Un simple correo electrónico bastó para despachar más de un millón de euros de dinero público a una empresa endeudada sin que hubiera una solicitud formal de ayuda ni un estudio de solvencia y de espaldas al «interés general» de los andaluces. Esa total falta de control administrativo va a sentar en el banquillo a 14 antiguos altos cargos de los gobiernos del PSOE en la Junta de Andalucía y a tres empresarios. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla acaba de dictar catorce autos en los que tumba casi por completo los recursos presentados por sus abogados y confirma el procesamiento de la antigua cúpula de la Consejería de Innovación y de la agencia IDEA por conceder de forma «arbitraria e injusta» un aval de 1,18 millones de euros a la cooperativa agroalimentaria Cofrutex, un rescate que terminó costando más de 1,26 millones a las arcas andaluzas.En dos de los autos dictados el pasado 10 de noviembre, a los que ha tenido acceso ABC, la Sección Primera desmonta la tesis exculpatoria de los antiguos gestores de la Consejería de Innovación y ratifica la decisión del juez instructor, José Ignacio Vilaplana, en esta pieza separada del caso de corrupción denominado Avales Propios de la agencia autonómica IDEA. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla emitió un auto de procedimiento abreviado el 23 de julio de 2025 en el que daba por finalizada la investigación y, un año después, abrió juicio oral contra los 17 imputados por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos . En el vértice de los procesados se sitúa el que fuera consejero de Innovación, Ciencia y Empresa entre los años 2004 y 2009, Francisco Vallejo Serrano. En el caso concreto del exconsejero, la sala apela a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para zanjar el debate sobre la supuesta falta de pruebas: «Contamos con indicios racionales de criminalidad bastantes que apoyan la posibilidad de que recaiga finalmente una condena», concluyen los magistrados para ratificar el criterio del juez Vilaplana. El tribunal reprocha a Vallejo que, al menos de modo provisional, « permitió la concesión del aval » porque participó en el consejo rector de IDEA en noviembre de 2008 que autorizó la ayuda al margen de «razones de legalidad y no arbitrarias». Por ello, determina que «no cabe» archivar la investigación, tal y como pretendían tanto el exconsejero como el resto de procesados, y descarta que se hayan quebrantado sus derechos.Conclusión «Contamos con indicios racionales de criminalidad bastantes que apoyan la posibilidad de que recaiga finalmente una condena» Auto de la Audiencia de SevillaLa defensa de Vallejo, quien ya fue condenado en el caso ERE y salió de prisión el 3 de julio de 2024 tras la anulación parcial de su condena, había alegado que el auto del juez vulneraba sus garantías procesales al «fundamentarse en un juicio de probabilidad carente de indicios suficientes». El exconsejero sostenía en su recurso que su «única intervención» consistió en asistir al consejo rector que, bajo su presidencia, aprobó la operación a propuesta del órgano ejecutivo mientras «se delegó en el director general [Jacinto Cañete, también procesado] la determinación de condiciones y garantías». Añadía, además, que las diligencias «no acreditan» que tuviera conocimiento de la valoración técnica, la instrumentación o la ejecución posterior del aval cubierto con fondos públicos.El daño causado al erario andaluz se ha cifrado en 1.266.241,65 euros. Esa cantidad resulta de sumar el importe principal del aval de 1,18 millones de euros y las comisiones financieras que finalmente tuvieron que abonar todos los andaluces tras el impago del préstamo bancario concedido a la empresa. Para la Fiscalía Anticorrupción, que solicita penas que suman 98 años de prisión para los 14 ex altos cargos socialistas, la actuación concertada de los responsables públicos derivó en el «extravío definitivo de fondos públicos». Como sucedió con Cofrutex, alrededor de una veintena de empresas andaluzas en crisis están siendo investigadas en la referida macrocausa de los Avales porque recibieron ayudas por partida doble: las garantías excepcionales de IDEA a la par que la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo le inyectaba subvenciones irregulares con cargo al fondo de los ERE.La Audiencia también ha tumbado de