Huawei se adjudicó el polémico contrato del Ministerio de Interior para el almacenamiento de las escuchas telefónicas porque en los pliegos del mismo no se establecieron condiciones para impedir que este servicio tan delicado para la seguridad acabara en manos del gigante chino. «Huawei siempre va a presentar la oferta más barata, siempre va a ganar por precio. Esto es algo que sabemos en todos los ministerios», explican fuentes de la Administración. «Cuando un contrato tiene implicaciones para la seguridad, los pliegos incluyen condiciones que Huawei no puede cumplir para evitar que pueda adjudicárselo por precio, porque siempre presenta la oferta más barata. Si no se ponen condiciones, gana», añaden, sobre un ‘modus operandi’ que confirman altos funcionarios implicados en la contratación pública. Un ejemplo de estos requisitos, completamente legales, es exigir años de experiencia en la prestación del servicio.Las razones que permiten al gigante chino presentar siempre la oferta más barata son dos. La primera es que la mano de obra es mucho más barata en China que en la Unión Europea porque, entre otras cosas, sus empresas no tienen que asumir los costes sociales que asumen las que se encuentran en el Viejo Continente. La segunda razón es que el Gobierno chino quiere que sus empresas de tecnología se expandan internacionalmente al máximo y existen serias sospechas sobre la concesión de ayudas estatales para permitir que las compañías de ese país sean imbatibles en cuanto a precio. De fondo, la Ley de Seguridad Nacional china establece que toda compañía radicada en ese país está obligada a proporcionar al Partido Comunista chino cualquier información en su poder que éste le solicite, sin necesidad de pasar por los tribunales. Tres hipótesisEsta disposición es la que convierte a Huawei en un problema para la seguridad nacional del resto de países del mundo pero especialmente para sus rivales, ya que cualquier información que pase por su tecnología puede acabar en manos del Gobierno chino, que podría utilizarla pero también venderla o cederla a terceros. Noticia Relacionada estandar Si EE.UU. exigió a España que no use tecnología de Huawei en los secretos que le comparte Ana SánchezEl Ministerio del Interior hizo hincapié en que la adjudicación se había producido porque la oferta de Huawei había sido la más barata y la ley española le obligaba a otorgársela tras destapar ‘The Objective’ el contrato. Pero si el Gobierno ya conoce que el gigante chino siempre presenta la oferta más económica, la pregunta que surge es por qué esta vez no se pusieron trabas que hubieran impedido que la adjudicación se decidiera por una cuestión de precio. O formulado, de otro modo, ¿se permitió que Huawei ganara el contrato de manera deliberada, por un error en la redacción de los pliegos que nadie detectó o porque de verdad pensaba el Gobierno que el contrato que no iba a ser problemático?Cabe recordar que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) consideró que esta adjudicación al gigante chino de las comunicaciones era «una metedura de pata», como publicó ABC. Y la defensa cerrada de la adjudicación que el Ministerio del Interior hizo desde el primer momento y a la que Presidencia del Gobierno se unió después apuntan a que no fue un error. Sin éxito hasta el momento, y además de señalar al precio como causa, el Gobierno de Pedro Sánchez insiste contra viento y marea en que «la ciberseguridad está garantizada» tras este contrato, pese a las advertencias de los expertos en esta materia en España y la alerta que se ha generado tanto en el Congreso de Estados Unidos como en el seno de la Unión Europea. El contrato asciende a 12,3 millones de euros.El PP eleva la presión«España garantiza que toda la información compartida con los servicios españoles de inteligencia, defensa y Fuerzas de Seguridad es completamente segura e inaccesible para gobiernos extranjeros. Los sistemas de protección y acceso al Sistema Integrado para la Interceptación Legal de las Telecomunicaciones son proporcionados por proveedores estadounidenses de confianza (Fortinet, Palo Alto y Cisco). El sistema de almacenamiento está cubierto por varias capas de seguridad con tecnología estadounidense que monitoriza su comportamiento», ha insistido el Ejecutivo sin éxito tras la ola de críticas. La mano de obra es mucho más barata en China por la ausencia de costes sociales y por las posibles ayudas de Pekín a sus empresasEl episodio, además, ha sido explotado por Estados Unidos por una segunda razón, la comercial, dado su interés económico en que la tecnología que adquieran sus aliados sea estadounidense. Algo previsible tras la carta enviada por Sánchez al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, antes de la Cumbre en La Haya amenazando con bloquear el acuerdo de invertir el 5% del PIB en defensa.Operador de riesgoTodo esto se produce, además, cuando el Gobierno español lleva evitando desde el año 2022 calificar a Huawei como operador de riesgo. El decreto de seguridad de