Junts ha anunciado este viernes «una ofensiva política e institucional» para que, durante el proceso de regularización de inmigrantes, iniciativa aprobada recientemente por el Gobierno de Pedro Sánchez, se exija, como requisito, el conocimiento de la lengua catalana. Los de Carles Puigdemont, además, han denunciado que el proceso administrativo, tal y como está planificado desde la Moncloa, será un problema para los ayuntamientos: los va a saturar.El partido del que depende buena parte de la acción legislativa impulsada por el PSOE en el Congreso, ya que los de Sánchez no cuenta con una mayoría estable, ha puesto el grito en el cielo por el proceso de regularización de inmigrantes aprobado esta semana por el Consejo de Ministros. Básicamente, los de Puigdemont han lamentado que con este proceso se «margina» el catalán y han anunciado que llevarán su ofensiva judicial e institucional a Europa.En un comunicado, Junts ha denunciado que el Gobierno «ha modificado el decreto [finalmente aprobado], de manera que excluye el catalán como requisito a la hora de adquirir la residencia». Lo que sí establece la norma es que, «en casos concretos», se tendrá en cuenta el conocimiento del catalán para los informes de arraigo. «Se trata de una vía excepcional, pero si las personas regularizadas ya trabajan en Cataluña no hará falta que acrediten el conocimiento de la lengua», han concretado desde Junts.El meollo de la cuestión política de este asunto se centra en el anuncio que hizo el Govern catalán, hace unos meses, señalando que sí sería obligatorio el catalán para las regularizaciones. Una medida que el PSC y ERC habrían arrancado del Ejecutivo de Sánchez. Sin embargo, los de Puigdemont han lamentado que «esta condición no figura en el texto de la normativa publicada en el BOE [Boletín Oficial del Estado]» una vez aprobado el texto por el Consejo de Ministros.En opinión de Junts, estamos ante un nuevo «engaño» de Salvador Illa, presidente de la Generalitat, y una prueba más de que la existencia de una Consejería de Política Lingüística, en manos del afín a ERC Francesc Xavier Vila, «es solo pura fachada». Por todo ello, la formación heredera de Convergència Democràtica de Catalunya ha informado de que llevará al Parlament, al Congreso y al Parlamento Europeo «una serie de iniciativas para intentar corregir estos hechos».En esta línea, la formación está preparando «una denuncia ante las instituciones europeas» porque, desde su punto de vista, se vulneran «diversas directivas» y se margina «una lengua cooficial como criterio de integración». Igualmente, desde Junts se ha alertado de el proceso administrativo «está provocando un grave colapso de los servicios municipales». Una vez más, han criticado los de Puigdemont, Sánchez «externaliza todos los problemas hacia los ayuntamientos». Junts ha anunciado este viernes «una ofensiva política e institucional» para que, durante el proceso de regularización de inmigrantes, iniciativa aprobada recientemente por el Gobierno de Pedro Sánchez, se exija, como requisito, el conocimiento de la lengua catalana. Los de Carles Puigdemont, además, han denunciado que el proceso administrativo, tal y como está planificado desde la Moncloa, será un problema para los ayuntamientos: los va a saturar.El partido del que depende buena parte de la acción legislativa impulsada por el PSOE en el Congreso, ya que los de Sánchez no cuenta con una mayoría estable, ha puesto el grito en el cielo por el proceso de regularización de inmigrantes aprobado esta semana por el Consejo de Ministros. Básicamente, los de Puigdemont han lamentado que con este proceso se «margina» el catalán y han anunciado que llevarán su ofensiva judicial e institucional a Europa.En un comunicado, Junts ha denunciado que el Gobierno «ha modificado el decreto [finalmente aprobado], de manera que excluye el catalán como requisito a la hora de adquirir la residencia». Lo que sí establece la norma es que, «en casos concretos», se tendrá en cuenta el conocimiento del catalán para los informes de arraigo. «Se trata de una vía excepcional, pero si las personas regularizadas ya trabajan en Cataluña no hará falta que acrediten el conocimiento de la lengua», han concretado desde Junts.El meollo de la cuestión política de