No hay respiro para Sánchez . La espiral judicial que engulle a todo su entorno seguirá dando pasos esta semana con una foto que irá directa a la línea de flotación del presidente del Gobierno: la de su hermano, David Sánchez, sentado en el banquillo de los acusados. Junto a él, el «desaparecido» Miguel Ángel Gallardo, que se mantiene en segundo plano tras dimitir como secretario general del PSOE de Extremadura, y otros nueve imputados. Todo relacionado con la presunta creación y adjudicación del puesto que ocupó el menor de los Sánchez, «Azagra», en la Diputación de Badajoz.El juicio arrancará este jueves, 28 de mayo, en la Audiencia Provincial de Badajoz , aunque ninguno de los acusados declarará en los primeros días de la vista oral. Se prevé que no lo hagan antes del 4 de junio, después de haber escuchado durante varias jornadas a testigos, técnicos y agentes de la Guardia Civil.La decisión fue comunicada a las partes semanas atrás y encaja dentro de una práctica relativamente habitual en procedimientos penales. Es frecuente que las defensas, como en este caso, soliciten que sus clientes declaren una vez practicadas las testificales y periciales con el objetivo de conocer previamente el contenido de esas declaraciones y poder ajustar debidamente su estrategia procesal. Además, en este caso, la causa se mueve en torno a una ingente cantidad de documentos, especialmente correos electrónicos corporativos e informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El calendario fijado por la Audiencia Provincial deja ya dibujado cómo se desarrollará el juicio. Los días 28 y 29 de mayo quedan reservados para las cuestiones previas. Aquí, las defensas volverán a cuestionar algunas de las diligencias practicadas durante la investigación, poniendo el acento, precisamente, en la intervención de correos electrónicos de trabajadores y cargos de la Diputación de Badajoz.Más de 30 testigosNo será hasta el lunes, 1 de junio, cuando comiencen las declaraciones testificales. La Audiencia ha organizado las comparecencias en distintos tramos horarios para evitar largas esperas entre testigos y agentes. Por la sala pasarán funcionarios provinciales, técnicos relacionados con los conservatorios y agentes de la UCO que participaron en la intervención de documentación y posterior elaboración de informes que se incorporaron a la causa que llevó a la juez instructora, Beatriz Biedma, a sentar a 11 personas en el banquillo de los acusados. Cerradas las declaraciones de más de 30 testigos, llegará el turno de los acusados, entre ellos, Gallardo y Sánchez, no antes del 4 de junio. El juicio trata de esclarecer si la Diputación de Badajoz creó una plaza adaptada específicamente para beneficiar al hermano del presidente del Gobierno y si, posteriormente, las condiciones del puesto fueron acomodándose a sus intereses profesionales y personales. Sánchez fue contratado en 2017 como coordinador de los conservatorios de la provincia. Un puesto que, después, cambió de nomenclatura a la ya mediática coordinación de la Oficina de Artes Escénicas.Durante aquellos años, el presidente de la Diputación de Badajoz era Miguel Ángel Gallardo. El exlíder del PSOE de Extremadura figura como máximo responsable del ente provincial en el tiempo que se contrató no solo a David Sánchez -al que siempre defendió como «un gran profesional»-, sino también a Luis María Carrero, exasesor de Moncloa y amigo íntimo del hermano del presidente, que antes de ser contratado ya intercambiaba correos con Azagra en los que se hablaba de su llegada a Badajoz. El 30 de octubre de 2023, semanas antes de que las bases se publicaran oficialmente -lo hicieron el 22 de noviembre-, Sánchez envió un correo a Carrero en el que dijo textualmente lo siguiente: «En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo. Ve avisándome para que me organice». La juez instructora llegó a la conclusión de que, efectivamente, en la conversación se daba por hecho que el puesto sería para Carrero, cuya contratación es la segunda gran clave del juicio, más allá de la del propio Sánchez.Gallardo, «desaparecido»Como informó ABC la semana pasada, Gallardo llega al juicio con perfil bajo después de pasar a segundo plano y evitar, durante meses, ser protagonista. Tras firmar el peor resultado de la historia del PSOE en Extremadura el pasado 21 de