No cabe esconder la documentación relacionada con el palacete de Marceu, anterior sede del Instituto Cervantes en París, y su cesión al PNV. El Gobierno solo puede mantener fuera del escrutinio público las negociaciones relacionadas con un traspaso que le sirvió para comprar, en diciembre de 2024, el voto favorable del Partido Vasco al decreto ómnibus para subir pensiones y prorrogar las bonificaciones al transporte público.La resolución, tajante, es del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), pone fin a la vía administrativa y da al Ministerio de Hacienda hasta primeros de mayo para sacar a la luz la documentación, dividida en tres bloques. Para empezar, el expediente administrativo completo con el contrato de compraventa incluido. Para continuar los expedientes administrativos previos en los que se rechazó esta misma cesión. Y, para rematar, los informes jurídicos que la han avalado ahora. Noticia relacionada No No El Consejo de Europa ve excesivos los vetos de España a las peticiones de información a través de Transparencia Ana SánchezTodo ello, acompañado de otros archivos individuales como el total de los costes notariales y registrales de la operación, quien los ha sufragado y cuáles son ahora los costes del nuevo inmueble. El Consejo de la Transparencia lo obliga así tras analizar todas las alegaciones de las partes y concluir que, al ocultar todos esos documentos, Hacienda actuó de forma «abiertamente contraria» a la Ley. Sánchez subrayó en 2024 su determinación a «liderar la transparencia en las organizaciones políticas»La responsable de ello fue la anterior vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero , hoy en pugna electoral con Juanma Moreno por la presidencia de la Junta de Andalucía. Sin embargo, su sucesor en el ministerio, Arcadi España , no parece, al menos de momento, que vaya a corregir esa política de opacidad. ABC ha preguntado a este departamento si va a entregar la documentación o recurrir la decisión del Consejo de Transparencia ante la Audiencia Nacional para mantenerla bajo llave y la respuesta ha sido que existen dos meses para decidir sobre el recurso. Esto apunta a la vía judicial como la más probable ya que la obligación de entrega de los documentos tiene un plazo máximo de diez días. Noticia relacionada No No El Gobierno esconde documentos clave sobre el rescate de Air Europa Ana SánchezDe hecho, Hacienda ha llevado al CTBG ante la Audiencia Nacional para no hacer públicos documentos de otras operaciones en el foco del debate mediático como los rescates de Plus Ultra o Air Europa. Solo en 2025 optó por recurrir a los tribunales siete resoluciones de este organismo que le obligaban a entregar documentación. Entre ellas, los expedientes incoados desde el año 2000 al PP, Vox, Podemos y el PSOE; el número de inspecciones realizadas por la Agencia Tributaria a partidos políticos, los informes semestrales de inversión territorializada del Estado o la interpretación del convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos entre España y Andorra, entre otros. En lo que va de año ha recurrido ya una resolución para no desvelar un expediente de denuncia y documentos con datos tributarios propios. El Consejo de Europa ha advertido al Gobierno español de que debe ser más transparente y dotar al Consejo de Transparencia de los medios suficientes para cumplir con las funciones que tiene asignadas. Noticia relacionada general No No Cinco organismos internacionales alertan ya sobre la corrupción en España Ana SánchezLa resolución fue emitida el pasado 17 de abril y se produce tras la reclamación del abogado Guillermo Rocafort, que reclamó un total de diez carpetas de documentación de las que Hacienda solo aceptó tres considerando que la entrega del resto -a los que el CTBG le obliga ahora- podía afectar a los derechos e intereses del PNV. En sus alegaciones, el partido que preside Aitor Esteban se había negado en rotundo a que existiera transparencia sobre la operación con cuatro argumentos que remitió por escrito al Gobierno . El primero, que los archivos debían estar protegidos por la legislación de autos judiciales, por no ser de aplicación la Ley de la Transparencia ya que el expediente administrativo formaba parte de un expediente judicial. El segundo, que la petición realizada requería una reelaboración, causa de exclusión de la aplicación de la Ley de Transparencia. El tercero, que al tratarse de un expediente objeto de funciones administrativas de inspección y control, su conocimiento público quedaba vedado. El cuarto, que prevalecía el derecho a la confidencialidad, la privacidad y la protección de los datos personales. Según Transparencia, Hacienda se limita a «afirmar el carácter abusivo de la solicitud sin justificar las razones»El Consejo de Transparencia es muy contundente respecto a que Hacienda no podía despachar la petición declarándola abusiva para no dar copia de la información. «Según exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es preciso cumplir con la carga formal de justificar de forma expresa y detallada la concurrencia