las redes 5G aprobado en mayo de ese año incluyó una disposición para poder hacerlo en el plazo de tres meses, con el objetivo de facilitar la protección del país frente a operadores que no pueden asegurar la seguridad de los datos que pasan por sus equipos. Sin embargo, el miedo a enfadar a China llevó al Ejecutivo a ignorar su propia disposición, aunque era completamente garantista. Es decir, el proceso de calificación debía incluir una audiencia a los operadores y suministradores 5G afectados, lo que habría permitido a Huawei y el otro gigante chino ZTE defender sus argumentos, y obligaba al Gobierno a analizar «tanto las garantías técnicas de funcionamiento y operatividad de sus equipos, productos y servicios como su exposición a injerencias externas». Pero nunca llegó a ponerse en marcha.Además de generar al Gobierno problemas en el exterior -Estados Unidos y la Unión Europea-, la falta de una explicación convincente sobre la adjudicación de Interior a Huawei en este momento está sirviendo de munición política al Partido Popular.Temor a un cambio de posición Estados Unidos elevó las advertencias sobre Huawei a sus socios a partir del primer mandato de Donald Trump en la Casa Blanca y sus servicios de inteligencia avisaron varias veces al Gobierno español de que necesitaban un camino libre de equipos tecnológicos de esta empresa para poder compartir información. Esta premisa se venía cumpliendo hasta ahora. Por ello, la concesión del contrato para la compra de cabinas que permitirán almacenar las escuchas judiciales ha desatado las alarmas en Washington y también en Bruselas porque, aunque se trate de un material estanco como asegura el Gobierno español, la información allí guardada es altamente sensible. Esta condición, unida a los viajes anuales que Pedro Sánchez lleva realizando a China desde 2023, su discurso a favor de un entendimiento con este país, y su posición desafiante respecto a Trump hacen temer a los expertos en ciberseguridad, a Bruselas y a Washington que el contrato de Interior puede ser el primero de un cambio de posición que puede comprometer las estrategias de freno a Huawei que Estados Unidos y la Unión Europea llevan años intentanso implementar. Su secretario general, Miguel Tellado, está trazando una línea de ataque al Gobierno en la que está incluyendo la acusación de posible corrupción y en la que está apuntando a las figuras del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dadas sus labores de defensa del régimen chino, y al exministro socialista, Pepe Blanco, por los servicios de lobby prestados por su consultora, Acento, a Huawei, de lo que la compañía se desvincula. La línea de los populares continúa señalando al actual al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, al haber trabajado para Acento hasta 2023 llevando precisamente la cuenta de Huawei, y a su esposa, Anabel Mateos, trabajó para la misma consultora y hoy ocupa el cargo de adjunta a la Secretaría de Organización del PSOE. El Grupo Popular ya ha pedido que Hernando comparezca ante el Congreso para dar explicaciones y ha solicitado lo mismo para otros cuatro ministros: el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles; Presidencia, Félix Bolaños, y Exteriores, José Manuel Albares. Con esta estrategia se asegura seguir manteniendo viva la polémica. Huawei se adjudicó el polémico contrato del Ministerio de Interior para el almacenamiento de las escuchas telefónicas porque en los pliegos del mismo no se establecieron condiciones para impedir que este servicio tan delicado para la seguridad acabara en manos del gigante chino. «Huawei siempre va a presentar la oferta más barata, siempre va a ganar por precio. Esto es algo que sabemos en todos los ministerios», explican fuentes de la Administración. «Cuando un contrato tiene implicaciones para la seguridad, los pliegos incluyen condiciones que Huawei no puede cumplir para evitar que pueda adjudicárselo por precio, porque siempre presenta la oferta más barata. Si no se ponen condiciones, gana», añaden, sobre un ‘modus operandi’ que confirman altos funcionarios implicados en la contratación pública. Un ejemplo de estos requisitos, completamente legales, es exigir años de experiencia en la prestación del servicio.Las razones que permiten al gigante chino presentar siempre la oferta más barata son dos. La primera es que la mano de obra es mucho más barata en China que en la Unión Europea porque, entre otras cosas, sus empresas no tienen que asumir los costes sociales que asumen las que se encuentran en el Viejo Continente. La segunda razón es que el Gobierno chino quiere que sus empresas de tecnología se expandan internacionalmente al máximo y existen serias sospechas sobre la concesión de ayudas estatales para permitir que las compañías de ese país sean imbatibles en cuanto a precio. De fondo, la Ley de Seguridad Nacional china establece que toda compañía radicada en ese país está obligada a proporcionar al Partido Comunista chino cualquier información en su poder que éste le