Después de que el jueves pasado se conociera el informe de 490 páginas elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que arrojaba indicios sobre el papel central del ahora ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en el cobro de mordidas -se le atribuye el papel de gestor de las mismas- por el amaño de adjudicaciones públicas, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció que encargaría una auditoría externa de las cuentas del partido y realizaría una reestructuración de la Comisión Ejecutiva Federal de la formación. Según los expertos jurídicos consultados por ABC, ese tipo de auditoría externa suele ser encargada por grandes compañías y empresas con el fin de demostrar, ante posibles procedimientos penales en los que se vean incursas, que cuentan con un sistema de cumplimiento normativo que les exonera de responsabilidad penal ante conductas delictivas de empleados o cargos. Sin embargo, en caso de que el PSOE tratara de evitar con esta decisión una eventual imputación como persona jurídica, los expertos recalcan que no le sería de utilidad porque en esta presunta trama corrupta que afecta a dos ex número 3 de la formación no se está ante un hecho aislado llevado a cabo por una «oveja negra» , y por tanto se podría estar ante una negligencia grave en el sistema de control que hace que el conocido como ‘compliance’ haya sido «ineficaz» y «poco robusto».Noticia Relacionada estandar No La casa de Ábalos en Valencia amanece con pintadas: «Sánchez, corrupto» Alba Pérez Espada La fachada de la vivienda del exministro, registrada por la UCO, ha aparecido vandalizada este sábadoMaría de la Torre, experta en cumplimiento normativo en GovCom Abogados, recuerda que las personas jurídicas -incluidos los partidos políticos- están obligados por ley a tener medidas de protección interna. Y destaca que el artículo 31 bis del Código Penal recoge que la formación quedará exenta de responsabilidad penal en caso de que, previamente a los delitos cometidos por integrantes de la formación que ostenten facultades de organización y control -como parece el caso de Cerdán-, haya adoptado y ejecutado medidas de vigilancia y control idóneos para prevenir delitos.En concreto, en su punto segundo, ese artículo explica que «si el delito fuere cometido por las personas (responsables en el seno de la organización), la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si (…) el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión». No es un caso aisladoSi bien en el caso concreto de la presunta organización criminal de cuyo núcleo formarían parte indiciariamente tanto Cerdán como al exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García donde se habrían producido esas mordidas es en adjudicaciones de organismos públicos dependientes del Ministerio de Transportes, es cierto que el corazón de esa presunta trama toca de lleno a la cúpula del partido. La experta indica que en este caso concreto hay que preguntarse si la actividad ilegal que conllevaba el cobro de comisiones ha podido beneficiar de alguna manera a la formación política traduciéndose en, por ejemplo, financiación de campañas fuera de los cauces legales establecidos. En este sentido, la experta señala que dado que la presunta corrupción afecta al sistema interno de la formación no se puede decir que se trata de un caso aislado y esto se traduce en que podría haber existido una negligencia grave en el sistema de control del PSOE que sería o «inexistente o ineficaz». «Cuando tienes una organización que trabaja de manera oscura dentro de otra organización, la situación es grave y el presidente o consejero delegado de la empresa privada o del partido político tiene una responsabilidad ‘invigilando o indirigiendo’, y esto afecta a la persona jurídica porque no se le ha dotado de medios de control previos», apunta.Medida desesperadaAsí, De la Torre subraya que, en casos como el del PSOE, la auditoría externa, tras el estallido de la presunta organización criminal, es una medida «desesperada» y considera que ese ejercicio de transparencia sólo es útil para limpiar su imagen de cara al futuro pero «no exonera el pasado». Otro abogado, especializado en la defensa de grandes empresas del Ibex ante acusaciones de delitos económicos -fundamentalmente en la Audiencai Nacional-, explica que tras el anuncio lo interesante