Salvador Illa ha dado órdenes de exigir la lengua catalana como ‘prioridad nacional’ para regularizar a los inmigrantes que tramiten el permiso de residencia en Cataluña. El Govern prepara una «normativa propia» que «garantice que el catalán ocupa el lugar que le corresponde». Si el conocimiento del catalán se fija como requisito, la decisión chocará con lo establecido por el Tribunal Constitucional en 2017 cuando tumbó un primer intento de asignar el catalán como lengua obligatoria para los inmigrantes.La aprobación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, a mediados de este mes, del decreto que establece las normas de la regulación extraordinaria ha abierto una ventana de oportunidad a Illa. El Govern trabaja para incluir en la normativa que desarrolla el decreto una cláusula que instaure que «el aprendizaje del catalán es un elemento central e indisoluble del proceso de integración en Cataluña». Es decir, sin el catalán no habrá informe favorable de inclusión.La estrategia de Illa pasa por agarrarse al proceso de prórroga o renovación del permiso de residencia, tal y como el propio presidente de la Generalitat ha defendido en diferentes ocasiones. La administración autonómica tiene las competencias de acogida e integración social, en paralelo a las que hacen referencia a las políticas lingüísticas. Pero estas atribuciones no son absolutas ni predeterminan si se renueva o no el permiso, cuya responsabilidad está en manos de la Administración General del Estado.Noticia relacionada general No No Illa confirma que el catalán será requisito para renovar el permiso de residencia Daniel TerceroAsí, el Gobierno ha creado el marco general y, a partir de ahí, los ayuntamientos, en unos casos, y la Generalitat, en otros, certifican la documentación que los solicitantes de residencia presentan a la administración central. El decreto del Gobierno establece que para la renovación del permiso, en caso de no estar trabajando, el solicitante debe inscribirse en «el servicio público de empleo» o aportar «un informe de esfuerzo de integración emitido por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de su lugar de residencia que recomienden la prórroga».Es en este expediente, en manos de los gobiernos regionales, con el que Illa, para el caso de Cataluña, quiere hacer indispensable el catalán. La ventana de oportunidad está abierta de par en par. «El informe, de ser favorable, certificará, entre otros elementos, el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia», señala el texto, introduciendo así la enmienda enviada al Ejecutivo por el Govern de Illa durante el proceso de exposición pública del borrador del decreto.A falta de conocer el detalle de la normativa autonómica que concrete qué significa «el aprendizaje de las lenguas oficiales», es decir, si el solicitante de la renovación del permiso de residencia debe acreditar, con algún título, el conocimiento del catalán, el español y, en el caso del Valle de Arán (Lérida), también del aranés, o le servirá solo estar inscrito en algún curso lingüístico, desde el Govern se guarda silencio y se amplía la oferta pública de cursos en catalán de 100.000 a 150.000 plazas al año.Noticia relacionada general No No Illa enmienda al Gobierno y no regularizará inmigrantes que no sepan catalán Daniel TerceroNo obstante, este es el punto político clave de la cuestión lingüística que afecta al proceso de regularización de inmigrantes y, por eso, el partido de Carles Puigdemont viene reclamando al Gobierno la competencia exclusiva en esta materia. Junts quiere que la Generalitat controle todo el proceso, también la autorización legal final, y no solo la expedición de informes previos que, tal y como ha establecido la Justicia, no pueden ser motivo de exclusión.El viernes lo explicó a su manera Jordi Turull, secretario general de Junts: «Desvincular la integración de la lengua es marginar al catalán. La integración [de los inmigrantes] o se hace en catalán o no es integración real. Si el catalán no es requisito para vivir y trabajar, lo hacemos irrelevante. Y no lo aceptaremos». La presión de los de Puigdemont, en este asunto, es constante e Illa de momento va cediendo pues, por ejemplo, sigue sin aplicar la sentencia lingüística que obliga a la Generalitat a poner en marcha un modelo bilingüe en todas las escuelas de la comunidad.