«Mientras los ciudadanos estaban confinados en sus casas, los acusados falsificaban pases de movilidad para ellos poder moverse libremente y circular por España. Mientras los ciudadanos se morían a millares cada día, un ministro y su fiel escudero llenaban furgonetas y coches oficiales con señoritas o ‘sobrinas’, la expresión del señor Aldama que quizá vaya a hacer historia. Mientras los ciudadanos se morían a millares cada día, el ministro colocaba a sus amantes en instituciones ferroviarias dependientes de él: Renfe, Adif, LogiRail». Así se refirió el abogado del Partido Popular, Alberto Durán, en representación de todas las acusaciones populares unificadas, a cómo lo acusados se aprovecharon de la situación de pandemia que nos tenía a todos «alarmados y preocupados» para lucrarse con la enfermedad. En su informe de conclusiones definitivas, en el que mantuvo su petición de 30 años de prisión para Ábalos y Koldo García y solicitó para Aldama la atenuante muy cualificada de confesión para evitar su entrada en la cárcel, Durán aludió al sistema de sobornos continuados de la trama a través de pagos en efectivo, inmuebles a cambio de favores políticos y permisos de movilidad falsos para que socios y allegados burlaran las restricciones del estado de alarma por fines privados. Aludió también el letrado a cómo la red, dedicada a «corromper las instituciones», extendió sus tentáculos a la colocación de personal de las ‘amigas’ de Ábalos en empresas públicas como Ineco, Tragsatec o LogiRail y a la total confusión patrimonial donde el asesor (Koldo) financiaba los gastos del exministro, incluyendo la pensión alimenticia de su hijo y la hipoteca, mediante ingresos en metálico, un comportamiento económico «anómalo e inexplicable». A su juicio, términos en clave como «chistorras» (billetes de 500 euros), «soles» o «lechugas» para referirse al dinero son claras pruebas del carácter criminal de la organización. «Mientras los ciudadanos estaban confinados en sus casas, los acusados falsificaban pases de movilidad para ellos poder moverse libremente y circular por España. Mientras los ciudadanos se morían a millares cada día, un ministro y su fiel escudero llenaban furgonetas y coches oficiales con señoritas o ‘sobrinas’, la expresión del señor Aldama que quizá vaya a hacer historia. Mientras los ciudadanos se morían a millares cada día, el ministro colocaba a sus amantes en instituciones ferroviarias dependientes de él: Renfe, Adif, LogiRail». Así se refirió el abogado del Partido Popular, Alberto Durán, en representación de todas las acusaciones populares unificadas, a cómo lo acusados se aprovecharon de la situación de pandemia que nos tenía a todos «alarmados y preocupados» para lucrarse con la enfermedad. En su informe de conclusiones definitivas, en el que mantuvo su petición de 30 años de prisión para Ábalos y Koldo García y solicitó para Aldama la atenuante muy cualificada de confesión para evitar su entrada en la cárcel, Durán aludió al sistema de sobornos continuados de la trama a través de pagos en efectivo, inmuebles a cambio de favores políticos y permisos de movilidad falsos para que socios y allegados burlaran las restricciones del estado de alarma por fines privados. Aludió también el letrado a cómo la red, dedicada a «corromper las instituciones», extendió sus tentáculos a la colocación de personal de las ‘amigas’ de Ábalos en empresas públicas como Ineco, Tragsatec o LogiRail y a la total confusión patrimonial donde el asesor (Koldo) financiaba los gastos del exministro, incluyendo la pensión alimenticia de su hijo y la hipoteca, mediante ingresos en metálico, un comportamiento económico «anómalo e inexplicable». A su juicio, términos en clave como «chistorras» (billetes de 500 euros), «soles» o «lechugas» para referirse al dinero son claras pruebas del carácter criminal de la organización. «Mientras los ciudadanos estaban confinados en sus casas, los acusados falsificaban pases de movilidad para ellos poder moverse libremente y circular por España. Mientras los ciudadanos se morían a millares cada día, un ministro y su fiel escudero llenaban furgonetas y coches oficiales con señoritas o ‘sobrinas’, la expresión del señor Aldama que quizá vaya a hacer historia. Mientras los ciudadanos se morían a millares cada día, el ministro colocaba a sus amantes en instituciones ferroviarias dependientes de él: Renfe, Adif, LogiRail». Así se refirió el abogado del Partido Popular, Alberto Durán, en representación de todas las acusaciones populares unificadas, a cómo lo acusados se aprovecharon de la situación de pandemia que nos tenía a todos «alarmados y preocupados» para lucrarse con la enfermedad. En su informe de conclusiones definitivas, en el que mantuvo su petición de 30 años de prisión para Ábalos y Koldo García y solicitó para Aldama la atenuante muy cualificada de confesión para evitar su entrada en la cárcel, Durán aludió al sistema de sobornos continuados de la trama a través de pagos en efectivo, inmuebles a cambio de favores políticos y permisos de movilidad falsos para que socios y allegados burlaran las restricciones del estado de alarma por fines privados. Aludió también el letrado a cómo la red, dedicada a «corromper las instituciones», extendió sus tentáculos a la colocación de personal de las ‘amigas’ de Ábalos en empresas públicas como Ineco, Tragsatec o LogiRail y a la total confusión patrimonial donde el asesor (Koldo) financiaba los gastos del exministro, incluyendo la pensión alimenticia de su hijo y la hipoteca, mediante ingresos en metálico, un comportamiento económico «anómalo e inexplicable». A su juicio, términos en clave como «chistorras» (billetes de 500 euros), «soles» o «lechugas» para referirse al dinero son claras pruebas del carácter criminal de la organización. RSS de noticias de espana
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