La acumulación de prestaciones sociales en algunos hogares es tan relevante que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha recomendado que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no se solape con otras ayudas que perciben las familias. El organismo fiscalizador ha pedido que haya «coherencia» entre todas las subvenciones que se reciben habida cuenta de las distintas fuentes de ingresos que les llegan, desde el propio IMV hasta el subsidio por desempleo pasando por las rentas de inserción autonómicas o programas municipales.El análisis elaborado por la Airef sobre el IMV deja unos resultados chocantes que solapan distintas prestaciones. De hecho, el 51% de los perceptores de ingreso mínimo, que otorga el Ministerio de Seguridad Social, también perciben otras ayudas. Es decir, la mitad de esos hogares reciben ingresos públicos por otras vías, sin que exista esa coherencia que pide la Autoridad Fiscal. Aunque solo se ha limitado a proponer esta idea, sin ahondar en la medida que debe tomar el Gobierno sobre posibles rebajas de la ayuda o de otras similares. El caso más llamativo para este organismo es de los ciudadanos que, estando dentro del programa del Ingreso Mínimo Vital, también se encuentran registrados como perceptores del subsidio por desempleo, la ayuda que llega una vez agotado el paro contributivo. En el caso de los ciudadanos con más de 52 años que tienen IMV y subsidio, se duplica la proporción de hogares que compatibilizan ambos ingresos públicos. Incluso un tercio de los perceptores del IMV también reciben una prestación por desempleo contributiva.Ante estas circunstancias, la presidenta de Airef, Inés Olóndriz, considera que «hay elementos estructurales de eficacia, debilidades de diseño, deficiencias administrativas, poca conexión con el empleo y falta coherencia con otras prestaciones». Lo que hace necesario, a su juicio, un cambio en la estructura del IMV no solo por el solapamiento con otras ayudas, cada vez más palpable, sino también en otras variables vinculadas a su gestión o a la búsqueda de empleo. Incentivos para volver a trabajarLa Airef considera que «es necesario revisar los elementos de diseño», si se comparan con lo que ocurre con esta ayuda mínima en otros países europeos. El organismo pide cambiar las rentas que sirven para computar los ingresos de un hogar para que se le conceda el IMV. También que se cambien los criterios de unidad de convivencia, que pueden generar distorsiones en la concesión. Y, sobre todo, cambiar los criterios de «activación laboral». Es decir, que se propongan nuevos programas que intenten derivar a parte de sus perceptores a la vuelta al mercado laboral. El informe señala que casi la mitad de los hogares siguen cobrando el ingreso mínimo tras 60 meses, y sobre todo lo hacen entre quienes el importe de la prestación se aproxima más a la renta garantizada. Este es el último informe de evaluación que realiza la Airef sobre este tema mientras no haya un cambio legal promovido por Seguridad Social después de cinco informes anuales. «Si no hay más cambios legales en la prestación, hacer más evaluaciones anuales no tiene sentido» ha indicado Olóndriz. «Cuando haya novedades excepcionales que nos indiquen que puede haber un cambio, lo haremos de nuevo, pero no vemos sentido seguir evaluando una prestación sin que haya novedades», ha afirmado. Por otra parte, la presidenta de Airef ha recordado que el IMV ya exige unas condiciones de arraigo y residencia entre los inmigrantes que quieran solicitarlo, en medio de la polémica por la «prioridad nacional» de las ayudas incluidas en algunas comunidades autónomas, como la valenciana. «Las condiciones para acceder al ingreso mínimo es que deben tener residencial legal y efectiva durante al menos el año anterior», ha indicado. Es decir, «ya exige cierto arraigo» a la hora de concederlo. La acumulación de prestaciones sociales en algunos hogares es tan relevante que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha recomendado que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no se solape con otras ayudas que perciben las familias. El organismo fiscalizador ha pedido que haya «coherencia» entre todas las subvenciones que se reciben habida cuenta de las distintas fuentes de ingresos que les llegan, desde el propio IMV hasta el subsidio por desempleo pasando por las rentas de inserción autonómicas o programas municipales.El análisis elaborado por la Airef sobre el IMV deja unos resultados chocantes que solapan distintas prestaciones. De hecho, el 51% de los perceptores de ingreso mínimo, que otorga el Ministerio de Seguridad Social, también perciben otras ayudas. Es decir, la mitad de esos hogares reciben ingresos públicos por otras vías, sin que exista esa coherencia que pide la Autoridad Fiscal. Aunque solo se ha limitado a proponer esta idea, sin ahondar en la medida que debe tomar el Gobierno sobre posibles rebajas de la ayuda o de otras similares. El caso más llamativo para este organismo es de los ciudadanos que, estando dentro del programa del Ingreso Mínimo Vital, también se encuentran registrados como perceptores del subsidio por desempleo, la ayuda que llega una vez agotado el paro contributivo. En el caso de los ciudadanos con más de 52 años que tienen IMV y subsidio, se duplica la proporción de hogares que compatibilizan ambos ingresos públicos. Incluso un tercio de los perceptores del IMV también reciben una prestación por desempleo contributiva.Ante estas circunstancias, la presidenta de Airef, Inés Olóndriz, considera que «hay elementos estructurales de eficacia, debilidades de diseño, deficiencias administrativas, poca conexión con el empleo y falta coherencia con otras prestaciones». Lo que hace necesario, a su juicio, un cambio en la estructura del IMV no solo por el solapamiento con otras ayudas, cada