solicite, sin necesidad de pasar por los tribunales. Tres hipótesisEsta disposición es la que convierte a Huawei en un problema para la seguridad nacional del resto de países del mundo pero especialmente para sus rivales, ya que cualquier información que pase por su tecnología puede acabar en manos del Gobierno chino, que podría utilizarla pero también venderla o cederla a terceros. Noticia Relacionada estandar Si EE.UU. exigió a España que no use tecnología de Huawei en los secretos que le comparte Ana SánchezEl Ministerio del Interior hizo hincapié en que la adjudicación se había producido porque la oferta de Huawei había sido la más barata y la ley española le obligaba a otorgársela tras destapar ‘The Objective’ el contrato. Pero si el Gobierno ya conoce que el gigante chino siempre presenta la oferta más económica, la pregunta que surge es por qué esta vez no se pusieron trabas que hubieran impedido que la adjudicación se decidiera por una cuestión de precio. O formulado, de otro modo, ¿se permitió que Huawei ganara el contrato de manera deliberada, por un error en la redacción de los pliegos que nadie detectó o porque de verdad pensaba el Gobierno que el contrato que no iba a ser problemático?Cabe recordar que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) consideró que esta adjudicación al gigante chino de las comunicaciones era «una metedura de pata», como publicó ABC. Y la defensa cerrada de la adjudicación que el Ministerio del Interior hizo desde el primer momento y a la que Presidencia del Gobierno se unió después apuntan a que no fue un error. Sin éxito hasta el momento, y además de señalar al precio como causa, el Gobierno de Pedro Sánchez insiste contra viento y marea en que «la ciberseguridad está garantizada» tras este contrato, pese a las advertencias de los expertos en esta materia en España y la alerta que se ha generado tanto en el Congreso de Estados Unidos como en el seno de la Unión Europea. El contrato asciende a 12,3 millones de euros.El PP eleva la presión«España garantiza que toda la información compartida con los servicios españoles de inteligencia, defensa y Fuerzas de Seguridad es completamente segura e inaccesible para gobiernos extranjeros. Los sistemas de protección y acceso al Sistema Integrado para la Interceptación Legal de las Telecomunicaciones son proporcionados por proveedores estadounidenses de confianza (Fortinet, Palo Alto y Cisco). El sistema de almacenamiento está cubierto por varias capas de seguridad con tecnología estadounidense que monitoriza su comportamiento», ha insistido el Ejecutivo sin éxito tras la ola de críticas. La mano de obra es mucho más barata en China por la ausencia de costes sociales y por las posibles ayudas de Pekín a sus empresasEl episodio, además, ha sido explotado por Estados Unidos por una segunda razón, la comercial, dado su interés económico en que la tecnología que adquieran sus aliados sea estadounidense. Algo previsible tras la carta enviada por Sánchez al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, antes de la Cumbre en La Haya amenazando con bloquear el acuerdo de invertir el 5% del PIB en defensa.Operador de riesgoTodo esto se produce, además, cuando el Gobierno español lleva evitando desde el año 2022 calificar a Huawei como operador de riesgo. El decreto de seguridad de las redes 5G aprobado en mayo de ese año incluyó una disposición para poder hacerlo en el plazo de tres meses, con el objetivo de facilitar la protección del país frente a operadores que no pueden asegurar la seguridad de los datos que pasan por sus equipos. Sin embargo, el miedo a enfadar a China llevó al Ejecutivo a ignorar su propia disposición, aunque era completamente garantista. Es decir, el proceso de calificación debía incluir una audiencia a los operadores y suministradores 5G afectados, lo que habría permitido a Huawei y el otro gigante chino ZTE defender sus argumentos, y obligaba al Gobierno a analizar «tanto las garantías técnicas de funcionamiento y operatividad de sus equipos, productos y servicios como su exposición a injerencias externas». Pero nunca llegó a ponerse en marcha.Además de generar al Gobierno problemas en el exterior -Estados Unidos y la Unión Europea-, la falta de una explicación convincente sobre la adjudicación de Interior a Huawei en este momento está sirviendo de munición política al Partido Popular.Temor a un cambio de posición Estados Unidos elevó las advertencias sobre Huawei a sus socios a partir del primer mandato de Donald Trump en la Casa Blanca y sus servicios de inteligencia avisaron varias veces al Gobierno español de que necesitaban un camino libre de equipos tecnológicos de esta empresa para poder compartir información. Esta premisa se venía cumpliendo hasta ahora. Por ello, la concesión del contrato para la compra de cabinas que permitirán almacenar las escuchas judiciales ha desatado las alarmas en Washington y también en Bruselas porque, aunque se trate de un material estanco como asegura el Gobierno español, la información