plano los argumentos del abogado de Francisco del Río Muñoz , el alto funcionario ya jubilado que dirigió durante tres décadas el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE. Aunque su defensa reconoció en el recurso la existencia de «múltiples deficiencias en la tramitación del aval», solicitó el sobreseimiento alegando que los vocales del consejo rector como él desconocían por completo el detalle de los expedientes que se tramitaban.Un correo electrónico bastó para dar la ayudaLa sala pone el foco en la total ausencia de control administrativo con la que se comprometió el dinero público: ni siquiera medió una solicitud formal de subvención o aval por parte de la cooperativa. Los antiguos responsables de la Administración autonómica acordaron conceder la garantía tras el mero envío por correo electrónico de un «plan de negocio» de Cofrutex, sin que existiera un solo informe interno que evaluase la solvencia de la compañía o la viabilidad económica de la operación.Aquella cobertura financiera de la Junta permitió a la cooperativa, ubicada en el municipio sevillano de Tocina, acceder a un préstamo bancario de 1,47 millones de euros para refinanciar una deuda que ni siquiera evitó su quiebra ni el despido de sus trabajadores . Cuando la sociedad quebró en 2014, los gestores de IDEA tampoco efectuaron «reclamación alguna» para intentar recuperar los fondos públicos comprometidos en una firma cuyas cuentas hacían aguas antes de que la Junta se convirtiera en su avalista.Varapalo para el Gabinete Jurídico de la JuntaLa batería de autos dictados ahora por la Audiencia representa un respaldo explícito a la labor del juez Vilaplana y a las tesis sostenidas por las acusaciones que ejercen la Fiscalía Anticorrupción, el Partido Popular andaluz y la propia Agencia IDEA. Al mismo tiempo, representa un severo varapalo para la posición actual del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía , que en esta fase procesal se desmarcó del resto de acusaciones al pedir la exculpación de once de los ex altos cargos encausados.Junto a Francisco Vallejo, se sentarán en el banquillo su exviceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez Román —también condenado por los ERE—, así como los ex directores generales de IDEA Jacinto Cañete y Antonio Valverde. El listado de ex altos cargos procesados por prevaricación y malversación se completa con los exvocales del consejo rector Isabel de Haro Aramberri, Ángel Garijo, Francisco del Río Muñoz, Teresa Sáez Carrascosa, María Teresa Sáez Ponte, Juan C. Soriano Hernández y Francisco Triguero; los exdirectivos de IDEA Bienvenido Martínez Martínez y Francisco Álvaro Julio; y el exjefe de los servicios jurídicos de la agencia, José Antonio A. Q. Junto a ellos serán juzgados tres antiguos miembros de la cooperativa beneficiaria: Antonio Javier I. V., Manuel J. Q. y Luis Alfonso V. F. Un simple correo electrónico bastó para despachar más de un millón de euros de dinero público a una empresa endeudada sin que hubiera una solicitud formal de ayuda ni un estudio de solvencia y de espaldas al «interés general» de los andaluces. Esa total falta de control administrativo va a sentar en el banquillo a 14 antiguos altos cargos de los gobiernos del PSOE en la Junta de Andalucía y a tres empresarios. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla acaba de dictar catorce autos en los que tumba casi por completo los recursos presentados por sus abogados y confirma el procesamiento de la antigua cúpula de la Consejería de Innovación y de la agencia IDEA por conceder de forma «arbitraria e injusta» un aval de 1,18 millones de euros a la cooperativa agroalimentaria Cofrutex, un rescate que terminó costando más de 1,26 millones a las arcas andaluzas.En dos de los autos dictados el pasado 10 de noviembre, a los que ha tenido acceso ABC, la Sección Primera desmonta la tesis exculpatoria de los antiguos gestores de la Consejería de Innovación y ratifica la decisión del juez instructor, José Ignacio Vilaplana, en esta pieza separada del caso de corrupción denominado Avales Propios de la agencia autonómica IDEA. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla emitió un auto de procedimiento abreviado el 23 de julio de 2025 en el que daba por finalizada la investigación y, un año después, abrió juicio oral contra los 17 imputados por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos . En el vértice de los procesados se sitúa el que fuera consejero de Innovación, Ciencia y Empresa entre los años 2004 y 2009, Francisco Vallejo Serrano. En el caso concreto del exconsejero, la sala apela a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para zanjar el debate sobre la supuesta falta de pruebas: «Contamos con indicios racionales de criminalidad bastantes que apoyan la posibilidad de que recaiga finalmente una condena», concluyen los magistrados para ratificar el criterio del juez Vilaplana. El tribunal reprocha a Vallejo que, al menos de modo provisional, « permitió la concesión del aval » porque participó en el consejo rector de IDEA en noviembre de 2008 que autorizó la ayuda al margen de «razones de legalidad y no arbitrarias». Por ello, determina que «no cabe» archivar la investigación, tal y como pretendían tanto el exconsejero como el resto de procesados, y descarta que se hayan quebrantado sus derechos.Conclusión «Contamos con indicios racionales de criminalidad bastantes que apoyan la posibilidad de que recaiga finalmente una condena» Auto de la Audiencia de SevillaLa defensa de Vallejo, quien ya fue condenado en el caso ERE y salió de prisión el 3 de julio de 2024 tras la anulación parcial de su condena, había alegado que el auto del juez vulneraba sus garantías procesales al «fundamentarse en un juicio de probabilidad carente de indicios suficientes». El exconsejero sostenía en su recurso que su «única intervención» consistió en asistir al consejo rector que, bajo su presidencia, aprobó la operación a propuesta del órgano ejecutivo mientras «se delegó en el director general [Jacinto Cañete, también procesado] la determinación de condiciones y garantías». Añadía, además, que las diligencias «no acreditan» que tuviera conocimiento de la valoración técnica, la instrumentación o la ejecución posterior del aval cubierto con fondos públicos.El daño causado al erario andaluz se ha cifrado en 1.266.241,65 euros. Esa cantidad resulta de sumar el importe principal del aval de 1,18 millones de euros y las comisiones financieras que finalmente tuvieron que abonar todos los andaluces tras el impago del préstamo bancario concedido a la empresa. Para la Fiscalía Anticorrupción, que solicita penas que suman 98 años de prisión para los 14 ex altos cargos socialistas, la actuación concertada de los responsables públicos derivó en el «extravío definitivo de fondos públicos». Como sucedió con Cofrutex, alrededor de una veintena de empresas andaluzas en crisis están siendo investigadas en la referida macrocausa de los Avales porque recibieron ayudas por partida doble: las garantías excepcionales de IDEA a la par que la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo le inyectaba subvenciones irregulares con cargo al fondo de los ERE.La Audiencia también ha tumbado de plano los argumentos del abogado de Francisco del Río Muñoz , el alto funcionario ya jubilado que dirigió durante tres décadas el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE. Aunque su defensa reconoció en el recurso la existencia de «múltiples deficiencias en la tramitación del aval», solicitó el sobreseimiento alegando que los vocales del consejo rector como él desconocían por completo el detalle de los expedientes que se tramitaban.Un correo electrónico bastó para dar la ayudaLa sala pone el foco en la total ausencia de control administrativo con la que se comprometió el dinero público: ni siquiera medió una solicitud formal de subvención o aval por parte de la cooperativa. Los antiguos responsables de la Administración autonómica acordaron conceder la garantía tras el mero envío por correo electrónico de un «plan de negocio» de Cofrutex, sin que existiera un solo informe interno que evaluase la solvencia de la compañía o la viabilidad económica de la operación.Aquella cobertura financiera de la Junta permitió a la cooperativa, ubicada en el municipio sevillano de Tocina, acceder a un préstamo bancario de 1,47 millones de euros para refinanciar una deuda que ni siquiera evitó su quiebra ni el despido de sus trabajadores . Cuando la sociedad quebró en 2014, los gestores de IDEA tampoco efectuaron «reclamación alguna» para intentar recuperar los fondos públicos comprometidos en una firma cuyas cuentas hacían aguas antes de que la Junta se convirtiera