«Si el catalán no es requisito para vivir y trabajar, lo hacemos irrelevante. Y no lo aceptaremos» Jordi Turull Secretario general de JuntsPero el Constitucional lo dejó claro en 2017 cuando tumbó una parte de la Ley de Acogida catalana aprobada en 2010. La norma, aprobada bajo la presidencia de José Montilla (PSC), durante el segundo tripartito con ERC e ICV-EUiA, establecía, entre otras cosas, que el catalán era la única lengua vehicular en la formación, la información y la integración de los inmigrantes y que las competencias básicas de español, para los solicitantes de acogida en Cataluña, solo podían adquirirse si, previamente, se habían alcanzado las competencias básicas en catalán.Los magistrados del Constitucional anularon un inciso del artículo 9.5 de la Ley de Acogida autonómica e interpretaron el 9.4 dejando claro que la Generalitat no puede condicionar el acceso a determinados instrumentos de integración al previo conocimiento del catalán y, por lo tanto, el conocimiento de la lengua catalana puede ser promovido pero, en ningún caso, operar, dicho requisito de conocimiento, como algo limitativo que afecte a los derechos de los extranjeros o al acceso a recursos básicos de integración.Es justo lo que pretende hacer Illa, que «el aprendizaje» del catalán limite la adquisición de un derecho. En este caso, la renovación de un permiso de residencia. Una barrera que, paradójicamente, en caso de imponerse podría crear una casuística como que se exigiera un requisito a los inmigrantes que no se exige a cualquier español que quiera residir en Cataluña o que un solicitante de residencia perdiera ‘los papeles’ si obtuvo el permiso fuera de Cataluña y, tras trasladarse a vivir a la comunidad por asuntos familiares, no pudiera renovarlo por motivo lingüístico.40 Coste directo anual El Consorcio para la Normalización Lingüística, ente del sector público de Cataluña, tiene un presupuesto anual solo para el aprendizaje del catalán de más de 40 millones y para 2026 tenía previstas unas cuentas de 45,2 millones.Mientras tanto, Illa ha puesto la maquinaria del Consorcio para la Normalización Lingüística (CPNL) a trabajar a todo gas. Este ente del sector público tiene un presupuesto de más de 40 millones de euros anuales (en las cuentas no aprobadas de Illa para 2026 se había proyectado un ingreso de 45,2 millones de euros) que se destinan solo al aprendizaje del catalán para personas que no son catalanoparlantes. Cuenta con unos mil trabajadores distribuidos por 40 centros y más de 140 puntos de información.Pero el CPNL no está exento de polémica. El PP y Vox han criticado en diversas ocasiones, por un lado, lo que consideran un excesivo coste para las arcas públicas de un ente al que nadie fiscaliza en cuanto a resultados prácticos y, por otro, que se esté utilizando esta red para, no solo dar a conocer la lengua catalana, sino también la historia y la política catalanas desde el punto de vista nacionalista. Estas valoraciones se sustentan, por ejemplo, en los acuerdos de colaboración del CPNL con entidades como Òmnium Cultural, asociación que lideró con la Assemblea Nacional Catalana la parte civil de la trama del ‘procés’. Salvador Illa ha dado órdenes de exigir la lengua catalana como ‘prioridad nacional’ para regularizar a los inmigrantes que tramiten el permiso de residencia en Cataluña. El Govern prepara una «normativa propia» que «garantice que el catalán ocupa el lugar que le corresponde». Si el conocimiento del catalán se fija como requisito, la decisión chocará con lo establecido por el Tribunal Constitucional en 2017 cuando tumbó un primer intento de asignar el catalán como lengua obligatoria para los inmigrantes.La aprobación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, a mediados de este mes, del decreto que establece las normas de la regulación extraordinaria ha abierto una ventana de oportunidad a Illa. El Govern trabaja para incluir en la normativa que desarrolla el decreto una cláusula que instaure que «el aprendizaje del catalán es un elemento central e indisoluble del proceso de integración en Cataluña». Es decir, sin el catalán no habrá informe favorable de inclusión.La estrategia de Illa pasa por agarrarse al proceso de prórroga o renovación del permiso de residencia, tal y como el propio presidente de la Generalitat ha defendido en diferentes ocasiones. La administración autonómica tiene las competencias de acogida e integración social, en paralelo a las que hacen referencia a las políticas lingüísticas. Pero estas atribuciones no son absolutas ni predeterminan si se renueva o no el permiso, cuya responsabilidad está en manos de la Administración General del Estado.Noticia relacionada general No No Illa