es conocer a quién contratará el PSOE para esa auditoría y qué profundidad tendrá esa investigación de sus cuentas. A su juicio, para que los de Sánchez logren que este gesto de levantar las alfombras del partido sea creíble y reputacionalmente favorable, deberían decantarse por alguna de las consultoras más importantes, las conocidas como ‘big four’, entre las que están KPMG o PwC, y optar por un ‘forensic’ -una investigación especializada- que comprenda un análisis en profundidad de dispositivos electrónicos, correos, cuentas, etc. Recalca que la auditoría debe remontarse a diez años atrás, ha de incluir a todos los ‘custodios’ implicados -personas a investigar- y dar con la palabras clave que se han de buscar en los archivos del partido. Entiende, no obstante, que dar libertad total a los auditores puede ser «suicida», por lo que también cabe la posibilidad, el «truco», de marcar como cliente hasta dónde se quiere llegar con ese análisis. La ‘cara b’ de esta artimaña es que si el cliente limita mucho el acceso a información, la auditora lo reflejara en el informe que elabore y puede acabar siendo papel mojado. A juicio de este penalista, en todo caso, la auditoría debe remontarse a diez años atrás en las cuentas del PSOE. Puede ocurrir, añade, que el partido se decante por elegir a una auditora menor que se limite a analizar apuntes contables y a compararlos con lo entregado al Tribunal de Cuentas. Después de que el jueves pasado se conociera el informe de 490 páginas elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que arrojaba indicios sobre el papel central del ahora ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en el cobro de mordidas -se le atribuye el papel de gestor de las mismas- por el amaño de adjudicaciones públicas, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció que encargaría una auditoría externa de las cuentas del partido y realizaría una reestructuración de la Comisión Ejecutiva Federal de la formación. Según los expertos jurídicos consultados por ABC, ese tipo de auditoría externa suele ser encargada por grandes compañías y empresas con el fin de demostrar, ante posibles procedimientos penales en los que se vean incursas, que cuentan con un sistema de cumplimiento normativo que les exonera de responsabilidad penal ante conductas delictivas de empleados o cargos. Sin embargo, en caso de que el PSOE tratara de evitar con esta decisión una eventual imputación como persona jurídica, los expertos recalcan que no le sería de utilidad porque en esta presunta trama corrupta que afecta a dos ex número 3 de la formación no se está ante un hecho aislado llevado a cabo por una «oveja negra» , y por tanto se podría estar ante una negligencia grave en el sistema de control que hace que el conocido como ‘compliance’ haya sido «ineficaz» y «poco robusto».Noticia Relacionada estandar No La casa de Ábalos en Valencia amanece con pintadas: «Sánchez, corrupto» Alba Pérez Espada La fachada de la vivienda del exministro, registrada por la UCO, ha aparecido vandalizada este sábadoMaría de la Torre, experta en cumplimiento normativo en GovCom Abogados, recuerda que las personas jurídicas -incluidos los partidos políticos- están obligados por ley a tener medidas de protección interna. Y destaca que el artículo 31 bis del Código Penal recoge que la formación quedará exenta de responsabilidad penal en caso de que, previamente a los delitos cometidos por integrantes de la formación que ostenten facultades de organización y control -como parece el caso de Cerdán-, haya adoptado y ejecutado medidas de vigilancia y control idóneos para prevenir delitos.En concreto, en su punto segundo, ese artículo explica que «si el delito fuere cometido por las personas (responsables en el seno de la organización), la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si (…) el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión». No es un caso aisladoSi bien en el caso concreto de la presunta organización criminal de cuyo núcleo formarían parte indiciariamente tanto Cerdán como al exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García donde se habrían producido esas mordidas es en adjudicaciones de organismos públicos dependientes del Ministerio de Transportes, es cierto que el corazón de esa presunta trama toca de lleno a la cúpula del partido. La experta indica que