este asunto se centra en el anuncio que hizo el Govern catalán, hace unos meses, señalando que sí sería obligatorio el catalán para las regularizaciones. Una medida que el PSC y ERC habrían arrancado del Ejecutivo de Sánchez. Sin embargo, los de Puigdemont han lamentado que «esta condición no figura en el texto de la normativa publicada en el BOE [Boletín Oficial del Estado]» una vez aprobado el texto por el Consejo de Ministros.En opinión de Junts, estamos ante un nuevo «engaño» de Salvador Illa, presidente de la Generalitat, y una prueba más de que la existencia de una Consejería de Política Lingüística, en manos del afín a ERC Francesc Xavier Vila, «es solo pura fachada». Por todo ello, la formación heredera de Convergència Democràtica de Catalunya ha informado de que llevará al Parlament, al Congreso y al Parlamento Europeo «una serie de iniciativas para intentar corregir estos hechos».En esta línea, la formación está preparando «una denuncia ante las instituciones europeas» porque, desde su punto de vista, se vulneran «diversas directivas» y se margina «una lengua cooficial como criterio de integración». Igualmente, desde Junts se ha alertado de el proceso administrativo «está provocando un grave colapso de los servicios municipales». Una vez más, han criticado los de Puigdemont, Sánchez «externaliza todos los problemas hacia los ayuntamientos». Junts ha anunciado este viernes «una ofensiva política e institucional» para que, durante el proceso de regularización de inmigrantes, iniciativa aprobada recientemente por el Gobierno de Pedro Sánchez, se exija, como requisito, el conocimiento de la lengua catalana. Los de Carles Puigdemont, además, han denunciado que el proceso administrativo, tal y como está planificado desde la Moncloa, será un problema para los ayuntamientos: los va a saturar.El partido del que depende buena parte de la acción legislativa impulsada por el PSOE en el Congreso, ya que los de Sánchez no cuenta con una mayoría estable, ha puesto el grito en el cielo por el proceso de regularización de inmigrantes aprobado esta semana por el Consejo de Ministros. Básicamente, los de Puigdemont han lamentado que con este proceso se «margina» el catalán y han anunciado que llevarán su ofensiva judicial e institucional a Europa.En un comunicado, Junts ha denunciado que el Gobierno «ha modificado el decreto [finalmente aprobado], de manera que excluye el catalán como requisito a la hora de adquirir la residencia». Lo que sí establece la norma es que, «en casos concretos», se tendrá en cuenta el conocimiento del catalán para los informes de arraigo. «Se trata de una vía excepcional, pero si las personas regularizadas ya trabajan en Cataluña no hará falta que acrediten el conocimiento de la lengua», han concretado desde Junts.El meollo de la cuestión política de este asunto se centra en el anuncio que hizo el Govern catalán, hace unos meses, señalando que sí sería obligatorio el catalán para las regularizaciones. Una medida que el PSC y ERC habrían arrancado del Ejecutivo de Sánchez. Sin embargo, los de Puigdemont han lamentado que «esta condición no figura en el texto de la normativa publicada en el BOE [Boletín Oficial del Estado]» una vez aprobado el texto por el Consejo de Ministros.En opinión de Junts, estamos ante un nuevo «engaño» de Salvador Illa, presidente de la Generalitat, y una prueba más de que la existencia de una Consejería de Política Lingüística, en manos del afín a ERC Francesc Xavier Vila, «es solo pura fachada». Por todo ello, la formación heredera de Convergència Democràtica de Catalunya ha informado de que llevará al Parlament, al Congreso y al Parlamento Europeo «una serie de iniciativas para intentar corregir estos hechos».En esta línea, la formación está preparando «una denuncia ante las instituciones europeas» porque, desde su punto de vista, se vulneran «diversas directivas» y se margina «una lengua cooficial como criterio de integración». Igualmente, desde Junts se ha alertado de el proceso administrativo «está provocando un grave colapso de los servicios municipales». Una vez más, han criticado los de Puigdemont, Sánchez «externaliza todos los problemas hacia los ayuntamientos». RSS de noticias de espana
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