La prestación para mayores de 52 años está en el ojo del huracán, blanco de las críticas de organismos nacionales e internacionales por la barrera que entienden supone para la vuelta de los mayores al mercado de trabajo y por el coste que supone para las arcas públicas . La ayuda, reformada y mejorada por el Gobierno de Pedro Sánchez, se ha convertido, en la práctica, en una prejubilación a cargo del Estado, en una pasarela que conecta la pérdida de un puesto de trabajo con la jubilación y que acredita al servicio público de empleo como pagador de las cotizaciones sociales. Una situación de la que desde hace años sacan rédito las empresas cuando plantean sus propias prejubilaciones.Es la pescadilla que se muerde la cola. Los senior siguen siendo objetivo preferente en los planes de salidas de las empresas , el último en hacerlo ha sido el Banco Santander , y cuando pierden el empleo y tienen que buscar uno nuevo sufren más que el resto: más tiempo en paro y más dificultades para encontrarlo. Llegada una edad, superados los 50, encontrar un puesto se convierte en una hazaña y el único recurso, en la mayoría de los casos, es percibir una ayuda por paro para sobrevivir y poder llegar con los años cotizados necesarios al retiro. Es con el margen con el que cuentan las empresas para ajustar el coste de las salidas de sus trabajadores de más edad, las cuotas que paga el SEPE. Ahora, organismos como la OCDE, el Banco de España y Fedea han coincidido en alertar de que la ayuda para mayores de 52 años limita las posibilidades de volver a trabajar . Aunque la última reforma fue emprendida en 2019 por el Gobierno de coalición, esta prestación no es nueva, su primera configuración es de 1989. Con la crisis económica de 2012 y la avalancha de parados que provocó, el Ejecutivo de Mariano Rajoy restringió de varias formas este subsidio de paro, entre ellas limitando su acceso hasta los 55 años. Y con la llegada de Sánchez a La Moncloa esta renta mínima de 482 euros al mes volvió a su configuración original, pero mejorada. Fue una de las primeras reformas acometidas por el nuevo Gobierno por considerar los efectos del cambio como uno de los «más dañinos» de la política laboral llevada a cabo durante el mandato de los populares. Noticia relacionada general No No FALTA DE TRANSPARENCIA La realidad de los fijos discontinuos sigue siendo una incógnita más de tres años después Susana AlcelayLos cambios introducidos en 2019 no solo pasaron por ampliar la edad de percepción de esta ayuda por desempleo, también se flexibilizó el acceso, eliminando la renta de la unidad familiar como requisito para el disfrute y aumentando el número de años de cobro hasta la edad de retiro. La base de cotización a la Seguridad Social asociada a la prestación pasó del 100% al 125% del SMI con el objetivo de lastrar lo menos posible su pensión futura.Escrivá arremete contra el subsidioEstos requisitos han sido ahora muy criticados por el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, antes ministro de Seguridad Social. En su comparecencia anual en el Congreso de los Diputados de esta semana, el gobernador hizo hincapié en la generosidad del sistema de protección al desempleo y vinculó esta circunstancia al diferencial histórico entre la tasa de paro de los países europeos y la España. 17.935 El think tank Fedea prevé un gasto de 17.935 millones de euros entre 2019 y 2030 derivado de la reforma que recuperó la ayuda en 2019, sobre la que alerta de falta de equidadAdemás, se preguntó si el sistema es el más adecuado para incentivar la reinserción laboral de los desempleados . De sus datos se desprende que de los perceptores que no trabajaron en 2021, solo un 8,9% consiguió volver a trabajar al menos un día en 2022, frente al 29,9% de éxito que tienen las prestaciones contributivas.El Banco de España también ha recalcado que el tipo de cotización que pagan las empresas en España para financiar el sistema de protección al desempleo, del 7,05%, duplica el vigente en cualquier otro país europeo, y dejó caer que sus retornos en forma de políticas activas para incentivar la reinserción laboral de las personas en situación de desempleo