de la causa de inadmisión que se invoca», contiene la resolución. «Las alegaciones presentadas han de permitir, en efecto, efectuar la labor de comprobación de la veracidad y la proporcionalidad de la denegación de la información que supone la aplicación de la causa de inadmisión», continúa. A partir de aquí, el CTBG pasa a analizar los «razonamientos» esgrimidos por Hacienda para poner sobre la mesa que «se limita a afirmar el carácter abusivo cualitativamente de la solicitud sin justificar las razones específicas» ni «la concurrencia del doble requisito del carácter abusivo de la solicitud y de la falta de justificación». El organismo recuerda al Gobierno que le advirtió que no cabe ocultar información sin justificación suficienteNo queda todo ahí porque el Consejo de Transparencia recuerda a Hacienda que ya le advirtió de todo ello en otra resolución en un caso anterior y casi gemelo. Este precedente refuerza la idea de que este departamento ha ocultado esta información a sabiendas de que incumple la Ley de Transparencia a ojos del organismo que vela por su cumplimiento. El CTBG se lo recuerda así: «a lo anterior se suma la existencia de un pronunciamiento previo de este Consejo, en un asunto similar en el que se descarta la aplicabilidad de la causa de inadmisión» en una solicitud cursada ante Hacienda sobre restitución al PNV de inmuebles situados en Francia. En ese fallo no solo consideraba que Hacienda no había justificado el modo en que la información «pondría en riesgo derechos de terceros» como en el caso del palacete sino que se remarcaba el carácter público de la información solicitada. Hacienda recurrió esta resolución pero después desistió del recurso. Advierte, además, que Montero vulneró los plazos máximos de contestación previstos en la LeyAdemás, el Consejo de Transparencia reprende al Ejecutivo porque también se saltó los plazos que marca la Ley de la Transparencia a la hora de contestar. Así, le echa en cara que desde la fecha de entrada de la petición de información hasta la resolución administrativa adoptada «pasaron más de cuatro meses sin que ello esté justificado». La Ley da un plazo máximo de un mes para contestar a los solicitantes, prorrogable de manera excepcional por otro mes por razones de complejidad o volumen de la información cuando se va a proporcionar la misma. En este caso, el CTBG subraya que ni siquiera consta acuerdo para la ampliación del plazo a dos meses. Para el Consejo de Transparencia, Hacienda actuó de forma «abiertamente contraria» a la Ley de Transparencia«Es necesario recordar al ministerio, por un lado, que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG (Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno), al manifestar que con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta», reprende. Es en este punto en el que el órgano advierte a Hacienda de que «resulta abiertamente contrario a la finalidad» de la ley «ampliar el plazo ordinario para, finalmente, no proporcionar la información solicitada». Un comportamiento que choca con una de otra de las promesas que hizo el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando era jefe de la oposición. Fue en 2014 cuando el líder socialista firmó un convenio con la organización Transparencia Internacional subrayando su determinación a «liderar la transparencia en las organizaciones políticas». No cabe esconder la documentación relacionada con el palacete de Marceu, anterior sede del Instituto Cervantes en París, y su cesión al PNV. El Gobierno solo puede mantener fuera del escrutinio público las negociaciones relacionadas con un traspaso que le sirvió para comprar, en diciembre de 2024, el voto favorable del Partido Vasco al decreto ómnibus para subir pensiones y prorrogar las bonificaciones al transporte público.La resolución, tajante, es del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), pone fin a la vía administrativa y da al Ministerio de Hacienda hasta primeros de mayo para sacar a la luz la documentación, dividida en tres bloques. Para empezar, el expediente administrativo completo con el contrato de compraventa incluido. Para continuar los expedientes administrativos previos en los que se rechazó esta misma cesión. Y, para rematar, los informes jurídicos que la han avalado ahora. Noticia relacionada No No El Consejo de Europa ve excesivos los vetos de España a las peticiones de información a través de Transparencia Ana SánchezTodo ello, acompañado de otros archivos individuales como el total de los costes notariales y registrales de la operación, quien los ha sufragado y cuáles son ahora los costes del nuevo inmueble. El Consejo de la Transparencia lo obliga así tras analizar todas las alegaciones de las partes y concluir que, al ocultar todos esos documentos, Hacienda actuó de forma «abiertamente contraria» a la Ley. Sánchez subrayó en 2024 su determinación a «liderar la transparencia en las organizaciones políticas»La responsable de ello fue la anterior vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero , hoy en pugna electoral con Juanma Moreno por la presidencia