confirma que el catalán será requisito para renovar el permiso de residencia Daniel TerceroAsí, el Gobierno ha creado el marco general y, a partir de ahí, los ayuntamientos, en unos casos, y la Generalitat, en otros, certifican la documentación que los solicitantes de residencia presentan a la administración central. El decreto del Gobierno establece que para la renovación del permiso, en caso de no estar trabajando, el solicitante debe inscribirse en «el servicio público de empleo» o aportar «un informe de esfuerzo de integración emitido por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de su lugar de residencia que recomienden la prórroga».Es en este expediente, en manos de los gobiernos regionales, con el que Illa, para el caso de Cataluña, quiere hacer indispensable el catalán. La ventana de oportunidad está abierta de par en par. «El informe, de ser favorable, certificará, entre otros elementos, el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia», señala el texto, introduciendo así la enmienda enviada al Ejecutivo por el Govern de Illa durante el proceso de exposición pública del borrador del decreto.A falta de conocer el detalle de la normativa autonómica que concrete qué significa «el aprendizaje de las lenguas oficiales», es decir, si el solicitante de la renovación del permiso de residencia debe acreditar, con algún título, el conocimiento del catalán, el español y, en el caso del Valle de Arán (Lérida), también del aranés, o le servirá solo estar inscrito en algún curso lingüístico, desde el Govern se guarda silencio y se amplía la oferta pública de cursos en catalán de 100.000 a 150.000 plazas al año.Noticia relacionada general No No Illa enmienda al Gobierno y no regularizará inmigrantes que no sepan catalán Daniel TerceroNo obstante, este es el punto político clave de la cuestión lingüística que afecta al proceso de regularización de inmigrantes y, por eso, el partido de Carles Puigdemont viene reclamando al Gobierno la competencia exclusiva en esta materia. Junts quiere que la Generalitat controle todo el proceso, también la autorización legal final, y no solo la expedición de informes previos que, tal y como ha establecido la Justicia, no pueden ser motivo de exclusión.El viernes lo explicó a su manera Jordi Turull, secretario general de Junts: «Desvincular la integración de la lengua es marginar al catalán. La integración [de los inmigrantes] o se hace en catalán o no es integración real. Si el catalán no es requisito para vivir y trabajar, lo hacemos irrelevante. Y no lo aceptaremos». La presión de los de Puigdemont, en este asunto, es constante e Illa de momento va cediendo pues, por ejemplo, sigue sin aplicar la sentencia lingüística que obliga a la Generalitat a poner en marcha un modelo bilingüe en todas las escuelas de la comunidad.«Si el catalán no es requisito para vivir y trabajar, lo hacemos irrelevante. Y no lo aceptaremos» Jordi Turull Secretario general de JuntsPero el Constitucional lo dejó claro en 2017 cuando tumbó una parte de la Ley de Acogida catalana aprobada en 2010. La norma, aprobada bajo la presidencia de José Montilla (PSC), durante el segundo tripartito con ERC e ICV-EUiA, establecía, entre otras cosas, que el catalán era la única lengua vehicular en la formación, la información y la integración de los inmigrantes y que las competencias básicas de español, para los solicitantes de acogida en Cataluña, solo podían adquirirse si, previamente, se habían alcanzado las competencias básicas en catalán.Los magistrados del Constitucional anularon un inciso del artículo 9.5 de la Ley de Acogida autonómica e interpretaron el 9.4 dejando claro que la Generalitat no puede condicionar el acceso a determinados instrumentos de integración al previo conocimiento del catalán y, por lo tanto, el conocimiento de la lengua catalana puede ser promovido pero, en ningún caso, operar, dicho requisito de conocimiento, como algo limitativo que afecte a los derechos de los extranjeros o al acceso a recursos básicos de integración.Es justo lo que pretende hacer Illa, que «el aprendizaje» del catalán limite la adquisición de un derecho. En este caso, la renovación de un permiso de residencia. Una barrera que, paradójicamente, en caso de imponerse podría crear una casuística como que se exigiera un requisito a los inmigrantes que no se exige a cualquier español que quiera residir en Cataluña o que un solicitante de residencia perdiera ‘los papeles’ si obtuvo el permiso fuera de Cataluña y, tras trasladarse a vivir a la comunidad