en su avalista.Varapalo para el Gabinete Jurídico de la JuntaLa batería de autos dictados ahora por la Audiencia representa un respaldo explícito a la labor del juez Vilaplana y a las tesis sostenidas por las acusaciones que ejercen la Fiscalía Anticorrupción, el Partido Popular andaluz y la propia Agencia IDEA. Al mismo tiempo, representa un severo varapalo para la posición actual del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía , que en esta fase procesal se desmarcó del resto de acusaciones al pedir la exculpación de once de los ex altos cargos encausados.Junto a Francisco Vallejo, se sentarán en el banquillo su exviceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez Román —también condenado por los ERE—, así como los ex directores generales de IDEA Jacinto Cañete y Antonio Valverde. El listado de ex altos cargos procesados por prevaricación y malversación se completa con los exvocales del consejo rector Isabel de Haro Aramberri, Ángel Garijo, Francisco del Río Muñoz, Teresa Sáez Carrascosa, María Teresa Sáez Ponte, Juan C. Soriano Hernández y Francisco Triguero; los exdirectivos de IDEA Bienvenido Martínez Martínez y Francisco Álvaro Julio; y el exjefe de los servicios jurídicos de la agencia, José Antonio A. Q. Junto a ellos serán juzgados tres antiguos miembros de la cooperativa beneficiaria: Antonio Javier I. V., Manuel J. Q. y Luis Alfonso V. F. Un simple correo electrónico bastó para despachar más de un millón de euros de dinero público a una empresa endeudada sin que hubiera una solicitud formal de ayuda ni un estudio de solvencia y de espaldas al «interés general» de los andaluces. Esa total falta de control administrativo va a sentar en el banquillo a 14 antiguos altos cargos de los gobiernos del PSOE en la Junta de Andalucía y a tres empresarios. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla acaba de dictar catorce autos en los que tumba casi por completo los recursos presentados por sus abogados y confirma el procesamiento de la antigua cúpula de la Consejería de Innovación y de la agencia IDEA por conceder de forma «arbitraria e injusta» un aval de 1,18 millones de euros a la cooperativa agroalimentaria Cofrutex, un rescate que terminó costando más de 1,26 millones a las arcas andaluzas.En dos de los autos dictados el pasado 10 de noviembre, a los que ha tenido acceso ABC, la Sección Primera desmonta la tesis exculpatoria de los antiguos gestores de la Consejería de Innovación y ratifica la decisión del juez instructor, José Ignacio Vilaplana, en esta pieza separada del caso de corrupción denominado Avales Propios de la agencia autonómica IDEA. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla emitió un auto de procedimiento abreviado el 23 de julio de 2025 en el que daba por finalizada la investigación y, un año después, abrió juicio oral contra los 17 imputados por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos . En el vértice de los procesados se sitúa el que fuera consejero de Innovación, Ciencia y Empresa entre los años 2004 y 2009, Francisco Vallejo Serrano. En el caso concreto del exconsejero, la sala apela a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para zanjar el debate sobre la supuesta falta de pruebas: «Contamos con indicios racionales de criminalidad bastantes que apoyan la posibilidad de que recaiga finalmente una condena», concluyen los magistrados para ratificar el criterio del juez Vilaplana. El tribunal reprocha a Vallejo que, al menos de modo provisional, « permitió la concesión del aval » porque participó en el consejo rector de IDEA en noviembre de 2008 que autorizó la ayuda al margen de «razones de legalidad y no arbitrarias». Por ello, determina que «no cabe» archivar la investigación, tal y como pretendían tanto el exconsejero como el resto de procesados, y descarta que se hayan quebrantado sus derechos.Conclusión «Contamos con indicios racionales de criminalidad bastantes que apoyan la posibilidad de que recaiga finalmente una condena» Auto de la Audiencia de SevillaLa defensa de Vallejo, quien ya fue condenado en el caso ERE y salió de prisión el 3 de julio de 2024 tras la anulación parcial de su condena, había alegado que el auto del juez vulneraba sus garantías procesales al «fundamentarse en un juicio de probabilidad carente de indicios suficientes». El exconsejero sostenía en su recurso