caso, Hacienda optó por eliminar la obligación de presentar la declaración de la renta. Así lo aprobó hace ahora un año para que no tuviesen que liquidar el IRPF en la campaña de entre abril y junio de este año. Los técnicos piden cerrar esa brechaAl tratarse de una realidad que va repitiéndose año tras año después de las fricciones mantenidas acerca de la tributación del SMI entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, el fisco nunca ha accedido a ampliar esta deducción a todas las rentas de ese importe. De hecho, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ya habían exigido al Gobierno que tanto pensionistas como desempleados que estén cobrando menos de 18.004 euros al año no tengan que pagar el IRPF. Señalan que, si se quiere evitar que los trabajadores que estén cobrando el SMI en 2027 tributen por estos ingresos, esta medida deberá trasladarse a aquellas personas que cobren una prestación por desempleo del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) o una pensión de la Seguridad Social, que son los organismos pagadores de cara a la Agencia Tributaria.Los choques anuales entre Hacienda y Trabajo se han solventado con una deducción en la declaración de la renta a la que este año acompaña otra medida para hacer efectiva la «no tributación» , como defiende el Ejecutivo, de estas rentas. Se trata de la eliminación de la retención a cuenta que se les seguía aplicando a los trabajadores que cobraban el salario mínimo en sus nóminas. Una detracción que solo se solucionaba si liquidaban el IRPF en el año siguiente, y siempre que no existieran ostras circunstancias que pudiesen mermar esta iniciativa fiscal. RSS de noticias de economia
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