La asociación HazteOír ha presentado este martes un escrito ante la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas en el que exige la responsabilidad por alcance de los fondos públicos empleados en sufragar el sueldo de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la plaza que se le creo a medida. Esta iniciativa jurídica se suma y refuerza la ofensiva iniciada la semana pasada por las formaciones Iustitia Europa y Vox, acusaciones populares también en este procedimiento y que presentaron sendos escritos en el mismo sentido ante el órgano fiscalizador tras reconocer la Audiencia de Badajoz que no podía exigir responsabilidades penales a los condenados porque la Fiscalía no había acusado. El escrito de HazteOír se hace eco de que la sentencia consideró probado que el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, junto a otros cargos, creó arbitrariamente en 2016 el puesto de «Coordinador de las Actividades de los Conservatorios» con el único objetivo de beneficiar a David Sánchez. La plaza, posteriormente reconvertida en la Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas, ha sido calificada judicialmente, recuerda la acusación, como «innecesaria y vacía de contenido». Pese a ello el beneficiario percibió presuntamente 340.572 euros de fondos públicos entre julio de 2017 y su renuncia en mayo de 2025 sin que conste una contraprestación efectiva y real que justificase tales pagos.Como hicieron Iustitia Europa y Vox, HazteOír también alude al artículo 49.3 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que reserva a esta jurisdicción específica la competencia para concretar y reclamar el importe de los daños causados a los caudales públicos cuando la vía penal no lo determina de manera firme.Depósito o embargo En este caso su petición se dirige contra Miguel Ángel Gallardo Miranda, expresidente de la Diputación de Badajoz; la exdiputada de Cultura Cristina Núñez, la exdirectora del área de Cultura Elisa Moriano y contra el beneficiario y percetor de los fondos David Pérez-Castejón. Solicita formalmente la apertura de diligencias previas y el nombramiento de un delegado instructor. Asimismo, en el mismo sentido que las otras acusaciones, se exige que se requiera de manera inmediata a los presuntos responsables el depósito o afianzamiento provisional de los 340.572 euros (más los intereses legales devengados) bajo apercibimiento de embargo preventivo de sus bienes para asegurar que el dinero público sea reintegrado a las cuentas de la Corporación provincial. La asociación HazteOír ha presentado este martes un escrito ante la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas en el que exige la responsabilidad por alcance de los fondos públicos empleados en sufragar el sueldo de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la plaza que se le creo a medida. Esta iniciativa jurídica se suma y refuerza la ofensiva iniciada la semana pasada por las formaciones Iustitia Europa y Vox, acusaciones populares también en este procedimiento y que presentaron sendos escritos en el mismo sentido ante el órgano fiscalizador tras reconocer la Audiencia de Badajoz que no podía exigir responsabilidades penales a los condenados porque la Fiscalía no había acusado. El escrito de HazteOír se hace eco de que la sentencia consideró probado que el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, junto a otros cargos, creó arbitrariamente en 2016 el puesto de «Coordinador de las Actividades de los Conservatorios» con el único objetivo de beneficiar a David Sánchez. La plaza, posteriormente reconvertida en la Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas, ha sido calificada judicialmente, recuerda la acusación, como «innecesaria y vacía de contenido». Pese a ello el beneficiario percibió presuntamente 340.572 euros de fondos públicos entre julio de 2017 y su renuncia en mayo de 2025 sin que conste una contraprestación efectiva y real que justificase tales pagos.Como hicieron Iustitia Europa y Vox, HazteOír también alude al artículo 49.3 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que reserva a esta jurisdicción específica la competencia para concretar y reclamar el importe de los daños causados a los caudales públicos cuando la vía penal no lo determina de manera firme.Depósito o embargo En este caso su petición se dirige contra Miguel Ángel Gallardo Miranda, expresidente de la Diputación de Badajoz; la exdiputada de Cultura Cristina Núñez, la exdirectora del área de Cultura Elisa Moriano y contra el beneficiario y percetor de los fondos David Pérez-Castejón. Solicita formalmente la apertura de diligencias previas y el nombramiento de un delegado instructor. Asimismo, en el mismo sentido que las otras acusaciones, se exige que se requiera de manera inmediata a los presuntos responsables el depósito o afianzamiento provisional de los 340.572 euros (más los intereses legales devengados) bajo apercibimiento de embargo preventivo de sus bienes para asegurar que el dinero público sea reintegrado a las cuentas de la Corporación provincial. La asociación HazteOír ha presentado este martes un escrito ante la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas en el que exige la responsabilidad por alcance de los fondos públicos empleados en sufragar el sueldo de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la plaza que se le creo a medida. Esta iniciativa jurídica se suma y refuerza la ofensiva iniciada la semana pasada por las formaciones Iustitia Europa y Vox, acusaciones populares también en este procedimiento y que presentaron sendos escritos en el mismo sentido ante el órgano fiscalizador tras reconocer la Audiencia de Badajoz que no podía exigir responsabilidades penales a los condenados porque la Fiscalía no había acusado. El escrito de HazteOír se hace eco de que la sentencia consideró probado que el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, junto a otros cargos, creó arbitrariamente en 2016 el puesto de «Coordinador de las Actividades de los Conservatorios» con el único objetivo de beneficiar a David Sánchez. La plaza, posteriormente reconvertida en la Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas, ha sido calificada judicialmente, recuerda la acusación, como «innecesaria y vacía de contenido». Pese a ello el beneficiario percibió presuntamente 340.572 euros de fondos públicos entre julio de 2017 y su renuncia en mayo de 2025 sin que conste una contraprestación efectiva y real que justificase tales pagos.Como hicieron Iustitia Europa y Vox, HazteOír también alude al artículo 49.3 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que reserva a esta jurisdicción específica la competencia para concretar y reclamar el importe de los daños causados a los caudales públicos cuando la vía penal no lo determina de manera firme.Depósito o embargo En este caso su petición se dirige contra Miguel Ángel Gallardo Miranda, expresidente de la Diputación de Badajoz; la exdiputada de Cultura Cristina Núñez, la exdirectora del área de Cultura Elisa Moriano y contra el beneficiario y percetor de los fondos David Pérez-Castejón. Solicita formalmente la apertura de diligencias previas y el nombramiento de un delegado instructor. Asimismo, en el mismo sentido que las otras acusaciones, se exige que se requiera de manera inmediata a los presuntos responsables el depósito o afianzamiento provisional de los 340.572 euros (más los intereses legales devengados) bajo apercibimiento de embargo preventivo de sus bienes para asegurar que el dinero público sea reintegrado a las cuentas de la Corporación provincial. RSS de noticias de espana
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