tienen, como mínimo, «un amplio margen de mejora» .SobrecotizaciónPreviamente, la OCDE también dio la voz de alarma sobre la renta mínima. A finales de 2025 el organismo internacional apuntó hacia el controvertido subsidio para desempleados de más de 52 años, y aludió a que la sobrecotización a la Seguridad Social del 125% de la base mínima tiene efectos negativos sobre las expectativas o los incentivos para buscar un empleo.125% La base de cotización a la Seguridad Social asociada al subsidio para mayores de 52 años pasó del 100% al 125% del SMI con la reforma que emprendió el Gobierno. El objetivo fue lastrar lo menos posible su pensión futura.La institución ve preocupante que tras la reforma del subsidio la concentración de subsidiados mayores de 50 años ha pasado del 52% al 70%, con unos niveles de reintegración en el mercado de trabajo marginales. Su conclusión es que «el diseño de las ayudas por desempleo continúa generando desincentivos sustanciales para los trabajadores de mayor edad» y para diluirlos abogaba por impedir que la parte asistencial de la protección por desempleo genere derecho a pensión. Coste adicional notableEl último organismo en analizar el impacto del subsidio para mayores de 52 ha sido Fedea. El think tank recordó que la reforma de 2019 generó un aumento de los beneficiarios y que desde entonces la ratio de estos sobre desempleados mayores de 50 años ha crecido. Cifró el incremento en 37 puntos más en 2030 de los que existirían sin reforma, en total 315.718 beneficiarios adicionales y alertó de que al no tener en cuenta la renta familiar puede generar problemas de equidad.55 Con la crisis económica de 2012 y la avalancha de parados que provocó, el Ejecutivo de Mariano Rajoy restringió de varias formas la ayuda para 52 años, entre ellas limitando su acceso hasta los 55 años. Según Fedea este aumento de perceptores supone un coste adicional «notable» para el sector público. Por un lado, derivado del pago del subsidio, que aumenta de forma gradual y en 2030 crecerá en 1.818 millones de 2025. Por otro, por el alza de las obligaciones futuras en pensiones -con un valor presente descontado de 9.456 millones de 2025-, por el mayor número de beneficiarios en el periodo estudiado y el incremento de la base de cotización desde el 100 al 125% del SMI, una situación que afecta tanto a los antiguos perceptores como a los adicionales, así como por la minoración de cotizaciones en la situación alternativa de los perceptores de trabajar percibiendo el SMI, que sitúa en 8.479 millones de 2025. La suma de ambos efectos «utilizando supuestos prudentes» implica un coste adicional para la Seguridad Social derivado de la reforma de 2019 de 17.935 millones de 2025 en valor presente hasta 2030. La prestación para mayores de 52 años está en el ojo del huracán, blanco de las críticas de organismos nacionales e internacionales por la barrera que entienden supone para la vuelta de los mayores al mercado de trabajo y por el coste que supone para las arcas públicas . La ayuda, reformada y mejorada por el Gobierno de Pedro Sánchez, se ha convertido, en la práctica, en una prejubilación a cargo del Estado, en una pasarela que conecta la pérdida de un puesto de trabajo con la jubilación y que acredita al servicio público de empleo como pagador de las cotizaciones sociales. Una situación de la que desde hace años sacan rédito las empresas cuando plantean sus propias prejubilaciones.Es la pescadilla que se muerde la cola. Los senior siguen siendo objetivo preferente en los planes de salidas de las empresas , el último en hacerlo ha sido el Banco Santander , y cuando pierden el empleo y tienen que buscar uno nuevo sufren más que el resto: más tiempo en paro y más dificultades para encontrarlo. Llegada una edad, superados los 50, encontrar un puesto se convierte en una hazaña y el único recurso, en la mayoría de los casos, es percibir una ayuda por paro para sobrevivir y poder llegar con los años cotizados necesarios al retiro. Es con el margen con el que cuentan las empresas para ajustar el coste de las salidas de sus trabajadores de más edad, las cuotas que paga el SEPE. Ahora, organismos como