por asuntos familiares, no pudiera renovarlo por motivo lingüístico.40 Coste directo anual El Consorcio para la Normalización Lingüística, ente del sector público de Cataluña, tiene un presupuesto anual solo para el aprendizaje del catalán de más de 40 millones y para 2026 tenía previstas unas cuentas de 45,2 millones.Mientras tanto, Illa ha puesto la maquinaria del Consorcio para la Normalización Lingüística (CPNL) a trabajar a todo gas. Este ente del sector público tiene un presupuesto de más de 40 millones de euros anuales (en las cuentas no aprobadas de Illa para 2026 se había proyectado un ingreso de 45,2 millones de euros) que se destinan solo al aprendizaje del catalán para personas que no son catalanoparlantes. Cuenta con unos mil trabajadores distribuidos por 40 centros y más de 140 puntos de información.Pero el CPNL no está exento de polémica. El PP y Vox han criticado en diversas ocasiones, por un lado, lo que consideran un excesivo coste para las arcas públicas de un ente al que nadie fiscaliza en cuanto a resultados prácticos y, por otro, que se esté utilizando esta red para, no solo dar a conocer la lengua catalana, sino también la historia y la política catalanas desde el punto de vista nacionalista. Estas valoraciones se sustentan, por ejemplo, en los acuerdos de colaboración del CPNL con entidades como Òmnium Cultural, asociación que lideró con la Assemblea Nacional Catalana la parte civil de la trama del ‘procés’. Salvador Illa ha dado órdenes de exigir la lengua catalana como ‘prioridad nacional’ para regularizar a los inmigrantes que tramiten el permiso de residencia en Cataluña. El Govern prepara una «normativa propia» que «garantice que el catalán ocupa el lugar que le corresponde». Si el conocimiento del catalán se fija como requisito, la decisión chocará con lo establecido por el Tribunal Constitucional en 2017 cuando tumbó un primer intento de asignar el catalán como lengua obligatoria para los inmigrantes.La aprobación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, a mediados de este mes, del decreto que establece las normas de la regulación extraordinaria ha abierto una ventana de oportunidad a Illa. El Govern trabaja para incluir en la normativa que desarrolla el decreto una cláusula que instaure que «el aprendizaje del catalán es un elemento central e indisoluble del proceso de integración en Cataluña». Es decir, sin el catalán no habrá informe favorable de inclusión.La estrategia de Illa pasa por agarrarse al proceso de prórroga o renovación del permiso de residencia, tal y como el propio presidente de la Generalitat ha defendido en diferentes ocasiones. La administración autonómica tiene las competencias de acogida e integración social, en paralelo a las que hacen referencia a las políticas lingüísticas. Pero estas atribuciones no son absolutas ni predeterminan si se renueva o no el permiso, cuya responsabilidad está en manos de la Administración General del Estado.Noticia relacionada general No No Illa confirma que el catalán será requisito para renovar el permiso de residencia Daniel TerceroAsí, el Gobierno ha creado el marco general y, a partir de ahí, los ayuntamientos, en unos casos, y la Generalitat, en otros, certifican la documentación que los solicitantes de residencia presentan a la administración central. El decreto del Gobierno establece que para la renovación del permiso, en caso de no estar trabajando, el solicitante debe inscribirse en «el servicio público de empleo» o aportar «un informe de esfuerzo de integración emitido por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de su lugar de residencia que recomienden la prórroga».Es en este expediente, en manos de los gobiernos regionales, con el que Illa, para el caso de Cataluña, quiere hacer indispensable el catalán. La ventana de oportunidad está abierta de par en par. «El informe, de ser favorable, certificará, entre otros elementos, el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia», señala el texto, introduciendo así la enmienda enviada al Ejecutivo por el Govern de Illa durante el proceso de exposición pública del borrador del decreto.A falta de conocer el detalle de la normativa autonómica que concrete qué significa «el aprendizaje de las lenguas oficiales», es decir, si el solicitante de la renovación del permiso de residencia debe acreditar, con algún título, el conocimiento del catalán, el español y, en el caso del Valle de Arán (Lérida), también del aranés, o le servirá solo estar inscrito en algún curso lingüístico, desde