allí guardada es altamente sensible. Esta condición, unida a los viajes anuales que Pedro Sánchez lleva realizando a China desde 2023, su discurso a favor de un entendimiento con este país, y su posición desafiante respecto a Trump hacen temer a los expertos en ciberseguridad, a Bruselas y a Washington que el contrato de Interior puede ser el primero de un cambio de posición que puede comprometer las estrategias de freno a Huawei que Estados Unidos y la Unión Europea llevan años intentanso implementar. Su secretario general, Miguel Tellado, está trazando una línea de ataque al Gobierno en la que está incluyendo la acusación de posible corrupción y en la que está apuntando a las figuras del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dadas sus labores de defensa del régimen chino, y al exministro socialista, Pepe Blanco, por los servicios de lobby prestados por su consultora, Acento, a Huawei, de lo que la compañía se desvincula. La línea de los populares continúa señalando al actual al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, al haber trabajado para Acento hasta 2023 llevando precisamente la cuenta de Huawei, y a su esposa, Anabel Mateos, trabajó para la misma consultora y hoy ocupa el cargo de adjunta a la Secretaría de Organización del PSOE. El Grupo Popular ya ha pedido que Hernando comparezca ante el Congreso para dar explicaciones y ha solicitado lo mismo para otros cuatro ministros: el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles; Presidencia, Félix Bolaños, y Exteriores, José Manuel Albares. Con esta estrategia se asegura seguir manteniendo viva la polémica. Huawei se adjudicó el polémico contrato del Ministerio de Interior para el almacenamiento de las escuchas telefónicas porque en los pliegos del mismo no se establecieron condiciones para impedir que este servicio tan delicado para la seguridad acabara en manos del gigante chino. «Huawei siempre va a presentar la oferta más barata, siempre va a ganar por precio. Esto es algo que sabemos en todos los ministerios», explican fuentes de la Administración. «Cuando un contrato tiene implicaciones para la seguridad, los pliegos incluyen condiciones que Huawei no puede cumplir para evitar que pueda adjudicárselo por precio, porque siempre presenta la oferta más barata. Si no se ponen condiciones, gana», añaden, sobre un ‘modus operandi’ que confirman altos funcionarios implicados en la contratación pública. Un ejemplo de estos requisitos, completamente legales, es exigir años de experiencia en la prestación del servicio.Las razones que permiten al gigante chino presentar siempre la oferta más barata son dos. La primera es que la mano de obra es mucho más barata en China que en la Unión Europea porque, entre otras cosas, sus empresas no tienen que asumir los costes sociales que asumen las que se encuentran en el Viejo Continente. La segunda razón es que el Gobierno chino quiere que sus empresas de tecnología se expandan internacionalmente al máximo y existen serias sospechas sobre la concesión de ayudas estatales para permitir que las compañías de ese país sean imbatibles en cuanto a precio. De fondo, la Ley de Seguridad Nacional china establece que toda compañía radicada en ese país está obligada a proporcionar al Partido Comunista chino cualquier información en su poder que éste le solicite, sin necesidad de pasar por los tribunales. Tres hipótesisEsta disposición es la que convierte a Huawei en un problema para la seguridad nacional del resto de países del mundo pero especialmente para sus rivales, ya que cualquier información que pase por su tecnología puede acabar en manos del Gobierno chino, que podría utilizarla pero también venderla o cederla a terceros. Noticia Relacionada estandar Si EE.UU. exigió a España que no use tecnología de Huawei en los secretos que le comparte Ana SánchezEl Ministerio del Interior hizo hincapié en que la adjudicación se había producido porque la oferta de Huawei había sido la más barata y la ley española le obligaba a otorgársela tras destapar ‘The Objective’ el contrato. Pero si el Gobierno ya conoce que el gigante chino siempre presenta la oferta más económica, la pregunta que surge es por qué esta vez no se pusieron trabas que hubieran impedido que la adjudicación se decidiera por una cuestión de precio. O formulado, de otro modo, ¿se permitió que Huawei ganara el contrato de manera deliberada, por un error en la redacción de los pliegos que nadie detectó o porque de verdad pensaba el Gobierno que el contrato que no iba a ser problemático?Cabe recordar que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) consideró que esta adjudicación al gigante chino de las comunicaciones era «una metedura de pata», como publicó ABC. Y la defensa cerrada de la adjudicación que el Ministerio del Interior hizo desde el primer momento y a la que Presidencia del Gobierno se unió después apuntan a que no fue un error. Sin éxito hasta el momento, y además de señalar al precio como causa, el Gobierno de Pedro Sánchez insiste contra