de la Junta de Andalucía. Sin embargo, su sucesor en el ministerio, Arcadi España , no parece, al menos de momento, que vaya a corregir esa política de opacidad. ABC ha preguntado a este departamento si va a entregar la documentación o recurrir la decisión del Consejo de Transparencia ante la Audiencia Nacional para mantenerla bajo llave y la respuesta ha sido que existen dos meses para decidir sobre el recurso. Esto apunta a la vía judicial como la más probable ya que la obligación de entrega de los documentos tiene un plazo máximo de diez días. Noticia relacionada No No El Gobierno esconde documentos clave sobre el rescate de Air Europa Ana SánchezDe hecho, Hacienda ha llevado al CTBG ante la Audiencia Nacional para no hacer públicos documentos de otras operaciones en el foco del debate mediático como los rescates de Plus Ultra o Air Europa. Solo en 2025 optó por recurrir a los tribunales siete resoluciones de este organismo que le obligaban a entregar documentación. Entre ellas, los expedientes incoados desde el año 2000 al PP, Vox, Podemos y el PSOE; el número de inspecciones realizadas por la Agencia Tributaria a partidos políticos, los informes semestrales de inversión territorializada del Estado o la interpretación del convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos entre España y Andorra, entre otros. En lo que va de año ha recurrido ya una resolución para no desvelar un expediente de denuncia y documentos con datos tributarios propios. El Consejo de Europa ha advertido al Gobierno español de que debe ser más transparente y dotar al Consejo de Transparencia de los medios suficientes para cumplir con las funciones que tiene asignadas. Noticia relacionada general No No Cinco organismos internacionales alertan ya sobre la corrupción en España Ana SánchezLa resolución fue emitida el pasado 17 de abril y se produce tras la reclamación del abogado Guillermo Rocafort, que reclamó un total de diez carpetas de documentación de las que Hacienda solo aceptó tres considerando que la entrega del resto -a los que el CTBG le obliga ahora- podía afectar a los derechos e intereses del PNV. En sus alegaciones, el partido que preside Aitor Esteban se había negado en rotundo a que existiera transparencia sobre la operación con cuatro argumentos que remitió por escrito al Gobierno . El primero, que los archivos debían estar protegidos por la legislación de autos judiciales, por no ser de aplicación la Ley de la Transparencia ya que el expediente administrativo formaba parte de un expediente judicial. El segundo, que la petición realizada requería una reelaboración, causa de exclusión de la aplicación de la Ley de Transparencia. El tercero, que al tratarse de un expediente objeto de funciones administrativas de inspección y control, su conocimiento público quedaba vedado. El cuarto, que prevalecía el derecho a la confidencialidad, la privacidad y la protección de los datos personales. Según Transparencia, Hacienda se limita a «afirmar el carácter abusivo de la solicitud sin justificar las razones»El Consejo de Transparencia es muy contundente respecto a que Hacienda no podía despachar la petición declarándola abusiva para no dar copia de la información. «Según exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es preciso cumplir con la carga formal de justificar de forma expresa y detallada la concurrencia de la causa de inadmisión que se invoca», contiene la resolución. «Las alegaciones presentadas han de permitir, en efecto, efectuar la labor de comprobación de la veracidad y la proporcionalidad de la denegación de la información que supone la aplicación de la causa de inadmisión», continúa. A partir de aquí, el CTBG pasa a analizar los «razonamientos» esgrimidos por Hacienda para poner sobre la mesa que «se limita a afirmar el carácter abusivo cualitativamente de la solicitud sin justificar las razones específicas» ni «la concurrencia del doble requisito del carácter abusivo de la solicitud y de la falta de justificación». El organismo recuerda al Gobierno que le advirtió que no cabe ocultar información sin justificación suficienteNo queda todo ahí porque el Consejo de Transparencia recuerda a Hacienda que ya le advirtió de todo ello en otra resolución en un caso anterior y casi gemelo. Este precedente refuerza la idea de que este departamento ha ocultado esta información a sabiendas de que incumple la Ley de Transparencia a ojos del organismo que vela por su cumplimiento. El CTBG se lo recuerda así: «a lo anterior se suma la existencia de un pronunciamiento previo de este Consejo, en un asunto similar en el que se descarta la aplicabilidad de la causa de inadmisión» en una solicitud cursada ante Hacienda sobre restitución al PNV de inmuebles situados en Francia. En ese fallo no solo consideraba que Hacienda no había justificado el modo en que la información «pondría en riesgo derechos de terceros» como en el caso del palacete sino que se remarcaba el carácter público de la información solicitada. Hacienda recurrió esta resolución pero después desistió del recurso. Advierte, además, que Montero