la OCDE, el Banco de España y Fedea han coincidido en alertar de que la ayuda para mayores de 52 años limita las posibilidades de volver a trabajar . Aunque la última reforma fue emprendida en 2019 por el Gobierno de coalición, esta prestación no es nueva, su primera configuración es de 1989. Con la crisis económica de 2012 y la avalancha de parados que provocó, el Ejecutivo de Mariano Rajoy restringió de varias formas este subsidio de paro, entre ellas limitando su acceso hasta los 55 años. Y con la llegada de Sánchez a La Moncloa esta renta mínima de 482 euros al mes volvió a su configuración original, pero mejorada. Fue una de las primeras reformas acometidas por el nuevo Gobierno por considerar los efectos del cambio como uno de los «más dañinos» de la política laboral llevada a cabo durante el mandato de los populares. Noticia relacionada general No No FALTA DE TRANSPARENCIA La realidad de los fijos discontinuos sigue siendo una incógnita más de tres años después Susana AlcelayLos cambios introducidos en 2019 no solo pasaron por ampliar la edad de percepción de esta ayuda por desempleo, también se flexibilizó el acceso, eliminando la renta de la unidad familiar como requisito para el disfrute y aumentando el número de años de cobro hasta la edad de retiro. La base de cotización a la Seguridad Social asociada a la prestación pasó del 100% al 125% del SMI con el objetivo de lastrar lo menos posible su pensión futura.Escrivá arremete contra el subsidioEstos requisitos han sido ahora muy criticados por el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, antes ministro de Seguridad Social. En su comparecencia anual en el Congreso de los Diputados de esta semana, el gobernador hizo hincapié en la generosidad del sistema de protección al desempleo y vinculó esta circunstancia al diferencial histórico entre la tasa de paro de los países europeos y la España. 17.935 El think tank Fedea prevé un gasto de 17.935 millones de euros entre 2019 y 2030 derivado de la reforma que recuperó la ayuda en 2019, sobre la que alerta de falta de equidadAdemás, se preguntó si el sistema es el más adecuado para incentivar la reinserción laboral de los desempleados . De sus datos se desprende que de los perceptores que no trabajaron en 2021, solo un 8,9% consiguió volver a trabajar al menos un día en 2022, frente al 29,9% de éxito que tienen las prestaciones contributivas.El Banco de España también ha recalcado que el tipo de cotización que pagan las empresas en España para financiar el sistema de protección al desempleo, del 7,05%, duplica el vigente en cualquier otro país europeo, y dejó caer que sus retornos en forma de políticas activas para incentivar la reinserción laboral de las personas en situación de desempleo tienen, como mínimo, «un amplio margen de mejora» .SobrecotizaciónPreviamente, la OCDE también dio la voz de alarma sobre la renta mínima. A finales de 2025 el organismo internacional apuntó hacia el controvertido subsidio para desempleados de más de 52 años, y aludió a que la sobrecotización a la Seguridad Social del 125% de la base mínima tiene efectos negativos sobre las expectativas o los incentivos para buscar un empleo.125% La base de cotización a la Seguridad Social asociada al subsidio para mayores de 52 años pasó del 100% al 125% del SMI con la reforma que emprendió el Gobierno. El objetivo fue lastrar lo menos posible su pensión futura.La institución ve preocupante que tras la reforma del subsidio la concentración de subsidiados mayores de 50 años ha pasado del 52% al 70%, con unos niveles de reintegración en el mercado de trabajo marginales. Su conclusión es que «el diseño de las ayudas por desempleo continúa generando desincentivos sustanciales para los trabajadores de mayor edad» y para diluirlos abogaba por impedir que la parte asistencial de la protección por desempleo genere derecho a pensión. Coste adicional notableEl último organismo en analizar el impacto del subsidio para mayores de 52 ha sido Fedea. El think tank recordó que la reforma de 2019 generó un aumento de los beneficiarios y que desde entonces la ratio de estos sobre desempleados mayores de 50 años ha crecido. Cifró