diciembre, tardó apenas 24 horas en dimitir. Primero, con la intención de seguir siendo diputado hasta que finalmente renunció también a su puesto en la Asamblea de Extremadura. A lo largo de este tiempo, no se ha dejado ver, exceptuando una fugaz aparición pública en el 16º Congreso Regional del PSOE de Extremadura, donde se consagró como nuevo secretario general el cacereño Álvaro Sánchez Cotrina, que no era un perfil, precisamente, apegado al exlíder de los socialistas en la región. Compañeros de partido cercanos a Gallardo reconocen que «no lo ha pasado bien» y que está centrado en «defender su honorabilidad». De esta forma, los once acusados se enfrentan a delitos de prevaricación y tráfico de influencias, con penas de tres años de cárcel, multas e inhabilitaciones . El tribunal estará integrado por magistrados de dilatada experiencia y reconocimiento en Extremadura. El ponente, Emilio Serrano, por ejemplo, estuvo al frente del mediático caso de Manuela Chavero. Se prevé un juicio largo, que pueda irse, incluso, a la siguiente semana, la del 8 de junio, tras la declaración de los 11 acusados. Serán semanas de penitencia política para el Partido Socialista extremeño, que busca reconstruirse con un líder que se estrenó hace apenas un mes, y sobre todo para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que seguirá viendo a su círculo más cercano, en este caso a su hermano, cercado por la justicia. No hay respiro para Sánchez . La espiral judicial que engulle a todo su entorno seguirá dando pasos esta semana con una foto que irá directa a la línea de flotación del presidente del Gobierno: la de su hermano, David Sánchez, sentado en el banquillo de los acusados. Junto a él, el «desaparecido» Miguel Ángel Gallardo, que se mantiene en segundo plano tras dimitir como secretario general del PSOE de Extremadura, y otros nueve imputados. Todo relacionado con la presunta creación y adjudicación del puesto que ocupó el menor de los Sánchez, «Azagra», en la Diputación de Badajoz.El juicio arrancará este jueves, 28 de mayo, en la Audiencia Provincial de Badajoz , aunque ninguno de los acusados declarará en los primeros días de la vista oral. Se prevé que no lo hagan antes del 4 de junio, después de haber escuchado durante varias jornadas a testigos, técnicos y agentes de la Guardia Civil.La decisión fue comunicada a las partes semanas atrás y encaja dentro de una práctica relativamente habitual en procedimientos penales. Es frecuente que las defensas, como en este caso, soliciten que sus clientes declaren una vez practicadas las testificales y periciales con el objetivo de conocer previamente el contenido de esas declaraciones y poder ajustar debidamente su estrategia procesal. Además, en este caso, la causa se mueve en torno a una ingente cantidad de documentos, especialmente correos electrónicos corporativos e informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El calendario fijado por la Audiencia Provincial deja ya dibujado cómo se desarrollará el juicio. Los días 28 y 29 de mayo quedan reservados para las cuestiones previas. Aquí, las defensas volverán a cuestionar algunas de las diligencias practicadas durante la investigación, poniendo el acento, precisamente, en la intervención de correos electrónicos de trabajadores y cargos de la Diputación de Badajoz.Más de 30 testigosNo será hasta el lunes, 1 de junio, cuando comiencen las declaraciones testificales. La Audiencia ha organizado las comparecencias en distintos tramos horarios para evitar largas esperas entre testigos y agentes. Por la sala pasarán funcionarios provinciales, técnicos relacionados con los conservatorios y agentes de la UCO que participaron en la intervención de documentación y posterior elaboración de informes que se incorporaron a la causa que llevó a la juez instructora, Beatriz Biedma, a sentar a 11 personas en el banquillo de los acusados. Cerradas las declaraciones de más de 30 testigos, llegará el turno de los acusados, entre ellos, Gallardo y Sánchez, no antes del 4 de junio. El juicio trata de esclarecer si la Diputación de Badajoz creó una plaza adaptada específicamente para beneficiar al hermano del presidente del Gobierno y si, posteriormente, las condiciones del puesto fueron acomodándose a sus intereses profesionales y personales. Sánchez fue contratado en 2017 como coordinador de