vulneró los plazos máximos de contestación previstos en la LeyAdemás, el Consejo de Transparencia reprende al Ejecutivo porque también se saltó los plazos que marca la Ley de la Transparencia a la hora de contestar. Así, le echa en cara que desde la fecha de entrada de la petición de información hasta la resolución administrativa adoptada «pasaron más de cuatro meses sin que ello esté justificado». La Ley da un plazo máximo de un mes para contestar a los solicitantes, prorrogable de manera excepcional por otro mes por razones de complejidad o volumen de la información cuando se va a proporcionar la misma. En este caso, el CTBG subraya que ni siquiera consta acuerdo para la ampliación del plazo a dos meses. Para el Consejo de Transparencia, Hacienda actuó de forma «abiertamente contraria» a la Ley de Transparencia«Es necesario recordar al ministerio, por un lado, que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG (Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno), al manifestar que con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta», reprende. Es en este punto en el que el órgano advierte a Hacienda de que «resulta abiertamente contrario a la finalidad» de la ley «ampliar el plazo ordinario para, finalmente, no proporcionar la información solicitada». Un comportamiento que choca con una de otra de las promesas que hizo el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando era jefe de la oposición. Fue en 2014 cuando el líder socialista firmó un convenio con la organización Transparencia Internacional subrayando su determinación a «liderar la transparencia en las organizaciones políticas». No cabe esconder la documentación relacionada con el palacete de Marceu, anterior sede del Instituto Cervantes en París, y su cesión al PNV. El Gobierno solo puede mantener fuera del escrutinio público las negociaciones relacionadas con un traspaso que le sirvió para comprar, en diciembre de 2024, el voto favorable del Partido Vasco al decreto ómnibus para subir pensiones y prorrogar las bonificaciones al transporte público.La resolución, tajante, es del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), pone fin a la vía administrativa y da al Ministerio de Hacienda hasta primeros de mayo para sacar a la luz la documentación, dividida en tres bloques. Para empezar, el expediente administrativo completo con el contrato de compraventa incluido. Para continuar los expedientes administrativos previos en los que se rechazó esta misma cesión. Y, para rematar, los informes jurídicos que la han avalado ahora. Noticia relacionada No No El Consejo de Europa ve excesivos los vetos de España a las peticiones de información a través de Transparencia Ana SánchezTodo ello, acompañado de otros archivos individuales como el total de los costes notariales y registrales de la operación, quien los ha sufragado y cuáles son ahora los costes del nuevo inmueble. El Consejo de la Transparencia lo obliga así tras analizar todas las alegaciones de las partes y concluir que, al ocultar todos esos documentos, Hacienda actuó de forma «abiertamente contraria» a la Ley. Sánchez subrayó en 2024 su determinación a «liderar la transparencia en las organizaciones políticas»La responsable de ello fue la anterior vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero , hoy en pugna electoral con Juanma Moreno por la presidencia de la Junta de Andalucía. Sin embargo, su sucesor en el ministerio, Arcadi España , no parece, al menos de momento, que vaya a corregir esa política de opacidad. ABC ha preguntado a este departamento si va a entregar la documentación o recurrir la decisión del Consejo de Transparencia ante la Audiencia Nacional para mantenerla bajo llave y la respuesta ha sido que existen dos meses para decidir sobre el recurso. Esto apunta a la vía judicial como la más probable ya que la obligación de entrega de los documentos tiene un plazo máximo de diez días. Noticia relacionada No No El Gobierno esconde documentos clave sobre el rescate de Air Europa Ana SánchezDe hecho, Hacienda ha llevado al CTBG ante la Audiencia Nacional para no hacer públicos documentos de otras operaciones en el foco del debate mediático como los rescates de Plus Ultra o Air Europa. Solo en 2025 optó por recurrir a los tribunales siete resoluciones de este organismo que le obligaban a entregar documentación. Entre ellas, los expedientes incoados desde el año 2000 al PP, Vox, Podemos y el PSOE; el número de inspecciones realizadas por la Agencia Tributaria a partidos políticos, los informes semestrales de inversión territorializada del Estado o la interpretación del convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos entre España y Andorra, entre otros. En lo que va de año ha recurrido ya una resolución para no desvelar un expediente de denuncia y documentos con datos tributarios propios. El Consejo de Europa ha advertido al Gobierno español de que debe ser más transparente y dotar al Consejo de Transparencia de los medios suficientes para cumplir con las funciones que tiene asignadas. Noticia relacionada general No No Cinco