que su «única intervención» consistió en asistir al consejo rector que, bajo su presidencia, aprobó la operación a propuesta del órgano ejecutivo mientras «se delegó en el director general [Jacinto Cañete, también procesado] la determinación de condiciones y garantías». Añadía, además, que las diligencias «no acreditan» que tuviera conocimiento de la valoración técnica, la instrumentación o la ejecución posterior del aval cubierto con fondos públicos.El daño causado al erario andaluz se ha cifrado en 1.266.241,65 euros. Esa cantidad resulta de sumar el importe principal del aval de 1,18 millones de euros y las comisiones financieras que finalmente tuvieron que abonar todos los andaluces tras el impago del préstamo bancario concedido a la empresa. Para la Fiscalía Anticorrupción, que solicita penas que suman 98 años de prisión para los 14 ex altos cargos socialistas, la actuación concertada de los responsables públicos derivó en el «extravío definitivo de fondos públicos». Como sucedió con Cofrutex, alrededor de una veintena de empresas andaluzas en crisis están siendo investigadas en la referida macrocausa de los Avales porque recibieron ayudas por partida doble: las garantías excepcionales de IDEA a la par que la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo le inyectaba subvenciones irregulares con cargo al fondo de los ERE.La Audiencia también ha tumbado de plano los argumentos del abogado de Francisco del Río Muñoz , el alto funcionario ya jubilado que dirigió durante tres décadas el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE. Aunque su defensa reconoció en el recurso la existencia de «múltiples deficiencias en la tramitación del aval», solicitó el sobreseimiento alegando que los vocales del consejo rector como él desconocían por completo el detalle de los expedientes que se tramitaban.Un correo electrónico bastó para dar la ayudaLa sala pone el foco en la total ausencia de control administrativo con la que se comprometió el dinero público: ni siquiera medió una solicitud formal de subvención o aval por parte de la cooperativa. Los antiguos responsables de la Administración autonómica acordaron conceder la garantía tras el mero envío por correo electrónico de un «plan de negocio» de Cofrutex, sin que existiera un solo informe interno que evaluase la solvencia de la compañía o la viabilidad económica de la operación.Aquella cobertura financiera de la Junta permitió a la cooperativa, ubicada en el municipio sevillano de Tocina, acceder a un préstamo bancario de 1,47 millones de euros para refinanciar una deuda que ni siquiera evitó su quiebra ni el despido de sus trabajadores . Cuando la sociedad quebró en 2014, los gestores de IDEA tampoco efectuaron «reclamación alguna» para intentar recuperar los fondos públicos comprometidos en una firma cuyas cuentas hacían aguas antes de que la Junta se convirtiera en su avalista.Varapalo para el Gabinete Jurídico de la JuntaLa batería de autos dictados ahora por la Audiencia representa un respaldo explícito a la labor del juez Vilaplana y a las tesis sostenidas por las acusaciones que ejercen la Fiscalía Anticorrupción, el Partido Popular andaluz y la propia Agencia IDEA. Al mismo tiempo, representa un severo varapalo para la posición actual del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía , que en esta fase procesal se desmarcó del resto de acusaciones al pedir la exculpación de once de los ex altos cargos encausados.Junto a Francisco Vallejo, se sentarán en el banquillo su exviceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez Román —también condenado por los ERE—, así como los ex directores generales de IDEA Jacinto Cañete y Antonio Valverde. El listado de ex altos cargos procesados por prevaricación y malversación se completa con los exvocales del consejo rector Isabel de Haro Aramberri, Ángel Garijo, Francisco del Río Muñoz, Teresa Sáez Carrascosa, María Teresa Sáez Ponte, Juan C. Soriano Hernández y Francisco Triguero; los exdirectivos de IDEA Bienvenido Martínez Martínez y Francisco Álvaro Julio; y el exjefe de los servicios jurídicos de la agencia, José Antonio A. Q. Junto a ellos serán juzgados tres antiguos miembros de la cooperativa beneficiaria: Antonio Javier I. V., Manuel J. Q. y Luis Alfonso V. F. RSS de noticias de espana/andalucia
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