los conservatorios de la provincia. Un puesto que, después, cambió de nomenclatura a la ya mediática coordinación de la Oficina de Artes Escénicas.Durante aquellos años, el presidente de la Diputación de Badajoz era Miguel Ángel Gallardo. El exlíder del PSOE de Extremadura figura como máximo responsable del ente provincial en el tiempo que se contrató no solo a David Sánchez -al que siempre defendió como «un gran profesional»-, sino también a Luis María Carrero, exasesor de Moncloa y amigo íntimo del hermano del presidente, que antes de ser contratado ya intercambiaba correos con Azagra en los que se hablaba de su llegada a Badajoz. El 30 de octubre de 2023, semanas antes de que las bases se publicaran oficialmente -lo hicieron el 22 de noviembre-, Sánchez envió un correo a Carrero en el que dijo textualmente lo siguiente: «En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo. Ve avisándome para que me organice». La juez instructora llegó a la conclusión de que, efectivamente, en la conversación se daba por hecho que el puesto sería para Carrero, cuya contratación es la segunda gran clave del juicio, más allá de la del propio Sánchez.Gallardo, «desaparecido»Como informó ABC la semana pasada, Gallardo llega al juicio con perfil bajo después de pasar a segundo plano y evitar, durante meses, ser protagonista. Tras firmar el peor resultado de la historia del PSOE en Extremadura el pasado 21 de diciembre, tardó apenas 24 horas en dimitir. Primero, con la intención de seguir siendo diputado hasta que finalmente renunció también a su puesto en la Asamblea de Extremadura. A lo largo de este tiempo, no se ha dejado ver, exceptuando una fugaz aparición pública en el 16º Congreso Regional del PSOE de Extremadura, donde se consagró como nuevo secretario general el cacereño Álvaro Sánchez Cotrina, que no era un perfil, precisamente, apegado al exlíder de los socialistas en la región. Compañeros de partido cercanos a Gallardo reconocen que «no lo ha pasado bien» y que está centrado en «defender su honorabilidad». De esta forma, los once acusados se enfrentan a delitos de prevaricación y tráfico de influencias, con penas de tres años de cárcel, multas e inhabilitaciones . El tribunal estará integrado por magistrados de dilatada experiencia y reconocimiento en Extremadura. El ponente, Emilio Serrano, por ejemplo, estuvo al frente del mediático caso de Manuela Chavero. Se prevé un juicio largo, que pueda irse, incluso, a la siguiente semana, la del 8 de junio, tras la declaración de los 11 acusados. Serán semanas de penitencia política para el Partido Socialista extremeño, que busca reconstruirse con un líder que se estrenó hace apenas un mes, y sobre todo para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que seguirá viendo a su círculo más cercano, en este caso a su hermano, cercado por la justicia. No hay respiro para Sánchez . La espiral judicial que engulle a todo su entorno seguirá dando pasos esta semana con una foto que irá directa a la línea de flotación del presidente del Gobierno: la de su hermano, David Sánchez, sentado en el banquillo de los acusados. Junto a él, el «desaparecido» Miguel Ángel Gallardo, que se mantiene en segundo plano tras dimitir como secretario general del PSOE de Extremadura, y otros nueve imputados. Todo relacionado con la presunta creación y adjudicación del puesto que ocupó el menor de los Sánchez, «Azagra», en la Diputación de Badajoz.El juicio arrancará este jueves, 28 de mayo, en la Audiencia Provincial de Badajoz , aunque ninguno de los acusados declarará en los primeros días de la vista oral. Se prevé que no lo hagan antes del 4 de junio, después de haber escuchado durante varias jornadas a testigos, técnicos y agentes de la Guardia Civil.La decisión fue comunicada a las partes semanas atrás y encaja dentro de una práctica relativamente habitual en procedimientos penales. Es frecuente que las defensas, como en este caso, soliciten que sus clientes declaren una vez practicadas las testificales y periciales con el objetivo de conocer previamente el contenido de esas declaraciones y poder ajustar debidamente su estrategia procesal. Además, en este caso, la causa se mueve en torno a una ingente cantidad de documentos, especialmente correos electrónicos corporativos e informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El calendario