el Govern se guarda silencio y se amplía la oferta pública de cursos en catalán de 100.000 a 150.000 plazas al año.Noticia relacionada general No No Illa enmienda al Gobierno y no regularizará inmigrantes que no sepan catalán Daniel TerceroNo obstante, este es el punto político clave de la cuestión lingüística que afecta al proceso de regularización de inmigrantes y, por eso, el partido de Carles Puigdemont viene reclamando al Gobierno la competencia exclusiva en esta materia. Junts quiere que la Generalitat controle todo el proceso, también la autorización legal final, y no solo la expedición de informes previos que, tal y como ha establecido la Justicia, no pueden ser motivo de exclusión.El viernes lo explicó a su manera Jordi Turull, secretario general de Junts: «Desvincular la integración de la lengua es marginar al catalán. La integración [de los inmigrantes] o se hace en catalán o no es integración real. Si el catalán no es requisito para vivir y trabajar, lo hacemos irrelevante. Y no lo aceptaremos». La presión de los de Puigdemont, en este asunto, es constante e Illa de momento va cediendo pues, por ejemplo, sigue sin aplicar la sentencia lingüística que obliga a la Generalitat a poner en marcha un modelo bilingüe en todas las escuelas de la comunidad.«Si el catalán no es requisito para vivir y trabajar, lo hacemos irrelevante. Y no lo aceptaremos» Jordi Turull Secretario general de JuntsPero el Constitucional lo dejó claro en 2017 cuando tumbó una parte de la Ley de Acogida catalana aprobada en 2010. La norma, aprobada bajo la presidencia de José Montilla (PSC), durante el segundo tripartito con ERC e ICV-EUiA, establecía, entre otras cosas, que el catalán era la única lengua vehicular en la formación, la información y la integración de los inmigrantes y que las competencias básicas de español, para los solicitantes de acogida en Cataluña, solo podían adquirirse si, previamente, se habían alcanzado las competencias básicas en catalán.Los magistrados del Constitucional anularon un inciso del artículo 9.5 de la Ley de Acogida autonómica e interpretaron el 9.4 dejando claro que la Generalitat no puede condicionar el acceso a determinados instrumentos de integración al previo conocimiento del catalán y, por lo tanto, el conocimiento de la lengua catalana puede ser promovido pero, en ningún caso, operar, dicho requisito de conocimiento, como algo limitativo que afecte a los derechos de los extranjeros o al acceso a recursos básicos de integración.Es justo lo que pretende hacer Illa, que «el aprendizaje» del catalán limite la adquisición de un derecho. En este caso, la renovación de un permiso de residencia. Una barrera que, paradójicamente, en caso de imponerse podría crear una casuística como que se exigiera un requisito a los inmigrantes que no se exige a cualquier español que quiera residir en Cataluña o que un solicitante de residencia perdiera ‘los papeles’ si obtuvo el permiso fuera de Cataluña y, tras trasladarse a vivir a la comunidad por asuntos familiares, no pudiera renovarlo por motivo lingüístico.40 Coste directo anual El Consorcio para la Normalización Lingüística, ente del sector público de Cataluña, tiene un presupuesto anual solo para el aprendizaje del catalán de más de 40 millones y para 2026 tenía previstas unas cuentas de 45,2 millones.Mientras tanto, Illa ha puesto la maquinaria del Consorcio para la Normalización Lingüística (CPNL) a trabajar a todo gas. Este ente del sector público tiene un presupuesto de más de 40 millones de euros anuales (en las cuentas no aprobadas de Illa para 2026 se había proyectado un ingreso de 45,2 millones de euros) que se destinan solo al aprendizaje del catalán para personas que no son catalanoparlantes. Cuenta con unos mil trabajadores distribuidos por 40 centros y más de 140 puntos de información.Pero el CPNL no está exento de polémica. El PP y Vox han criticado en diversas ocasiones, por un lado, lo que consideran un excesivo coste para las arcas públicas de un ente al que nadie fiscaliza en cuanto a resultados prácticos y, por otro, que se esté utilizando esta red para, no solo dar a conocer la lengua catalana, sino también la historia y la política catalanas desde el punto de vista nacionalista. Estas valoraciones se sustentan, por ejemplo, en los acuerdos de colaboración del CPNL con entidades como Òmnium Cultural, asociación que lideró con la Assemblea Nacional Catalana la parte civil de la trama del ‘procés’. RSS de noticias de espana
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