La Audiencia de Barcelona ha absuelto al que fuera alcalde de Badalona entre 2021 y 2023, Rubén Guijarro (PSC), del delito urbanístico del que se le acusaba y por el que la Fiscalía solicitaba una pena de cárcel de cuatro años para él y para otros dos altos cargos del Ayuntamiento: Ramón Díaz-Cano, entonces jefe del Servicio de Disciplina Urbanística y Sanciones del Área de Urbanismo, y Ricard Ruiz Portel, jefe de la Unidad Jurídica del departamento de Sanciones. La Fiscalía cargaba contra los tres al considerar que dirigieron unas sanciones por ocupación y afectación de zonas protegidas del espacio natural protegido de La Conreria-Sant Mateu-Céllecs contra los propietarios de esos terrenos y no contra los titulares de las denuncias, responsables de la construcción de barracas y la roturación del suelo. La Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona considera que ni la conducta puede considerarse penal y que de las pruebas practicadas “no se evidencia en modo alguno que los acusados actuasen de forma voluntaria y consciente silenciando la infracción”.
La sentencia desestima la petición de la Fiscalía al considerar que no hubo “voluntariedad y conciencia” y que la decisión fue tomada por un técnico
La Audiencia de Barcelona ha absuelto al que fuera alcalde de Badalona entre 2021 y 2023, Rubén Guijarro (PSC), del delito urbanístico del que se le acusaba y por el que la Fiscalía solicitaba una pena de cárcel de cuatro años para él y para otros dos altos cargos del Ayuntamiento: Ramón Díaz-Cano, entonces jefe del Servicio de Disciplina Urbanística y Sanciones del Área de Urbanismo, y Ricard Ruiz Portel, jefe de la Unidad Jurídica del departamento de Sanciones. La Fiscalía cargaba contra los tres al considerar que dirigieron unas sanciones por ocupación y afectación de zonas protegidas del espacio natural protegido de La Conreria-Sant Mateu-Céllecs contra los propietarios de esos terrenos y no contra los titulares de las denuncias, responsables de la construcción de barracas y la roturación del suelo. La Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona considera que ni la conducta puede considerarse penal y que de las pruebas practicadas “no se evidencia en modo alguno que los acusados actuasen de forma voluntaria y consciente silenciando la infracción”.
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