en este caso concreto hay que preguntarse si la actividad ilegal que conllevaba el cobro de comisiones ha podido beneficiar de alguna manera a la formación política traduciéndose en, por ejemplo, financiación de campañas fuera de los cauces legales establecidos. En este sentido, la experta señala que dado que la presunta corrupción afecta al sistema interno de la formación no se puede decir que se trata de un caso aislado y esto se traduce en que podría haber existido una negligencia grave en el sistema de control del PSOE que sería o «inexistente o ineficaz». «Cuando tienes una organización que trabaja de manera oscura dentro de otra organización, la situación es grave y el presidente o consejero delegado de la empresa privada o del partido político tiene una responsabilidad ‘invigilando o indirigiendo’, y esto afecta a la persona jurídica porque no se le ha dotado de medios de control previos», apunta.Medida desesperadaAsí, De la Torre subraya que, en casos como el del PSOE, la auditoría externa, tras el estallido de la presunta organización criminal, es una medida «desesperada» y considera que ese ejercicio de transparencia sólo es útil para limpiar su imagen de cara al futuro pero «no exonera el pasado». Otro abogado, especializado en la defensa de grandes empresas del Ibex ante acusaciones de delitos económicos -fundamentalmente en la Audiencai Nacional-, explica que tras el anuncio lo interesante es conocer a quién contratará el PSOE para esa auditoría y qué profundidad tendrá esa investigación de sus cuentas. A su juicio, para que los de Sánchez logren que este gesto de levantar las alfombras del partido sea creíble y reputacionalmente favorable, deberían decantarse por alguna de las consultoras más importantes, las conocidas como ‘big four’, entre las que están KPMG o PwC, y optar por un ‘forensic’ -una investigación especializada- que comprenda un análisis en profundidad de dispositivos electrónicos, correos, cuentas, etc. Recalca que la auditoría debe remontarse a diez años atrás, ha de incluir a todos los ‘custodios’ implicados -personas a investigar- y dar con la palabras clave que se han de buscar en los archivos del partido. Entiende, no obstante, que dar libertad total a los auditores puede ser «suicida», por lo que también cabe la posibilidad, el «truco», de marcar como cliente hasta dónde se quiere llegar con ese análisis. La ‘cara b’ de esta artimaña es que si el cliente limita mucho el acceso a información, la auditora lo reflejara en el informe que elabore y puede acabar siendo papel mojado. A juicio de este penalista, en todo caso, la auditoría debe remontarse a diez años atrás en las cuentas del PSOE. Puede ocurrir, añade, que el partido se decante por elegir a una auditora menor que se limite a analizar apuntes contables y a compararlos con lo entregado al Tribunal de Cuentas. Después de que el jueves pasado se conociera el informe de 490 páginas elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que arrojaba indicios sobre el papel central del ahora ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en el cobro de mordidas -se le atribuye el papel de gestor de las mismas- por el amaño de adjudicaciones públicas, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció que encargaría una auditoría externa de las cuentas del partido y realizaría una reestructuración de la Comisión Ejecutiva Federal de la formación. Según los expertos jurídicos consultados por ABC, ese tipo de auditoría externa suele ser encargada por grandes compañías y empresas con el fin de demostrar, ante posibles procedimientos penales en los que se vean incursas, que cuentan con un sistema de cumplimiento normativo que les exonera de responsabilidad penal ante conductas delictivas de empleados o cargos. Sin embargo, en caso de que el PSOE tratara de evitar con esta decisión una eventual imputación como persona jurídica, los expertos recalcan que no le sería de utilidad porque en esta presunta trama corrupta que afecta a dos ex número 3 de la formación no se está ante un hecho aislado llevado a cabo por una «oveja negra» , y por tanto se podría estar ante una negligencia grave en el sistema de control que hace que el conocido como ‘compliance’ haya sido «ineficaz» y «poco robusto».Noticia Relacionada estandar No La casa de Ábalos en Valencia amanece con pintadas: «Sánchez, corrupto» Alba