el incremento en 37 puntos más en 2030 de los que existirían sin reforma, en total 315.718 beneficiarios adicionales y alertó de que al no tener en cuenta la renta familiar puede generar problemas de equidad.55 Con la crisis económica de 2012 y la avalancha de parados que provocó, el Ejecutivo de Mariano Rajoy restringió de varias formas la ayuda para 52 años, entre ellas limitando su acceso hasta los 55 años. Según Fedea este aumento de perceptores supone un coste adicional «notable» para el sector público. Por un lado, derivado del pago del subsidio, que aumenta de forma gradual y en 2030 crecerá en 1.818 millones de 2025. Por otro, por el alza de las obligaciones futuras en pensiones -con un valor presente descontado de 9.456 millones de 2025-, por el mayor número de beneficiarios en el periodo estudiado y el incremento de la base de cotización desde el 100 al 125% del SMI, una situación que afecta tanto a los antiguos perceptores como a los adicionales, así como por la minoración de cotizaciones en la situación alternativa de los perceptores de trabajar percibiendo el SMI, que sitúa en 8.479 millones de 2025. La suma de ambos efectos «utilizando supuestos prudentes» implica un coste adicional para la Seguridad Social derivado de la reforma de 2019 de 17.935 millones de 2025 en valor presente hasta 2030. La prestación para mayores de 52 años está en el ojo del huracán, blanco de las críticas de organismos nacionales e internacionales por la barrera que entienden supone para la vuelta de los mayores al mercado de trabajo y por el coste que supone para las arcas públicas . La ayuda, reformada y mejorada por el Gobierno de Pedro Sánchez, se ha convertido, en la práctica, en una prejubilación a cargo del Estado, en una pasarela que conecta la pérdida de un puesto de trabajo con la jubilación y que acredita al servicio público de empleo como pagador de las cotizaciones sociales. Una situación de la que desde hace años sacan rédito las empresas cuando plantean sus propias prejubilaciones.Es la pescadilla que se muerde la cola. Los senior siguen siendo objetivo preferente en los planes de salidas de las empresas , el último en hacerlo ha sido el Banco Santander , y cuando pierden el empleo y tienen que buscar uno nuevo sufren más que el resto: más tiempo en paro y más dificultades para encontrarlo. Llegada una edad, superados los 50, encontrar un puesto se convierte en una hazaña y el único recurso, en la mayoría de los casos, es percibir una ayuda por paro para sobrevivir y poder llegar con los años cotizados necesarios al retiro. Es con el margen con el que cuentan las empresas para ajustar el coste de las salidas de sus trabajadores de más edad, las cuotas que paga el SEPE. Ahora, organismos como la OCDE, el Banco de España y Fedea han coincidido en alertar de que la ayuda para mayores de 52 años limita las posibilidades de volver a trabajar . Aunque la última reforma fue emprendida en 2019 por el Gobierno de coalición, esta prestación no es nueva, su primera configuración es de 1989. Con la crisis económica de 2012 y la avalancha de parados que provocó, el Ejecutivo de Mariano Rajoy restringió de varias formas este subsidio de paro, entre ellas limitando su acceso hasta los 55 años. Y con la llegada de Sánchez a La Moncloa esta renta mínima de 482 euros al mes volvió a su configuración original, pero mejorada. Fue una de las primeras reformas acometidas por el nuevo Gobierno por considerar los efectos del cambio como uno de los «más dañinos» de la política laboral llevada a cabo durante el mandato de los populares. Noticia relacionada general No No FALTA DE TRANSPARENCIA La realidad de los fijos discontinuos sigue siendo una incógnita más de tres años después Susana AlcelayLos cambios introducidos en 2019 no solo pasaron por ampliar la edad de percepción de esta ayuda por desempleo, también se flexibilizó el acceso, eliminando la renta de la unidad familiar como requisito para el disfrute y aumentando el número de años de cobro hasta la edad de retiro. La base de cotización a la Seguridad Social asociada a la prestación pasó del 100% al 125% del SMI con el objetivo de lastrar lo menos posible su pensión futura.Escrivá arremete contra el subsidioEstos requisitos han sido ahora muy criticados por el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, antes ministro de Seguridad Social. En su comparecencia anual en el Congreso de los Diputados de esta semana, el gobernador hizo hincapié en la generosidad del sistema de protección al desempleo y vinculó esta circunstancia al diferencial histórico entre la tasa de paro de los países europeos y la España. 