Nuevo frente de batalla entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Pedro Sánchez . En este caso, por las sospechas que rodean a las autorizaciones ambientales de las 53 macroplantas fotovoltaicas aprobadas, que suponen casi 14.500 hectáreas. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para solicitar auditorías independientes sobre las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) concedidas a los proyectos. En la carta, el consejero expresa la «creciente preocupación del Ejecutivo autonómico ante las graves sospechas de prácticas corruptas en la concesión de estas declaraciones de impacto que estamos conociendo en las últimas fechas». El objetivo, señala Novillo, es que se verifique que estas DIA, cuya competencia corresponde a la Administración General del Estado, se han tramitado con el rigor técnico exigible.En la región se han aprobado un total de 53, que suponen 10.490 hectáreas. El consejero subraya el compromiso de la Comunidad de Madrid con la transición energética, pero advierte de que «debe realizarse con criterios de equilibrio, rigor y adecuada ordenación del territorio». En este contexto, insiste en que el despliegue de las energías renovables debe ser compatible con la protección del medio ambiente y de sectores estratégicos, como la agricultura.Noticia relacionada general No No Ofensiva del PP de Ayuso para que el Gobierno no frene el crecimiento de Madrid Mariano CallejaEl consejero del Gobierno de Ayuso advierte de los posibles efectos sobre suelos de alto valor productivo, especialmente el olivar y viñedo, «cuya conservación resulta clave desde el punto de vista económico, ambiental y cultural». De igual modo, alerta de que algunas de las DIA ya concedidas podrían presentar deficiencias relevantes en su tramitación, según informaciones recientes, lo que podría comprometer tanto la protección del entorno como la seguridad jurídica de las inversiones.En el escrito remitido a la ministra también pone de manifiesto que, en la tramitación de estos proyectos, se habría alterado el orden lógico del procedimiento, al haberse emitido las DIA con anterioridad a la planificación estratégica del territorio. Para el consejero, «resulta imprescindible corregir este modelo para evitar una ocupación desordenada del suelo».En este sentido, el Ejecutivo madrileño solicita la realización urgente de un análisis acumulativo de carácter territorial que permita evaluar el impacto conjunto de las grandes instalaciones fotovoltaicas sobre la biodiversidad, el paisaje, el suelo y las infraestructuras.Entre las medidas planteadas, el Gobierno regional reclama un refuerzo del papel de las comunidades autónomas, para que dispongan de un informe territorial vinculante en los proyectos cuya evaluación ambiental corresponde al Estado, especialmente en lo relativo a la protección del suelo agrario y la compatibilidad urbanística.La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, tiene activado un Plan de Protección del Paisaje, que delimita los espacios para instalar plantas fotovoltaicas. Lo limita a un 4 por ciento de la superficie autonómica, para proteger la agricultura y el entorno natural de los municipios. La prioridad para el Gobierno regional madrileño es aprovechar para estas instalaciones infraestructuras existentes, como cubiertas y zonas de baja productividad agrícola y ambiental. Así se ha conseguido pasar de 370 instalaciones en 2018 a más de 100.000 en 2025. Nuevo frente de batalla entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Pedro Sánchez . En este caso, por las sospechas que rodean a las autorizaciones ambientales de las 53 macroplantas fotovoltaicas aprobadas, que suponen casi 14.500 hectáreas. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para solicitar auditorías independientes sobre las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) concedidas a los proyectos. En la carta, el consejero expresa la «creciente preocupación del Ejecutivo autonómico ante las graves sospechas de prácticas corruptas en la concesión de estas declaraciones de impacto que estamos conociendo en las últimas fechas». El objetivo, señala Novillo, es que se verifique que estas DIA, cuya competencia corresponde a la Administración General del Estado, se han tramitado con el rigor técnico exigible.En la región se han aprobado un total de 53, que suponen 10.490 hectáreas. El consejero subraya el compromiso de la Comunidad de Madrid con la transición energética, pero advierte de que «debe realizarse con criterios de equilibrio, rigor y adecuada ordenación del territorio». En este contexto, insiste en que el despliegue de las energías renovables debe ser compatible con la protección del medio ambiente y de sectores estratégicos, como la agricultura.Noticia relacionada general No No Ofensiva del PP de Ayuso para que el Gobierno no frene el crecimiento de Madrid Mariano CallejaEl consejero del Gobierno de Ayuso advierte de los posibles efectos sobre suelos de alto valor productivo, especialmente el olivar y viñedo, «cuya conservación resulta clave desde el punto de vista económico, ambiental y cultural». De igual modo, alerta de que algunas de las DIA ya concedidas podrían presentar deficiencias