En pleno Domingo de Ramos, la Oficina del Defensor del Pueblo ha anunciado un principio de acuerdo entre la Conferencia Episcopal Española, el Gobierno y la Conferencia Española de Religiosos para reconocer y reparar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Este lunes está previsto que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, así como el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, firmen finalmente un nuevo protocolo de colaboración para atender los casos de víctimas que no puedan acudir a la justicia. El documento desarrolla el acuerdo suscrito el pasado 8 de enero entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos, pero llevaba meses atascado. En ese acuerdo, la Iglesia asumía que el Defensor del Pueblo ejerciera como receptor de reclamaciones de aquellas víctimas que, no habían acudido a la vía judicial –por prescripción del delito o muerte del victimario–, o que no deseaban acogerse a los cauces de reparación ya establecidos por la Iglesia con el sistema PRIVA.El protocolo estaba enquistado por las cuantías de las indemnizaciones, que debía asumir en exclusiva la jerarquía eclesial, y a la posibilidad de que el Defensor del Pueblo pudiera revisar las reparaciones que la Iglesia ya había pagado internamente. Sin acuerdo la Oficina que dirige Ángel Gabilondo no puede comenzar a actuar.En estos meses, algo más de un centenar de víctimas han acudido al PRIVA. Y si se admite la petición del Gobierno, ahora podrían recurrir al Defensor del Pueblo como una segunda instancia, reclamar una revisión de su resolución y un eventual aumento de la cuantía recibida. En pleno Domingo de Ramos, la Oficina del Defensor del Pueblo ha anunciado un principio de acuerdo entre la Conferencia Episcopal Española, el Gobierno y la Conferencia Española de Religiosos para reconocer y reparar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Este lunes está previsto que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, así como el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, firmen finalmente un nuevo protocolo de colaboración para atender los casos de víctimas que no puedan acudir a la justicia. El documento desarrolla el acuerdo suscrito el pasado 8 de enero entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos, pero llevaba meses atascado. En ese acuerdo, la Iglesia asumía que el Defensor del Pueblo ejerciera como receptor de reclamaciones de aquellas víctimas que, no habían acudido a la vía judicial –por prescripción del delito o muerte del victimario–, o que no deseaban acogerse a los cauces de reparación ya establecidos por la Iglesia con el sistema PRIVA.El protocolo estaba enquistado por las cuantías de las indemnizaciones, que debía asumir en exclusiva la jerarquía eclesial, y a la posibilidad de que el Defensor del Pueblo pudiera revisar las reparaciones que la Iglesia ya había pagado internamente. Sin acuerdo la Oficina que dirige Ángel Gabilondo no puede comenzar a actuar.En estos meses, algo más de un centenar de víctimas han acudido al PRIVA. Y si se admite la petición del Gobierno, ahora podrían recurrir al Defensor del Pueblo como una segunda instancia, reclamar una revisión de su resolución y un eventual aumento de la cuantía recibida. En pleno Domingo de Ramos, la Oficina del Defensor del Pueblo ha anunciado un principio de acuerdo entre la Conferencia Episcopal Española, el Gobierno y la Conferencia Española de Religiosos para reconocer y reparar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Este lunes está previsto que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, así como el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, firmen finalmente un nuevo protocolo de colaboración para atender los casos de víctimas que no puedan acudir a la justicia. El documento desarrolla el acuerdo suscrito el pasado 8 de enero entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos, pero llevaba meses atascado. En ese acuerdo, la Iglesia asumía que el Defensor del Pueblo ejerciera como receptor de reclamaciones de aquellas víctimas que, no habían acudido a la vía judicial –por prescripción del delito o muerte del victimario–, o que no deseaban acogerse a los cauces de reparación ya establecidos por la Iglesia con el sistema PRIVA.El protocolo estaba enquistado por las cuantías de las indemnizaciones, que debía asumir en exclusiva la jerarquía eclesial, y a la posibilidad de que el Defensor del Pueblo pudiera revisar las reparaciones que la Iglesia ya había pagado internamente. Sin acuerdo la Oficina que dirige Ángel Gabilondo no puede comenzar a actuar.En estos meses, algo más de un centenar de víctimas han acudido al PRIVA. Y si se admite la petición del Gobierno, ahora podrían recurrir al Defensor del Pueblo como una segunda instancia, reclamar una revisión de su resolución y un eventual aumento de la cuantía recibida. RSS de noticias de sociedad
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