viento y marea en que «la ciberseguridad está garantizada» tras este contrato, pese a las advertencias de los expertos en esta materia en España y la alerta que se ha generado tanto en el Congreso de Estados Unidos como en el seno de la Unión Europea. El contrato asciende a 12,3 millones de euros.El PP eleva la presión«España garantiza que toda la información compartida con los servicios españoles de inteligencia, defensa y Fuerzas de Seguridad es completamente segura e inaccesible para gobiernos extranjeros. Los sistemas de protección y acceso al Sistema Integrado para la Interceptación Legal de las Telecomunicaciones son proporcionados por proveedores estadounidenses de confianza (Fortinet, Palo Alto y Cisco). El sistema de almacenamiento está cubierto por varias capas de seguridad con tecnología estadounidense que monitoriza su comportamiento», ha insistido el Ejecutivo sin éxito tras la ola de críticas. La mano de obra es mucho más barata en China por la ausencia de costes sociales y por las posibles ayudas de Pekín a sus empresasEl episodio, además, ha sido explotado por Estados Unidos por una segunda razón, la comercial, dado su interés económico en que la tecnología que adquieran sus aliados sea estadounidense. Algo previsible tras la carta enviada por Sánchez al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, antes de la Cumbre en La Haya amenazando con bloquear el acuerdo de invertir el 5% del PIB en defensa.Operador de riesgoTodo esto se produce, además, cuando el Gobierno español lleva evitando desde el año 2022 calificar a Huawei como operador de riesgo. El decreto de seguridad de las redes 5G aprobado en mayo de ese año incluyó una disposición para poder hacerlo en el plazo de tres meses, con el objetivo de facilitar la protección del país frente a operadores que no pueden asegurar la seguridad de los datos que pasan por sus equipos. Sin embargo, el miedo a enfadar a China llevó al Ejecutivo a ignorar su propia disposición, aunque era completamente garantista. Es decir, el proceso de calificación debía incluir una audiencia a los operadores y suministradores 5G afectados, lo que habría permitido a Huawei y el otro gigante chino ZTE defender sus argumentos, y obligaba al Gobierno a analizar «tanto las garantías técnicas de funcionamiento y operatividad de sus equipos, productos y servicios como su exposición a injerencias externas». Pero nunca llegó a ponerse en marcha.Además de generar al Gobierno problemas en el exterior -Estados Unidos y la Unión Europea-, la falta de una explicación convincente sobre la adjudicación de Interior a Huawei en este momento está sirviendo de munición política al Partido Popular.Temor a un cambio de posición Estados Unidos elevó las advertencias sobre Huawei a sus socios a partir del primer mandato de Donald Trump en la Casa Blanca y sus servicios de inteligencia avisaron varias veces al Gobierno español de que necesitaban un camino libre de equipos tecnológicos de esta empresa para poder compartir información. Esta premisa se venía cumpliendo hasta ahora. Por ello, la concesión del contrato para la compra de cabinas que permitirán almacenar las escuchas judiciales ha desatado las alarmas en Washington y también en Bruselas porque, aunque se trate de un material estanco como asegura el Gobierno español, la información allí guardada es altamente sensible. Esta condición, unida a los viajes anuales que Pedro Sánchez lleva realizando a China desde 2023, su discurso a favor de un entendimiento con este país, y su posición desafiante respecto a Trump hacen temer a los expertos en ciberseguridad, a Bruselas y a Washington que el contrato de Interior puede ser el primero de un cambio de posición que puede comprometer las estrategias de freno a Huawei que Estados Unidos y la Unión Europea llevan años intentanso implementar. Su secretario general, Miguel Tellado, está trazando una línea de ataque al Gobierno en la que está incluyendo la acusación de posible corrupción y en la que está apuntando a las figuras del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dadas sus labores de defensa del régimen chino, y al exministro socialista, Pepe Blanco, por los servicios de lobby prestados por su consultora, Acento, a Huawei, de lo que la compañía se desvincula. La línea de los populares continúa señalando al actual al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, al haber trabajado para Acento hasta 2023 llevando precisamente la cuenta de Huawei, y a su esposa, Anabel Mateos, trabajó para la misma consultora y hoy ocupa el cargo de adjunta a la Secretaría de Organización del PSOE. El Grupo Popular ya ha pedido que Hernando comparezca ante el Congreso para dar explicaciones y ha solicitado lo mismo para otros cuatro ministros: el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles; Presidencia, Félix Bolaños, y Exteriores, José Manuel Albares. Con esta estrategia se asegura seguir manteniendo viva la polémica. RSS de noticias de espana
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