17.935 El think tank Fedea prevé un gasto de 17.935 millones de euros entre 2019 y 2030 derivado de la reforma que recuperó la ayuda en 2019, sobre la que alerta de falta de equidadAdemás, se preguntó si el sistema es el más adecuado para incentivar la reinserción laboral de los desempleados . De sus datos se desprende que de los perceptores que no trabajaron en 2021, solo un 8,9% consiguió volver a trabajar al menos un día en 2022, frente al 29,9% de éxito que tienen las prestaciones contributivas.El Banco de España también ha recalcado que el tipo de cotización que pagan las empresas en España para financiar el sistema de protección al desempleo, del 7,05%, duplica el vigente en cualquier otro país europeo, y dejó caer que sus retornos en forma de políticas activas para incentivar la reinserción laboral de las personas en situación de desempleo tienen, como mínimo, «un amplio margen de mejora» .SobrecotizaciónPreviamente, la OCDE también dio la voz de alarma sobre la renta mínima. A finales de 2025 el organismo internacional apuntó hacia el controvertido subsidio para desempleados de más de 52 años, y aludió a que la sobrecotización a la Seguridad Social del 125% de la base mínima tiene efectos negativos sobre las expectativas o los incentivos para buscar un empleo.125% La base de cotización a la Seguridad Social asociada al subsidio para mayores de 52 años pasó del 100% al 125% del SMI con la reforma que emprendió el Gobierno. El objetivo fue lastrar lo menos posible su pensión futura.La institución ve preocupante que tras la reforma del subsidio la concentración de subsidiados mayores de 50 años ha pasado del 52% al 70%, con unos niveles de reintegración en el mercado de trabajo marginales. Su conclusión es que «el diseño de las ayudas por desempleo continúa generando desincentivos sustanciales para los trabajadores de mayor edad» y para diluirlos abogaba por impedir que la parte asistencial de la protección por desempleo genere derecho a pensión. Coste adicional notableEl último organismo en analizar el impacto del subsidio para mayores de 52 ha sido Fedea. El think tank recordó que la reforma de 2019 generó un aumento de los beneficiarios y que desde entonces la ratio de estos sobre desempleados mayores de 50 años ha crecido. Cifró el incremento en 37 puntos más en 2030 de los que existirían sin reforma, en total 315.718 beneficiarios adicionales y alertó de que al no tener en cuenta la renta familiar puede generar problemas de equidad.55 Con la crisis económica de 2012 y la avalancha de parados que provocó, el Ejecutivo de Mariano Rajoy restringió de varias formas la ayuda para 52 años, entre ellas limitando su acceso hasta los 55 años. Según Fedea este aumento de perceptores supone un coste adicional «notable» para el sector público. Por un lado, derivado del pago del subsidio, que aumenta de forma gradual y en 2030 crecerá en 1.818 millones de 2025. Por otro, por el alza de las obligaciones futuras en pensiones -con un valor presente descontado de 9.456 millones de 2025-, por el mayor número de beneficiarios en el periodo estudiado y el incremento de la base de cotización desde el 100 al 125% del SMI, una situación que afecta tanto a los antiguos perceptores como a los adicionales, así como por la minoración de cotizaciones en la situación alternativa de los perceptores de trabajar percibiendo el SMI, que sitúa en 8.479 millones de 2025. La suma de ambos efectos «utilizando supuestos prudentes» implica un coste adicional para la Seguridad Social derivado de la reforma de 2019 de 17.935 millones de 2025 en valor presente hasta 2030. RSS de noticias de economia
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