organismos internacionales alertan ya sobre la corrupción en España Ana SánchezLa resolución fue emitida el pasado 17 de abril y se produce tras la reclamación del abogado Guillermo Rocafort, que reclamó un total de diez carpetas de documentación de las que Hacienda solo aceptó tres considerando que la entrega del resto -a los que el CTBG le obliga ahora- podía afectar a los derechos e intereses del PNV. En sus alegaciones, el partido que preside Aitor Esteban se había negado en rotundo a que existiera transparencia sobre la operación con cuatro argumentos que remitió por escrito al Gobierno . El primero, que los archivos debían estar protegidos por la legislación de autos judiciales, por no ser de aplicación la Ley de la Transparencia ya que el expediente administrativo formaba parte de un expediente judicial. El segundo, que la petición realizada requería una reelaboración, causa de exclusión de la aplicación de la Ley de Transparencia. El tercero, que al tratarse de un expediente objeto de funciones administrativas de inspección y control, su conocimiento público quedaba vedado. El cuarto, que prevalecía el derecho a la confidencialidad, la privacidad y la protección de los datos personales. Según Transparencia, Hacienda se limita a «afirmar el carácter abusivo de la solicitud sin justificar las razones»El Consejo de Transparencia es muy contundente respecto a que Hacienda no podía despachar la petición declarándola abusiva para no dar copia de la información. «Según exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es preciso cumplir con la carga formal de justificar de forma expresa y detallada la concurrencia de la causa de inadmisión que se invoca», contiene la resolución. «Las alegaciones presentadas han de permitir, en efecto, efectuar la labor de comprobación de la veracidad y la proporcionalidad de la denegación de la información que supone la aplicación de la causa de inadmisión», continúa. A partir de aquí, el CTBG pasa a analizar los «razonamientos» esgrimidos por Hacienda para poner sobre la mesa que «se limita a afirmar el carácter abusivo cualitativamente de la solicitud sin justificar las razones específicas» ni «la concurrencia del doble requisito del carácter abusivo de la solicitud y de la falta de justificación». El organismo recuerda al Gobierno que le advirtió que no cabe ocultar información sin justificación suficienteNo queda todo ahí porque el Consejo de Transparencia recuerda a Hacienda que ya le advirtió de todo ello en otra resolución en un caso anterior y casi gemelo. Este precedente refuerza la idea de que este departamento ha ocultado esta información a sabiendas de que incumple la Ley de Transparencia a ojos del organismo que vela por su cumplimiento. El CTBG se lo recuerda así: «a lo anterior se suma la existencia de un pronunciamiento previo de este Consejo, en un asunto similar en el que se descarta la aplicabilidad de la causa de inadmisión» en una solicitud cursada ante Hacienda sobre restitución al PNV de inmuebles situados en Francia. En ese fallo no solo consideraba que Hacienda no había justificado el modo en que la información «pondría en riesgo derechos de terceros» como en el caso del palacete sino que se remarcaba el carácter público de la información solicitada. Hacienda recurrió esta resolución pero después desistió del recurso. Advierte, además, que Montero vulneró los plazos máximos de contestación previstos en la LeyAdemás, el Consejo de Transparencia reprende al Ejecutivo porque también se saltó los plazos que marca la Ley de la Transparencia a la hora de contestar. Así, le echa en cara que desde la fecha de entrada de la petición de información hasta la resolución administrativa adoptada «pasaron más de cuatro meses sin que ello esté justificado». La Ley da un plazo máximo de un mes para contestar a los solicitantes, prorrogable de manera excepcional por otro mes por razones de complejidad o volumen de la información cuando se va a proporcionar la misma. En este caso, el CTBG subraya que ni siquiera consta acuerdo para la ampliación del plazo a dos meses. Para el Consejo de Transparencia, Hacienda actuó de forma «abiertamente contraria» a la Ley de Transparencia«Es necesario recordar al ministerio, por un lado, que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG (Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno), al manifestar que con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta», reprende. Es en este punto en el que el órgano advierte a Hacienda de que «resulta abiertamente contrario a la finalidad» de la ley «ampliar el plazo ordinario para, finalmente, no proporcionar la información solicitada». Un comportamiento que choca con una de otra de las promesas que hizo el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando era jefe de la oposición. Fue en 2014 cuando el líder socialista firmó un convenio con la organización Transparencia Internacional subrayando su determinación a «liderar la transparencia en las organizaciones políticas». RSS de noticias de espana
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