Junts pisa el acelerador para lograr la delegación de competencias en inmigración a Cataluña. La formación de Carles Puigdemont ha aprovechado la primera semana de actividad parlamentaria en el Congreso, aún en período extraordinario, para registrar una nueva proposición de ley que cambia el preámbulo de la norma, rechazado hace casi un año por Podemos al considerarlo “racista”. La medida, uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno con la formación independentista para la investidura de Pedro Sánchez al inicio de la legislatura, decayó en la Cámara baja el pasado septiembre, con los votos en contra también de PP, Vox, UPN y algún diputado de Sumar, que se desmarcó del sentido mayoritario del grupo. Meses después, el Ejecutivo cerró con el partido de Ione Belarra un pacto para la regularización extraordinaria de inmigrantes a cambio de que los suyos se abrieran a negociar de nuevo el texto. En declaraciones a los medios, la secretaria general de Podemos ha negado que el “único problema” fuese la “intención racista” con la que se hacía esa delegación de competencias expresada en la exposición de motivos, sino también una ley de extranjería que ha tildado de “racista” y con un enfoque solo de seguridad. “Cuando un grupo parlamentario conoce una propuesta a través de los medios de comunicación, normalmente el objetivo no suele ser negociar, sino presionar”, ha denunciado Belarra en el Congreso.
Los de Puigdemont aceleran la medida ante el avance electoral de Aliança Catalana y cambian el preámbulo de la proposición de ley para atraer a Podemos, que dice ahora que ese no era el “único problema” del texto
Junts pisa el acelerador para lograr la delegación de competencias en inmigración a Cataluña. La formación de Carles Puigdemont ha aprovechado la primera semana de actividad parlamentaria en el Congreso, aún en período extraordinario, para registrar una nueva proposición de ley que cambia el preámbulo de la norma, rechazado hace casi un año por Podemos al considerarlo “racista”. La medida, uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno con la formación independentista para la investidura de Pedro Sánchez al inicio de la legislatura, decayó en la Cámara baja el pasado septiembre, con los votos en contra también de PP, Vox, UPN y algún diputado de Sumar, que se desmarcó del sentido mayoritario del grupo. Meses después, el Ejecutivo cerró con el partido de Ione Belarra un pacto para la regularización extraordinaria de inmigrantes a cambio de que los suyos se abrieran a negociar de nuevo el texto. En declaraciones a los medios, la secretaria general de Podemos ha negado que el “único problema” fuese la “intención racista” con la que se hacía esa delegación de competencias expresada en la exposición de motivos, sino también una ley de extranjería que ha tildado de “racista” y con un enfoque solo de seguridad. “Cuando un grupo parlamentario conoce una propuesta a través de los medios de comunicación, normalmente el objetivo no suele ser negociar, sino presionar”, ha denunciado Belarra en el Congreso.
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