Pérez Espada La fachada de la vivienda del exministro, registrada por la UCO, ha aparecido vandalizada este sábadoMaría de la Torre, experta en cumplimiento normativo en GovCom Abogados, recuerda que las personas jurídicas -incluidos los partidos políticos- están obligados por ley a tener medidas de protección interna. Y destaca que el artículo 31 bis del Código Penal recoge que la formación quedará exenta de responsabilidad penal en caso de que, previamente a los delitos cometidos por integrantes de la formación que ostenten facultades de organización y control -como parece el caso de Cerdán-, haya adoptado y ejecutado medidas de vigilancia y control idóneos para prevenir delitos.En concreto, en su punto segundo, ese artículo explica que «si el delito fuere cometido por las personas (responsables en el seno de la organización), la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si (…) el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión». No es un caso aisladoSi bien en el caso concreto de la presunta organización criminal de cuyo núcleo formarían parte indiciariamente tanto Cerdán como al exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García donde se habrían producido esas mordidas es en adjudicaciones de organismos públicos dependientes del Ministerio de Transportes, es cierto que el corazón de esa presunta trama toca de lleno a la cúpula del partido. La experta indica que en este caso concreto hay que preguntarse si la actividad ilegal que conllevaba el cobro de comisiones ha podido beneficiar de alguna manera a la formación política traduciéndose en, por ejemplo, financiación de campañas fuera de los cauces legales establecidos. En este sentido, la experta señala que dado que la presunta corrupción afecta al sistema interno de la formación no se puede decir que se trata de un caso aislado y esto se traduce en que podría haber existido una negligencia grave en el sistema de control del PSOE que sería o «inexistente o ineficaz». «Cuando tienes una organización que trabaja de manera oscura dentro de otra organización, la situación es grave y el presidente o consejero delegado de la empresa privada o del partido político tiene una responsabilidad ‘invigilando o indirigiendo’, y esto afecta a la persona jurídica porque no se le ha dotado de medios de control previos», apunta.Medida desesperadaAsí, De la Torre subraya que, en casos como el del PSOE, la auditoría externa, tras el estallido de la presunta organización criminal, es una medida «desesperada» y considera que ese ejercicio de transparencia sólo es útil para limpiar su imagen de cara al futuro pero «no exonera el pasado». Otro abogado, especializado en la defensa de grandes empresas del Ibex ante acusaciones de delitos económicos -fundamentalmente en la Audiencai Nacional-, explica que tras el anuncio lo interesante es conocer a quién contratará el PSOE para esa auditoría y qué profundidad tendrá esa investigación de sus cuentas. A su juicio, para que los de Sánchez logren que este gesto de levantar las alfombras del partido sea creíble y reputacionalmente favorable, deberían decantarse por alguna de las consultoras más importantes, las conocidas como ‘big four’, entre las que están KPMG o PwC, y optar por un ‘forensic’ -una investigación especializada- que comprenda un análisis en profundidad de dispositivos electrónicos, correos, cuentas, etc. Recalca que la auditoría debe remontarse a diez años atrás, ha de incluir a todos los ‘custodios’ implicados -personas a investigar- y dar con la palabras clave que se han de buscar en los archivos del partido. Entiende, no obstante, que dar libertad total a los auditores puede ser «suicida», por lo que también cabe la posibilidad, el «truco», de marcar como cliente hasta dónde se quiere llegar con ese análisis. La ‘cara b’ de esta artimaña es que si el cliente limita mucho el acceso a información, la auditora lo reflejara en el informe que elabore y puede acabar siendo papel mojado. A juicio de este penalista, en todo caso, la auditoría debe remontarse a diez años atrás en las cuentas del PSOE. Puede ocurrir, añade, que el partido se decante por elegir a una auditora menor que se limite a analizar apuntes contables y a compararlos con lo entregado al Tribunal de Cuentas. RSS de noticias de espana
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