El caso Leire Díez, conocido por las presuntas maniobras de la denominada fontanera del PSOE para recopilar información sensible sobre jueces, fiscales y agentes con la que poder boicotear las pesquisas que afectaban al partido y al Gobierno, cuenta con otra línea de investigación más desconocida que se centra en las ayudas y contratos públicos que la exmilitante socialista y sus colaboradores ―en este caso el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario navarro Antxon Alonso― ayudaron a conseguir a determinadas empresas, gracias a la influencia que Fernández aún tenía en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a cambio de comisiones. En un nuevo impulso a esta línea de investigación, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y a otras 24 personas, entre empresarios y responsables públicos, por estas supuestas ilegalidades.
El juez Santiago Pedraz impulsa esta línea de investigación con la imputación de otras 25 personas, entre empresarios y responsables públicos
El caso Leire Díez, conocido por las presuntas maniobras de la denominada fontanera del PSOE para recopilar información sensible sobre jueces, fiscales y agentes con la que poder boicotear las pesquisas que afectaban al partido y al Gobierno, cuenta con otra línea de investigación más desconocida que se centra en las ayudas y contratos públicos que la exmilitante socialista y sus colaboradores ―en este caso el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario navarro Antxon Alonso― ayudaron a conseguir a determinadas empresas, gracias a la influencia que Fernández aún tenía en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a cambio de comisiones. En un nuevo impulso a esta línea de investigación, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y a otras 24 personas, entre empresarios y responsables públicos, por estas supuestas ilegalidades.
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