relevantes en su tramitación, según informaciones recientes, lo que podría comprometer tanto la protección del entorno como la seguridad jurídica de las inversiones.En el escrito remitido a la ministra también pone de manifiesto que, en la tramitación de estos proyectos, se habría alterado el orden lógico del procedimiento, al haberse emitido las DIA con anterioridad a la planificación estratégica del territorio. Para el consejero, «resulta imprescindible corregir este modelo para evitar una ocupación desordenada del suelo».En este sentido, el Ejecutivo madrileño solicita la realización urgente de un análisis acumulativo de carácter territorial que permita evaluar el impacto conjunto de las grandes instalaciones fotovoltaicas sobre la biodiversidad, el paisaje, el suelo y las infraestructuras.Entre las medidas planteadas, el Gobierno regional reclama un refuerzo del papel de las comunidades autónomas, para que dispongan de un informe territorial vinculante en los proyectos cuya evaluación ambiental corresponde al Estado, especialmente en lo relativo a la protección del suelo agrario y la compatibilidad urbanística.La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, tiene activado un Plan de Protección del Paisaje, que delimita los espacios para instalar plantas fotovoltaicas. Lo limita a un 4 por ciento de la superficie autonómica, para proteger la agricultura y el entorno natural de los municipios. La prioridad para el Gobierno regional madrileño es aprovechar para estas instalaciones infraestructuras existentes, como cubiertas y zonas de baja productividad agrícola y ambiental. Así se ha conseguido pasar de 370 instalaciones en 2018 a más de 100.000 en 2025. Nuevo frente de batalla entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Pedro Sánchez . En este caso, por las sospechas que rodean a las autorizaciones ambientales de las 53 macroplantas fotovoltaicas aprobadas, que suponen casi 14.500 hectáreas. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para solicitar auditorías independientes sobre las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) concedidas a los proyectos. En la carta, el consejero expresa la «creciente preocupación del Ejecutivo autonómico ante las graves sospechas de prácticas corruptas en la concesión de estas declaraciones de impacto que estamos conociendo en las últimas fechas». El objetivo, señala Novillo, es que se verifique que estas DIA, cuya competencia corresponde a la Administración General del Estado, se han tramitado con el rigor técnico exigible.En la región se han aprobado un total de 53, que suponen 10.490 hectáreas. El consejero subraya el compromiso de la Comunidad de Madrid con la transición energética, pero advierte de que «debe realizarse con criterios de equilibrio, rigor y adecuada ordenación del territorio». En este contexto, insiste en que el despliegue de las energías renovables debe ser compatible con la protección del medio ambiente y de sectores estratégicos, como la agricultura.Noticia relacionada general No No Ofensiva del PP de Ayuso para que el Gobierno no frene el crecimiento de Madrid Mariano CallejaEl consejero del Gobierno de Ayuso advierte de los posibles efectos sobre suelos de alto valor productivo, especialmente el olivar y viñedo, «cuya conservación resulta clave desde el punto de vista económico, ambiental y cultural». De igual modo, alerta de que algunas de las DIA ya concedidas podrían presentar deficiencias relevantes en su tramitación, según informaciones recientes, lo que podría comprometer tanto la protección del entorno como la seguridad jurídica de las inversiones.En el escrito remitido a la ministra también pone de manifiesto que, en la tramitación de estos proyectos, se habría alterado el orden lógico del procedimiento, al haberse emitido las DIA con anterioridad a la planificación estratégica del territorio. Para el consejero, «resulta imprescindible corregir este modelo para evitar una ocupación desordenada del suelo».En este sentido, el Ejecutivo madrileño solicita la realización urgente de un análisis acumulativo de carácter territorial que permita evaluar el impacto conjunto de las grandes instalaciones fotovoltaicas sobre la biodiversidad, el paisaje, el suelo y las infraestructuras.Entre las medidas planteadas, el Gobierno regional reclama un refuerzo del papel de las comunidades autónomas, para que dispongan de un informe territorial vinculante en los proyectos cuya evaluación ambiental corresponde al Estado, especialmente en lo relativo a la protección del suelo agrario y la compatibilidad urbanística.La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, tiene activado un Plan de Protección del Paisaje, que delimita los espacios para instalar plantas fotovoltaicas. Lo limita a un 4 por ciento de la superficie autonómica, para proteger la agricultura y el entorno natural de los municipios. La prioridad para el Gobierno regional madrileño es aprovechar para estas instalaciones infraestructuras existentes, como cubiertas y zonas de baja productividad agrícola y ambiental. Así se ha conseguido pasar de 370 instalaciones en 2018 a más de 100.000 en 2025. RSS de noticias de espana
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