fijado por la Audiencia Provincial deja ya dibujado cómo se desarrollará el juicio. Los días 28 y 29 de mayo quedan reservados para las cuestiones previas. Aquí, las defensas volverán a cuestionar algunas de las diligencias practicadas durante la investigación, poniendo el acento, precisamente, en la intervención de correos electrónicos de trabajadores y cargos de la Diputación de Badajoz.Más de 30 testigosNo será hasta el lunes, 1 de junio, cuando comiencen las declaraciones testificales. La Audiencia ha organizado las comparecencias en distintos tramos horarios para evitar largas esperas entre testigos y agentes. Por la sala pasarán funcionarios provinciales, técnicos relacionados con los conservatorios y agentes de la UCO que participaron en la intervención de documentación y posterior elaboración de informes que se incorporaron a la causa que llevó a la juez instructora, Beatriz Biedma, a sentar a 11 personas en el banquillo de los acusados. Cerradas las declaraciones de más de 30 testigos, llegará el turno de los acusados, entre ellos, Gallardo y Sánchez, no antes del 4 de junio. El juicio trata de esclarecer si la Diputación de Badajoz creó una plaza adaptada específicamente para beneficiar al hermano del presidente del Gobierno y si, posteriormente, las condiciones del puesto fueron acomodándose a sus intereses profesionales y personales. Sánchez fue contratado en 2017 como coordinador de los conservatorios de la provincia. Un puesto que, después, cambió de nomenclatura a la ya mediática coordinación de la Oficina de Artes Escénicas.Durante aquellos años, el presidente de la Diputación de Badajoz era Miguel Ángel Gallardo. El exlíder del PSOE de Extremadura figura como máximo responsable del ente provincial en el tiempo que se contrató no solo a David Sánchez -al que siempre defendió como «un gran profesional»-, sino también a Luis María Carrero, exasesor de Moncloa y amigo íntimo del hermano del presidente, que antes de ser contratado ya intercambiaba correos con Azagra en los que se hablaba de su llegada a Badajoz. El 30 de octubre de 2023, semanas antes de que las bases se publicaran oficialmente -lo hicieron el 22 de noviembre-, Sánchez envió un correo a Carrero en el que dijo textualmente lo siguiente: «En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo. Ve avisándome para que me organice». La juez instructora llegó a la conclusión de que, efectivamente, en la conversación se daba por hecho que el puesto sería para Carrero, cuya contratación es la segunda gran clave del juicio, más allá de la del propio Sánchez.Gallardo, «desaparecido»Como informó ABC la semana pasada, Gallardo llega al juicio con perfil bajo después de pasar a segundo plano y evitar, durante meses, ser protagonista. Tras firmar el peor resultado de la historia del PSOE en Extremadura el pasado 21 de diciembre, tardó apenas 24 horas en dimitir. Primero, con la intención de seguir siendo diputado hasta que finalmente renunció también a su puesto en la Asamblea de Extremadura. A lo largo de este tiempo, no se ha dejado ver, exceptuando una fugaz aparición pública en el 16º Congreso Regional del PSOE de Extremadura, donde se consagró como nuevo secretario general el cacereño Álvaro Sánchez Cotrina, que no era un perfil, precisamente, apegado al exlíder de los socialistas en la región. Compañeros de partido cercanos a Gallardo reconocen que «no lo ha pasado bien» y que está centrado en «defender su honorabilidad». De esta forma, los once acusados se enfrentan a delitos de prevaricación y tráfico de influencias, con penas de tres años de cárcel, multas e inhabilitaciones . El tribunal estará integrado por magistrados de dilatada experiencia y reconocimiento en Extremadura. El ponente, Emilio Serrano, por ejemplo, estuvo al frente del mediático caso de Manuela Chavero. Se prevé un juicio largo, que pueda irse, incluso, a la siguiente semana, la del 8 de junio, tras la declaración de los 11 acusados. Serán semanas de penitencia política para el Partido Socialista extremeño, que busca reconstruirse con un líder que se estrenó hace apenas un mes, y sobre todo para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que seguirá viendo a su círculo más cercano, en este caso a su hermano, cercado por la justicia. RSS de noticias de espana
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