vez más palpable, sino también en otras variables vinculadas a su gestión o a la búsqueda de empleo. Incentivos para volver a trabajarLa Airef considera que «es necesario revisar los elementos de diseño», si se comparan con lo que ocurre con esta ayuda mínima en otros países europeos. El organismo pide cambiar las rentas que sirven para computar los ingresos de un hogar para que se le conceda el IMV. También que se cambien los criterios de unidad de convivencia, que pueden generar distorsiones en la concesión. Y, sobre todo, cambiar los criterios de «activación laboral». Es decir, que se propongan nuevos programas que intenten derivar a parte de sus perceptores a la vuelta al mercado laboral. El informe señala que casi la mitad de los hogares siguen cobrando el ingreso mínimo tras 60 meses, y sobre todo lo hacen entre quienes el importe de la prestación se aproxima más a la renta garantizada. Este es el último informe de evaluación que realiza la Airef sobre este tema mientras no haya un cambio legal promovido por Seguridad Social después de cinco informes anuales. «Si no hay más cambios legales en la prestación, hacer más evaluaciones anuales no tiene sentido» ha indicado Olóndriz. «Cuando haya novedades excepcionales que nos indiquen que puede haber un cambio, lo haremos de nuevo, pero no vemos sentido seguir evaluando una prestación sin que haya novedades», ha afirmado. Por otra parte, la presidenta de Airef ha recordado que el IMV ya exige unas condiciones de arraigo y residencia entre los inmigrantes que quieran solicitarlo, en medio de la polémica por la «prioridad nacional» de las ayudas incluidas en algunas comunidades autónomas, como la valenciana. «Las condiciones para acceder al ingreso mínimo es que deben tener residencial legal y efectiva durante al menos el año anterior», ha indicado. Es decir, «ya exige cierto arraigo» a la hora de concederlo. La acumulación de prestaciones sociales en algunos hogares es tan relevante que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha recomendado que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no se solape con otras ayudas que perciben las familias. El organismo fiscalizador ha pedido que haya «coherencia» entre todas las subvenciones que se reciben habida cuenta de las distintas fuentes de ingresos que les llegan, desde el propio IMV hasta el subsidio por desempleo pasando por las rentas de inserción autonómicas o programas municipales.El análisis elaborado por la Airef sobre el IMV deja unos resultados chocantes que solapan distintas prestaciones. De hecho, el 51% de los perceptores de ingreso mínimo, que otorga el Ministerio de Seguridad Social, también perciben otras ayudas. Es decir, la mitad de esos hogares reciben ingresos públicos por otras vías, sin que exista esa coherencia que pide la Autoridad Fiscal. Aunque solo se ha limitado a proponer esta idea, sin ahondar en la medida que debe tomar el Gobierno sobre posibles rebajas de la ayuda o de otras similares. El caso más llamativo para este organismo es de los ciudadanos que, estando dentro del programa del Ingreso Mínimo Vital, también se encuentran registrados como perceptores del subsidio por desempleo, la ayuda que llega una vez agotado el paro contributivo. En el caso de los ciudadanos con más de 52 años que tienen IMV y subsidio, se duplica la proporción de hogares que compatibilizan ambos ingresos públicos. Incluso un tercio de los perceptores del IMV también reciben una prestación por desempleo contributiva.Ante estas circunstancias, la presidenta de Airef, Inés Olóndriz, considera que «hay elementos estructurales de eficacia, debilidades de diseño, deficiencias administrativas, poca conexión con el empleo y falta coherencia con otras prestaciones». Lo que hace necesario, a su juicio, un cambio en la estructura del IMV no solo por el solapamiento con otras ayudas, cada vez más palpable, sino también en otras variables vinculadas a su gestión o a la búsqueda de empleo. Incentivos para volver a trabajarLa Airef considera que «es necesario revisar los elementos de diseño», si se comparan con lo que ocurre con esta ayuda mínima en otros países europeos. El organismo pide cambiar las rentas que sirven para computar los ingresos de un hogar para que se le conceda el IMV. También que se cambien los criterios de unidad de convivencia, que pueden generar distorsiones en la concesión. Y, sobre todo, cambiar los criterios de «activación laboral». Es decir, que se propongan nuevos programas que intenten derivar a parte de sus perceptores a la vuelta al mercado laboral. El informe señala que casi la mitad de los hogares siguen cobrando el ingreso mínimo tras 60 meses, y sobre todo lo hacen entre quienes el importe de la prestación se aproxima más a la renta garantizada. Este es el último informe de evaluación que realiza la Airef sobre este tema mientras no haya un cambio legal promovido por Seguridad Social después de cinco informes anuales. «Si no hay más cambios legales en la prestación, hacer más evaluaciones anuales no tiene sentido» ha indicado Olóndriz. «Cuando haya novedades excepcionales que nos indiquen que puede haber un cambio, lo haremos de nuevo, pero no vemos sentido seguir evaluando una prestación sin que haya novedades», ha afirmado. Por otra parte, la presidenta de Airef ha recordado que el IMV ya exige unas condiciones de arraigo y residencia entre los inmigrantes que quieran solicitarlo, en medio de la polémica por la «prioridad nacional» de las ayudas incluidas en algunas comunidades autónomas, como la valenciana. «Las condiciones para acceder al ingreso mínimo es que deben tener residencial legal y efectiva durante al menos el año anterior», ha indicado. Es decir, «ya exige cierto arraigo» a la hora de concederlo. RSS de noticias de economia
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